Guadalupe Cortes Rueda
Expediente 2457/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2457/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Silvia Margarita Garza Castro
- Guadalupe Cortes Rueda
- Horacio Perez Ruiz
- SILVIA MARGARITA GARZA CASTRO y Otros.
- Jose Manuel Garza Davila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito firmado por la quejosa Silvia Margarita Garza Castro, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito que exhibió para garantizar la suspensión definitiva concedida. En consecuencia, se deja a disposición de la ocursante el billete de depósito número N 852792 que ampara la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en esta ciudad, que exhibió para garantizar la medida cautelar concedida en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa, previa identificación y razón de recibo que se dejen en autos. Apercibida que si en el término de dos años, contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, no acude a recogerlo, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación,. En términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 01/2021, la parte quejosa deberá realizar la cita correspondiente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", posteriormente "Agenda OJ", para efecto de que se encuentre en aptitud de comparecer ante este Juzgado Federal y se realicen las gestiones administrativas conducentes por parte del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en el entendido de que únicamente se permitirá el ingreso de la persona que generó dicha cita, y una más, la cual no estará exenta de registrarse al momento de presentarse en las instalaciones del edificio sede. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Incidental
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las quince horas con treinta minutos del diez de mayo de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Silvia Margarita Garza Castro, la resolución de nueve de mayo del dos mil veintidós, emitida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2457/2019, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado primera avenida Norte, número 113, colonia Centro, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el trece de mayo de dos mil veintidós, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa de mérito, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de nueve de mayo del año en curso, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2457/2019, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el diez de mayo del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.
- Incidental
apachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el escrito de los terceros interesados Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz, en relación a su contenido, con apoyo en lo dispuesto, en el artículo 66, segunda parte, de la Ley de Amparo, no es procedente tramitar el incidente de daños y perjuicios que proponen por segunda ocasión, para hacer efectiva la garantía que se otorgó con motivo de la medida cautelar concedida a la parte quejosa. Ello, tomando en consideración que ejerció por primera vez ese derecho, mediante el escrito exhibido el once de febrero de dos mil veintidós. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 En ese orden, por cuanto se refiere al primer incidente planteado, previos los trámites legales, este fue declarado improcedente en resolución de veintiocho de febrero del año en curso. Decisión que fue consentida tácitamente por los incidentistas, al no haberla recurrido. En el caso, resulta improcedente el incidente de daños y perjuicios que promueve por segunda ocasión los terceros interesados Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz, por las razones que se expondrán a continuación. En efecto, conforme al artículo 156 de la Ley de Amparo, la parte tercera interesada que haya resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, tiene a su alcance dos vías para reclamar la responsabilidad proveniente de esa medida; por un lado, el incidente previsto en su primera parte, ante el propio juzgador de amparo; y, por otro, un juicio autónomo, ante la autoridad judicial competente, conforme a la parte final del mismo precepto. Ese derecho se equipara a una verdadera acción, misma que como cualquier otra, se encuentra sujeta a las consecuencias o limitaciones que ocasiona la cosa juzgada y, por ende, no puede ser intentada cuantas veces lo desee el promovente, sino que su ejercicio es limitado. Apoya lo que precede, la tesis aislada XXVIII.4 K (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que establece (énfasis añadido): "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. VÍAS QUE TIENE LA TERCERO PERJUDICADA PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE ESA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 129 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 de la Ley de Amparo abrogada, la parte tercero perjudicada que haya resentido daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, tiene a su alcance dos vías para reclamar la responsabilidad proveniente de esa medida; por un lado, el incidente previsto en su primera parte, ante la autoridad que conozca de ésta; y, por otro, un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común, conforme a la parte final del mismo precepto. Ese derecho tiene el carácter de una verdadera acción, la cual tiene como premisas: a) la suspensión concedida a la parte quejosa dentro de un juicio de amparo; b) la sentencia firme en que se haya negado el amparo o se sobresea en el juicio; y, c) los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la citada suspensión. Dicha acción, como cualquier otra, se encuentra sujeta a las consecuencias o limitaciones que ocasiona la cosa juzgada y, por ende, no puede ser intentada tantas y cuantas veces lo desee el promovente, sino que su ejercicio es limitado. Ahora bien, el derecho en cuestión se encuentra condicionado a dos eventualidades: primera, si aún no fenece el plazo de seis meses que se concede en la norma invocada, la tercero perjudicada puede reclamar el pago de daños y perjuicios sólo incidentalmente ante la autoridad que conozca de la misma suspensión; y, segunda, si aquel plazo ya transcurrió, entonces puede reclamarlos en un juicio autónomo, ante las autoridades del orden común. Por ende, el incidente y el juicio autónomo citados son independientes y excluyentes entre sí; de ahí que no pueden ser concomitantes ni subsidiarios." Naturaleza jurídica que ha sido avalada por el Alto Tribunal1, al estimar que el incidente de referencia debe 1 Consideraciones que se encuentran plasmadas en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 27/2011, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde derivó la jurisprudencia 1a./J. 80/2011, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 4 seguir las reglas que sobre cargas procesales establece el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el caso, los terceros interesados Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz, promovieron un primer incidente de daños y perjuicios, mediante escrito exhibido el once de febrero de dos mil veintiuno, el cual fue declarado como improcedente en resolución de veintiocho de ese mismo mes y año, donde la consideración medular de dicha resolución consistió en que si bien se acreditaron los tres primeros elementos de existencia y eficacia del incidente de daños y perjuicios, esto es, los relativos a que tal incidencia la promovió el tercero interesado; se demostró el requisito de efectividad que se concedió a la quejosa la suspensión definitiva y se fijó como garantía la cantidad aludida, que fue presentada por la misma y de que ésta no obtuvo sentencia favorable a sus intereses, pues se le sobreseyo el amparo solicitado, determinación que causó ejecutoria. Sin embargo, se precisó, respecto del cuarto elemento no quedó demostrado, esto es, la demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues solo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble, basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista". EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 5 perjuicios con motivo de la suspensión decretada, mismo que no acreditó con medio de prueba idóneo, por ende, aportar datos de modo verosímil y aceptable que, ello atendiendo a un estándar de prueba mínimo, sin que implique su procedencia en meras suposiciones. Ahora bien, conforme a lo previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Es válido sostener que la oportunidad para la presentación del incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía señalada, en aras de la certeza jurídica que debe existir en este tipo de asuntos, es por una sola ocasión, por lo que si se agota y se determina que no se acreditaron los daños y perjuicios debe declararse improcedente una ulterior promoción en ese sentido. Lo anterior es así, ya que el indicado precepto legal prevé que el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado, debe promoverse dentro de los seis meses siguientes al en EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 6 que surta efectos la notificación de la resolución que puso fin al juicio en definitiva, y señala que de no presentarse en ese plazo, previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía. Por tanto, la instauración de dicha incidencia constituye un derecho procesal y no sustantivo, sujeto a la preclusión (institución basada en los principios de seguridad jurídica y economía adjetiva), ya que si las partes no cumplen con la carga de hacer valer ese derecho dentro del término señalado pierden la oportunidad de ejercerla nuevamente, con lo cual se otorga firmeza a la posible declaración de derechos y asegura la rapidez en el desenvolvimiento de los actos del procedimiento. Bajo ese contexto, la promoción de un primer incidente dentro del periodo de seis meses, declarado improcedente, no interrumpe el plazo referido, ni implica su reanudación en forma completa una vez fenecida esa primera incidencia, pues ello conduciría a prolongar de manera indefinida la etapa respectiva, en contravención a las directrices en que se fundamenta la figura jurídica de la preclusión, las cuales tienen como finalidad mantener el orden en la secuela procesal, mediante la fijación del lapso aludido para promover el incidente donde se dirima lo relativo a la garantía otorgada para asegurar los posibles daños y perjuicios ocasionados con la suspensión del acto reclamado, con lo que se da certeza a las partes de que no se intentará de forma perpetúa hacer efectiva la garantía y, a su vez, brinda celeridad al asunto. En consecuencia, si los terceros interesados plantean por segunda ocasión el mismo incidente para hacer EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 7 efectiva la garantía otorgada para la suspensión de los actos reclamados, como acontece en la especie, pretendiendo subsanar las omisiones que motivaron la declaración de improcedencia del primer incidente, aun cuando el plazo para tramitarlo no ha fenecido, resulta inconcuso que ya ejerció ese derecho y, por tanto, no solamente opera la indicada institución jurídica de la preclusión, sino también la relativa a la de cosa juzgada, el cual tiene la finalidad de evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme2, que en este caso, lo constituye la resolución recaída al primer incidente que promovió. De ahí que no proceda volver a ejercitar la acción incidental prevista en el artículo 156 de la Ley de Amparo, 2 Resultan orientadoras sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 85/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la diversa jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala del mismo tribunal, tituladas y redactadas como siguen: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 8 porque ese derecho ya lo habían hecho valer y no demostraron su acción, con lo que se actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada. Sustenta lo anterior la tesis aislada I.11º.C.25 K, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. CUANDO SE TRATE DE HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LAS GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS OTORGADAS CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN, DEBE TRAMITARSE ANTE LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DE ÉSTA EL INCIDENTE RELATIVO POR UNA SOLA OCASIÓN, PUES UNA ULTERIOR PROMOCIÓN EN ESE SENTIDO RESULTA IMPROCEDENTE. Conforme a lo previsto por el artículo 129 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.". En tal virtud, es válido sostener que la oportunidad para la presentación del incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía señalada, en aras de la certeza jurídica que debe existir en este tipo de asuntos, es por una sola ocasión, por lo que si se agota y se determina que no se acreditaron los daños y perjuicios debe declararse improcedente una ulterior promoción en ese sentido. Por lo relatado, resulta improcedente el incidente de daños y perjuicios que promueve por segunda ocasión los terceros interesados Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz. Asimismo, se tiene por autorizados de la parte quejosa a las personas que señala en los términos indicados en el escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a los terceros interesados Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR
- Incidental
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de reclamación de daños y perjuicios, prevista por el artículo 156 de la Ley de Amparo, deducido del juicio de amparo 2457/2019, promovido por los tercero interesados Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz, ante la presencia de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, asistida por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. El Secretario hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. A continuación, la Secretaria da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Escrito a través del cual se interpone incidente de reclamación de daños y perjuicios. 140 - 142 2 Auto admisorio. 143 - 144 3 Emplazamiento a la parte quejosa 145 - 146 4 Escrito de la parte quejosa donde da contestación. 147 - 150 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: El secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Terceros interesados: Guadalupe Cortés Rueda y Horacio Pérez Ruiz. Documentales. 87 - 92. 107. 110 - 115 132 - 134 2 Quejosa: Silvia Margarita Garza Castro . Documentales. Obran en el expediente principal. 3 Quejosa: Silvia Margarita Garza Castro. Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el de ALEGATOS, El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del incidente de reclamación de daños y perjuicios, promovido por Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz, en su calidad de terceros interesados dentro del juicio principal de donde emana el presente cuaderno incidental número 2457/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda incidental. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Guadalupe Cortes Rueda y Horacio Pérez Ruiz, en su calidad de terceros interesados dentro del juicio principal de donde emana el presente cuaderno incidental número 2457/2019, promovieron el presente incidente de reclamación de daños y perjuicios. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de catorce de febrero del año en curso, con fundamento en los artículos 66, 67, y 156, de la Ley de Amparo, se abrió a trámite el presente incidente y se mandó correr traslado a la parte quejosa; por lo que mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el escrito promovido por la parte quejosa donde dio contestación al presente incidente, por lo que al haber transcurrido el plazo legal, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que dio inicio en los términos del acta respectiva que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, y al tenor de lo dispuesto en la tesis Jurisprudencial 290, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, del Tomo VI, Parte SCJN, Sexta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto literal siguiente: INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven. SEGUNDO. Decisión. Es improcedente el incidente que nos ocupa, por las consideraciones que a continuación se expresan: En efecto, los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. De tales preceptos se obtiene, que la procedencia del incidente está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos: La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo; El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Lo anterior es así, porque, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable; y que el que pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de esa garantía, debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de la suspensión, cuando la sentencia no sea favorable al accionante de amparo. Lo que de suyo pone de relieve, que corresponde al promovente del incidente relativo la comprobación de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada y, bajo ningún supuesto, es válido sostener que la carga probatoria debe arrojarse a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior tesis aislada XXVII.1 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 649, del Tomo XV, Junio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y texto literal siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE CON LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CARGA DE LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RELATIVO. Del texto de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable; y que el que pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de esa garantía, debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de la suspensión, cuando la sentencia no sea favorable al accionante de amparo. Lo anterior, sin duda, pone de manifiesto que corresponde al promovente del incidente relativo la comprobación de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada y, bajo ningún supuesto, es dable sostener que la carga probatoria debe arrojarse a la parte quejosa, ya que ésta no se encuentra en aptitud de determinar y cuantificar dichos conceptos. Además, al estar debidamente plasmados los requisitos de procedencia de dicho incidente, en los dispositivos mencionados con antelación, no puede válidamente hacerse uso de las reglas que rigen un juicio ordinario, pues la acción incidental del reclamo por daños y perjuicios deriva directamente de la suspensión otorgada en un juicio de garantías." En la especie, de los cuadernos incidentales se advierte que en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 87 a 92), este Juzgado concedió a la parte quejosa Silvia Margarita Garza Castro, la suspensión provisional contra los actos reclamados al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se realizara la escrituración de adjudicación sobre el bien inmueble de la litis, siempre y cuando la parte quejosa exhibiera la medida cautelar concedida; cantidad que se fijó de manera discrecional por no contar con mayores datos. Tal providencia surtió efectos de inmediato, y continuaría surtiéndolos, previa exhibición de la garantía por la cantidad de treinta mil pesos, moneda nacional, que en realizaría la parte quejosa, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, para garantizar los daños que le causarían a la parte tercero interesada con motivo de dicha medida cautelar. Por lo que mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil diecinueve (foja 101), se tuvo por recibido el escrito firmado por la parte quejosa Silvia Margarita Garza Castro, donde exhibió la garantía para que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión provisional antes concedida. Seguidamente, en interlocutoria de trece de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados en similares términos a la provisional, con la salvedad que la quejosa debía exhibir nuevamente la cantidad de treinta mil pesos, moneda nacional, para que surtiera efectos la suspensión definitiva decretada, dejando a su disposición el billete de depósito que exhibió para garantizar la suspensión provisional. En consecuencia a lo anterior, mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte (foja 128), la quejosa Silvia Margarita Garza Castro, exhibió nuevamente la garantía para que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión provisional antes concedida. Ahora bien, por sentencia terminada de engrosar el cuatro de marzo de dos mil veinte, se sobreseyó el presente juicio de amparo a la parte quejosa, misma que recurrió y finalmente el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver el recurso en revisión 20/2021, confirmó dicha determinación. Bajo ese orden, se tiene que los promoventes utilizan como el argumento toral que al haberse sobreseído el amparo a la parte quejosa, se ocasionaron daños y perjuicios por la suspensión de los actos reclamados, toda vez que erogaron cantidades por concepto de renta de una casa/habitación, por lo que solicita que la garantía que exhibió se haga efectiva en su favor, y para ello se ofertó como medios de prueba, actuaciones que obran tanto en el cuaderno principal e incidental respectivamente. Sin embargo, para la procedencia del incidente en comento, no basta solamente plantear que la tramitación del juicio le deparó perjuicios a la parte tercero interesada, sino que es preciso acreditar con medio de prueba idóneo, generación y cuantificación del monto de los daños y perjuicios ocasionados, lo que en la especie no acontece, pues la base de lo peticionado por los promoventes en esta vía, lo hizo consistir en que, la tramitación del juicio de amparo les causó daños y perjuicios, toda vez que al no poder ejecutar la sentencia definitiva en el juicio natural, se vieron en la necesidad de rentar una casa/habitación, empero omitieron exhibir las pruebas que acreditaran tales extremos, pues las ofertadas de ninguna manera lo demuestran por sí solas, habida cuenta que únicamente reflejan las actuaciones contendidas en los autos relativos. Entonces; si de la correcta intelección de los artículos 132 y 156 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103, y 107 Constitucionales, se deduce que, corresponde a los promoventes del incidente relativo, la comprobación de los daños y perjuicios que les causó con la suspensión otorgada, es evidente, que al no allegarse a esta incidencia los medios idóneos de prueba para demostrar el aspecto apuntado, es claro que, deviene improcedente el incidente de reclamación de daños y perjuicios promovido por la parte tercero interesada. Cobra aplicación al caso, y por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia 80/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 148, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista." Asimismo, la diversa tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 340, del Tomo: XIII, Marzo de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del epígrafe y texto literal siguiente: DAÑOS Y PERJUICIOS, CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, NO PROCEDE CONDENA GENÉRICA. Resulta improcedente que en el incidente de daños y perjuicios se haga una condena genérica, ya que no se está en el caso del ejercicio de una acción de esta naturaleza, seguida ante la potestad común en la que por disposición legal expresa se pueda pronunciar un fallo en esa forma, sino que el artículo 129 de la Ley de Amparo, prevé que en el incidente en cuestión, deben probarse dichos daños durante la substanciación del incidente y si no se cumple con esa carga probatoria, debe declararse improcedente lo pretendido por el incidentista. Decisión. Se declara que el presente incidente resulta improcedente, al no haberse acreditado los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada a los actores incidentistas (terceros interesados), y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la referida medida cautelar. Finalmente, es aplicable la tesis aislada IX.1o.41 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en la página 569, del Tomo XI, Junio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: Por lo expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara improcedente el incidente de reclamación de daños y perjuicios promovido por Guadalupe Cortés Rueda y Horacio Pérez Ruiz, en su carácter de tercero interesado, por los razonamientos precisados en el considerando segundo que antecede de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes
- Guadalupe Aguilar Lopez610/2018
- Guadalupe Arreola Ramos879/2018
- Guadalupe Barrios Gutierrez526/2016
- Guadalupe Cabrera Trujillo723/2016
- Guadalupe Cárdenas Perez427/2020
- Guadalupe Chantiri Espinosa439/2022
- Guadalupe de la Cruz Perez111/2017
- Guadalupe Duque Martinez134/2022
- Guadalupe Espinosa Lopez815/2022
- Guadalupe García Morales1662/2017
- Guadalupe Gomez de la Cruz411/2020
- Guadalupe Hidalgo Lopez455/2020