Guadalupe Corona Carrillo
Expediente 268/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2023
Partes del expediente
- Guadalupe Corona Carrillo
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d), de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a su destrucción. Por otro lado, mediante oficio devuélvanse a la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, México, las constancias que remitió como anexo, siendo las siguientes: Toca 885/2022, en sesenta y cinco fojas. Expediente 613/2022, en ciento cuarenta y nueve fojas. Copias certificadas del expediente 1001/2021, constante de una foja. Copias certificadas del expediente 1001/2021, constante en cinco fojas. Copias fotostáticas de la sentencia definitiva del expediente 656/2009, constante en nueve fojas Acuse de recibo de la promoción 9296/2022. Copias fotostáticas de sentencia dictada en la Segunda Sala Civil de Toluca, constante en dieciocho fojas. Copias fotostáticas de sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado constante de treinta y siete fojas. Copias fotostáticas de diversas actuaciones constantes de ocho fojas. Contrato de presentación de servicios profesionales con dos firmas originales. Copias fotostáticas de demanda inicial del expediente 656/2009 en cinco fojas. Atento a lo anterior, solicítese el acuse de recibo, a fin de constatar la recepción de las constancias de mérito. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta (con anexos) signado por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el contenido del proveído de veintidós de febrero del año en curso, emitido en el juicio de amparo directo 94/2023 de su índice, en el que se declaró firme el auto por el cual dicho tribunal determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Guadalupe Corona Carrillo, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y remite lo siguiente: Toca ****, en sesenta y cinco fojas. Expediente 613/2022, en ciento cuarenta y nueve fojas. Copias certificadas del expediente 1001/2021, constante de una foja. Copias certificadas del expediente 1001/2021, constante en cinco fojas. Copias fotostáticas de la sentencia definitiva del expediente 656/2009, constante en nueve fojas Acuse de recibo de la promoción 9296/2022. Copias fotostáticas de sentencia dictada en la Segunda Sala Civil de Toluca, constante en dieciocho fojas. Copias fotostáticas de sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado constante de treinta y siete fojas. Copias fotostáticas de diversas actuaciones constantes de ocho fojas. Contrato de presentación de servicios profesionales con dos firmas originales. Copias fotostáticas de demanda inicial del expediente 656/2009 en cinco fojas. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 268/2023-I. Ahora bien, atento a ello y por las razones expuestas por el Tribunal oficiante, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en el apartado de antecedentes, se advierte que el acto reclamado es: La sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ********************, de su índice, en la cual se revocó la sentencia interlocutoria y se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Consecuentemente, dada la connotación que él legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la resolución interlocutoria, en caso de que le sea desfavorable a la quejosa. Asimismo, se aprecia que señala como acto reclamado la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ********************, de su índice, en la cual se revocó la sentencia interlocutoria y se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada, resolución que no constituye para la peticionaria del amparo un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En efecto, el acto reclamado únicamente se relaciona con una carga y un derecho adjetivo o procesal relativo a la resolución de la excepción de cosa juzgada, de lo que se sigue que no afecta derechos sustantivos, sino procesales; es decir, no tiene una ejecución de imposible reparación dentro del procedimiento, dado que en caso de obtener una resolución favorable a sus intereses, se repararían las violaciones procesales que aduce se cometieron en el acto reclamado. Se afirma lo anterior, dado que cuando se declara procedente la excepción, ahí termina el juicio, pero si se desestima, el procedimiento continúa, y los efectos de la resolución que rechaza la excepción de cosa juzgada se actualizan hasta el dictado de la sentencia, porque es hasta este momento en que se podrá apreciar si con motivo de desestimar la excepción se vulneran los derechos del afectado, y si se cometió alguna violación procesal en su perjuicio que trascienda al resultado del fallo. Por consiguiente, si el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ********************, de su índice, en la cual se revocó la sentencia interlocutoria y se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada; ésta podría constituir una infracción de derechos adjetivos que produce únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene fallo favorable, por lo que, es inconcuso que dicho acto no le causa perjuicio de irreparable ejecución, por lo que, como ha quedado precisado, constituye en todo caso una violación a las leyes del procedimiento. Apoya el anterior argumento, por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE". Así como la tesis II.1º.C.2K (10a) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del rubro "COSA JUZGADA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA DICHA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Y, la tesis I.8o.C.10 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN RELATIVA." No es óbice a lo considerado la jurisprudencia P./J. 99/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", pues dicho criterio jurisprudencial se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse por un acto de ejecución de imposible reparación, sino que, en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender la afectación material de derechos sustantivos, lo que provoca que la jurisprudencia relativa a la excepción de cosa juzgada, se oponga a la nueva Ley de Amparo y ya no resulte aplicable. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Criterio que, incluso, así compartió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la queja civil 220/2022, de su índice. Por otro lado, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que proporciona la quejosa y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las demás personas que refiere, limitación que persiste hasta en tanto registren su cédula profesional, lo cual se deberá informar a este órgano federal. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En diverso orden, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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