Guadalupe Champo Vicente
Expediente 1344/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/12/2018
Partes del expediente
- Guadalupe Champo Vicente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 21 a la 32), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este juicio; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ....Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 21 a la 32), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este juicio; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado remitido por la autoridad responsable Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas; sin mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 21 a la 32), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto, el estado de autos, de los cuales se advierte que ***reclama del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "IV.-ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO: El oficio número ***, de fecha 23 de Octubre de 2018, Estado, a través del cual dio respuesta a la petición de la suscrita, le formuló respecto al otorgamiento de la pensión por viudez". En una parte del oficio que anexó el quejoso en su demanda (folio 8) se aprecia que dice lo siguiente: "Por lo antes transcrito, me permito informarle que derivado de la depuración y revisión de sus documentos agregados a su escrito, en el Departamento de Afiliación y Vigencia, lo detectó como trabajador activo, por este motivo no se puede conceder la pensión por viudez que solicita, esto por encontrarse en el supuesto de incompatibilidad, dispuesto en el artículo 51 de la Ley del ISSSTE, y en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Decimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". De ello se sigue que el acto objetivamente reclamado, lo constituye el oficio por el que se comunicó al aquí quejoso que no es procedente el otorgamiento de la pensión por viudez que solicitó mediante escrito de doce de julio de dos mil dieciocho. Es aplicable al caso, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, Novena época, página 255 y número de registro electrónico 181810, cuyo rubro y epígrafe señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. .". Precisado lo anterior, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevén lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Primeramente, es importante destacar que mediante decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, se reformó la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (la cual quedó trascrita en líneas anteriores), misma que ahora regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar, o bien, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. De una sana intelección del precepto transcrito de la ley de la materia, permite deducir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Puesto que el juicio de amparo es, un juicio extraordinario, a él debe acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso o medio ordinario de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto de autoridad que se reclama. El principio de definitividad, establece la procedencia del juicio de garantías únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, principio que consagra la Carta Magna en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. La esencia de este principio resalta por sí mismo, ya que procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir el uso innecesario del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de tales procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como última instancia. En ese contexto, es posible deducir que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado. e) Que para que proceda tal suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un sólo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Los asertos que anteceden encuentran sustento en la jurisprudencia 3/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, enero de 2001, Novena época, página ocho, registro 190367, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. .". En este contexto constitucional y legal descrito en los párrafos que preceden, en el caso que se resuelve, la parte quejosa previo a interponer el juicio de amparo bi-instancial, debió acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a promover juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que textualmente señala: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Como se advierte, el citado tribunal conocerá de los actos administrativos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En el caso, ***, reclama del***Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, el oficio ***, de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le comunica que no es procedente el otorgamiento de la pensión por viudez que solicitó mediante escrito de doce de julio de dos mil dieciocho. Consecuentemente, resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resultar un medio de defensa idóneo y válido para impugnar el acto que aquí se reclama, pues a través del mismo se puede lograr su modificación, revocación o nulificación. Sin que en el caso, se esté en uno de los supuestos de excepción, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que regulan la institución jurídica de la suspensión en el juicio de nulidad, no exige mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Ello es así, porque conforme a lo establecido en los preceptos legales 2° y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que, este último precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, los cuales para mayor comprensión se transcriben: "ARTÍCULO 2°. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Artículo 28 Bis. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto reclamado podrán quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse a la parte actora. Además la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese otorgado la parte actora." De lo anterior, es evidente que el requisito de la suspensión en el juicio de nulidad no es mayor que en el juicio de amparo; sino que son similares. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 130/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 2, Septiembre de 2013, Décima época, página 1446, registro 2004553, del rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. .". Para justificar la aplicación de la jurisprudencia antes invocada a la Ley de Amparo vigente, es necesario tener en cuenta los artículos 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136 y 139 de la Ley de Amparo, prevén la institución jurídica de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [.]" "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. [.]" "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante, lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. [.]" "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. [.]" En efecto, de la confrontación del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con los artículos 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136 y 139 de la Ley de Amparo, vigente al tres de abril de dos mil trece, se tiene que en ambas legislaciones, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado es a petición de parte, se concede si no se sigue en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; se tramitará en incidente por separado y por duplicado, el cual se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En los casos en que sea procedente la suspensión y pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo o en el juicio de nulidad; cuando no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía y, en su caso, quedará sin efecto la misma si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo o sea procedente el juicio de nulidad. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. En tratándose de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables y, el órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento. En los casos en que se niegue el amparo o el juicio de nulidad sea improcedente, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Así, de todo lo anterior, se advierte que ambas legislaciones establecen requisitos similares para conceder la suspensión de la ejecución de los actos impugnados; habida cuenta que, tanto en el juicio de nulidad como en el de amparo, la solicitud debe presentarse por el promovente en cualquier etapa del juicio y ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, en ambos casos, el plazo para resolver sobre tal medida es de un día hábil -veinticuatro horas-. Por tanto, la jurisprudencia antes invocada resulta aplicable al caso en particular, pues el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión; por tanto, al tenor de dicha jurisprudencia, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el oficio ***, de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le comunica que no es procedente el otorgamiento de la pensión por viudez que solicitó mediante escrito de doce de julio de dos mil dieciocho, debió agotar el juicio de nulidad contencioso administrativo, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo antes referida, donde una vez dictada la sentencia definitiva puede promoverse el juicio de amparo directo. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 9, agosto de 2014, tomo III, página 1837, con número de registro electrónico 2007318, del epígrafe siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL NO EXIGIR LA LEY QUE LO RIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA DE ESTA ÚLTIMA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. .". Así como la jurisprudencia 19/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, tomo I, décima época, página 783, número de registro 2008807, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). .. De igual modo, es preciso puntualizar que en este asunto no se actualiza el caso de excepción previsto en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que procedan, si el acto reclamado carece de fundamentación, esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; lo anterior es así, dado que del contenido del oficio reclamado dictado por la autoridad responsable, se advierte que expresó las normas legales aplicables, que sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten concluir que el acto no carece de fundamentación; y por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se ubica el quejoso en otra excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promover en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de amparo, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, en virtud de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del medio ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el acto reclamado, porque de todas maneras al fallarse el recurso ordinario, si dicha autoridad estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiaran aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer de aquél, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso o medio de defensa correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En el caso particular, no opera la excepción al principio de definitividad, toda vez que se advierte que en contra del acto reclamado, el quejoso aduce, en síntesis, que el oficio que en esta vía se reclama no cumple con las garantías consagradas en los artículos 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no expresa fundamento legal vigente, ni motiva el porqué de la negativa de la pensión por viudez. En este contexto, se tiene que al menos los conceptos de violación sintetizados llevan inmersas cuestiones de legalidad; esto es, aun cuando alega que se violaron los preceptos constitucionales 16 y 123 que serían violaciones directas a la Carta Magna, lo cierto es que son aspectos que, para su análisis, precisan del estudio del marco legal aplicable a la autoridad que lo emite y la violación constitucional que llegara a encontrarse derivaría necesariamente de la confrontación del actuar de la autoridad con alguna norma secundaria. En este orden de ideas, no puede estimarse actualizada la excepción a la causa de improcedencia en comento, pues las violaciones que se alegan podrían ser reparadas con el juicio de nulidad pues, se insiste, no constituyen violaciones propiamente de constitucionalidad, sino de legalidad, pues se hacen depender de la actuación de la autoridad responsable con su marco legal, esto es así, porque refiere violaciones a leyes secundarias, por tanto, la vía constitucional que intenta resulta improcedente. Cobra aplicación, por su contenido y alcance, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, 175-180 Tercera Parte, página 119, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. ." Ahora bien, precisa destacar que tampoco se advierte que la peticionaria de amparo reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, para que sea procedente el presente juicio. Al respecto, se cita la tesis 2a. LVI/2000, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Julio de 2000, Novena época, página 156, registro 2007318, del rubro y texto, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. . Con base en lo expuesto, como la quejosa no agotó el principio de definitividad contra el oficio ***, de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le comunicó que no es procedente el otorgamiento de la pensión por viudez, como se adelantó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del once de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; por oficio a la autoridad responsable; y hágase las anotaciones correspondientes.
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