Guadalupe Castillo Nevarez

Expediente 602/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
602/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Castillo Nevarez
  • Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, se ordena guardar por separado, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión en el estado en que se encuentran. Devuélvase al Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, copias certificadas del expediente laboral número 30/2014-B, levantándose la certificación correspondiente. Archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Ahora bien, y toda vez que el original del incidente de suspensión derivado del presente expediente es susceptible de depuración; previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda, suspensión provisional e interlocutoria respectivas, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo número 602/2017-I; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido el mismo día, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Guadalupe Castillo Nevarez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por considerar violatorio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hizo consistir en: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. La omisión en que está incurriendo la autoridad responsable ordenadora en: emitir el laudo que conforme a derecho procede en el juicio laboral génesis de este amparo y, la segunda; en notificarme el laudo respectivo en mi domicilio procesal señalado en autos [.]" SEGUNDO.- Por auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, quien lo rindió con más de ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia de ley; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. Agréguese a sus autos el expedientillo formado con motivo del escrito de la parte quejosa presentado el dieciséis de octubre en curso, así como el oficio 1491/2017 fechado el veinticinco de octubre del año en curso y recibido ante este juzgado el veintiséis siguiente, suscrito por el que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña, para los efectos legales correspondientes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional, es: La omisión de parte de la responsable en emitir el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 30/2014. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. En el caso concreto, el suscrito Juez Federal advierte del oficio 1494/2017, fechado el veinticinco de octubre en curso y recibido el veintiséis siguiente, suscrito por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dictó dentro del expediente laboral 30/2014-B, el laudo correspondiente y notificado a las partes el tres del presente mes y año; por lo que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En efecto, este juzgador advierte que se surte la hipótesis señalada en la fracción XXI, del artículo 61 invocado de la Ley de la Materia, toda vez que por un lado, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 30/2014-B de los del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; sin embargo, del oficio 1491/2017, fechado el veinticinco de octubre en curso y recibido ante este juzgado el veintiséis siguiente, se advierte que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dictó el laudo correspondiente. Bajo esa tesitura, está evidenciado que cesaron en sus efectos los actos reclamados, trayendo como consecuencia la cesación de los efectos de la omisión de emitir el laudo correspondiente por parte del Tribunal responsable, reclamado en esta instancia constitucional, y se aprecia por ende, que se surte de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 22 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, página 1579, febrero de 2006, materia común, correspondiente a la Novena Época, que literalmente dispone: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo invocado en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Resulta aplicable también, la tesis número 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud de no reclamarse por vicios propios, con fundamento en la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 50, volumen 24 Tercera Parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Castillo Nevarez, contra los actos reclamados a la autoridad señalada en el resultando primero de esta resolución y en términos del último considerando de la misma. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo número 602/2017-I; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido el mismo día, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Guadalupe Castillo Nevarez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por considerar violatorio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hizo consistir en: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. La omisión en que está incurriendo la autoridad responsable ordenadora en: emitir el laudo que conforme a derecho procede en el juicio laboral génesis de este amparo y, la segunda; en notificarme el laudo respectivo en mi domicilio procesal señalado en autos [.]" SEGUNDO.- Por auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, quien lo rindió con más de ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia de ley; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. Agréguese a sus autos el expedientillo formado con motivo del escrito de la parte quejosa presentado el dieciséis de octubre en curso, así como el oficio 1491/2017 fechado el veinticinco de octubre del año en curso y recibido ante este juzgado el veintiséis siguiente, suscrito por el que el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña, para los efectos legales correspondientes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional, es: La omisión de parte de la responsable en emitir el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 30/2014. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. En el caso concreto, el suscrito Juez Federal advierte del oficio 1494/2017, fechado el veinticinco de octubre en curso y recibido el veintiséis siguiente, suscrito por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dictó dentro del expediente laboral 30/2014-B, el laudo correspondiente y notificado a las partes el tres del presente mes y año; por lo que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En efecto, este juzgador advierte que se surte la hipótesis señalada en la fracción XXI, del artículo 61 invocado de la Ley de la Materia, toda vez que por un lado, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 30/2014-B de los del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; sin embargo, del oficio 1491/2017, fechado el veinticinco de octubre en curso y recibido ante este juzgado el veintiséis siguiente, se advierte que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dictó el laudo correspondiente. Bajo esa tesitura, está evidenciado que cesaron en sus efectos los actos reclamados, trayendo como consecuencia la cesación de los efectos de la omisión de emitir el laudo correspondiente por parte del Tribunal responsable, reclamado en esta instancia constitucional, y se aprecia por ende, que se surte de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 22 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, página 1579, febrero de 2006, materia común, correspondiente a la Novena Época, que literalmente dispone: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo invocado en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Resulta aplicable también, la tesis número 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud de no reclamarse por vicios propios, con fundamento en la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 50, volumen 24 Tercera Parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Castillo Nevarez, contra los actos reclamados a la autoridad señalada en el resultando primero de esta resolución y en términos del último considerando de la misma. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; atento a su contenido, se tiene a dicha autoridad remitiendo copia certificada del laudo pronunciado en el expediente laboral 30/2014-B, para los efectos legales conducentes y dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho importe. Notifíquese por lista.

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