Guadalupe Carrizoza Cháidez
Expediente 181/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Guadalupe Carrizoza Cháidez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término para que las partes impugnaran el proveído por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, este expediente es CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Finalmente, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Décima Tercera Investigadora, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de Control Competencial (UEIDAPLE) de la Fiscalía General de la República, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional, se hizo consistir en "La determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, contenida en el Oficio *********, emitida en los autos de la carpeta de investigación *************, por la que se informó a la parte quejosa que únicamente tiene el carácter de denunciante y no así de víctima.". Por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo (fojas 122 a 130), para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente (foja 130): "a) En el término de veinticuatro horas contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia ha causado ejecutoria, deje insubsistente la determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, contenida en el Oficio *********, emitida en los autos de la carpeta de investigación **************, por la que se informó a la parte quejosa que únicamente tiene el carácter de denunciante y no así de víctima. b) Conforme a las consideraciones expuestas, dicte una nueva en la que atendiendo a las precisiones de esta sentencia, lleve a cabo un análisis pormenorizado de la composición estructural del delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; hecho lo cual deberá pronunciarse de nueva cuenta -fundada y motivadamente- sobre el análisis y estudio de la calidad que reviste la quejosa en la indagatoria, esto es, si es potencialmente susceptible de sufrir un daño cualificado directa o indirectamente como consecuencia de la posible comisión de dicho ilícito; desde luego, con plenitud de jurisdicción. c) Analizado ello, resuelva lo que en derecho proceda respecto al escrito petitorio de la justiciable, presentado el veintitrés de enero de este año. d) Notifique personalmente a la parte quejosa su determinación.". En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la citada autoridad responsable en contra de esa sentencia (foja 154). De dicho recurso conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, el que lo registró bajo el consecutivo R.P. 131/2023 (foja 168); y mediante ejecutoria aprobada en sesión de quince de junio de dos mil veintitrés, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este juzgado (fojas 172 a 189). Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la revisión penal R.P. 131/2023, y se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 190 y 191). Mediante oficio y anexo, registrado con el folio 10726 (fojas 195 a 213), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias que estimó necesarias para acreditar su dicho. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés (fojas 221 a 223), el suscrito Juzgador consideró que la responsable no dio cumplimiento al fallo protector, conforme a los razonamientos siguientes: "(.) Como se ve, se impuso a la representación social responsable la carga de efectuar un análisis pormenorizado respecto a la composición estructural del delito que investiga y; hecho lo cual, debía concatenarlo con los sucesos de la denuncia para estar en aptitud de determinar si se trata de un ilícito plurilesivo que, en su caso, pudiera afectar algún bien jurídico de la quejosa; aparte de la correcta administración de justicia; para saber si le irroga perjuicio concomitante o no, en forma previa a pronunciarse sobre la calidad que reviste en la indagatoria. LO QUE EN LA ESPECIE NO HIZO. (.).". Por ello, se le requirió nuevamente a la autoridad ministerial responsable el cabal cumplimiento a la sentencia amparadora. Luego, mediante oficio y anexo, registrado con el folio 11529 (fojas 231 a 253), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias que estimó necesarias para acreditar su dicho. De esas documentales allegadas al sumario, destaca el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, del que se advierte esto (fojas 233 vuelta a 243): "Ahora bien, para dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al requerimiento solicitado, se procede a realizar el estudio pormenorizado respecto a la composición estructural del delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Artículo 261.Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; De la interpretación literal de la norma penal transcrita que se encuentra ubicada en el capítulo III de la Ley de Amparo denominado 'Delitos', se obtiene que dicho ilícito es de resultado formal y que el bien jurídico tutelado es la correcta impartición de justicia o el buen desarrollo de la administración de justicia en los juicios amparo, en donde el titular de ese bien es el Estado, del cual se desprende que los elementos del tipo penal en estudio son los siguientes: (.) De lo anterior se desprende que, la calidad específica del sujeto activo como quejoso o abogado autorizado del mismo en un juicio de amparo; que con tal carácter, al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado; que lo anterior se haga con el propósito de obtener una ventaja procesal; y que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o destierro, extradición, desaparición expulsión, proscripción forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional o la incorporación forzosa a las fuerzas armadas nacionales. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica de los hechos a que se refiere la norma penal especial configurativa del delito de violación a la Ley de Amparo, conforme a la descripción establecida en el artículo 261 fracción I, se tiene que la carpeta de investigación *********, se inició con motivo de la denuncia formulada por ********* apoderado legal de *********, quien hizo del Amparo indirecto 181/2023 conocimiento al Representante Social Federal, los siguientes hechos: (.) Dentro del escrito inicial de demanda de 16 de abril de 2021, **********, manifestó bajo formal protesta de decir verdad que se enteró que existía un juicio en su contra -juicio ordinario civil *********- toda vez que, a través de la notaría pública 51 de la ciudad de México, solicitó al registro público de la propiedad y del comercio de la ciudad de México, un certificado de libertad de gravamen del inmueble ubicado en calle ***********, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, y el lunes 5 de abril de 2021, se enteró que dicho inmueble estaba embargado precautoriamente, a favor de mi poderdante, asimismo, manifestó que, derivado de lo anterior, acudió personalmente a consultar de forma directa el expediente **********, en las instalaciones que ocupa el Juzgado 14to de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, con lo cual obtuvo las constancias de diversas actuaciones realizadas dentro del Juicio y, con ello, se allegó de la documentación e información necesaria para promover la demanda de amparo indirecto 213/2021, en este orden de ideas, como se infiere del segmento fáctico de esta denuncia, resulta absolutamente falso que el quejoso- ahora imputado- pudiese haber consultado el expediente ********** entre el 5 y 16 de abril de 2021, ante el Juez 14to Civil, dado que, en todo ese periodo, el expediente se encontró en tránsito entre el 12do Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la 7ma Sala Civil, ello derivado de los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios interpuestos por mi representado (.)' De los actos de investigación realizados por esta autoridad investigadora, el 02 de marzo de 2023 se recabó copias certificadas del juicio de amparo 213/2021, promovido por **********, del cual se desprende lo siguiente: Demanda de amparo presentada el 16 de abril de 2021 y admitida por auto de fecha 20 de abril de 2021, radicándose con el número de juicio 213/2021-I, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de la que se advierte se señala como: Autoridad Responsable: Ciudadano Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Magistrados Integrantes de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; (.) Acto reclamado: De las autoridades ordenadoras se reclama la falta de llamamiento legal o emplazamiento, al juicio ordinario civil expediente número ******* seguido en mi contra. Así como, a consecuencia de ello, en el Toca de Apelación *******, ya que nunca se respetó la garantía de legalidad y audiencia convertida ahora en un derecho humano, toda vez de bajo protesta de verdad no se me buscó nunca en mi domicilio, ubicado en calle *********, Cuajimalpa (hoy alcaldía) de esta Ciudad de México, no obstante que el mismo fue objeto de embargo precautorio por el tercero interesado *************, quien en forma dolosa omitió indicárselo a la autoridad ordenadora juez Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; además la búsqueda en otro de mis dos domicilios se hizo en forma deficiente con un presunto 'vigilante' al que jamás se le identificó y provocó que el ilegalmente el emplazamiento se pretendiera hacer por Edictos. Audiencia constitucional: Con fecha 21 de septiembre de 2021, se dictó sentencia dentro del juicio de amparo 213/2021-I, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México, por el que resolvió: 'ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ***********, por derecho propio contra los actos que reclamó de la Séptima Sala, Juez Décimo Cuarto, ambos de lo civil del Tribunal Superior de Justicia, Actuario adscrito al Juzgado Responsable y Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todos de la Ciudad México; por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución (.)' Vertiendo los siguientes razonamientos: '(.) En ese contexto, del cumulo de actuaciones, de las pruebas ofrecidas por el quejoso, en especial los señalados con los números 1 y 2, así como de las constancias que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado, el suscrito juzgador consideró que el emplazamiento por edictos del Juicio Ordinario Civil, número 146/2018, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual se llamó demandado ***********, resultando ilegal pues no satisface los requisitos establecidos en los artículo 114 fracción I. 116 y 117, del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. De ahí que, por lo antes expuesto el emplazamiento por edictos, mediante el cual se llamó al juicio de Ordinario Civil número 146/2018, al demandado *********, resulta ilegal. Así, quedó constatada la existencia de la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, en perjuicio del solicitante del amparo, puesto que es incontrovertible jurídicamente que la ilegalidad de diligencia de emplazamiento practicada al demandado *********, le impide defender sus derechos, por ende, dio origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilitó a la aquí quejosa, contestar la demanda y, por consiguiente, le impidió oponer las excepciones y defensas a su alcance; además se le privó del derecho a presentar las pruebas que acreditaran sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora, finalmente, al formular alegatos, así como ser notificada oportunamente del fallo que en el proceso se dictó. (.) En las relatadas consideraciones, lo que procede es conceder el amparo solicitado por el quejoso **********, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Actuario adscritos a dicho juzgado, le den la oportunidad de que sea oído y vencido en juicio, lo cual significa que deberá nulificar lo llevado a cabo a partir del auto inmediato posterior al auto admisorio del procedimiento Ordinario Civil, porque a partir de ese momento quedó sin defensa en el juicio de primera instancia (.)' Sentencia que fue confirmada en el recurso de Revisión R.C. 83/2022, interpuesto por ***********, el 19 de mayo de 2022, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por tanto, lo que se vislumbra en el juicio de amparo motivo de la denuncia por la cual inicio la carpeta de investigación que nos ocupa, es que se ejercitó un derecho constitucional que todo gobernado tiene para acudir al juez de amparo cuando se ve trasgredido en sus derechos o bienes por un acto de autoridad, lo que en el presente caso aconteció, y no por ello, resulta, que quien solicita la protección federal caiga en un ilícito de la ley de amparo, máxime que como se analizó en la sentencia del juicio de amparo 213/2021-lI, el emplazamiento por edictos del Juicio Ordinario Civil, número 146/2018, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual se llamó al demandado *********, resultó ilegal, lo que consecuentemente prueba que el quejoso no afirmó hechos falsos u omitió los que le constaban, por tanto no hubo una trasgresión a la administración de justicia. Aunado a que el hoy quejoso, ******** a través de su apoderado **********, como tercero interesado en el juicio 213/2021, presentó escrito de alegatos en donde vertió una serie de manifestaciones, a saber: -resulta absolutamente falso que el quejoso pudiese haber consultado entre el 5 y 16 de abril de 2021, ante el Juez 14to Civil, dado que, en todo ese periodo, el expediente se encontró en tránsito entre el 12do Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la 7ma Sala Civil.- Sin sustento legal demostrativo, pues así lo hizo ver el Juez Constitucional al resolver la sentencia de dicho juicio, en el que expresó textualmente lo siguiente: '(.) Finalmente, por lo que respecta a los alegatos formulados por las partes, debe decirse que dado el sentido de la presente determinación, no se pueden tomar en consideración, amén de que esos planteamientos no forman parte de la litis en el juicio constitucional, ya que éstos constituyen opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos (.)' Ante esa situación, si fuera el caso que en el juicio de amparo 213/2021 y de haberse advertido la comisión de un hecho delictivo previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, no eximía al juez de Distrito de hacer lo propio, pues en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo se impone al juez de Distrito la obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Público los hechos que podrían ser constitutivos de un delito, lo que en la especie no aconteció. Al respecto son aplicables las tesis con datos de identificación rubro y texto: Registro digital: 2014917 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s); Común, Penal Tesis: P/J, 13/2017 (10a) Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45. Agosto de 2017. Tomo l, página 5 Tipo: Jurisprudencia VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción II y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la Intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que Intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Registro digital 2009720 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s); Común Tesis: 1.30.C.87 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2645 Tipo: Aislada VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO. El artículo 17. párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, contiene diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguardar de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. En relación con la protección de esos principios, se advierte que, en la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en su título quinto capítulo III, articulo 261, se tipificaron como delitos especiales en que pueden incurrir el quejoso, su abogado o el tercero interesado, los siguientes 'Articulo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I, Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques la libertad personal fuera expulsión, de procedimiento, a incomunicación, deportación destierro, extradición, desaparición forzada de proscripción personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos'. De ahí que deba garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, por lo que, si de las actuaciones dentro del juicio de amparo se advierte la realización de alguna de las conductas constitutivas de delito indicadas, el órgano jurisdiccional de amparo debe dar vista al Ministerio Público Federal. De ahí que se estime, que el C. *********** quejoso en el juicio de amparo 213/2021, no tuvo el propósito de obtener una ventaja procesal indebida al presentar su demanda de amparo, pues si bien el hecho que le atribuye el C. ********** como el hecho fáctico del ilícito consiste en: '(.) Resulta absolutamente falso que el quejoso ahora imputado pudiese haber consultado el expediente 146/2018 entre el cinco y dieciséis de abril de dos mil veintiuno ante el Juez 14vo Civil dado que, en todo ese periodo que el expediente se encontró en tránsito entre el 12do Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la 7ma Sala Civil, ello, derivado de los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios interpuestos por mi representada (.) '. También lo es que dichas manifestaciones formuladas por el denunciante hoy quejoso fueron vertidas en el juicio de amparo 213/2021, de las que ya se pronunció el Juez Constitucional, y de las que no tomó en consideración, al estimarlas como meras opiniones o conclusiones sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, lo cual resulta que sólo se infiere con base en meras presunciones. Luego entonces, no se soslaya que el hecho con apariencia de delito previsto en el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo, pudiera resultar de carácter pluriofensivo, cuando en el caso en particular en el juicio de amparo 213/2021, se estuviera ante un fraude procesal cometido en agravio de manera directa a la administración de justicia, y de manera indirecta al patrimonio del pasivo ***********, lo que evidentemente en el presente caso no acontece; tal como se advierte de la siguiente jurisprudencia aplicable por analogía: 'FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ABROGADO, PUEDE AFECTAR BIENES JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El referido delito de fraude procesal contiene como elementos típicos que: 1. Alguien simule actos jurídicos o altere elementos de prueba, 2. Se obtenga una resolución jurisdiccional; y 3. De ésta derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido. Ahora bien, este delito fundamentalmente protege como bien jurídico la correcta administración de justicia, pues busca evitar que en un juicio las partes realicen acciones que induzcan al error judicial, como la simulación de actos jurídicos y la alteración de elementos de prueba, para generar el dictado de una resolución jurisdiccional de la que derive un perjuicio para alguien o un beneficio indebido. Sin embargo, la tutela se extiende a la protección de la pluralidad de bienes jurídicos que pueden ponerse en peligro con la consumación de la conducta típica, en virtud de la declaratoria formal que deriva del dictado de una resolución judicial, pues el tipo penal de referencia, al ser pluriofensivo o plurilesivo, puede afectar bienes jurídicos diversos al de la administración de justicia. Situación que en el presente caso no se acredita, ya que el juez resolvió en el sentido de que se repusiera el procedimiento de origen a efectos de que se le diera oportunidad al quejoso de que sea oído y vencido en juicio natural. De ahí que, el impetrante de amparo *********, como se vio, en el juicio de amparo 213/2021, no podría ser considerado como víctima indirecta ya que no sufrió un daño o pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales porque los efectos de la concesión de la sentencia de dicho juicio consistieron en que, la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y Actuario adscrito a dicho juzgado, le den la oportunidad de que sea oído y vencido en juicio al C. *********. En este contexto, al no situarse en alguno de los supuestos el C. ********, como víctima u ofendido previstas en la Ley General de Víctimas y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo tiene un interés simple, entendido como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse no se traducirá en un beneficio personal para el interesado el cual únicamente denota que sus pretensiones son las siguientes: '(...) solicito me sea informado: a) El número de carpeta de investigación asignado a la denuncia promovida por el suscrito, el 12 de enero de 2023, ante la Oficialía de Partes Común de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, de la cual, adjunto una copia simple. b) Unidad o área de investigación en la cual fue radicada tal carpeta de investigación, así como el nombre del Agente del Ministerio Público de la Federación a cargo de la integración de esta. c) Para el caso en que se estime legalmente necesaria la ratificación de la denuncia de hechos, solicito me sea fijada fecha y hora para tal efecto. d) Finalmente, solicito que la determinación que recaiga a la presente petición me sea notificada al domicilio ubicado en la ***********, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, así como en el correo electrónico sebastian@sebastianaragon.com (.)' Sic. Lo que sin duda no refleja que persiga como finalidad que pueda ser restituido de un derecho subjetivo que le fue afectado, en torno al ilícito investigado. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 1a. 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690, del Libro 33. Agosto de 2016, Tomo II, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil dieciséis, con registro 2012364 del rubro y texto siguientes: 'INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO, SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, No obstante, lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, más no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.' Por tanto, es evidente que el quejoso ********, no sufrió un menoscabo en su esfera jurídica o de derechos fundamentales, ni tampoco se causó una afectación a sus bienes, lo que era necesario, a fin de acreditar su interés jurídico para promover en calidad de víctima u ofendido, en la carpeta de investigación que nos ocupa, por lo cual ese derecho no puede inferirse con base en meras presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Registro digital: 2021080 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias (s); Constitucional, Penal Tesis: 1.90.P.254 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2527 Tipo: Aislada VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN DENUNCIA HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE DELITO, SI NO DEMUESTRA QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTOS SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Cuando una persona en su calidad de denunciante en una carpeta de investigación dé noticia de un hecho que considera delictivo, pero no demuestra que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunció, no le recae el carácter de víctima u ofendido, pues debe acreditar alguno de estos supuestos con motivo de la comisión de un delito, en términos del artículo 2o, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales no reconoce al denunciante como sujeto del procedimiento penal, pues sólo contempla a la víctima u ofendido; al asesor jurídico; el imputado; el defensor; el Ministerio Público; la Policía; al órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso; además, el artículo 4, párrafos cuarto y quinto, de la Ley General de Víctimas establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia ley, y que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 216/2019. 3 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca, Secretario: Martin Muñoz Ortiz. Esta tesis se publicó el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica y por las razones que lo sostienen, la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 161929 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s); Común, Penal Tesis: 1a./J. 41/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 5. Tipo: Jurisprudencia ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con la jurisprudencia 58/2006 emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen legitimación activa para interponer amparo por el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, todas aquellas personas que hayan sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos, Por tanto, en el supuesto de que una persona que, como denunciante, sólo dio noticia de la comisión de un delito a la autoridad correspondiente, pero no concurren en él las calidades de víctima u ofendido del hecho considerado delictivo y no demuestra que sufrió un el menoscabo de sus derechos daño físico, no pérdida financiera fundamentales, no cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal dictado por el Ministerio Público. Contradicción de tesis 317/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 16 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Tesis de jurisprudencia 41/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de abril de dos mil once. Así como los Artículos 4 y 5 de la Ley General de Víctimas, indican de manera expresa quienes tienen el carácter de víctima u ofendido: Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: VI. Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten; Artículo 9, Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica. Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas a través de sus respectivos Recursos de Ayuda. Del análisis de los indicados artículos reproducidos, en esencia, se desprende que se denominará víctimas directas a las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. A su vez, que se designara como víctimas indirectas a los familiares aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella y víctimas potenciales a las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima. Consecuentemente, el promovente no tiene interés jurídico para promover en calidad de víctima u ofendido en la carpeta de investigación *********, porque sólo le reviste el interés simple que podría tener cualquier persona, aunado a que no ha demostrado fehacientemente haber sufrido un daño especifico, un perjuicio patrimonial un menoscabo en sus derechos fundamentales, como se precisó, para ser parte dentro una carpeta de investigación, resulta indispensable tener la calidad de víctima u ofendido, o en su caso, acreditar fehacientemente haber sufrido una afectación a la esfera jurídica de manera relevante como consecuencia del evento típico previsto en el Artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo, mismo que a la letra señala: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Es decir, tienen legitimación activa en la carpeta de investigación los sujetos de procedimientos penales que establece el Artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala: Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes. I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico, III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. Luego entonces, el promovente ***********, no se encuentra en ninguno de los supuestos, establecidos en el numeral antes citado lo que implica un impedimento legal para informarle del desarrollo de la indagatoria que se sigue en esta Agencia Investigadora por el hecho que denunció lo que tiene su fundamento en el Artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece: Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la Investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Siendo éstos los únicos sujetos que podrán ser llamados al procedimiento penal, entendiéndose que el procedimiento penal inicia con la etapa de investigación inicial, en el que la autoridad ministerial realiza todas aquellas diligencias que le permiten allegarse de datos de prueba para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, tal y como lo establecen los artículos 211 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, la autoridad ministerial responde a la obligación que establece la Carta Magna, de guardar el sigilo de las investigaciones en las que interviene y reservarlas única y estrictamente para las partes que intervienen en la misma restricción que emana del artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 218 párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales y 110 fracción XlI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por identidad es aplicable la siguiente tesis aislada: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE DEFINEN A LA VÍCTIMA DEL DELITO, NO SE VIOLAN POR EL HECHO DE QUE NO SE RECONOZCA DICHA CALIDAD NI LA DE OFENDIDO A QUIEN HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO LA NOTITIA CRIMINIS, AÚN CUANDO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE INICIE CON MOTIVO DE SU DENUNCIA. Cuando una carpeta de investigación se inicia con motivo de una denuncia hecha por una asociación civil, en la que sólo hace del conocimiento del Ministerio Público la notitia criminis, sin que le reconozca la calidad de víctima u ofendido del delito, ello no viola la definición de víctima que señalan, tanto la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, y las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, ya que no puede considerarse que aquélla sea parte de un proceso judicial en términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para aplicarse en su favor el contenido de la fracción IV del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, pues debe demostrar una afectación en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, como resultado de la comisión del delito que denunció conforme al último párrafo del artículo 4 de la Ley General de Víctimas. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 216/2019. 3 de octubre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca, Secretario; Martín Muñoz Ortiz. Esta tesis se publicó el viernes 29 de noviembre de 2019 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación. De ahí, que resulta que lo peticionado por el promovente ************, en su escrito presentado en la Oficialía de partes de la Fiscalía Especializada de Control Competencial a través de su apoderado legal el 23 de enero de 2023, no es de acordarse favorablemente, por los motivos y fundamentos vertidos en el presente acuerdo. Lo anterior tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 20 apartado 'C', 21 y 102 apartado 'A' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, 127, 131, 211, 212, 213 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 225 fracción XXVIII, del Código Penal Federal, 110 fracción VII y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos 4 y 6 de la Ley General de Víctimas, del articulo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 110 fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de acordarse y se: ACUERDA PRIMERO. No es procedente informarle al promovente *********, el desarrollo de la investigación que se sigue en la carpeta de investigación ***********, por los motivos y fundamentos dispuestos en el presente acuerdo. SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, en los medios que señaló para tal efecto. TERCERO. Una vez desahogado lo anterior, mediante oficio notifíquese al Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, informando el cumplimiento a la ejecutoria en los términos requeridos.". (lo resaltado es propio) Asimismo, notificó dicha determinación mediante correo electrónico enviado el veinte de julio de dos mil veintitrés, a la dirección designada por la quejosa, siguiente "sebastian@sebastianaragon.com" (fojas 251 y 252). Como se ve, la autoridad ministerial responsable acató los lineamientos impuestos en la ejecutoria de marras, pues mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, contenida en el Oficio ***********, emitida en los autos de la carpeta de investigación ***********, por la que se informó a la parte quejosa que únicamente tiene el carácter de denunciante y no así de víctima (fojas 204 vuelta y 205). Aunado a ello, mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, llevó a cabo el análisis pormenorizado de la composición estructural del delito previsto en el numeral 261, fracción I, de la Ley de Amparo; a partir de lo cual analizó los hechos denunciados; invocando al efecto el basamento legal y los motivos por los cuales consideró que la quejosa no resiente un daño o afectación directa o indirecta con motivo de los sucesos posiblemente delictivos materia de la investigación. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de su artículo 196, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente
- Principal
Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Décima Tercera Investigadora, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de Control Competencial (UEIDAPLE) de la Fiscalía General de la República, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional, se hizo consistir en: "La determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, contenida en el Oficio ********************, emitida en los autos de la carpeta de investigación ********************, por la que se informó a la parte quejosa que únicamente tiene el carácter de denunciante y no así de víctima.". Por sentencia de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo (fojas 122 a 130), para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente (foja 130): "a) En el término de veinticuatro horas contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia ha causado ejecutoria, deje insubsistente la determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, contenida en el Oficio ********************, emitida en los autos de la carpeta de investigación ********************, por la que se informó a la parte quejosa que únicamente tiene el carácter de denunciante y no así de víctima. b) Conforme a las consideraciones expuestas, dicte una nueva en la que atendiendo a las precisiones de esta sentencia, lleve a cabo un análisis pormenorizado de la composición estructural del delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; hecho lo cual deberá pronunciarse de nueva cuenta -fundada y motivadamente- sobre el análisis y estudio de la calidad que reviste la quejosa en la indagatoria, esto es, si es potencialmente susceptible de sufrir un daño cualificado directa o indirectamente como consecuencia de la posible comisión de dicho ilícito; desde luego, con plenitud de jurisdicción. c) Analizado ello, resuelva lo que en derecho proceda respecto al escrito petitorio de la justiciable, presentado el veintitrés de enero de este año. d) Notifique personalmente a la parte quejosa su determinación.". En proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la citada autoridad responsable en contra de esa sentencia (foja 154). De dicho recurso conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, el que lo registró bajo el consecutivo R.P. ******************** (foja 168); y mediante ejecutoria aprobada en sesión de quince de junio de dos mil veintitrés, en la materia de la revisión, confirmó la sentencia dictada por este juzgado (fojas 172 a 189). Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la revisión penal R.P. ********************, y se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 190 y 191). Mediante oficio y anexo, registrado con el folio 10726 (fojas 195 a 213), la autoridad responsable manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias que estimó necesarias para acreditar su dicho. De esas documentales allegadas al sumario, se advierte esto: a) En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, contenida en el Oficio ********************, emitida en los autos de la carpeta de investigación ********************, por la que se informó a la parte quejosa que únicamente tiene el carácter de denunciante y no así de víctima (fojas 204 vuelta y 205). b) Por auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, emitió con plenitud de jurisdicción, una nueva determinación, en la cual, de nueva cuenta, se pronunció sobre el análisis y estudio de la calidad que reviste la quejosa en la indagatoria, arribando a la conclusión de que no tiene el carácter de víctima u ofendida, sólo denunciante (fojas 205 vuelta a 212). c) Resolvió no acordar de conformidad lo peticionado por la parte quejosa en su escrito presentado el veintitrés de enero de este año (foja 211). d) Notificó personalmente a la parte quejosa su determinación (fojas 198 vuelta a 203 vuelta). Ahora bien, en el particular, se considera que la responsable no dio cumplimiento a los lineamientos impuestos en la ejecutoria de amparo; confirmada en su oportunidad por el Tribunal ad quem; en donde se efectuaron las precisiones siguientes (fojas 184 vuelta a 185): "(.) Según se ve, al emitir el acto reclamado, la autoridad ministerial responsable soslayó realizar un análisis pormenorizado respecto a la composición estructural del delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que reza: --- 'Artículo 261. (Se transcribe)'.--- Lo cual cobra especial relevancia en el particular, pues a juicio del suscrito Juzgador -en forma previa a determinar si la parte denunciante reviste o no el carácter de víctima resultaba menester que la autoridad ministerial atendiera a la naturaleza y composición estructural de la norma en comento. Ello, para que al engarzarlo con los hechos que conforman la noticia criminal que le fue puesta del conocimiento, se encontrara en aptitud de determinar el bien o bienes jurídicos tutelados de manera primaria y, en su caso, los resguardados de manera subalterna que pudieran ser afectados potencialmente o puestos en peligro al demostrarse la ventaja procesal indebida que contempla dicho delito. Esto, como ya se dijo, para determinar si la denunciante es susceptible de sufrir un daño cualificado directa o indirectamente como consecuencia de la comisión de dicho delito. En tales condiciones, al no haberse efectuado el análisis correspondiente, resulta evidente que las consideraciones de hecho y de derecho invocadas por la responsable, devienen insuficientes para apuntalar el sentido de la determinación reclamada. Así, al no existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuraran las hipótesis normativas reguladoras del acto reclamado, se estima que viola en perjuicio de la parte quejosa los requisitos de fundamentación y motivación exigibles a los actos de autoridad. (.).". Como se ve, se impuso a la representación social responsable la carga de efectuar un análisis pormenorizado respecto a la composición estructural del delito que investiga y; hecho lo cual, debía concatenarlo con los sucesos de la denuncia para estar en aptitud de determinar si se trata de un ilícito plurilesivo que, en su caso, pudiera afectar algún bien jurídico de la quejosa; aparte de la correcta administración de justicia; para saber si le irroga perjuicio concomitante o no, en forma previa a pronunciarse sobre la calidad que reviste en la indagatoria. LO QUE EN LA ESPECIE NO HIZO. Por ello, resulta evidente que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida; por tanto, requiérase a la autoridad responsable para que, en el término de tres días hábiles siguientes a la legal notificación de este proveído, informe sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Ciudad de México, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio de los cuales la autoridad oficiante informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y con lo que expongan, o transcurrido dicho plazo, sin realizar alguna manifestación, dese nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, intégrese a este expediente el diverso comunicado de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando las gestiones realizadas a efecto de conminar a la responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar . Notifíquese; y, personalmente.
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