Guadalupe Cantú González

Expediente 391/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
391/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/07/2019

Partes del expediente

  • Guadalupe Cantú González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el presente juicio de amparo 391/2019-IX; con fundamento en el dispositivo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 391/2019-IX, promovido por la parte quejosa Guadalupe Cantú González, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil diecinueve, ante este Juzgado Federal, Guadalupe Cantú González promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "Señalar en exceso de tiempo la fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas." Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 123 constitucionales. SEGUNDO. En auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 391/2019-IX; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 6 a 7), la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que el acto que reclama la parte quejosa consiste en: Señalar en exceso de tiempo la fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente administrativo laboral 17/E06/2019. TERCERO. El presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Cobra aplicación en la especie, el contenido de la jurisprudencia número 278, visible a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte agraviada, lo conducente es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este Juzgador advierte que en el asunto que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para comprender mejor las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia invocada, resulta pertinente hacer una breve relación de las circunstancias particulares que se advierten de las constancias que obran agregadas al presente juicio de amparo. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 17/E06/2019, del índice de la autoridad responsable, fechada en treinta de abril de dos mil diecinueve, se señalaron las trece horas del veinte de agosto de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Luego, esto es, el diez de mayo de dos mil diecinueve, la parte actora y la parte demandada celebraron convenio en el juicio natural, el cual ratificaron ante la responsable el veinticuatro de mayo siguiente, ordenándose el archivo del expediente administrativo laboral 17/E06/2019 (fojas 19 y 20, 32 y 33). Ahora, tomando en consideración que el acto reclamado es la de señalar en exceso de tiempo la fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente administrativo laboral 17/E06/2019, es dable concluir que si bien subsiste el acto que aquí se reclama, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia que le dio origen, ya que a nada práctico conduciría que se señalara una nueva hora y fecha para su desahogo, motivo del acto que se reprocha, en virtud de que las partes del juicio natural llegaron a un arreglo cuyo resultado culminó con el archivo definitivo del expediente administrativo laboral 17/E06/2019, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; de ahí que se tenga por actualizada la causa de improcedencia en comento. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual forma, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." Por las consideraciones plasmadas con antelación, al haberse actualizado la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 117 y 119 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Guadalupe Cantú González. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, doce de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio número 815/2019 y anexo, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado por este tribunal mediante oficio A/10889/2019-IX de seis de junio de dos mil diecinueve, remite copia certificada de la ratificación de convenio de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; en tal razón, agréguense a sus autos para que obren como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que se remiten, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la legislación antes invocada. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, como anexo a su informe justificado, se desprende que las partes llegaron a un convenio sujeto a ratificación dentro del expediente administrativo laboral 00017/6/2019, promovido por el aquí quejoso Guadalupe Cantú González, en contra de Plaza Automotores S.A. de C.V. y otros, por concepto de reinstalación y otros conceptos laborales, mismo que una vez ratificado se elevaría a categoría de laudo ejecutoriado con efectos jurídicos de cosa juzgada. En ese contexto, al advertirse una posible causal de improcedencia del juicio de amparo, este órgano de Control Constitucional, se percata que es preciso allegarse de las pruebas necesarias para resolver en el momento procesal oportuno si se actualiza o no; por tanto, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe si las partes ya ratificaron el convenio a que se hace referencia, y en su caso, remita copia certificada las constancias respectivas; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos, con cincuenta centavos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada en relación a esa unidad, en la referida publicación de veintiocho del indicado mes y año. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 163/2005 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Materia Común, Novena Época, que en su rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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