Guadalupe Candia Corchado
Expediente 533/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/04/2016
Partes del expediente
- Guadalupe Candia Corchado
Actuaciones
- Principal
Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, entendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se negó el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruirse, pues se negó la medida cautelar solicitada; y respecto del duplicado del incidente de suspensión, procédase a la destrucción, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Isaías Antonio Sánchez Escutia, contra actos del Juez Primero Familiar de Toluca, Estado de México, que los hace consistir en la determinación emitida en audiencia de ocho de abril del año en curso en el expediente 240/2015, a través de la cual se decreta la guarda y custodia temporal de su menor hijo en favor de la madre Nélida Paola Alarcón Flores y, como consecuencia de dicha determinación, se haga entrega del infante en las instalaciones del juzgado responsable a las once horas del día diez del mismo mes y año; en tales condiciones, anótese su ingreso en el libro de gobierno y, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión, por haberse solicitado. Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del seis de mayo de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el dispositivo 115 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. De conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, mediante notificación personal con copia del escrito de demanda. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia, pídase de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; asimismo, en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copia certificada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, así como el disco óptico (CD) que contenga el archivo electrónico de la resolución que por esta vía se combate; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley en comento. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 236.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx, en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de las autoridades que los remitan, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de que la autoridad que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009) Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, primer párrafo, de la actual ley reglamentaria del juicio de garantías, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente asunto, lo hagan saber a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la legislación en cita. Se tiene como tercero interesado a Nélida Paola Alarcón Flores, con domicilio en calle Independencia, manzana 2, lote 37, casa número 860, fraccionamiento Geovillas de la Independencia, Toluca, Estado de México; por tanto, para que esté en aptitud de comparecer al presente asunto, túrnense los presentes autos al actuario judicial de la adscripción para que con copia autorizada del escrito de demanda de amparo y del presente proveído, le notifique la instauración del juicio, asimismo deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días, o en el momento de la diligencia, señale expresamente domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o su zona conurbada, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, 27, fracción I, inciso c) y fracción III, inciso b), así como el 116 párrafo segundo, todos de la ley de la materia, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley reglamentaria se tienen por admitidas las documentales que adjuntó a su escrito de demanda y describe en el capítulo respectivo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que alude siempre y cuando, su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumple con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Luego, atento a lo establecido en el arábigo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.
- Principal
Con fundamento en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, enviado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a través del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió el expediente laboral 711/2007 constante en dos tomos, enviados como complemento a su informe justificado.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual remite las siguientes constancias: 1. Autos originales del juicio de amparo indirecto 533/2014, del índice de este juzgado, promovido por Ayuntamiento Constitucional de Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México; 2. dos anexos en copia certificadas del expediente 711/2007, en dos tomos 3. Testimonio de la ejecutoria de cinco de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Tribunal de su adscripción, dentro del amparo en revisión 533/2014, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida, dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, terminada de engrosar el treinta de mayo de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto 533/2014. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, ESTADO DE MÉXICO, contra el acto y la autoridad debidamente precisados en el resultado primero de este fallo. Acúsese el recibo, glósese el cuaderno de antecedentes y los cuadernos incidentales al expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, en conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, en su oportunidad sí es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en las hipótesis establecidas en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la quejosa. Por otra parte, devuélvase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, las copias certificadas del expediente 711/2006 consistente en dos tomos; apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor, a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.
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