Guadalupe Candelario Zumarraga Loeza
Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Guadalupe Candelario Zumarraga Loeza
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Se tiene por presentado a ********************quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de actos del Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno como 19/2023-VII-A. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de distrito es competente para conocer de la misma. Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de amparo, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Así, se estima que en el caso, respecto al acto reclamado consistente en: la orden de detención y/o aprehensión, así como su correspondiente ejecución fuera de procedimiento penal. Lo anterior, en virtud de que la autoridad ministerial cumple con su deber de representante de la sociedad, al investigar los probables hechos constitutivos de delito, en los que la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables. Así las cosas, válido es concluir que en su caso, ningún perjuicio le causa al quejoso que el Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones investigadoras esté integrando alguna carpeta de investigación en su contra, o bien que omita llamarlo para que comparezca a tal indagatoria, ya que la integración de la carpeta de investigación y su consignación es de interés público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito, y en ese sentido no puede estar por encima del interés público, el interés del particular; por tanto la averiguación penal o la falta de citación para que el inculpado comparezca a la referida indagatoria, no puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso y en cambio, sí se le causaría a la sociedad, si no se lleva a cabo a su debido término dicha averiguación, la cual se estima es de orden público. Además, el perjuicio que en todo caso, llegase a ocasionarse al gobernado sujeto a investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal, si resultara procedente la orden de aprehensión emitida en su contra al ejercerse la acción penal. Por lo que no es factible abrir la puerta del juicio de amparo a toda clase de actos derivados de la fase de investigación, sino solamente a aquellos que afecten de modo irreparable los derechos fundamentales de los gobernados, como ocurre, verbigracia, cuando se emite una orden de detención, pues de lo contrario se obstaculizaría y limitaría la función investigadora del Ministerio Público. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación en el artículo 103, fracción I, Constitucional, lo que obliga a DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el diverso numeral 112 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIEZ DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Se tiene por presentado a ********************quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de actos del Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno como 19/2023-VII-A. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de distrito es competente para conocer de la misma. Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de amparo, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Así, se estima que en el caso, respecto al acto reclamado consistente en: la orden de detención y/o aprehensión, así como su correspondiente ejecución fuera de procedimiento penal. Lo anterior, en virtud de que la autoridad ministerial cumple con su deber de representante de la sociedad, al investigar los probables hechos constitutivos de delito, en los que la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables. Así las cosas, válido es concluir que en su caso, ningún perjuicio le causa al quejoso que el Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones investigadoras esté integrando alguna carpeta de investigación en su contra, o bien que omita llamarlo para que comparezca a tal indagatoria, ya que la integración de la carpeta de investigación y su consignación es de interés público, pues la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito, y en ese sentido no puede estar por encima del interés público, el interés del particular; por tanto la averiguación penal o la falta de citación para que el inculpado comparezca a la referida indagatoria, no puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso y en cambio, sí se le causaría a la sociedad, si no se lleva a cabo a su debido término dicha averiguación, la cual se estima es de orden público. Además, el perjuicio que en todo caso, llegase a ocasionarse al gobernado sujeto a investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal, si resultara procedente la orden de aprehensión emitida en su contra al ejercerse la acción penal. Por lo que no es factible abrir la puerta del juicio de amparo a toda clase de actos derivados de la fase de investigación, sino solamente a aquellos que afecten de modo irreparable los derechos fundamentales de los gobernados, como ocurre, verbigracia, cuando se emite una orden de detención, pues de lo contrario se obstaculizaría y limitaría la función investigadora del Ministerio Público. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación en el artículo 103, fracción I, Constitucional, lo que obliga a DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el diverso numeral 112 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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