Guadalupe Campos Cisneros
Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Campos Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en el auto de archivo se determinó que el presente asunto era susceptible de ser destruible, en términos de la fracción I, del punto "VIGÉSIMO PRIMERO" del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se sobreseyó en este juicio. Sin embargo, en el acuerdo inicial se decretó a favor del directo quejoso la suspensión de plano del acto reclamado, ubicándose, a criterio del suscrito, en la hipótesis prevista en el citado punto "VIGÉSIMO PRIMERO", fracción III, del acuerdo antes mencionado y, por tanto, es susceptible de ser depurado, se hace la anterior aclaración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de abril de dos mil veintidós. Glósese a estos autos la diligencia de cuenta, de la que se advierte que ***********, ratificó el contenido y firma del escrito con registro 4314 que obra en autos; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído del treinta de marzo del año en curso. Ahora bien, atento al contenido del escrito con registro 4314 se tienen por desahogadas las prevenciones contenidas en acuerdo del veinticuatro de marzo pasado; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. En el caso, el acto reclamado consiste en la declaración de incompetente que realizó la autoridad responsable mediante auto del cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado dentro del expediente laboral 190/2022, del índice de la autoridad que señala como responsable, ordenado remitir los autos a la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, para los efectos legales a que hubiera lugar. Atento a lo anterior, una vez analizada la demanda, escrito aclaratorio, y las constancias remitidas por la autoridad responsable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Por lo que es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; además, el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde. Luego, la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así como en la tesis IX.2o. J/9, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1190, registro 179888 del rubro: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO". De lo expuesto se obtiene que la determinación reclamada no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, pues, a través de la resolución reclamada únicamente la autoridad responsable determinó carecer de competencia. Por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En esas condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta de **********, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en autos, sin embargo, la firma que calza el escrito de cuenta, difiere con la diversa que obra en las constancias que acompañó a su demanda. Por tanto, requiérase a dicho promovente para que comparezca ante este juzgado de Distrito, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, con original copia de su identificación oficial vigente, a fin de que ratifique el escrito de cuenta, lo cual deberá realizarse conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la reanudación de plazos y del regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado dicho escrito y se acordará lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTADE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Debe destacarse a la parte promovente que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de considerarlo necesario, se ordenará la realización de un dictamen pericial, sobre la firma que estampó en el escrito que se acuerda. En consecuencia, debido a que esta determinación se notificará vía electrónica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1o., 3o., 6o, fracciones I inciso e), y II, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al secretario encargado de este expediente para que una vez que se lleve a cabo la notificación del presente proveído, realice el trámite relativo a la cita desde la modalidad del programa "Agenda OJ" para la obtención del Código QR que corresponda, con el propósito de habilitar el ingreso del promovente Diego Núñez Nepomuceno, a este juzgado federal para el día en que venza el plazo concedido en el requerimiento de mérito, el cual depende de la fecha en que ello acontezca, por lo que será hasta ese momento en que se deberá llevar a cabo el trámite correspondiente. En el entendido, de que el promovente o sus autorizados en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, podrán generar cita a través del sistema "Agenda OJ", a efecto de atender el requerimiento y/o comparecencia ordenada en autos, en una fecha anterior a la de la cita que en su caso genere este órgano jurisdiccional, en esa hipótesis, estará sujeto a la disponibilidad que arroje el aludido sistema. Finalmente, dígase a la parte quejosa que de generar él la cita, deberá acudir a este juzgado de Distrito con el código QR generado para llevar a cabo la diligencia respectiva, en el entendido que deberá acudir puntualmente a la cita programada, debido a que su impuntualidad podría llevar como consecuencia no permitirle el acceso a este órgano jurisdiccional, lo cual será únicamente responsabilidad del promovente de amparo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase al Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México; informando el estado procesal de los autos de origen y remitiendo copia certificada del expediente **********. De su contenido se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado el veinticuatro de marzo del año en curso. Asimismo, se tiene por recibido un disco en formato DVD, relativo al expediente de origen. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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