Guadalupe Cadena Carabeli

Expediente 1650/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1650/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2016

Partes del expediente

  • Guadalupe Cadena Carabeli

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 3.- EL DÍA DE LA FECHA CAUSÓ ESTADO EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE ACTUAL, EN EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, POR LO QUE, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    mesa 3.-NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto, intégrese a los autos el oficio 17684 de cuenta, signado por la Actuaria del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, a través del cual comunica que el Tribunal de su adscripción se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por GUADALUPE CADENA CARABELI, la cual por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada; por lo que regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número que corresponda, y acúsese recibo respectivo. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se procede a dejar éstas por cuerda separada. Ahora bien, téngase a GUADALUPE CADENA CARABELI, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos los actos que reclama de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el de desecharla de plano. Para los efectos del artículo señalado con antelación, por "manifiesto", debemos entender: claro, evidente; y por "indudable", algo cierto, seguro, que no puede dudarse. De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la promovente, hace consistir el acto reclamado en: "La sentencia definitiva de fecha 24 de agosto de 2016, recaída al Juicio Contencioso Administrativo número 653/2016-S-2, emitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al declarar su incompetencia". Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A su vez el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor establece: "[.] El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, atendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del análisis de la demanda que se promueve, se advierte que resulta notoriamente improcedente por las siguientes razones: La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al termino "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En el caso, es evidente que la resolución de veinticuatro de agosto del presente año, dictada en el juicio contencioso administrativo 653/2016-2, por la Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, por medio de la cual declaró su incompetencia para conocer del juicio instaurado por la aquí quejosa y ordenó remitir los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; no le causa perjuicio de imposible reparación al peticionario de amparo, pues en todo caso resultaría ser una violación procesal susceptible de repararse en el juicio natural, puesto que la determinación de Sala de origen de remitir por incompetencia los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y sujeta a la aceptación de la autoridad a cuyo favor se declinó la competencia respectiva, no se traduce en un acto de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, en razón que dicho perjuicio eventualmente se actualizará hasta que el citado tribunal laboral (receptor) acepte la competencia planteada por la citada Sala, o en su caso, cuando el tribunal que dirima el eventual conflicto competencial (en el supuesto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no acepte la competencia planteada), decida que el órgano competente para conocer del asunto lo es éste y no la Sala natural, pues hasta que se actualice alguna de esas dos hipótesis, que convergen en que finalmente un diverso Órgano se avoque al conocimiento del asunto, en el que adquiera el carácter de decisión irreparable, susceptible de ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, precisamente porque todavía está latente la posibilidad de que la autoridad que dirima el eventual conflicto competencial (en caso de suscitarse el mismo) decida fincar la competencia a la autoridad que originalmente la había declinado, la cual tendría que avocarse al conocimiento del asunto. En efecto, sobre el tópico que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que más allá de la distinción de las materias en que se originen los supuestos relacionados con la determinación de un órgano jurisdiccional, de declinar la competencia a favor de otro, debe considerarse que ese tipo de actos, no son de los considerados de imposible reparación, ya que de la misma manera, en el estado procesal correspondiente, se desconoce si la autoridad a favor de quien se declina la competencia aceptará el conocimiento del asunto, ni tampoco se puede adelantar cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que pudiera llegar a suscitarse. Lo anterior, lo determinó la mencionada Sala del Alto Tribunal, tomando en consideración que en ese momento aún no se define quién es realmente la autoridad que deberá conocer del asunto, pues se requiere de al menos otra resolución para definir este aspecto. Esto es, se explicó, la definición de la competencia de la autoridad en cuyo favor se declinó, depende de que ésta admita o rechace la competencia planteada, lo que en el caso concreto, en los supuestos antes precisados, no acontece. Los argumentos reseñados, se desprenden de la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 444/2012, que en la parte conducente y en lo que aquí interesa, establece: "El alcance del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica la procedencia del amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...", consiste en que los actos procesales tienen esa característica, siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los denominados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, se considera que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar afectación en la esfera de derechos, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Lo anterior se advierte del criterio de la extinta Tercera Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 3a. 43, consultable en la página 59, Números 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." La distinción entre actos dentro de juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, sirve para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. No obstante, es importante señalar que la excepción a esa regla radica en que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. [.] como caso excepcional, esos actos pueden ser combatidos en amparo indirecto cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, es decir, deberá tenerse en cuenta la institución procesal materia del reclamo, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia obligan a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal, no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En relación a ese grado predominante y superior de afectación, el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. LVIII/2004, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." (Página 10, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), estableció un criterio orientador para decidir cuándo los actos intraprocesales revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, por regla general, que cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Además, que esas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin demérito del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. [.] [.] la determinación reclamada, mediante la cual se declara a la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y los Municipios de Guanajuato incompetente para conocer de la demanda de anulación planteada y ordena su remisión al Juzgado Administrativo Municipal, por estimar que es a quien corresponde su conocimiento; no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, dado que la autoridad en cuyo favor se declinó la competencia para conocer de la demanda de origen planteada, no está obligada necesariamente a aceptarla. Ello es así en razón de que puede acontecer que determine no hacerlo y que la Segunda Sala declinante, decida asumir el conocimiento del asunto, o bien, incluso, que se genere un conflicto competencial entre las autoridades en cuestión. Así las cosas, en abono al sentido que se adoptará en esta resolución, es importante señalar que la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo un criterio jurisprudencial que ciertamente está orientado a la materia laboral; sin embargo, esta Sala considera que dicho criterio es ilustrativo y aplicable en lo conducente, con sus matices propios, para resolver el supuesto materia de esta contradicción, dado el principio rector que contiene en relación a que la declaración de incompetencia de la Junta que conoce de un juicio laboral y remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, en virtud de que no se sabe si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, por lo que, concluyó, en ese estado no es procedente el amparo indirecto. La jurisprudencia a la que se hizo mención es la 267, aprobada por la otrora Cuarta Sala, en sesión de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve al resolver la contradicción de tesis 5/89 siguiente: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.-La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." Criterio que se insiste, aun cuando se refiere a la materia laboral y no administrativa, como la que involucra el presente asunto, lo cierto es que el principio toral que contiene debe prevalecer también en este expediente, pues más allá de la distinción de las materias en que se originaron los conflictos, en el caso que nos ocupa prevalece la situación que llevó a la extinta Cuarta Sala de este Alto Tribunal a considerar que ese acto no es de los considerados de imposible reparación, ya que de la misma manera, en el estado procesal correspondiente, se desconoce si la autoridad a favor de quien se declina la competencia aceptará el conocimiento del asunto, ni tampoco se puede adelantar cómo se resolverá, en su caso, el conflicto caucompetencial que pudiera llegar a suscitarse. Lo anterior implica que, como ya se ha visto, el acto que se reclama no es de imposible reparación, porque aún no se define quién es realmente la autoridad que deberá conocer de la demanda de anulación planteada, pues se requiere de al menos otra resolución para definir este aspecto. Esto es, la definición de la competencia de la autoridad en cuyo favor se declinó, depende de que ésta admita o rechace la competencia planteada, lo que en el caso concreto todavía no acontece. [.] En mérito de todo lo hasta aquí expuesto, la decisión de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, de carecer de competencia legal para conocer del juicio de anulación sometido a su jurisdicción y plantearla al Juzgado Administrativo Municipal, no es de aquellas que sean de imposible reparación porque no incide en alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución sino que, por el contrario, constituye una cuestión formal o adjetiva que, al no perjudicar en grado predominante y superior los intereses del quejoso, no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo que se pida ante el Juez de Distrito. Se afirma que no afecta exorbitantemente al quejoso porque, tomando en cuenta la institución procesal de que se trata, la cuestión de competencia aún no se define, por las razones ya expuestas y, por ende, se reitera, el acto reclamado carece de carácter definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en términos de lo que exige el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas será la resolución que dirima en definitiva el problema de competencia planteado, la que podrá ser impugnada a través del juicio de amparo que se pida ante el Juez de Distrito; [.]." De la ejecutoria transcrita en lo conducente derivó la jurisprudencia 10/2013, localizable en la página 1380, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis reza: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico." Dicha jurisprudencia, al margen de que se refiere a una declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, resulta aplicable al caso concreto, por identidad jurídica sustancial, debido a que la determinación de incompetencia emitida por la Sala de origen esté sujeta a la aceptación de la autoridad a cuyo favor se declinó la competencia. En ese contexto, de lo antes narrado se advierte que el acto reclamado, es de los que no quedan comprendidos dentro de la hipótesis contemplada en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo en vigor, por tratarse de un acto en el juicio que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, por lo tanto, dicho acto no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental protegido por la Constitución General de la República, y ello es así, en virtud de que con dicha determinación no se deja a la parte promovente en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intraprocesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, en el supuesto de que el Tribunal laboral receptor no admita la competencia planteada, se genere un conflicto competencial y se decida el mismo resolviendo fincar la competencia a la autoridad aquí señalada como responsable, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación. Luego, debe concluirse que la demanda de garantías resulta notoriamente improcedente, al tenor de lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso al 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado contrario sensu, de manera que ello obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, por su manifiesta e indudable improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 ibídem, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna. Consecuentemente, con el escrito y demás copias de la demanda de garantías, fórmese el expediente que corresponda. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su libelo de garamtías. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la nueva Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualesquiera de los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional realicen las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3ro de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se atribuye al (la) secretaria (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

  3. Principal

    MESA 9.- [...] AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO, REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 1182/2016.

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