Guadalupe Betzabé Padrón Toledo

Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
927/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Betzabé Padrón Toledo

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital; atento a su contenido, infórmesele que mediante proveído de ocho de julio pasado, se recibió el oficio 5591/2022 de su estadística y sus anexos consistentes en la demanda de amparo promovida por Guadalupe Betzabe Padrón Toledo, el informe justificado de la autoridad responsable Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, el expediente del juicio sumario civil C-597/2021, la constancia de emplazamiento del tercero interesado, así como un sobre que contiene la copia certificada del juicio sumario civil C-96/2021; por lo que este juzgado se avocó al conocimiento de dicha demanda, la cual se registró con el consecutivo 927/2022 de este índice.

  2. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 756/2022-II, orden 1015, de este índice. Dése de baja la referida comunicación en el libro de gobierno respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se tiene a la quejosa Guadalupe Betzabé Padrón Toledo, notificada del proveído de ocho de julio este año, para los efectos legales conducentes. En mérito de lo anterior y vista la certificación que antecede se advierte que feneció el plazo de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la quejosa recurriera el auto de ocho de julio del presente año, en el que se desechó su demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Devuélvase el cuaderno auxiliar de pruebas relativo al presente expediente, toda vez que resulta innecesario su resguardo en este juzgado, solicitándose el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Visto el oficio 5591/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual remite, entre otras constancias, la demanda de amparo promovida por Guadalupe Betzabé Padrón Toledo, por propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 927/2022-II. Este juzgado se avoca al conocimiento Toda vez que mediante auto de uno de los actuales, dictado en los autos del juicio de amparo directo 554/2022, la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito declinó competencia legal para conocer de la demanda a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad; hágase del conocimiento de la superioridad que este órgano jurisdiccional se avoca a su conocimiento. Desechamiento de la demanda Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. La demanda se advierte que la quejosa reclama las notificaciones por lista que se le realizaron en el juicio sumario civil C-597/2021, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, de las siguientes determinaciones: 1. Acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. 2. Resolución de doce de enero de dos mil veintidós. 3. Auto de catorce de enero de dos mil veintidós. Para mejor comprensión del asunto se narran algunos antecedentes relevantes: Santiago Francisco Toledo Ruiz, en la vía sumaria civil, ofreció y consignó de pago de $690,000.00 (seiscientos noventa mil pesos) que le adeudaba a la quejosa, a quien había comprado los derechos hereditarios sobre el inmueble ubicado en calle Valentín Varela, cuarenta, colonia Emiliano Zapata, en Valle de Santiago, Guanajuato. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, registró el proceso como C-597/2021; admitió la demanda y dejó a disposición del actor el certificado de depósito de la suma que ofrecía en pago. El actor exhibió el certificado de depósito por la cantidad adeudada y el juez programó la audiencia a fin de que la quejosa recibiera o viera depositar la cantidad materia del ofrecimiento de pago. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, compareció la quejosa y manifestó que no era su deseo aceptar la consignación de pago propuesta por el accionante. Por tanto, el juez ordenó la baja administrativa del juicio. El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno el juez tuvo interpuesto el recurso de revocación del actor Santiago Francisco Toledo Ruiz, en contra de la diligencia precisada en el punto anterior (la notificación de este auto es el acto reclamado identificado como 1). El doce de enero de dos mil veintidós, el juez revocó la diligencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno y se aceptó el ofrecimiento de pago y consignación del actor (la notificación de este auto es el acto reclamado identificado como 2). El catorce de enero de dos mil veintidós, el juez aclaró la interlocutoria en relación con el nombre de la demandada y acreedora -aquí quejosa- (la notificación de este auto es el acto reclamado identificado como 3). Desechamiento del acto reclamado identificado en el punto 1. Se estima que está afectado por la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo [consumación irreparable del acto reclamado]. Para concluirlo así, se retoman, mutatis mutandis, los argumentos expuestos en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del expediente relativo al recurso de queja 96/2016, que este juzgado comparte. El artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". Esta causa de improcedencia atiende a la naturaleza del fallo que otorga el amparo, cuyos efectos, de acuerdo con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, consisten en restituir al quejoso en el goce de su derecho. Por tanto, si el acto reclamado se consuma irreparablemente, no será posible dotar de efectos a la sentencia constitucional. En un procedimiento judicial, la imposibilidad aludida obedece a que la sentencia ejecutoriada impide que el juez que la dictó verifique la corrección de actuaciones acaecidas en fases procesales anteriores, ya que éstas quedan clausuradas con motivo de la cosa juzgada. Mediante el ejercicio de la acción una persona solicita al juez que emita una sentencia que acoja su pretensión. El proceso judicial que deriva de ello se integra por una serie o cadena de actos coordinados que tienden a un fin: obtener una decisión que resuelva el litigio. Durante el proceso se emiten y realizan múltiples actuaciones y en ellas puede haber defectos o vicios de dos clases: Los relacionados con la inobservancia de los requisitos formales inherentes a los actos procesales (lugar, tiempo y modo para externarse, entre otros). Los relativos al contenido de las resoluciones judiciales; es decir, la cuestión de fondo. Generalmente surgen cuando el juez aprecia mal los hechos, invoca una ley inaplicable o aplica incorrectamente aquella que sí rige en el caso concreto. Estos vicios no influyen en la validez formal de la resolución judicial, sino en su justicia [aspecto material]. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé los medios de impugnación idóneos para combatir y privar de efectos jurídicos a las resoluciones que presentan uno u otro de los mencionados defectos. En relación con los primeros [inobservancia de formalidades], existe la nulidad de actuaciones; mientras que los errores de fondo o de contenido, motivan la impugnación y, con ella, la posibilidad de revocar, modificar o anular el acto procesal, a través de los recursos que prevén los códigos previamente señalados. Una vez que el proceso se ha desarrollado en todas sus etapas, el juez dicta una sentencia o interlocutoria que resuelve el litigio o una etapa de éste. Luego de que el fallo queda firme, ya sea por su falta de impugnación o por haberse resuelto el recurso que la ley prevé, no puede controvertirse a través de recursos ordinarios. Lo anterior obedece a que la cualidad de cosa juzgada conlleva que la sentencia o interlocutoria sea la verdad legal y que en su contra no quepa recurso ordinario ni prueba alguna. Por ello, un incidente de nulidad en contra de actuaciones ocurridas durante el proceso no tiene el alcance de dejar sin efectos la sentencia definitiva. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 1211 y P./J. 30/94, así como el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. El Juez Único Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, dictó la interlocutoria de doce de enero de dos mil veintidós, mediante la cual se revocó la diligencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno y aceptó el ofrecimiento y consignación de pago que el actor había hecho. Esta resolución imposibilita que el juez que la dictó corrija las actuaciones anteriores a ella. Por ello, no sería dable otorgar el amparo para el fin que pretende la parte quejosa; que quede insubsistente la notificación por lista del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, ya que con ello se trastocaría la autoridad de la cosa juzgada propia de la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, que revocó la diligencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno. Desechamiento de los actos identificados como 2 y 3. El juicio de amparo es improcedente, porque los actos reclamados carecen de definitividad, lo cual actualiza la hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En el caso, la quejosa fue citada por conducto de su esposo Juan Pedro Solís Villanueva, dada su omisión de esperar en la hora y día que el actuario le había programado en el citatorio para que acudiera a la audiencia programada para que recibiera o viera depositar la cantidad que su deudor Santiago Francisco Toledo Ruiz le había consignado. Entonces, a partir de la fecha precisada, la quejosa quedó incorporada a la relación procesal inherente al juicio de origen y por eso estuvo en aptitud de interponer los recursos y medios ordinarios de defensa que prevé el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Guanajuato. En contra de los actos que la quejosa reclama ciertamente caben medios ordinarios de defensa legal, a través de los cuales era posible modificarlos o revocarlos. En efecto, de acuerdo con el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, pudo recurrir los actos identificados como (2) y (3) a través del incidente de nulidad de actuaciones. Por tanto, hay un impedimento para analizar el fondo del asunto, porque la ley establece medios ordinarios de defensa, a través de los cuales era posible obtener la anulación de los actos reclamados, antes de promover el juicio de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario judicial de la Federación, que señala: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Consecuentemente, como se adelantó, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XVIII, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda.

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