Guadalupe Betsabé Nájera Ruiz
Expediente 709/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guadalupe Betsabé Nájera Ruiz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 36 a 38), dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó la demanda propuesta por Guadalupe Betsabé Nájera Ruiz. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a la parte quejosa, de acuerdo a la certificación que antecede.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por*****, por su propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 709/2019 y fórmese expediente. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. En el caso, respecto del acto reclamado a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, consistente en el auto de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, emitido en el toca 254/2019, mediante el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, en el expediente 874/2018-2, relativo al juicio de nulidad de juicio concluido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Lo anterior es así, toda vez que la quejosa previamente a la interposición del juicio de amparo, debió interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que señala: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueran apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis XXI.3o.8 C, con registro 183433, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1813, del tomo XVIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y tenor siguientes: "RECONSIDERACIÓN. PROCEDE AGOTAR ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL, PREVIAMENTE A OCURRIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De lo dispuesto en el artículo 140 del código local de procedimientos civiles se desprende que las resoluciones judiciales se clasifican en cuatro, a saber: decretos, autos, fallos interlocutorios y sentencias definitivas, existiendo diferencias entre sí, toda vez que los primeros son simples determinaciones de trámite, los segundos deciden cualquier punto dentro del asunto, los terceros dilucidan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y las últimas dirimen el fondo del negocio. A su vez, el precepto 384 de la propia legislación, permite establecer que el procedimiento de segunda instancia inicia con la interposición de la apelación. Y asimismo, el dispositivo 383 del propio conjunto normativo dispone que procede la reconsideración contra los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia. Ahora bien, la determinación del tribunal ad quem por la que desecha la apelación, es un auto dictado en el trámite de la alzada, porque ésta da inicio con la presentación del recurso ante el Juez a quo y, además, el órgano jurisdiccional en uso de sus facultades resuelve sobre su procedencia con base en la legitimación del impugnante, la relativa a si la resolución recurrida es o no apelable, la cuantía del juicio y su naturaleza, o por prohibiciones especiales, como pudiera ser que otro es el medio ordinario procedente o por ser reparable o irreparable el gravamen que cause; en consecuencia, sin género de dudas contra ese proveído cabe el recurso de reconsideración, habida cuenta que la procedencia de éste la establece el último precepto legal. Por tanto, el agraviado con tal determinación de alzada, en lugar de acudir directamente al juicio de amparo, debe impugnarla ante la Sala del conocimiento, porque si dicho medio de impugnación tiene por objeto que la autoridad recapacite sobre la admisión del recurso, mediante la expresión de los aspectos conceptuales formulados por la parte a quien perjudica, es claro que con él se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del auto impugnado, por lo que si no se agota la reconsideración es improcedente el juicio de garantías al no acatarse el principio de definitividad, con apoyo en los artículos 73, fracción XIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Finalmente, si bien en el artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, que regula el recurso de reconsideración, que se estima debió agotarse, no se encuentra establecida la suspensión del auto combatido a virtud de la interposición del citado medio ordinario de defensa, por el contrario, el diverso precepto legal 382 señala de forma expresa, que el citado recurso de reconsideración no suspende el curso del juicio; lo cierto y definitivo es que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo categóricamente establece que el juicio de amparo es improcedente cuando dentro del procedimiento exista algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual la resolución judicial reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada, es decir, dicha fracción no hace alusión a que tales recursos o medios de defensa deban tener efectos suspensivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 171, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS. Carece de consistencia jurídica el argumento hecho valer en el sentido de que ninguno de los recursos establecidos en el Código de Comercio tiene efectos suspensivos, y que por ello no existe obligación de agotarlos previamente, pues la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo categóricamente establece que el juicio de amparo es improcedente cuando dentro del procedimiento exista algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual la resolución judicial reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada, es decir, dicha fracción no hace alusión a que tales recursos o medios de defensa deban tener efectos suspensivos." En esa tesitura, con apoyo en el artículo 113, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto; y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene a Ernesto Alcántara Salmerón, Víctor Manuel Martínez Hernández Prometeo j. Hernández Zamora, como sus autorizados en términos amplios por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin que haya lugar a tener como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Cruz Santamaría Chamú, por no haber acreditado en este juicio encontrase legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, porque en el escrito de cuenta donde le otorga dicha autorización, no proporciona datos correspondientes o documentos que así lo acrediten, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización." Finalmente, se tiene a únicamente para oir y recibir notificaciones a Carlos Armando Castrejón Garcia y Elvia Esteban Martínez, por así haberlo solicitado expresamente en sus escrito de cuenta. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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