Guadalupe Bañuelos Romero
Expediente 1020/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2021
Partes del expediente
- Guadalupe Bañuelos Romero
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de enero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido para la parte quejosa el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se precisa que para declarar la firmeza del acuerdo sólo se considera el plazo de la parte quejosa, por ser la única legitimada para recurrir el sobreseimiento por improcedencia decretada en este juicio de amparo indirecto. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese. |
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio y anexos de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla; mediante el cual rinde su informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito de la parte quejosa de fecha veintisiete julio de dos mil veinte y recepcionado por la junta responsable el veintinueve siguiente, en el buzón de promociones, mediante el cual solicitó la regularización del juicio laboral 1687/2018 y nueva fecha para el desahogo de la audiencia médica tercero en discordia en la que el perito rendirá su dictamen, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de fecha veintisiete julio de dos mil veinte y recepcionado por la junta responsable el veintinueve de julio siguiente, en el buzón de promociones, mediante el cual solicitó la regularización del juicio laboral 1687/2018 y nueva fecha para el desahogo de la audiencia médica tercero en discordia en la que el perito rendirá su dictamen. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte lo siguiente: 1. Que el veintinueve de julio de dos mil veinte, proveyó el escrito del que se duele la parte quejosa, tal como se aprecia de la siguiente reproducción: Como se aprecia de la anterior imagen, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, acordó el escrito del quejoso el veintinueve de julio de dos mil veinte, en el que le indicó que se estuviera a lo proveído en el acuerdo de ocho de julio del presente año. 2. Del acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, se aprecia que la Junta responsable señaló las trece horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte para el desahogo de la audiencia médica tercero en discordia, en la que el perito Carlos Sebastián López Cortes, en la que rendirá su dictamen, como se aprecia de la siguiente ilustración. 3. El diecisiete de agosto de la presente anualidad, la autoridad responsable, reactivo los términos procesales, diligencias y audiencias en el juicio laboral 1687/2018. 4. En audiencia del nueve de noviembre del año en curso, no se desahogó de la audiencia médica tercero en discordia, en la que rendirá su dictamen, debido a que no se encontraban notificadas las partes, por lo que señaló las ocho horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veinte, para el desahogo de la referida probanza, acuerdo que les fue notificado a la parte actora y demandada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte y al perito tercero en discordia el veinte de noviembre siguiente, como se advierte de las siguientes imágenes. Como se advierte de lo antes expuesto, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, el veintinueve de julio del año en curso, acordó el escrito presentado por la parte quejosa dentro del juicio laboral 1687/2018; asimismo, señaló las trece horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte para el desahogo de la audiencia médica del perito tercero en discordia, la que finalmente no se desahogó y señaló las ocho horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veinte, para el desahogo de la referida probanza, acuerdo que les fue notificado a la parte actora y demandada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte y al perito tercero en discordia Carlos Sebastián López Cortés, el veinte de noviembre siguiente; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con diez minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de octubre de dos mil veinte. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de quince de octubre de dos mil veinte, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de siete de septiembre de dos mil veinte, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "VI. DECISIÓN 76. Ante la inexistencia del acto reclamado consistente en la a negativa por parte del personal adscrito al Juzgado Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, de permitir al quejoso consultar el expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil ********************, se impone sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 77. Por otro lado, tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación de la quejosa estudiados bajo la prerrogativa de la suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, únicamente respecto del quejoso, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento a partir de dicha actuación. 78. Es aplicable la jurisprudencia 99/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287, libro 49, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." 79. Por otra parte, es importante destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se ordene reponer el procedimiento, sus efectos deben hacerse extensivos a los codemandados de la parte quejosa, siempre que entre estos exista litisconsorcio pasivo necesario; siendo que entre el quejoso y la diversa codemandada en el procedimiento de origen ********************, existe tal institución porque se trata de un juicio ejecutivo mercantil; existe el actor y diversos demandados quienes obran por su propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, fueron demandados simultáneamente y se les reclamaron las mismas prestaciones, por lo que es inconcuso que la reposición ordenada, como tal, alcanza a los codemandados, pero con una modalidad distinta al quejoso. 80. Se hace dicha aclaración porque la reposición respecto de los referidos codemandados debe realizarse en los términos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2010, de la que derivó la jurisprudencia 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO", la cual es aplicable al caso por analogía, porque en ella se estableció que la reposición de autos debe afectar a todos los litisconsortes respecto de los cuales se deberá dictar una nueva sentencia en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo, lo que hace patente que los litisconsortes que sí acudieron al juicio o que fueron emplazados -distintos de la parte quejosa- no obtendrán una renovación de plazos, aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos, tal como se advierte de la parte conducente de dicha ejecutoria que dice: "Sin embargo, en la presente contradicción el punto de debate no se refiere a los beneficios que se obtienen con la reposición del procedimiento en cuanto a la renovación de los plazos, oportunidad de aportar nuevas pruebas o formular alegatos novedosos; antes bien, el tema de contradicción se centra en determinar si en los casos de que exista un litisconsorcio pasivo necesario, y a uno de los litisconsortes se le concede el amparo por falta o indebido emplazamiento y, como consecuencia de ello se ordena la reposición del procedimiento para que se verifique ese llamamiento a juicio, ¿este preciso efecto debe hacerse extensivo a los demás litisconsortes, aun cuando éstos hayan sido legalmente emplazados?. Esta Primera Sala considera que la reposición del procedimiento como efecto de la concesión del amparo a uno de los litisconsortes por no haber sido emplazado o no haberlo sido legalmente, no implica que deban quedar insubsistentes los emplazamientos que válidamente se hayan verificado respecto del resto de los litisconsortes. Ante todo, debe precisarse que si bien, los litisconsortes que no acudieron a juicio se ven beneficiados con la concesión del amparo otorgada a uno de ellos, esto no es sino la consecuencia lógica y natural de que, al existir un litisconsorcio necesario, la reposición de autos debe afectar a toda esa comunidad, tanto porque pueden gozar de plazos comunes, según la ley aplicable al caso, como porque han de ver resuelta su situación jurídica en una misma sentencia, en la que se habrán de valorar, de nueva cuenta, los elementos que obren en el expediente y los que aporte el litisconsorte que obtuvo el amparo. Esto no ocurre con el emplazamiento, cuya realización sucede en forma independiente respecto de cada uno de los litisconsortes. De manera que, para afirmar que con motivo del llamamiento a juicio del quejoso queda integrada la relación jurídica procesal, se hace necesario que permanezcan incólumes los emplazamientos realizados a los demás litisconsortes que no fueron materia de análisis por el tribunal de amparo. En efecto, la existencia del litisconsorcio necesario genera la imposibilidad de pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas las partes interesadas; esto significa que, de haberse dictado sentencia sin audiencia de alguno o algunos de los litisconsortes, deba aquélla dejarse insubsistente, a efecto de que tales litisconsortes sean debidamente emplazados y, de esa manera, oídos y vencidos en el juicio de que se trate. Lo anterior, sin embargo, no significa que deba dejarse insubsistente, inclusive, el emplazamiento de que hubiere sido objeto el o los litisconsortes que hubieran sido debidamente emplazados pues, por un lado, respecto de éstos no existe ilegalidad o estado de indefensión que remediar y, por otra parte, porque la reposición del procedimiento en esos términos implicaría el eventual riesgo de no poder emplazar, posteriormente, a alguno de los codemandados que ya hubieran sido llamados a juicio; de ahí que dicha reposición, si bien debe comprender a todos los demandados, no puede alcanzar a los emplazamientos realizados debidamente. De acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer une declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la Protección de la Justicia Federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que si fueron emplazados de forma legal, para éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Mediante proveído de uno de octubre de dos mil veinte, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio con número de folio 729, informó que en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, dictó el acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, del cual se advierte lo siguiente: 1. Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, únicamente respecto del quejoso ******************** a partir de las diligencias de citación y emplazamiento de siete y diez de diciembre de dos mil dieciocho, incluyendo la sentencia definitiva y actos tendientes a su ejecución. 2. Asimismo, precisó que dejó insubsistente la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, toda vez que, la reposición de los autos afecta a la codemandada, no renueva para ésta, la aportación de nuevas pruebas, alegatos novedosos o términos judiciales. 3. Dictara una nueva sentencia en la que valore de nueva cuenta las actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil ******************** y los que aporte el quejoso -demandado en el juicio de origen-, quien obtuvo el amparo. Asimismo, mediante comunicado 730, de seis de octubre de dos mil veinte, el diligenciario non adscrito al juzgado responsable, se adhirió a lo ordenado por su superior jerárquico. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, únicamente respecto del quejoso, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento a partir de dicha actuación, lo cual realizó mediante proveído de seis de octubre del presente año, dentro del juico de origen; por lo que este Juzgado de Distrito considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecuentemente, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada.
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