Guadalupe Avendaño Chávez

Expediente 1201/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1201/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Óscar Avendaño Chávez
  • Guadalupe Avendaño Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el escrito signado electrónicamente por el quejoso y tercero interesado J.F.V. o J.J.J, a través del cual solicita se le haga de su conocimiento "qué mesa administrativa está realizando las labores de trámite del presente juicio y asimismo el estado procesal que guarda" el juicio de amparo 367/2021. Al respecto, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le indica que, tomando en consideración que en autos consta que dicho ocursante figura como parte dentro del juicio de amparo 367/2021, se encuentra en aptitud de consultar de manera directa el expediente, el cual se encuentra en trámite y se acumuló al diverso juicio constitucional 355/2021, promovido por Katya Azuara Díaz, por ser este último el que se recibió en primer lugar ante este órgano jurisdiccional. De igual forma, respecto de su solicitud acerca de que se le informe cuál es la mesa administrativa que está realizando el trámite del presente juicio; dígasele que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°, son los titulares de los órganos jurisdiccionales los responsables del contenido de las resoluciones que emiten en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por estas, los autos, decretos y sentencias; de ahí que no corresponde a ninguna "mesa" o "Secretaría" llevar el trámite de los asuntos, sino que en todo caso la función de estos es la de elaborar los proyectos de las resoluciones y, en su caso, dar fe de la emisión de los autos y sentencias, así como proponer al titular los acuerdos de trámite. Con independencia de lo anterior, se indica al promovente que el expediente acumulado en que se actúa, queda a su completa disposición para su consulta presencial y para que pueda obtener copias, si así lo estima necesario. A propósito de lo expuesto, se precisa que tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto del año dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para entregar copias y consultar los autos, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, donde podrá ser atendido por, entre otros servidores públicos, el personal respectivo que actualmente se identifica de manera interna como mesa IX, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese como legalmente proceda al tercero interesado J.F.V. o J.J.J.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Óscar y Guadalupe, ambos de apellidos Avendaño Chávez; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1201/2021-V que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Óscar Avendaño Chávez. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la ley de la materia, que dispone: Artículo 113. El ógano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, el que suscribe considera actualizarse la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, porque el juicio constitucional no se promovió dentro de los plazos previstos por la legislación de la materia, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial XIX con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, relacionado con la carpeta de investigación 041/2013 del índice del Agente del Ministerio Publico Municipal con residencia en Chacaltianguis, Veracruz, instruida por el delito de lesiones. Los preceptos de la Ley de Amparo antes referidos señalan: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De la intelección de los dispositivos transcritos se advierte que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que: De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados estos, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicha término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las dos restantes, se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". A fin de demostrar que, en el presente caso, operó la causal de improcedencia antes referida, es menester destacar que la parte quejosa en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de los antecedentes del acto reclamado, señaló textualmente: Resulta que con fecha 10 de mayo del año dos mil veinte nos enteramos que la autoridad responsable había girado orden de aprehensión en nuestra contra, derivada de la investigación ministerial 041/2013, por el Agente del Ministerio Público Municipal con residencia en Chacaltianguis, Veracruz; como presuntos responsables del delito de lesiones, pero lo hoy quejosos, jamás hemos cometido conducta alguna que pueda estimarse como delito, y menos que lo cometiera, es por lo que acudo ante la justicia federal" (Lo resaltado no es de origen). Manifestación que constituye una confesión expresa que de conformidad con los numerales 197, 199 y 200, de la legislación adjetiva civil federal supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno. Es aplicable por similitud jurídica, la jurisprudencia P./J.27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, junio de 1996, página 57, Materias común, que establece: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, si los quejosos, bajo protesta de decir verdad, se ostentaron sabedores del acto reclamado desde el diez de mayo de dos mil veinte, es incuestionable que se ubican en la tercera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, por tanto, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, al haberse presentado el doce de noviembre del año en curso, se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, como se indicó, el plazo para la promoción de este juicio de amparo es de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Esto, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Igualmente, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de los quejosos, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Así, en términos de lo dispuesto por el numeral 17 de la ley de la materia, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, se computó a partir del día siguiente a aquel en que los promoventes se ostentaron sabedores del acto reclamado, puesto que desde ese momento estuvieron en aptitud de promover su demanda en contra del mandamiento de captura que reclaman, dado que por la naturaleza del citado acto reclamado existe suplencia de queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y la posibilidad de ampliar su demanda por lo que respecta a los conceptos de violación, de ahí que no había impedimento alguno para presentar su demanda respectiva; por tanto, si de la demanda de amparo de cuenta se advierte que los quejosos se ostentan sabedores de la existencia de la orden de aprehensión reclamada, desde el diez de mayo de dos mil veinte, se concluye que la presentación de la demanda de mérito se hizo evidentemente fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por ello, es claro que al presentarse dicha demanda hasta el doce de noviembre de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, se hizo en forma extemporánea; por tanto, los actos que ahora se reclaman, se consideran tácitamente consentidos; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no haber presentado su demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es incuestionable su improcedencia, conforme con el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la ley en consulta, razón por la cual con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Así como la jurisprudencia número 4, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el domicilio señalado. Téngase por autorizado con facultades restringidas en términos del segundo párrafo, última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Alfredo Hernández Cruz, ya que no acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales ni proporcionó el número de cédula profesional para consultar su registro en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Esther García Moya e Isabel Chávez Basurto, por así haberlo solicitado. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO AL JUZGADO Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte promovente y háganse las anotaciones correspondientes...

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el licenciado Raciel Anuar Ayala Palma, apoderado de la autoridad responsable Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, agréguense a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y en atención a su contenido, como lo solicita, remítasele sin dilación alguna copia simple del escrito de denuncia de repetición del acto reclamado, a fin de que esté en aptitud de rendir su informe en los términos que ahí se precisan.

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