Guadalupe Avelino Aguilar o Guadalupe Abelino Aguilar
Expediente 1042/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2020
Partes del expediente
- Guadalupe Avelino Aguilar o Guadalupe Abelino Aguilar
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que tuvo por desechada la demanda origen de este juicio; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que fue desechado y carece de relevancia documental e histórica.
- Principal
...Por lo antes expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio. SEGUNDO. Por las razones y motivos señalados en el considerando último de esta sentencia, la misma deberá publicarse con supresión de datos.
- Principal
Precisión de antecedentes. Del análisis de la demanda a que se refiere la razón de cuenta que antecede y de la consulta al sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), se advirtió que el presente asunto, puede tener relación con el juicio de amparo ****/2020, de la estadística de este juzgado, que promovió ****, por propio derecho; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes, que sólo en caso de que dicho asunto, se estime tenga relación directa con el juicio de amparo que se inicia, podrá tenerse a la vista, con la finalidad de obtener información relevante, vinculada con los actos y autoridad señalados en la presente demanda que promueve ****, también conocida como ****, por propio derecho, para los efectos legales a que haya lugar. También, podrán consultarse las resoluciones capturadas en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), relativas a los citados expedientes, por constituir información fidedigna y autentica en términos de la tesis de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". II. Creación del expediente. Vista la demanda de amparo que promueve ****, también conocida como ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese con el número que corresponda. III. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, por adjudicación dictada en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el juicio ejecutivo mercantil con número de expediente ****/2015, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Dicho auto fue dictado, en atención a la solicitud del tercero adjudicatario ****, mediante el cual solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el cual requirió la entrega voluntaria del inmueble identificado como lote número ****, de la manzana ****, zona **** del ejido denominado ****, en el Municipio de Puebla. Ahora, este Juzgado Federal advierte que existe un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, pues en el presente caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De dicha transcripción, se tiene que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 217 en cita, establece que la Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de las que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales y federales. En este sentido, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha emitido criterio en el que, tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante aquél en los términos precisados. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpreto la norma constitucional y estableció criterio de observancia obligatorio para este juzgado de Distrito, al determinar que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, si la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, donde se requirió a la aquí quejosa la entrega material del inmueble identificado como lote número ****, de la manzana ****, zona **** del ejido denominado ****, en el Municipio de Puebla, el juicio de amparo es improcedente, pues tal como lo establece la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, la última resolución, en tratándose de procedimientos de remate, lo es cuando se ordena requerir a la demandada la entrega del inmueble materia de la adjudicación, lo cual para efectos de la procedencia del presente juicio de amparo, lo es el treinta de julio de dos mil diecinueve, tal como lo refiere la parte quejosa, en sus antecedentes que manifestó bajo protesta de decir verdad. De manera que cuando el acto procesalmente se ubica en el procedimiento de ejecución del remate, esto es, en las actuaciones para poner en posesión al adjudicatario sobre el bien raíz rematado - treinta de julio de dos mil diecinueve-, al ser contemporáneo a la orden para entregar la posesión del bien inmueble rematados, es evidente que no puede estar al margen del procedimiento de remate del que surge, pues la oportunidad para acudir al juicio de amparo es desde el auto que ordena esa entrega. Lo que no significa que pueda formularse demanda de amparo por cada orden de entrega de posesión que el Juez de instancia formule a favor del adjudicatario pues, de ser así, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la ley de la materia. Situación que queda acreditada, pues la propia quejosa señala que, debido a que diversas personas, terceras extrañas al juicio de origen, han promovido demanda de amparo, y al concedérseles la suspensión dejaron sin efectos las fechas en que originalmente le fue requerida la entrega material del inmueble materia de la adjudicación, sin que ello, implique que cada nuevo requerimiento de entrega de la posesión que formule el juez responsable, a favor del adjudicatario, pueda interponer amparo la parte quejosa, máxime que es la parte a la que se le ha requerido en sentencia la entrega material del inmueble, por lo que debió recurrir el auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, donde se requirió a la aquí quejosa la entrega material del inmueble identificado como lote número ****, de la manzana ****, zona **** del ejido denominado ****, en el Municipio de Puebla, pues tal como lo establece la tesis transcrita, todas las actuaciones posteriores del procedimiento de ejecución de sentencia están vinculadas a la eficacia del remate y adjudicación del bien; de manera que el acto en el que se ordena turnar los autos al actuario para proceder a la ejecución del lanzamiento del inmueble rematado y entregarlo al adjudicatario, incluso, con uso de la fuerza pública, no es propiamente la resolución que ordena entregar la posesión del bien rematado, porque es posterior a esa primera orden, por lo que no puede impugnarse aislada o desvinculada del procedimiento de remate al que pertenece, pues a partir de la orden de entrega al adjudicatario del bien rematado es que puede plantearse el juicio de amparo indirecto. Máxime que el quejoso no se ostenta como tercero extraño al juicio natural, por el contrario, de las manifestaciones que efectuó en la demanda bajo protesta de decir verdad se advierte que compareció al juicio ejecutivo mercantil de origen y dedujo sus derechos como parte demanda en el mismo, incluso, le fue notificado el proveído de siete de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual le fue requerido el bien inmueble materia de la adjudicación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 217, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda origen de este juicio. IV Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda, y como autorizados en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo señalado de manera expresa. Asimismo, ya que la parte quejosa proporciona diversas cuentas de correo electrónico y números telefónicos; por tanto, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, en caso de estimarse necesario. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad
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