Guadalupe Arellano Jaime
Expediente 552/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2018
Partes del expediente
- Guadalupe Arellano Jaime
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la misma ley, no recurrió el proveído de diez de mayo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito, conjuntamente con los cuadernos incidentales. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, párrafos primero y segundo). Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional el presente sumario carece de relevancia documental, aunado a que no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Alejandro de la Cruz Martínez Bohorquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a través del cual rinde informe justificado, con anexo certificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes. A las constancias remitidas por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación." No obstante, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden resulta oportuno precisar que el acto reclamado es la omisión por parte de la responsable para dictar el laudo en el expediente laboral J.2/216/2017. Así, en el caso este juzgado estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." En ese sentido, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano que estimó violado. Por su parte, el ordinal 77 de la ley de la materia establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ." Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En tales condiciones, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por no contravenir las disposiciones legales aplicables vigentes en la nueva Ley de Amparo, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: . "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, el impetrante aduce que la autoridad responsable ha dilatado el procedimiento del expediente laboral J.2/216/2017, en razón de que la autoridad no ha emitido el laudo en el expediente laboral. Así, de las actuaciones que conforman el expediente laboral J.2/216/2017, las cuales han quedado valoradas en párrafos precedentes, se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, el cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitió el laudo; además, remitió las constancias que acreditan dicha circunstancia; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Federal, a la fecha, ésta ha cesado. En esa tesitura, es manifiesto que los actos que la solicitante del amparo reclamó en esta vía de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, cesaron en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a la parte inconforme en el goce de sus derechos violados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª./J.59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo. Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, es innecesario señalar nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional y lo procedente será dejar insubsistente la fecha para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las once horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desp0rende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Notifíquese y personalmente
- Principal
IV Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad de emplazar a la parte tercera interesada Maquilas y Servicios Especializados en Empaque, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, al presente juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos. A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, ya que al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Asimismo, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, que establece: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En consecuencia, resérvese acordar lo conducente respecto de la tercera interesada Maquilas y Servicios Especializados en Empaque, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, hasta que obren los informes justificados. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Guadalupe Arellano Jaime, por derecho propio; contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno con el número 552/2018-IV. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite, la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se ordena la apertura del incidente de suspensión, pues la parte inconforme no solicitó la concesión de la medida cautelar. INTERVENCIÓN DEL AGENTE MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Acorde con el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, desé la intervención correspondiente y notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiérasele para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercera interesada a Maquilas y Servicios Especializados en Empaque, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Por tanto, con fundamento en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la citada legislación, comisiónese al actuario de este juzgado, para que con copia simple de la demanda, auto admisorio y de este proveído, emplace al citado tercero interesado, en el domicilio ubicado en Calle 1 Norte, Manzana 1, Lote 4, Parque Industrial, Toluca 2000, Municipio de Toluca, Estado de México, con el fin de hacerle saber la instauración del presente juicio de amparo, y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (once horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho). DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso inserto en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los mencionados por el promovente. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a la autoridad responsable, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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