Guadalupe Araujo Sánchez
Expediente 1096/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/10/2022
Partes del expediente
- Guadalupe Araujo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintidós. SE DECLARA CONSENTIDO EL FALLO PROTECTOR Y SE ORDENA SU ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; respecto de los párrafos anteriores. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se otorgó la protección constitucional (artículo 18, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito firmado electrónicamente por Miguel Ángel Narcizo Torres, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la vista ordenada en auto de cinco de septiembre del año en curso y al efecto manifiesta que existe defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de radicar la demanda presentada por el aquí quejoso el tres de mayo de dos mil veintidós. Previa substanciación del juicio de amparo, el cinco de agosto de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Guadalupe Araujo Sánchez, en contra del acto y autoridad señalada en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia para los efectos precisados en la presente resolución." El veinticinco de agosto pasado causó ejecutoria el referido fallo protector y se solicitó se cumpliera en los términos siguientes: "OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, dicte una determinación en la que provea lo conducente respecto a la demanda promovida por la aquí quejosa en el expediente 2052/2022 y remita copia certificada a este juzgado de distrito. Sin que sea materia del amparo los actos posteriores a la emisión del auto de radicación, en el entendido que si ya emitió el auto correspondiente, la sentencia quedará cumplida. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y, en consideración, a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias." En ese orden de ideas, mediante oficio registrado con folio 15475; el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del acuerdo dictado el veintidós de agosto del año en curso en el expediente 2052/2022, del cual en lo que interesa se transcribe lo siguiente: "TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; A VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 226 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, radíquese y tramítese la demanda inicial bajo el número con el cual fue registrado. Previo a acordar lo que en derecho corresponda es necesario precisar que como se desprende del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal la parte actora solicita la protección de sus datos personales, como nombre, laudo, procedimiento de ejecución, por lo que a la citada petición no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, ya que en términos de lo que dispone la Ley Federal del Trabajo, expresamente contempla los requisitos que debe de seguir la publicación por dicho medio, traduciéndose ésta última a una limitante en cuanto a la protección de datos solicitada, dada la trascendencia de lo aquí expuesto resulta oportuno transcribir textualmente el artículo 746 de la Ley Federal del Trabajo: [.] Ello a saber de la certeza que deben tener las partes en el conocimiento de los juicios que se tramitan ante esta autoridad, esto es tanto la parte actora, demandada así como los terceros interesados que en su oportunidad acrediten el interés que reclamen en términos de lo que dispone el artículo 195 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, consecuentemente tal y como lo dispone la ley de la materia las notificaciones por medio del Boletín Laboral deberán contener la fecha, el número de expediente y los nombres de la partes en los juicios en que se trate, esto con la finalidad de ayudar con la ubicación dentro del listado; todo lo anterior en términos de los artículos 19, 191, 193, 195, 204, 205, 213 y 214 de la ley burocrática multicitada. Con el escrito de cuenta, se reconoce la personalidad del LIC. MIGUEL ÁNGEL NARCIZO TORRES calidad que acreditan en términos de la carta poder suscrita el dos de mayo de dos mil veintidós profesionista que acredita su calidad de Licenciados en Derecho en términos de la cédula profesional números 9692371, asimismo se certifica que la citada cédula profesional se encuentran registrada en el libro de gobierno que para tal efecto lleva este H. Tribunal bajo el ordinal 1632 en términos de lo que disponen las fracciones XV y IX de los artículos 12, 14 y 24 respectivamente del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y toda vez que la promovente señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este Tribunal; se hace de su conocimiento que las notificaciones subsecuentes le serán practicadas por medio del BOLETIN LABORAL de este H. Tribunal, surtiéndole efectos de notificación personal; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 195, 196, 197 y 213 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Como se desprende del escrito de cuenta, es necesario que la parte actora aclare el mismo, debiendo especificar las prestaciones que reclama en el numeral 35 y ad cautelam con el numeral 36, así como el periodo por el cual las reclama, en el entendido que deberá de abstenerse de incurrir en los supuestos establecidos en el artículo 165 Bis del Código Penal del Estado de México, que contempla el delito de Fraude Procesal; concediéndole para tal efecto un término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta sus efectos de notificación el presente acuerdo, para que dé cumplimiento al presente requerimiento, apercibiendo al actor que para el caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le tendrá por ratificada su demanda consecuentemente se estará a las resultas de laudo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 228 y 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." Ahora bien, cabe recordar que el efecto de la sentencia dictada en el presente asunto fue únicamente para que la responsable dictara una determinación en la que proveyera lo conducente respecto a la demanda promovida por la aquí quejosa en el expediente 2052/2022 y remitiera copia certificada a este órgano jurisdiccional, sin que fueran materia del amparo los actos posteriores a la emisión del auto de radicación, en el entendido que si ya emitió el auto correspondiente, la sentencia se tendría por cumplida. Por tanto, de la transcripción del acuerdo dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo, se aprecia que el Tribunal responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos para los cuales fue concedido el amparo, puesto que radicó la demanda inicial bajo el número con el cual fue registrado y dictó el acuerdo relativo; de ahí que conforme a los lineamientos dictados por este órgano jurisdiccional, la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." No se desatienden los argumentos del autorizado de la parte quejosa expuestos en el ocurso de cuenta, en el sentido de que esa parte procesal estima que la ejecutoria no ha sido acatada en sus términos, porque a su decir en el auto de radicación se aplicaron indebidamente diversos artículos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; sin embargo, como ya se dijo el único efecto por el que fue concedido el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable dictara una determinación en la que proveyera lo conducente respecto a la demanda promovida por la aquí quejosa en el expediente 2052/2022 y remitiera copia certificada a este órgano jurisdiccional, por lo que tales manifestaciones resultan diversas a lo aquí resuelto. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil veintidós. VISTA CON CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con el que comunica la forma en que cumplió con la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, y una vez transcurrido el plazo dado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo declarara si la sentencia está cumplida o no, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, no fue recurrida; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: "OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, dicte una determinación en la que provea lo conducente respecto a la demanda promovida por la aquí quejosa en el expediente 2052/2022 y remita copia certificada a este juzgado de distrito. Sin que sea materia del amparo los actos posteriores a la emisión del auto de radicación, en el entendido que si ya emitió el auto correspondiente, la sentencia quedará cumplida." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumpla con el fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, en especial la sentencia de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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