Guadalupe Araceli España Chan

Expediente 307/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
307/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2015

Partes del expediente

  • Guadalupe Araceli España Chan

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, para que la peticionaria de amparo interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el diecinueve de mayo del año actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales.

  2. Principal

    Vista la demanda; se ordena notificar personalmente al promovente.

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veinte de los corrientes en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diecinueve de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Guadalupe Araceli España Chan, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y otra; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 307/2015. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, la promovente señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades señaladas como responsables se reclama: la omisión de dar contestación o emitir acuerdo, en breve término, al escrito presentado por la suscrita quejosa desde fecha 23 de febrero del año 2015, ante la Oficialía de partes de las Autoridades Responsables, y en el cual solicité se declare que el laudo 061/2014-J, ha causado ejecutoria; se dicte auto de requerimiento y embargo y se solicite el auxilio de la fuerza pública, si fuera el caso, a efecto de solicitar, por conducto del C. Actuario adscrito a esta Junta, el pago de todas y cada una de las cantidades actualizadas a que fueran condenados los hoy terceros interesados al presente juicio de garantías. Lo anterior obra en el expediente DI-33/2014, el cual resguardan las autoridades responsables. Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado arguyó lo siguiente: (.) V. ANTECEDENTES.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados: [.] 6. En fecha dos de octubre del año 2014, la autoridad responsable emitió el laudo con número 061/2014-J, en donde se resolvió el juicio laboral DI-033/2014 de la siguiente forma: "PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la ACCIÓN de INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL promovida por la ciudadana GUADALUPE ARACELY ESPAÑA CHAN en contra de SIMBIOSIS MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES S.A. DE C.V. y/o MARTÍN MANUEL BALAM PERERA y/o MARÍA LUISA VILLAREAL SONORA en virtud de los razonamientos expuestos en esta resolución.- - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Se CONDENA a los demandados SIMBIOSIS MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES S.A DE C.V. y/o MARTÍN MANUEL BALAM PERERA y/o MARÍA LUISA VILLAREAL SONORA a pagar a favor de la ciudadana GUADALUPE ARACELY ESPAÑA CHAN todas y cada una de las prestaciones citadas en el CONSIDERANDO III de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TERCERO.- Se concede a los demandados SIMBIOSIS MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES S.A DE C.V. y/o MARTÍN MANUEL BALAM PERERA y/o MARÍA LUISA VILLAREAL SONORA el término improrrogable de QUINCE DÍAS para que dé cumplimiento a la presente resolución contadas a partir del momento de que surta efectos la notificación de la presente, apercibiéndolo que de no ser así correrán a su cargo los gastos de ejecución.- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Se comisiona al Ciudadano Actuario Adscrito a esta Honorable Junta Laboral, para que notifique personalmente la presente resolución a la parte actora GUADALUPE ARACELY ESPAÑA CHAN en su domicilio señalado en autos del presente expediente o por conducto de su apoderado legal; y por lo que respecta a los demandados SIMBIOSIS MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES S.A DE C.V. y/o MARTÍN MANUEL BALAM PERERA y/o MARÍA LUISA VILLAREAL SONORA, notifíquesele la presente resolución por cédula personal que se fije en la lista de estrados (sic) esta H. Autoridad Laboral, en virtud de que no señalaron domicilios para oír y recibir notificaciones."- 7. Por lo anterior, en fecha 23 de febrero del año en curso, la suscrita quejosa solicitó a la Presidenta de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo lo siguiente de manera textual: "Que en primer lugar vengo a solicitar se declare que el laudo dictado en el presente asunto ha causado ejecutoria al no haber sido recurrido dentro de los plazos legales. Asimismo, y toda vez que el laudo que condenó a la parte demandada no fue cumplido dentro de la setenta y dos horas, como lo señala el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, vengo atentamente a pedir que, conforme al artículo 950 de la ley citada, se dicte auto de requerimiento y embargo a efecto de solicitar, por conducto del C. Actuario adscrito a esta Junta, el pago de todas y cada una de las cantidades actualizadas a que fueran condenados los demandados. Y a efecto de que pueda darse debido cumplimiento a la diligencia de de (sic) requerimiento de pago y embargo, requiero se solicite el auxilio de la fuerza pública y se autorice romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia, si fuera el caso". 8. Al escrito, por el cual solicité lo descrito en el antecedente anterior no ha recaído ningún acuerdo. La omisión de la Junta Responsable y/o su Presidenta, de dar contestación o emitir acuerdo, en breve término, al escrito presentado por la quejosa DESDE FECHA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ante la Oficialía de Partes, es violatoria al derecho de petición, pues han transcurrido más de DOS MESES Y MEDIO desde que solicité por escrito se declaré que el laudo 061/2014-J, ha causado ejecutoria; se dicte auto de requerimiento y embargo y se solicite el auxilio de la fuerza pública, si fuera el caso." De las transcripciones anteriores se advierte que la promovente lo que reclama por esta vía es la falta de contestación o acuerdo al escrito presentado el veintitrés de febrero del año en curso, ante la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y aduce violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incluso, la violación aducida al derecho de petición se evidencia cuando la quejosa arguye en sus conceptos de violación: (.) CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- ÚNICO: LAS AUTORIDADES RESPONSABLES violan en mi perjuicio los artículos enunciados con anterioridad, mismo que transcribo a continuación para una mejor comprensión de la violación cometida en mi agravio: El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". El artículo constitucional citado (sic) líneas arriba, tiene relación con los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." Se dice que se violan los anteriores numerales porque las hoy Autoridades Responsables tienen la obligación de dictar el acuerdo correspondiente al escrito del quejoso y darlo a conocer en breve término. Es decir, su Señoría, el artículo octavo de la Constitución Federal, pretende garantizar el derecho de los particulares a obtener respuesta a sus peticiones en breve término; refiriéndose no sólo al resultado final de la petición formulada, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento. [.] Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que ésta resultare de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, establece que el amparo indirecto será improcedente cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación. Luego, se consideran actos de imposible reparación, aquéllos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse o que puedan ser modificados por una actuación posterior dada en el trámite o resolución. Ahora, con la finalidad de realizar el análisis del acto que reclamó la quejosa y que hizo consistir en la falta de contestación o acuerdo respecto a su escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil quince, es menester acudir al texto del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto constitucional en cita establece la obligación de todos los servidores públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición y, por ende, pronunciar el respectivo acuerdo y darlo a conocer en los términos señalados. Empero, cuando la solicitud se presenta dentro de un procedimiento sujeto al cumplimiento de las formalidades procesales o sustantivas aplicables, su naturaleza se inserta como derecho fundamental a la impartición de justicia completa, pronta e imparcial, a que alude el artículo 17 de la Constitución General de la República, que en la parte que interesa establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.]" En efecto, el artículo 17 de la Constitución, establece los lineamientos de la actividad de los tribunales quienes están obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; cuestión que diferencia la petición formulada fuera de juicio, de la promoción que se efectúa dentro de un procedimiento jurisdiccional, porque en estos últimos la autoridad debe circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes, entendiendo por tales, las que regulan el procedimiento jurisdiccional, y no al breve término a que alude el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8° constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos están previstas en el referido artículo 17, así como en la legislación secundaria. De ahí que los actos que se reclaman de una autoridad jurisdiccional no se equiparan a la tutela del derecho fundamental previsto en el mencionado artículo 8°, porque la autoridad no se encuentra obligada a dar respuesta en forma independiente, sino dentro de los lineamientos que rigen el procedimiento. En consecuencia, se colige que el acto de molestia que hace valer la quejosa en su demanda de amparo no es de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la promovente contenidos en los derechos fundamentales que en su favor tutela la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza.

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