Guadalupe Andrade González

Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
679/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Andrade González

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    .AGRÉGUESE EL OFICIO SIGNADO POR.DEVUELVE EXHORTO SIN DILIGENCIAR.NO FUE POSIBLE NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE JUNIO.POR TANTO, SE ORDENA AL ACTUARIO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE ESE PROVEÍDO DE TRES DE JUNIO, Y DEL PRESENTE, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN LOS ESTRADOS.AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL HASTA EN TANTO LA PARTE QUEJOSA SEÑALE DOMICILIO PROCESAL.Querétaro, Querétaro, a tres de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por . contra actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OTRAS AUTORIDADES, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 679/2022, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la especie, de una interpretación integral de la demanda de amparo, el quejoso de manera destacada y autónoma reclama lo siguiente: Del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:  El Convenio celebrado con el gobierno de Cuba a efecto de que médicos y/o enfermeras procedentes de dicho país, trabajen en el Estado de México. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:  La asignación de la partida presupuestal para realizar el pago correspondiente a los médicos y enfermeras procedentes del país de Cuba que presten sus servicios, con motivo del convenio celebrado por el Ejecutivo Federal. Del Secretario de Gobernación y de la Dirección General de Servicios Migratorios:  La autorización los profesionales de la salud procedentes del Estado de Cuba, para que puedan ingresar al territorio nacional y trabajar en nuestro país, así como los permisos otorgados para que suministren medicinas provenientes de dicho país. De la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesionales y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  La autorización a los profesionales de la salud provenientes del Estado de Cuba, para prestar sus servicios en México. Actos en torno a los que este Juzgado de manera notoria y manifiesta advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la propia ley de la materia, se explica. Esos preceptos, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] De los preceptos legales transcritos, en primer lugar, se pone de manifiesto que, la acción constitucional, únicamente se puede ejercer, por la persona a quien el acto de autoridad produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por ello, la afectación por el actuar de la autoridad, o por la ley, de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, el cual, cuando es desconocido o violado, otorga al afectado, la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de que le sea reconocido ese derecho y no se transgreda, lo que constituye el presupuesto necesario del interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Es decir, ante la existencia de un acto de autoridad que ocasiona perjuicio o afectación en los bienes o derechos del gobernado, quien está legitimado para acudir al Juicio de Amparo contra ese acto, es precisamente el directamente afectado, por sí o a través de su representante, de modo entonces, es necesario que haya identidad entre el afectado directo y quien ejerce la acción constitucional. Dicho de otro modo, si el quejoso acude en defensa de su interés jurídico, será necesario que alguna norma reconociera la posibilidad de que el quejoso pudiera hacer o dejar de hacer algo, o lo beneficiara con una situación jurídica determinada, para que ante la existencia de algún acto concreto de autoridad que vulnere ese derecho jurídicamente tutelado, procediese el juicio de amparo para reclamar su discrepancia con la ley fundamental, y por tal motivo, ante la falta de agravio a la esfera jurídica del particular, no hay interés jurídico y ni legítimo. La definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia del siguiente tenor literal: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." (Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. /J. 168/2007, en la página 225, del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época) Asimismo, los preceptos legales transcritos también reconocen la posibilidad de que acuda al amparo la persona a quien se afecte en su interés legítimo, que no es otra cosa que, resentir una violación a un derecho constitucional que irradia la esfera jurídica del quejoso, por la especial situación que éste tiene frente al ordenamiento jurídico; lo cual permite al quejoso combatir actos lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, es decir, de la noción asociada clásicamente al interés jurídico. Es decir, consiste en un interés personal -de carácter individual o colectivo- que es cualificado, actual, real y jurídicamente relevante y el cual debe estar garantizado por un derecho objetivo y que implica una afectación en cierta esfera jurídica de la persona (entendida en sentido amplio) apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad; por lo que la concesión del amparo se traducirá en un beneficio positivo en la esfera jurídica de la parte quejosa actual o futuro pero cierto. Sobre ese tópico, conviene citar la Jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, registro 2012364, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por ende, sólo existen dos supuestos que legitiman a quien se estima afectado para instar el juicio de amparo, ya sea el interés jurídico o el interés jurídico, de modo que atento al principio de instancia de parte agraviada si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional; de modo tal que corresponde al quejoso indicar desde la demanda el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico que combate. En el caso concreto, atento al contenido de la demandada no se advierte que la parte quejosa inste el presente juicio de amparo, a fin de proteger algún "interés jurídico", dado que no se hace referencia a algún derecho subjetivo que estime vulnerado, es decir, alguna lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso, sino que por el contrario acude en defensa de un "interés legítimo", que dice emana en su favor de los numerales 1, 4, 5, y 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen los derechos humanos de no discriminación, salud, libertad de trabajo y preferencia por nacionalidad en igualdad de circunstancias. Ante ello, cuando se acude al amparo aduciendo un interés legítimo el juzgador debe constar si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda, es factible que la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, caso en el que deberá admitir la demanda a trámite, o bien, si desde ese momento se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, en cuyo caso debe desechar de plano la demanda. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo - no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Luego, entonces a fin de constatar si conforme a lo narrado en la demanda, al menos de forma presuntiva la quejosa cuenta con interés legítimo para instar el presente juicio de amparo y no sólo tiene un interés simple, es necesario tener en cuenta los elementos del interés legítimo, que son: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente sea la persona afectada o pertenezca a la colectividad perjudicada. Tal y como se aprecia en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, registro 2019456, que indica: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." No obstante lo anterior, en el caso concreto atento al contenido de la demanda no se satisface, ni si quiera a manera de posibilidad o presuntiva, los últimos dos requisitos aludidos respecto de la quejosa. En efecto, porque si bien los artículos 1, 4, 5, y 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen los derechos humanos de no discriminación, salud, libertad de trabajo y preferencia por nacionalidad en igualdad de circunstancias, desde este momento es factible advertir que la quejosa no tiene ni tendrá una posición especial o relevante frente al citado orden jurídico que lo legitime para instar el juicio de amparo en defensa de dichos derechos, dicho de otro modo no cuenta con "interés legítimo" alguno en ocasión a los actos que reclama. Esto porque la quejosa insta por propio derecho el presente juicio de amparo, derivado de que como ciudadana mexicana, estima que con la contratación de personal médico de procedencia extranjera, se vulnera el derecho de las personas profesionales de la salud de nacionalidad mexicana a ejercer su profesión, en relación con su derecho al trabajo, al preferirse contratar personal extranjero en ese sector. Lo anterior, en tanto que se vulnera la posibilidad de los ciudadanos mexicanos de encontrar empleo, pues con la contratación de médicos o enfermeras procedentes de Cuba, se les niega la posibilidad de participar, por ejemplo, en alguna convocatoria para ocupar dichos puestos, lo que consecuentemente se traduce en una violación al derecho de preferencia que tienen sobre los extranjeros. Asimismo, porque considera que con la contratación de médicos cubanos y la recepción de medicinas provenientes de dicho país, se vulneran los intereses de toda la sociedad mexicana, en tanto que, se pone en riesgo su salud, por estar a cargo de médicos extranjeros, que desde su percepción, no cuentan con los conocimientos que amerita la profesión y al suministrárseles medicamentos que, según la quejoso, por no contar con la patente (cedula o título profesional en la materia de la medicina), correspondiente. Sin embargo, la promovente de amparo reclama dichas cuestiones en abstracto o de forma indeterminada como parte de la sociedad mexicana, pero sin que trascienda a su persona en forma relevante de modo tal que con los actos que reclama en concreto se afecten sus derechos, y que en caso de obtener la protección Constitucional obtendrá un beneficio directo o indirecto dado que no afirma ni acredita que tiene el carácter de profesionista de algún ramo de la salud, al que, en todo caso pudiera (en sus palabras) perjudicarle el hecho de que se contrate personal de dicho sector de procedencia extranjera, ni tampoco promueve la demanda sustentándose como usuario de los servicios de salud (lo cual en todo caso sería un acto futuro e incierto) que, en su caso, vayan a prestar dichos profesionistas, es decir, no se patentiza una afectación real a su esfera jurídica. Es decir, la parte quejosa acude a la vía de amparo, a defender el interés que tiene como integrante de la población mexicana que, desde su percepción, se encuentra perjudicada por el convenio que celebró el Estado Mexicano ( a través del Ejecutivo Federal), con el país de Cuba, pero sin tener un agravio diferenciado que la haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, lo que se traduce entonces en un interés simple, el cual como ya se dijo, no es de aquellos que la legitime para acudir a esta instancia constitucional. Lo que se robustece, con las propias expresiones que la quejosa emplea en su demanda tales como: "..vengo a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general y de todo tipo de especialistas, enfermeras-ros, y de todo persona médicos mismos que dejaron en estado de indefensión.." ".está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de nuestros nacionales médicos, enfermeras-os y personal médico mexicanos." ".se reclama el despojo de oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos." ".actos unilaterales y determinaciones contrarias a los intereses y en grave perjuicio a los intereses de la sociedad y colectividad de la ciudadanía de todo México." ".se violan en perjuicio de los intereses de la sociedad en general e intereses colectivos de toda la ciudadanía." ".causan agravio los actos reclamados en virtud de tener un interés legítimo sobre la situación que se plantea, por ser mexicano y tener el derecho de reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos." Locuciones que evidencian con claridad para este juzgador, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a demostrar la afectación a un derecho o de un interés legítimo del que sea titular, es decir, individual o como parte de una colectivo que se vea afectada; sino que alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por la población en general, y lo cual, en abstracto, no es susceptible de análisis constitucional. Tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis CLXXXIV/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, de registro digital 2009201, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Por consiguiente, la parte quejosa no ostenta ni siquiera a modo de posibilidad el interés legítimo necesario para acudir a esta instancia constitucional, pues, en su caso, lo que demuestra es un interés simple, el cual consiste en aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 37, Primera Parte, página 27, número de registro 233517 de rubro y texto siguientes: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Luego entonces, si a pesar de que la parte quejosa en su demanda de amparo, aduce la promoción del juicio constitucional con base en un "interés legítimo" pero desde de este momento es factible, concluir de manera notoria, manifiesta y sin lugar a dudas, que sólo cuenta con un "interés simple", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. En consecuencia, atento a lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve., por propio derecho, por notoriamente improcedente. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto que deberá enviarse por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, con la súplica de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario judicial de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle. y notifique el presente proveído a la parte quejosa, asimismo, la requiera a fin de que en el término de tres días, legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que no realizar lo anterior dentro del término indicado, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista, sin ulterior acuerdo. En la inteligencia, que se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a . y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, al resto de los profesionistas mencionados, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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