Guadalupe Alzate Medina
Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2023
Partes del expediente
- Guadalupe Alzate Medina
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Acepta competencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada; por medio del cual informa que, aceptó la competencia de la demanda de amparo presentada por ****, planteada por este Juzgado de Distrito; misma que quedó radicada bajo el amparo indirecto 872/2023 de su índice. Incidente. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Demanda de amparo recibida por incompetencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la boleta de turno de demanda de amparo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a la cual se anexa lo siguiente: El oficio 4155/2023, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; Papeleta con número de registro de OCC ********************; Informe justificado; Demanda de amparo; Copia certificada de la causa penal ******************** -antes ********************-, en dos tomos; y, Original del toca penal ********************. Constancias que fueron remitidas por el Segundo Tribunal Colegiado de Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en razón a que, mediante resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo directo ******************** penal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ******************** (a) José ********************, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda constitucional de referencia por razón de la vía, y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en esta ciudad. Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad. Incompetencia por territorio. Ahora, vista la totalidad de las constancias que integran este contradictorio federal, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, carece de competencia por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo; por las razones que enseguida se exponen: A fin de sustentar dicha determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Conforme a los anteriores razonamientos y numeral transcrito, y dadas las características y naturaleza del acto reclamado, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), pues la ejecutoria que confirma el auto de formal prisión requiere ejecución material. En efecto, tanto el auto de formal prisión como la confirmación del mismo, tienen ejecución material, al traducirse en que el procesado permanezca con su libertad restringida a disposición del juez de la causa, ya sea privado cautelarmente de su libertad en algún centro de reclusión de prisión preventiva o con ciertas restricciones a su libertad si goza de la libertad bajo caución, para la continuación del proceso penal incoado en su contra. De ahí que, la competencia para conocer del amparo que se interponga contra el auto de formal prisión o la resolución que confirma aquél, por regla general, se surta a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez de primera Instancia que conoce del proceso penal. En el caso, los actos reclamados que fueron fijados por el quejoso consisten en la resolución de segunda instancia emitida el ocho de mayo de dos mil veintitrés por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, dentro del toca penal número ********************, que confirmó en grado de apelación el auto de formal prisión dictado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, y ordenó la continuación del procedimiento al Juez Único de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro de la causa penal ******************** instruida contra ******************** (a) José ******************** -aquí solicitante de amparo- por el delito de ********************. Entonces, de lo antes dicho, es factible concluir que los efectos de una resolución, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, tienen ejecución material en la ciudad de Ensenada, Baja California; en ese orden, al tenor del ordinal 36 de la Ley de Amparo, la competencia legal del juez que debe conocer de la demanda, es decir, aquel que resida en el lugar donde el acto reclamado tiene ejecución material, ya que si la consecuencia legal de la resolución de segunda instancia reclamada, es que la autoridad de primera instancia lleve a cabo todas y cada una de las subsecuentes etapas del procedimiento penal, en ese orden de ideas, podemos concluir que la realización de ese acto jurídico y demás actuaciones atinentes, necesariamente las debe realizar y ejecutar ese Juez natural, esto es, el Juez Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. Así, de lo expuesto, resulta evidente que la ejecución del acto que por este vía se reclama, debe tener verificativo en dicha ciudad de Ensenada, Baja California, donde reside el Juzgador ante quien se tramita el proceso penal de primera instancia -territorio que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve-; máxime que es en aquél lugar en donde se seguirá ejecutando el acto reclamada y donde se continua ese procedimiento génesis en caso del otorgamiento de la protección constitucional. ******Máxime que con el dictado del auto de formal prisión da inicio a la fase de instrucción en todas sus etapas dentro del proceso penal, lo que se convalida con la emisión de la resolución que confirma esa determinación, hasta el dictado de sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria, o en su caso la terminación anticipada del proceso como pudiera ser el sobreseimiento. Bajo ese contexto, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente en razón de territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por ******************** (a) José ********************, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con sede en Ensenada, para que decida si acepta o no avocarse al conocimiento de este asunto y lo resuelva; solicitando de la manera más atenta, en su oportunidad, el correspondiente acuse de recibo y la manifestación de lo proveído sobre el particular. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este juicio de amparo. Precedente vertical. Como precedente vertical se tiene lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en el conflicto competencial ********************. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a (I) ********************, (II) ******************** y (III) ********************, toda vez que sí está registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y sólo para oír notificaciones e imponerse de autos a (IV) ********************, toda vez que no se encontró registrada su cédula en referido registro. Notificaciones a autoridad que se encuentra de vacaciones. Instrúyase al Actuario Judicial adscrito para que, en el supuesto de que las autoridades se encuentren gozando de su periodo vacacional, realice la notificación del presente proveído una vez que reanude sus labores, sin necesidad de nuevo acuerdo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.
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