Guadalupe Álvarez Silva y Otros.

Expediente 640/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
640/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Guadalupe Álvarez Silva
  • Guadalupe Álvarez Silva y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se recibe resolución del tribunal colegiado, pronunciada en el conflicto de competencia, de la que se advierte que se declara la competencia legal en favor del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato...en su oportunidad archívese el presente asunto...se declaró incompetente para conocer de la demanda y no se considera de relevancia documental; es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Tribunal Colegiado admite conflicto competencial, el cual quedó registrado bajo el número 10/2023.

  3. Principal

    Juzgado homólogo remite expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, para la sustanciación del conflicto competencial planteado.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: NO SE ACEPTA COMPETENCIA. La jurisdicción es la potestad que tienen los juzgadores, en tanto depositarios de un poder público que integra el Estado, de la que deriva su atribución de administrar justicia. Para lograr ese cometido, realizan actos valorativos de hechos, ponderativos de circunstancias e interpretativos de normas jurídicas; siendo que esa labor racional se materializa en resoluciones o sentencias que, por regla general, determinan a quien le asiste el derecho dentro de una controversia. Dicha atribución no es ilimitada, sino que está acotada a diversos ámbitos, los cuales son conocidos como criterios de competencia. Ésta, constituye un presupuesto procesal cuya observancia reviste la mayor importancia, dado que define no sólo qué autoridad jurisdiccional debe conocer de un asunto, sino también la naturaleza del debate y las disposiciones normativas que serán aplicables para su tramitación y resolución. De ellos, por ser el que aquí interesa, debe destacarse el relativo al territorio. Dicho ámbito, tiene como base criterios de tipo geográfico, en los que se acota la jurisdicción de los órganos judiciales a un área específica, es decir, a una demarcación previamente delimitada (la que se conoce como circuito o distrito, dependiendo del órgano jurisdiccional de que se trate). Actualmente, la competencia por territorio de los tribunales de la federación, encuentra asidero en lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Nacional y 37 de la Ley de Amparo, en donde se delinean tres supuestos que deben ser tomados en cuenta para esos efectos, siendo los siguientes. En el caso, en apreciación del suscrito los actos que se reclaman carecen de ejecución material ya que el oficio referido y el estudio técnico al que hace alusión, no conllevan la realización de ningún acto, sino que se trata de un pronunciamiento de índole administrativo de la autoridad que lo suscribe, en respuesta a una solicitud planteada por los promoventes del amparo, que refleja la negativa a continuar con el procedimiento de ejecución de una resolución presidencial de dotación de tierras. Es decir, los actos reclamados rehúsan actuar en el sentido solicitado por la quejosa, por lo que no conllevan ejecución material alguna. Para así estimarlo se tiene en cuenta que al resolver la contradicción de tesis 343-2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias; precisó que los positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo, es decir, consisten en una actividad que quien promueve estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia; asimismo, definió que los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, es decir es la manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En ese contexto, no se comparte la decisión del juez declinante en el sentido de que los actos reclamados generan consecuencias positivas en el plano fáctico y que por tanto, la competencia para conocer de la demanda le corresponde a un juzgado de Distrito en esta ciudad, por virtud de que las tierras materia de dotación indicadas en la resolución presidencial, se localizan dentro del territorio en el que el suscrito ejerce jurisdicción. Así se estima, pues los actos reclamados no producen ningún efecto positivo, dado que al haberse determinado en el estudio técnico reclamado, la imposibilidad material para ejecutar la resolución presidencial de dotación de tierras, ello revela la inexistencia de algún acto que deba ser ejecutado o ser cumplimentado, con motivo de dicha determinación; por el contrario, es precisamente la negativa a actuar en el sentido solicitado por la quejosa, lo que constituye el acto reclamado. En esa virtud resulta aplicable la tercera regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el órgano de amparo en cuya jurisdicción se presente la demanda; en tal virtud, no se acepta la competencia propuesta. Fórmese cuaderno de antecedentes y devuélvase el expediente *** al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, solicitándole atentamente se sirva acusar recibo.

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