Guadalupe Alvarado Piña
Expediente 1316/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1316/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guadalupe Alvarado Piña
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1. En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 2. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. 3. Medios electrónicos. En atención a la solicitud planteada por la citada Secretaria, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que menciona en su ocurso para imponerse de los autos del expediente en que se actúa mediante el uso de aparatos electrónicos de reproducción, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."2 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."3. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades rindan su informe justificado. 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero "podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 3. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Quejosa desahoga prevención. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por **********, apoderada legal del quejoso **********; por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, así acuérdese lo que en derecho corresponda: 2. Causal de improcedencia respecto de autoridad así señalada por el quejoso como responsable. Ahora bien, previo a determinar sobre la admisión de la demanda de amparo y escrito de desahogo, con el que se da cuenta, de la lectura integral, se advierte que en cuanto a la autoridad señalada como responsable Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Los numerales y fracciones aludidos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En el caso, al Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec Estado de México, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no actúa en una relación de supra a subordinación con el gobernado-quejoso que lo dote de facultades para emitir actos unilaterales y obligatorios, sino que se está frente a un plano de igualdad y bilateralidad con el quejoso ahora recurrente, dado que conforme a lo establecido en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, es decir, es parte del ayuntamiento, de lo que se sigue que no reúna la características para ser considerada como autoridad, en términos de la citada ley, por las siguientes consideraciones. Conforme al artículo 5º de la Ley de Amparo, antes transcrito, es parte en el juicio de garantías, entre otras, la autoridad responsable y tiene ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas; además, para los efectos de dicha Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En dichas condiciones, el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, ya que así lo dispone el artículo 1º, de la Ley mencionada, pues consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, de acuerdo con la doctrina el acto reclamado, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos. En tal sentido, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que el acto reclamado provenga de una autoridad para efectos del juicio de garantías, entendiéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, como lo prevé la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la Ley y que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera jurídica de los gobernados. También ha establecido que el juez de amparo deberá estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías. Sobre el particular, se invoca la tesis P.XXVII/97 del Pleno del Máximo Tribunal de la República, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, Febrero de 1997, página 118, que sustenta: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Además, otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001 de la propia Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, Noviembre de 2001, página 39, que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, la conducta de que se duele la parte quejosa hoy recurrente, relativa en esencia a la omisión de gestionar el cumplimento del laudo dictado en el juicio de origen, no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral. Ese tipo de relación difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la Ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la Ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales y derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Al efecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Marzo de 1999, página 307, que se transcribe a continuación: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra ordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Se concatena a lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Así pues, cualquier decisión que adopte el Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, en su carácter de patrón, con motivo del juicio laboral SAT 570/2009, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y el patrón, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no ante el órgano de control constitucional. De ahí que deba establecerse que cuando los trabajadores al servicio del municipio promueven un juicio de amparo contra las omisiones o acciones derivadas de la relación contractual, existente entre el propio ente y el trabajador, como acontece en la especie, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas omisiones, acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garantías. En consecuencia, se concluye que el incumplimiento al laudo por el Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México, quien figuró como parte demandada en el juicio laboral respectivo, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo del Estado de México, el tribunal burocrático estatal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, la autoridad responsable antes señalada, no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme de observancia obligatorio, estableció que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos (en este caso del presidente municipal, que forma parte del mismo), no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, y sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Al caso se cita la jurisprudencia 34/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el pasado viernes trece de abril de dos mil dieciocho, Décima Época, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, se desecha por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por lo que respecta únicamente al acto reclamado al Ayuntamiento Constitucional de Coyotepec, Estado de México. 3. Admisión. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS POR CUANTO HACE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO SALA AUXILIAR DE TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO Y COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. 4. Incidente de suspensión. Sin que se tramite el incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por no ubicarse los actos en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 126 y 127 de la ley de la materia. 5. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés; en el entendido que no obstante el término de treinta días que contempla el precepto legal en cita, dada la carga de trabajo resulta humanamente imposible señalarla dentro de tal término. Cobra aplicación en lo conducente la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, Quinta Época, página 519 cuyo tenor es del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." 6. Fiscal Federal adscrito. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Fiscal Federal adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Federal, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. a) Hecho notorio. Por otra parte, se advierte que en el presente juicio, se dio la legal intervención a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, debido a que de la lectura integral de la intervención ministerial de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, presentada en el cuaderno de varios 1/2023, de la estadística de este Juzgado de Distrito; de cuyo contenido se aprecia que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, solicita se le otorgue el acceso a la consulta del expediente electrónico de los juicios de amparo en los que tiene participación y que las notificaciones que sucedan en los mismos, se le realicen a través del usuario que proporciona para tales efectos. Lo que constituye un hecho notorio en términos numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia y la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.". b) Autorización consulta de expediente electrónico. En atención a la solicitud realizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, y con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "**********", vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para que pueda cumplir con su obligación procesal de estar al pendiente del litigio constitucional en cualquier lugar y momento, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Es pertinente señalar que la digitalización de las promociones y proveídos del expediente electrónico, se integran atendiendo a la carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional y depende de la optimización y funcionamiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". c) Notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción I, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE REALICEN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR." 7. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, considerando las siguientes directrices: Si algunas de las fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de las que se obtuvieron, entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las fotocopias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles, deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las fotocopias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así deberá realizarlo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE."1 . En caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De conformidad con los artículos 17 constitucional, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, infórmese a la autoridad responsable que estén en aptitud de aportar como prueba de su parte toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe justificado el disco compacto (CD) que contenga la resolución reclamada, lo anterior, a la luz del principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. 8. Tratamiento de información clasificada. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de información con tal carácter, ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sumando a las anteriores, los documentos que en su caso corresponda remitir por parte de la autoridad responsable los cuales deberán contener la leyenda precisada en el artículo 30 del reglamento de la ley aducida, en ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, la misma no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P/J.26/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LA PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". 2 9. Autorización para las personas actuarias de la adscripción. Se faculta a cualquiera de las personas actuarias de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en la fracción I, párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso la persona actuaria al contar con fe pública podrá asentar la denominación correcta atendiendo al principio de economía procesal que debe imperar en los asuntos. Aunado a lo anterior, sí la persona secretaria encargada del asunto le es devuelto un oficio por las mismas circunstancias, éste podrá hacer la modificación a la denominación de la autoridad sin darle vista a la parte quejosa en atención al principio pro actione, ello atendiendo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, los que forman parte del principio a la tutela judicial efectiva, que tiene como objeto evitar entre otros, que el órgano jurisdiccional pueda convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, con la única limitante de no afectar garantías procesales de la parte contraria. Por ello ante, el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa y obligar al juzgador a realizar actuaciones que afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.3o.C. J/4 (10a.)3 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.". 10. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa equivalente a treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 11. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 12. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que no procede reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna; decisión que subsistirá hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta en su caso, que a alguien puede asistirle tal carácter; virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5° de la Ley de Amparo. 14. Capítulo de pruebas. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que acompaña a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se tienen por anunciadas, de las cuales se valoraran y tomaran en consideración en la audiencia constitucional. 15. Notificación a las autoridades responsables. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica de Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes ("S.I.S.E."). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."4 . Se autoriza a las personas secretarias adscritas a este órgano jurisdiccional a que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. 16. Notificación a las partes. Se instruye a la persona Secretaria y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en la persona Actuaria de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, la persona actuaria deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. 17. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental5 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
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