Guadalupe Alvarado Landeros

Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
296/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Guadalupe Alvarado Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vistos los presentes, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. ***, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por lo que a continuación se precisa: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienes tal carácter: a),. EL H. TRIBUNAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, con domicilio oficial en la Unidad Administrativa Lic. ***, ubicado en ***. b).- EL C. JUEZ INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, con domicilio oficial en la Unidad Administrativa Lic. ***, ubicado en avenida ***. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Reclamo del H. TRIBUNAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, la omisión de tramitar la EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA treinta y uno (31) de Octubre de dos mil veinte (2020), dictada en el Juicio laboral expediente número *** y Acumulado ***, en los plazos y términos señalados por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, conforme a lo que se expondrá más adelante" (Transcripción literal) En sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo impetrado. Contra la sentencia se interpuso recurso de revisión y en ejecutoria dictada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión laboral ***, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito modificó la sentencia de primer grado, en relación con los efectos brindados al fallo protector, respecto de las acciones que debe efectuar el Tribunal laboral Burocrático, a saber: 1. Requiriera a la parte demandada del pago de la condena que fue impuesta por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral ***, por lo que debería apercibirla que en caso de incumplimiento, serían impuestas la multa o multas que estimara convenientes. En el entendido de que recaerán sobre la persona física que ocupe el cargo público a quien va dirigida. 2. De persistir en el incumplimiento del fallo laboral, la aperciba de que ejecutará la sentencia con el auxilio de las autoridades estatales, al tener a su alcance, bajo el apercibimiento correspondiente: a) La solicitud para que la autoridad ejerza la partida presupuestal contenida en el presupuesto de egresos para cubrir indemnizaciones por motivo de sentencias laborales; y b) La suspensión del servidor público omiso hasta por noventa días sin goce de sueldo o suspensión definitiva en caso de reincidencia, así como dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de los delitos contra la administración de justicia. En el entendido de que la responsable tiene libertad de jurisdicción para emplear esas medidas en la forma en que mejor estime conveniente pero de manera eficaz, o bien, ordenar adicionalmente alguna otra que a su juicio estime pertinente. 3. Vigilara puntualmente el seguimiento de cada una de las determinaciones que adopte, hasta lograr que la sentencia sea ejecutada. Una vez que se requirió el cumplimiento a la responsable, mediante oficio *** recibido el trece de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el siete de ese mes y año, en el que informó que la demandada dio cumplimiento a lo requerido por esa autoridad y realizó depósito de un cheque por $954,459.55 (novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 55/100 moneda nacional), menos la retención realizada por concepto de impuesto sobre la renta, precisando que existía faltante por $***(*** 100 moneda nacional). Posteriormente, en oficio *** recibido el ocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo que dictó en el juicio laboral ***, el cuatro del referido mes y año, en el que se hizo constar que el dos de ese mes y año, se entregó al quejoso de $*** (*** moneda nacional), que sumada a $2,214.17 (dos mil doscientos catorce pesos 17/100 moneda nacional) retenida por concepto de impuesto sobre la renta da un total de $***.00 (*** moneda nacional), constancia que también remitió la autoridad responsable. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya desahogado la vista. En ese tenor, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Lo anterior se acuerda hasta esta fecha en virtud a las cargas de trabajo que imperan en este órgano jurisdiccional, pues no se cuenta con la plantilla completa ya que se han presentado varios casos sospechosos de infección y contagios confirmados del virusSARS-CoV2 en personal de esta adscripción, con motivo de la pandemia que se vive actualmente en el país y por supuesto en este Estado. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos los presentes, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. ***, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por lo que a continuación se precisa: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienes tal carácter: a),. EL H. TRIBUNAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, con domicilio oficial en la Unidad Administrativa Lic. ***, ubicado en ***. b).- EL C. JUEZ INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, con domicilio oficial en la Unidad Administrativa Lic. ***, ubicado en avenida ***. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Reclamo del H. TRIBUNAL BUROCRÁTICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, la omisión de tramitar la EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA treinta y uno (31) de Octubre de dos mil veinte (2020), dictada en el Juicio laboral expediente número *** y Acumulado ***, en los plazos y términos señalados por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, conforme a lo que se expondrá más adelante" (Transcripción literal) En sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo impetrado. Contra la sentencia se interpuso recurso de revisión y en ejecutoria dictada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión laboral ***, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito modificó la sentencia de primer grado, en relación con los efectos brindados al fallo protector, respecto de las acciones que debe efectuar el Tribunal laboral Burocrático, a saber: 1. Requiriera a la parte demandada del pago de la condena que fue impuesta por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral ***, por lo que debería apercibirla que en caso de incumplimiento, serían impuestas la multa o multas que estimara convenientes. En el entendido de que recaerán sobre la persona física que ocupe el cargo público a quien va dirigida. 2. De persistir en el incumplimiento del fallo laboral, la aperciba de que ejecutará la sentencia con el auxilio de las autoridades estatales, al tener a su alcance, bajo el apercibimiento correspondiente: a) La solicitud para que la autoridad ejerza la partida presupuestal contenida en el presupuesto de egresos para cubrir indemnizaciones por motivo de sentencias laborales; y b) La suspensión del servidor público omiso hasta por noventa días sin goce de sueldo o suspensión definitiva en caso de reincidencia, así como dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de los delitos contra la administración de justicia. En el entendido de que la responsable tiene libertad de jurisdicción para emplear esas medidas en la forma en que mejor estime conveniente pero de manera eficaz, o bien, ordenar adicionalmente alguna otra que a su juicio estime pertinente. 3. Vigilara puntualmente el seguimiento de cada una de las determinaciones que adopte, hasta lograr que la sentencia sea ejecutada. Una vez que se requirió el cumplimiento a la responsable, mediante oficio *** recibido el trece de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el siete de ese mes y año, en el que informó que la demandada dio cumplimiento a lo requerido por esa autoridad y realizó depósito de un cheque por $954,459.55 (novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 55/100 moneda nacional), menos la retención realizada por concepto de impuesto sobre la renta, precisando que existía faltante por $***(*** 100 moneda nacional). Posteriormente, en oficio *** recibido el ocho de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo que dictó en el juicio laboral ***, el cuatro del referido mes y año, en el que se hizo constar que el dos de ese mes y año, se entregó al quejoso de $*** (*** moneda nacional), que sumada a $2,214.17 (dos mil doscientos catorce pesos 17/100 moneda nacional) retenida por concepto de impuesto sobre la renta da un total de $***.00 (*** moneda nacional), constancia que también remitió la autoridad responsable. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se haya desahogado la vista. En ese tenor, se cumple con lo ordenado en la ejecutoria, ya que se llevaron a cabo los lineamientos fijados en la misma, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y, en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido, De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Lo anterior se acuerda hasta esta fecha en virtud a las cargas de trabajo que imperan en este órgano jurisdiccional, pues no se cuenta con la plantilla completa ya que se han presentado varios casos sospechosos de infección y contagios confirmados del virusSARS-CoV2 en personal de esta adscripción, con motivo de la pandemia que se vive actualmente en el país y por supuesto en este Estado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO 2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio número ***que remiten el Presidente y Secretario de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en esas condiciones, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado y Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, no han dado cumplimiento en sus términos a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; no obstante que mediante oficio recibido en este juzgado, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se haya informado gestiones a fin de dar cumplimiento a la misma. En tales condiciones requiérase de nueva cuenta a dichas autoridades, para que en un término de veinticuatro horas computado de manera legal, procedan a dar cumplimiento en sus términos a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, la cual se concedió para los efectos siguientes: "1. Requiera a la parte demandada del pago de la condena que fue impuesta por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral *** y acumulado ***, por lo que deberá apercibirla que en caso de incumplimiento, serán impuestas la multa o multas que estime convenientes. En el entendido de que recaerán sobre la persona física que ocupe el cargo público a quien va dirigida. 2. De persistir en el incumplimiento del fallo laboral, la aperciba de que ejecutará la sentencia con el auxilio de las autoridades estatales, al tener a su alcance, bajo el apercibimiento correspondiente: a) La solicitud para que la autoridad ejerza la partida presupuestal contenida en el presupuesto de egresos para cubrir indemnizaciones por motivo de sentencias laborales; y b) La suspensión del servidor público omiso hasta por noventa días sin goce de sueldo o suspensión definitiva en caso de reincidencia, así como dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de los delitos contra la administración de justicia. En el entendido de que la responsable tiene libertad de jurisdicción para emplear esas medidas en la forma en que mejor estime conveniente pero de manera eficaz, o bien, ordenar adicionalmente alguna otra que a su juicio estime pertinente. 3. Vigile puntualmente el seguimiento de cada una de las determinaciones que adopte, hasta lograr que la sentencia sea ejecutada" Se apercibe a las responsables, que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se le impondrá una multa. Asimismo, se les apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

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