Guadalupe Alonso Caña
Expediente 377/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 33 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 22/07/2016
Partes del expediente
- Guadalupe Alonso Caña
- Poder Legislativo del Estado de Baja California, Mexicali.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el informe de cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables Director, y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, residentes en Mexicali; en consecuencia, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido. El veintinueve de junio de dos mil quince, este juzgado dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa Guadalupe Alonso Caña (fojas 877 a la 897). Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa Guadalupe Alonso Caña, por conducto de su autorizado José Daniel Trujillo Ordorica, interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, el cual, por razón de turno, tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y mediante ejecutoria dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, revocó la sentencia de veintinueve de junio de dos mil quince, y concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: ".que no se le apliquen los preceptos legales reclamados contenidos la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y en la Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social." Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se requirió a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, Baja California, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector. Por oficios recibidos el ocho de marzo de dos mil dieciséis, Abel Martínez López, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva de dicha institución, informó haber dado cumplimiento al fallo protector, adjuntando acuse de recibo original del oficio DG/41/2016, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, firmado por el Director General de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como el oficio número STJD/027/2016, de siete de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de los que se advierte que se le notificó a la quejosa que se le inaplicarán los preceptos legales contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, relativos a la edad para obtener la jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, la modificación de los montos de las pensiones y jubilaciones, contenidas en las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y que con ello se restablecerían las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, y por último, que el porcentaje de las cuotas que debe seguir cubriendo al instituto asegurador, es el mismo que pagaba antes de la promoción del presente juicio de amparo. Asimismo, por escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciséis, la parte quejosa en relación al informe de cumplimiento referido en el párrafo que antecede, manifestó que se dio cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo, en lo relacionado a los porcentajes de las cuotas que debe cubrir al instituto asegurador a partir de la concesión del amparo, así como la devolución o acreditación de los enterados conforme al régimen de seguridad social anterior de la ley pretendidamente abrogada y se informe a detalle el monto total y concepto de dichos descuentos. En mérito de lo anterior, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se requirió nuevamente a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas residencia en Mexicali, Baja California, para que en el plazo de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector, en el sentido de que informaran lo relativo a la devolución de cuotas a que se refiere la parte quejosa. Por oficios recibidos el doce de abril de dos mil dieciséis, el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Presidente Junta Directiva de dicha institución, informaron que no existía diferencia entre los enteros del monto o cantidad que traducida en dinero se enterada por concepto de cuotas de seguridad social integral relativos a la parte quejosa con anterioridad y posteridad de la entrada en vigor de las reformas impugnadas por el quejoso, adjuntando copia certificada de la constancia de cinco de abril de dos mil dieciséis, firmada por el Titular del Departamento de Ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, residente en Mexicali. Dándole vista con lo anterior, a la parte quejosa, para que manifestara lo a su interés legal conviniera, quien manifestó en su escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (foja 1111), que se determinara el no acatamiento a la ejecutoria en el presente juicio, por parte de las responsables ya que no acataron los puntos precisados mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, relativos a la devolución de las aportaciones de seguridad social descontadas, requiriendo a las responsables el debido cumplimiento en fecha veinticinco de mayo del presente año (foja 1121). Mediante oficios presentados el nueve de junio de dos mil dieciséis, las autoridades responsables Director, y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, residentes en Mexicali, informan haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, quienes manifestaron que no existen diferencias entre los enteros del monto o cantidad que traducida en dinero se entera por concepto de cuotas de seguridad social integral, anexando el diagrama correspondiente para acreditar su dicho; con lo cual se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hiciera pronunciamiento alguno al respecto. Lo anterior, aunado a que la parte quejosa, no aportó las documentales relativas a los descuentos a que hizo alusión, como se le requirió por auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Por tanto, es evidente que con ello las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que inaplicaron los preceptos legales contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social; relativos a la edad para obtener la jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, la modificación de los montos de las pensiones y jubilaciones, contenidas en las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de Seguridad Social; motivo por el cual se concluye que, lo procedente en el caso, es declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida; así, ya que en la especie, no existen diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente asunto, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con el punto decimoprimero del acuerdo de referencia, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la caratula del expediente.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO GUADALUPE ALFONSO CAÑA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE EN SINTESIS DICE: Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, los oficios firmados por el Director, y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, residentes en Mexicali, quienes en atención al requerimiento formulado mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, informan haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, y al respecto, hacen diversas manifestaciones; en consecuencia, con dichos informes, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; y una vez trascurrido el plazo otorgado, con desahogo de vista o sin ella, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO GUADALUPE ALFONSO CAÑA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE EN SINTESIS DICE: "Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que por auto de veintiuno de abril del año en curso, se determinó que la ejecutoria emitida en el presente juicio no se encontraba cumplida ya que si bien se desaplicaron en la esfera de la parte quejosa los preceptos legales contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, relativos a la edad para obtener la jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, la modificación de los montos de las pensiones y jubilaciones, contenidas en las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, también lo es que no se realizó la devolución de las cantidades aportadas por la quejosa (o descontadas) con motivo de las cuotas de seguridad social en cumplimiento a esas disposiciones, lo que era necesario como consecuencia jurídica de la declaratoria de inconstitucionalidad de las referidas normas.Asimismo, se determinó que en el caso con motivo de la ley abrogada se le descontaba a la parte quejosa por concepto de cuotas de seguridad social un 12% y con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley, que se reclamó en esta instancia constitucional, el descuento relativo se incrementó al 16%, por lo que resultaba evidente que se suscitó un aumento en la cantidad descontada equivalente al 4%, requiriéndole a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computados, informara a este órgano jurisdiccional las cantidades que enteró ante la responsable o le fueron descontadas con motivo de la aplicación de la Ley declarada inconstitucional en este juicio.Sin embargo, no se requirió a las autoridades responsables para que hicieran llegar al presente juicio las documentales relativas a los descuentos correspondientes precisando en su caso la cantidad total que se le debe devolver.Por lo que para estar en aptitud de continuar con el procedimiento de cumplimiento, requiérase a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambos con sede en Mexicali, Baja California, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, den cumplimiento en los términos precisados; apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo fijado, o de no manifestar el impedimento legal que tuviesen para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación.Asimismo, en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se les impondrá una multa de cien días, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia P./J. 14/2012, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página: 12, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE DEBE LLEVAR A CABO EL JUEZ DE DISTRITO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN. Este Tribunal Pleno hace suyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 93/2011, de rubro: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.", en el sentido de que ante la declaratoria de inconstitucionalidad del referido precepto transitorio y a fin de garantizar el principio de supremacía constitucional que busca evitar la aplicación de leyes contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la subsistencia de actos apoyados en preceptos declarados inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe declararse la ilegalidad del acto fundado en tal norma legal y concederse el amparo para el efecto de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores entregue, en una sola exhibición, las aportaciones patronales acumuladas en la subcuenta de vivienda con posterioridad al 30 de junio de 1997; en la inteligencia de que, para la precisión del monto a devolver en cumplimiento del fallo protector, no basta que el Juez de Distrito se limite a retomar las pruebas exhibidas, ya sea por el quejoso o por las autoridades responsables, sino que debe determinarlo con base en el monto transferido de la subcuenta de vivienda respectiva a la Tesorería de la Federación por el Instituto, para lo cual debe requerir a su Subdirector General de Recaudación Fiscal a fin de que, en un plazo de 3 días hábiles, indique el valor de la transferencia. Posteriormente, una vez que dicho servidor público certifique e informe al Juez de Distrito el monto referido, éste dará vista al quejoso para que, en un plazo de 10 días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no estar conforme con el monto se ordenará la apertura del incidente innominado, a efecto de contar con los elementos necesarios que permitan arribar con certeza a la cantidad líquida cuya devolución debe requerirse a las autoridades responsables, en el entendido de que si no se pronuncia dentro de ese plazo, se presumirá su conformidad con aquél, sin que dicha presunción afecte sus derechos para controvertir en la vía y en los términos legales que procedan el referido monto. En ese contexto, una vez fijada la suma a devolver en los términos precisados, el procedimiento que debe seguirse consistirá en requerir: 1) Al Subdirector General de Recaudación Fiscal y al Director General del Instituto, como su superior jerárquico, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del proveído correspondiente acrediten haber solicitado al administrador Central de Devoluciones y Compensaciones del Servicio de Administración Tributaria, que autorice a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto, de las cantidades que debe devolver al quejoso; 2) Al Administrador Central de Devoluciones y Compensaciones de la Administración General de Auditoría Fiscal, así como a su superior jerárquico, Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, ambos del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes al en que aquél haya recibido la solicitud indicada en el numeral anterior, autorice a la Tesorería de la Federación la transferencia a la cuenta del Instituto del monto que debe devolverse; 3) Al Tesorero de la Federación, así como a su superior jerárquico, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes al en que aquél haya recibido la autorización precisada en el numeral que antecede, entreguen al Instituto las cantidades previamente transferidas de la subcuenta de vivienda del quejoso; y, 4) Al Subdirector General de Recaudación Fiscal del referido Instituto, así como a su superior jerárquico, el Director General del propio Instituto, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes al en que aquél haya recibido la transferencia de recursos indicada en el numeral precedente, entregue al quejoso, en una sola exhibición, las aportaciones patronales respectivas."Asimismo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional las cantidades que enteró ante la responsable o le fueron descontadas con motivo de la aplicación de la Ley declarada inconstitucional en este juicio, debiendo aportar las documentales con las que acredite los descuentos correspondientes precisando en su caso la cantidad total que se le debe devolver, para estar en aptitud de continuar con el procedimiento de cumplimiento, o en su caso señale el impedimento legal o material que tenga para ello..."
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo otorgado a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el informe de cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva de dicha institución; en consecuencia, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido. El veintinueve de junio de dos mil quince, este juzgado dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa Guadalupe Alonso Caña (fojas 877 a la 897). Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa Guadalupe Alonso Caña, por conducto de su autorizado José Daniel Trujillo Ordorica, interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, el cual, por razón de turno, tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y mediante ejecutoria dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, revocó la sentencia de veintinueve de junio de dos mil quince, y concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: ".que no se le apliquen los preceptos legales reclamados contenidos la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; y en la Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social." Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se requirió a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas residencia en Mexicali, Baja California, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector. Por oficios recibidos el ocho de marzo de dos mil dieciséis, Abel Martínez López, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva de dicha institución, informó haber dado cumplimiento al fallo protector, adjuntando acuse de recibo original del oficio DG/41/2016, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, firmado por el Director General de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como el oficio número STJD/027/2016, de siete de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de los que se advierte que se le notificó a la quejosa que se le inaplicarán los preceptos legales contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, relativos a la edad para obtener la jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, la modificación de los montos de las pensiones y jubilaciones, contenidas en las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y que con ello se restablecerían las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, y por último, que el porcentaje de las cuotas que debe seguir cubriendo al instituto asegurador, es el mismo que pagaba antes de la promoción del presente juicio de amparo. Asimismo, por escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciséis, la parte quejosa en relación al informe de cumplimiento referido en el párrafo que antecede, manifestó que se dio cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo, en lo relacionado a los porcentajes de las cuotas que debe cubrir al instituto asegurador a partir de la concesión del amparo, así como la devolución o acreditación de los enterados conforme al régimen de seguridad social anterior de la ley pretendidamente abrogada y se informe a detalle el monto total y concepto de dichos descuentos; por lo que solicita se requiera a la autoridades responsables lo siguiente: a) Haga la devolución o acreditación de las aportaciones que el quejoso Guadalupe Alonso Caña, realizó durante la vigencia de la ahora insubsistente Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a la tasa del 16% y además disposiciones de dicho ordenamiento. b) Se aplique la tasa de 12% para cubrir los conceptos de seguridad social en apego al artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el día veinte de diciembre de mil novecientos setenta, y entró en vigor el uno de enero de mil novecientos setenta y uno. c) Que la autoridad responsable informe el monto total y los conceptos que fueron descontados por cualquier concepto de seguridad social durante la vigencia de la ley reclamada. En mérito de lo anterior, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se requirió nuevamente a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas residencia en Mexicali, Baja California, para que en el plazo de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector, en el sentido de que informaran lo relativo a la devolución de cuotas a que se refiere la parte quejosa. Por oficios recibidos el doce de abril de dos mil dieciséis, el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y Presidente Junta Directiva de dicha institución, informaron que no existía diferencia entre los enteros del monto o cantidad que traducida en dinero se enterada por concepto de cuotas de seguridad social integral relativos a la parte quejosa con anterioridad y posteridad de la entrada en vigor de las reformas impugnadas por el quejoso, adjuntando copia certificada de la constancia de cinco de abril de dos mil dieciséis, firmada por el Titular del Departamento de Ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, residente en Mexicali. Dándole vista con lo anterior, a la parte quejosa, para que manifestara lo a su interés legal conviniera. Por lo que mediante escrito de cuenta la parte quejosa en relación al informe de cumplimiento referido con antelación solicita se determine el no acatamiento a la ejecutoria en el presente juicio, por parte de las responsables ya que no acatan los puntos precisados mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, relativos a la devolución de las aportaciones de seguridad social descontadas. Ahora bien, analizadas las constancias de autos se advierte que como bien indica la parte quejosa, la ejecutoria emitida en el presente juicio no se encuentra cumplida ya que si bien se desaplicaron en la esfera de la parte quejosa los preceptos legales contenidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, relativos a la edad para obtener la jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, la modificación de los montos de las pensiones y jubilaciones, contenidas en las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, apartado B, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Baja California, también lo es que no se realizó la devolución de las cantidades aportadas por la quejosa (o descontadas) con motivo de las cuotas de seguridad social en cumplimiento a esas disposiciones, lo que era necesario como consecuencia jurídica de la declaratoria de inconstitucionalidad de las referidas normas. Cierto, ya que el efecto de la sentencia que otorga el amparo contra una norma será, atendiendo a la naturaleza de la misma, que no se aplique al particular que obtuvo la protección, y además, de ser el caso, que las autoridades que recaudaron las cantidades que como primer acto de aplicación se les haya enterado y las que en forma subsecuente se hayan pagado, las restituyan a la agraviada. En ese tenor, dicha restitución comprende las sumas enteradas desde el acto de aplicación que sirvió de base para la promoción del juicio y los pagos subsecuentes hasta que la sentencia cause ejecutoria, ya que por virtud de esa concesión, la disposición inconstitucional ya no tendrá que aplicársele al gobernado, pues de lo contrario, las autoridades pueden incurrir en repetición, sin que en el caso las responsables hubieren procedido a la restitución de las cantidades descontadas, de ahí que, como se dijo en el caso se estima que la ejecutoria de amparo que nos ocupa no se encuentra cumplida. En relación con lo anterior, si en el caso con motivo de la ley abrogada se le descontaba a la parte quejosa por concepto de cuotas de seguridad social un 12% y con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley, que se reclamó en esta instancia constitucional, el descuento relativo se incrementó al 16%, es evidente que se suscitó un aumento en la cantidad descontada equivalente al 4%; por lo tanto, a fin de lograr el cumplimiento eficaz de la ejecutoria de amparo requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional las cantidades que enteró ante la responsable o le fueron descontadas con motivo de la aplicación de la Ley declarada inconstitucional en este juicio, debiendo aportar las documentales con las que acredite los descuentos correspondientes precisando en su caso la cantidad total que se le debe devolver, para estar en aptitud de continuar con el procedimiento de cumplimiento, o en su caso señale el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que de ser omisa al respecto se le tendrá por desinteresada en el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa..." Una vez que la parte quejosa informe y acredite lo solicitado en párrafos anteriores, se dará vista a las autoridades responsables para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.
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