Guadalupe Alfonso Gonzalez
Expediente 343/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Guadalupe Alfonso Gonzalez
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, contra el auto emitido el veintiocho de marzo de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por **********, contra actos del Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes..
- Principal
Juicio 343/2022 folio 4001. veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual anexa copia certificada del proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 7028/2016 de su índice, de cuyo contenido se advierte regularizó el procedimiento en cuanto a la fecha y hora para el desahogo de pruebas fijando las nueve horas del seis de abril de dos mil veintidós para su celebración; además, exhibió las constancias de notificación de las partes de dicha determinación. Documentales que se agregan para que obren como correspondan y que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, párrafo segundo, en razón de tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones.*** Ahora, visto el estado que guarda el presente juicio y del análisis que se realiza de forma integral al escrito de la demanda de amparo, se advierte que en el caso la parte quejosa reclama El acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, respecto al señalamiento de la fecha lejana para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas en el expediente laboral 7028/2016 del índice de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Ahora, tomando en consideración la constancia que la junta responsable remitió en copia certificada consistente en el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 7028/2016 de su índice, de cuyo contenido se advierte regularizó el procedimiento en cuanto a la fecha y hora para el desahogo de pruebas fijando las nueve horas del seis de abril de dos mil veintidós para su celebración; además, exhibió las constancias de notificación de las partes de dicha de terminación (fojas 32-33); por tanto, es inconcuso que en la especie ha cesado el efecto del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparece los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora, al cesar el efecto del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano vulnerado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, es decir, como si la transgresión del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. De lo anterior, se colige que con posterioridad al siete de marzo de dos mil veintidós (fecha en que se presentó la demanda de amparo a través del buzón judicial), cesó el efecto del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenía antes de la transgresión constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, en virtud que se extinguió el acto reclamado en esta instancia.*** Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el juez de distrito, resuelve abstenerse de analizar la transgresión del derecho humano imputado por la parte quejosa a las autoridades responsables, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado ya que aquí no se analizó la legalidad del acto emitido por la junta responsable. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el diverso artículo 61, fracción XXI del citado ordenamiento jurídico.
- Principal
Juicio 254/2021 folio 3641. veintidós de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 254/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, y testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de marzo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 278/2021 del índice del tribunal de alzada. Acúsese recibo. Por otra parte, de la ejecutoria de mérito se advierte que el tribunal remitente declaró en sus puntos resolutivos lo siguientes PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el considerando tercero de la sentencia recurrida respecto de los actos reclamados al Coordinador General de Asuntos Jurídicos y del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia recurrida TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a María Isabel Villegas Zurita contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero y para los efectos precisados en el considerando noveno de esta ejecutoria. CUARTO. Queda SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto en representación del Coordinador de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco por las razones expuestas en el considerando décimo de esta ejecutoria. QUINTO. Es INFUNDADA la revisión adhesiva interpuesta en representación del Gobernador del Estado de Tabasco por las razones expuestas en el considerando décimo primero de esta ejecutoria. Por tanto, agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes relativo, creado con motivo del recurso de revisión integrado por copias del presente asunto, deséchense las mismas, y únicamente glósense las constancias originales agregadas con posterioridad a ello; asimismo, hágase del conocimiento de las partes la recepción de dicho testimonio, trascribiendo los puntos resolutivos a las autoridades señaladas como responsables, y realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES procedan a dar cumplimiento a lo ordenado en dicha ejecutoria, en los siguientes términos 1. No se aplique el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco toda vez que la quejosa es jubilada desde el dieciséis de abril de dos mil catorce. 2. Se haga el pago retroactivo de las diferencias que, en su caso, existan entre las pensiones pagadas que debieron cotizarse en salarios mínimos y lo cuantificado en Unidad de Medida de Actualización, lo que se hará a partir del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, que es la fecha a partir de la cual se le informó a la quejosa en el acto de aplicación el incremento con base en la UMA, sin que, con relación a las pensiones ya cobradas, pueda ordenarse la devolución de las cantidades erróneamente calculadas. 3. Se pague en lo subsecuente las pensiones a que tiene derecho la peticionaria de amparo en salarios mínimos, sin aplicar la Unidad de Medida y de Actualización, toda vez que el artículo 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco abrogada, aplicable a la fecha de la jubilación prevé su pago en salarios mínimos. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Juicio 2023/2019 folio 3217. catorce de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco y Coordinadora General de Asuntos Jurídicos, ambos del Estado de Tabasco, por el que interpone recurso de queja, contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. (fojas 508 a 511). En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el Director de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Tabasco y Coordinadora General de Asuntos Jurídicos, ambos del Estado de Tabasco, contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. En ese contexto, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación, en el sentido de que es cierto el acto impugnado a través del recurso citado, en virtud de que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dictó la determinación que reclama el recurrente. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, una vez que sean notificadas las partes, remítanse el escrito original de cuenta que contiene los agravios que causa el auto recurrido y una copia del mismo, así como copia certificada del auto impugnado y de la constancia de notificación respectiva, para que sean tomadas en cuenta para resolver el recurso aludido, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del mismo, agregándose a los autos una copia de dicho ocurso. Finalmente, es menester precisar, que este juzgador no decreta la suspensión del procedimiento de ejecución que se sigue en estos autos, por las razones que a continuación se exponen Primeramente, cabe señalar que el artículo 102 de la Ley de Amparo, deriva de lo expresado en el inciso e), de la fracción I, del artículo 97 de la ley en comento lo cual señalan lo siguiente Artículo 97. El recurso de queja procede I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones (.) e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (.) Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia. De lo anterior, se infiere que si una resolución emitida en un juicio de amparo indirecto, tiene el carácter de transcendental y grave, que le pueda generar un perjuicio a las partes que no pueda ser reparable en sentencia, se puede ordenar suspender el procedimiento de amparo, por parte del Juez de Distrito, con el objeto de dejar subjudice dicho planteamiento judicial, hasta la resolución de dicho recurso. En consecuencia, no se está en alguno de esos supuestos, toda vez que ya se dictó sentencia, a ningún fin práctico conduciría suspender el procedimiento de ejecución, ya que al paralizar el mismo, se retrasaría el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y la parte quejosa -aquí recurrente- seguiría sufriendo perjuicios, pues no se le estaría impartiendo justicia pronta y completa, respecto al cumplimiento del fallo protector, lo que evidentemente le causaría mayor menoscabo a su esfera jurídica. Notifíquese.
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