Guadalupe Aguilar Falcón
Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2017
Partes del expediente
- Guadalupe Aguilar Falcón
- Legislatura del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que el auto por el que se desecho la demanda de amparo, ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, en el entendido que el mismo es susceptible de destrucción.
- Principal
RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por **, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en proveído que antecede; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata y copias de traslado, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el proceso legislativo de las disposiciones legales relacionadas con el pago del Impuesto Predial; así como la aplicación y ejecución de éstas, que a decir de la parte quejosa están materializadas en el formato de liquidación del Impuesto Predial de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, que adjuntó a su demanda. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo que presentó el justiciable, contra el acto precisado, es improcedente. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen, respectivamente: Es oportuno señalar que la legitimación en la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con la parte quejosa. Por otra parte, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por su parte, del segundo precepto legal transcrito en líneas precedentes, se advierte procede el juicio de amparo contra normas generales con motivo de su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación; por tanto, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se deduce que para la procedencia de dicho juicio, resulta indispensable que se acredite el interés jurídico que asiste al gobernado para reclamarlas, de lo contrario, el juicio de amparo indirecto que en contra de tales normas se promueva, resulta improcedente. Ahora bien, las normas generales que conforman el sistema jurídico mexicano, y que desde luego se dirigen a los gobernados, pueden impugnarse en dos momentos: Desde que entran en vigor, si surten sus efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde ese momento (normas autoaplicativas); y, A través de un acto en el que sea aplicada esa norma al particular, se actualiza dicho perjuicio (normas heteroaplicativas). Dicho de otro modo, una norma puede agraviar al gobernado desde el momento en que entra en vigor, sin necesidad de un acto posterior de aplicación, hipótesis en la que la ley o norma general recibe el nombre de autoaplicativa; y por el contrario, cuando una ley o norma general no tiene efectos vinculatorios desde que entra en vigor, sino que requiere de un acto concreto de aplicación y el amparo contra ella sólo procede a través de éste, se trata de una norma general heteroaplicativa. En el caso, la parte quejosa reclama la liquidación respecto del Impuesto Predial; sin embargo, para acreditar el interés jurídico, necesariamente debió demostrar en forma fehaciente e indubitable que realizó el pago de la contribución que aquí se combate, para que así este juzgado estuviera en aptitud legal de emprender el estudio de su constitucionalidad en contraposición de sus argumentos; extremos que no se acreditaron en el presente juicio, ya que la parte quejosa únicamente adjuntó a su demanda un formato en el que se demuestra la cantidad que debe pagar por concepto de Impuesto Predial, lo cual no permite concluir que efectivamente se realizó el pago. Máxime que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó que no ha efectuado pago alguno respecto de la cantidad señalada en la liquidación de Impuesto Predial expedida por el Municipio de San Juan del Río, Querétaro. Por tanto, dicha afirmación hace prueba plena en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para acreditar de manera fehaciente e indubitable que no existe una afectación a su esfera jurídica; esto es, el quejoso no demostró la existencia de un acto concreto de autoridad en el que se haya llevado a cabo la aplicación de alguna Ley en su agravio. Consecuentemente, toda vez que a la parte quejosa incumbía probar la existencia de un acto de aplicación, pues el interés jurídico, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, debe acreditarse fehacientemente, tal como se estableció en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en párrafos precedentes, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE", y ello no acontece a la luz de los medios de prueba ofertados para tal efecto. Por tanto, al no estar demostrado en autos el acto del que se duele la parte quejosa, es inconcuso que se actualizan los motivos de improcedencia antes mencionados, previstos en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, del propio ordenamiento de amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que procede desechar de plano la demanda promovida por ** con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de 13 de febrero de dos mil dieciséis: "RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por **, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en proveído que antecede; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata y copias de traslado, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el proceso legislativo de las disposiciones legales relacionadas con el pago del Impuesto Predial; así como la aplicación y ejecución de éstas, que a decir de la parte quejosa están materializadas en el formato de liquidación del Impuesto Predial de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, que adjuntó a su demanda. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo que presentó el justiciable, contra el acto precisado, es improcedente. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen, respectivamente: Es oportuno señalar que la legitimación en la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con la parte quejosa. Por otra parte, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por su parte, del segundo precepto legal transcrito en líneas precedentes, se advierte procede el juicio de amparo contra normas generales con motivo de su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación; por tanto, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se deduce que para la procedencia de dicho juicio, resulta indispensable que se acredite el interés jurídico que asiste al gobernado para reclamarlas, de lo contrario, el juicio de amparo indirecto que en contra de tales normas se promueva, resulta improcedente. Ahora bien, las normas generales que conforman el sistema jurídico mexicano, y que desde luego se dirigen a los gobernados, pueden impugnarse en dos momentos: Desde que entran en vigor, si surten sus efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde ese momento (normas autoaplicativas); y, A través de un acto en el que sea aplicada esa norma al particular, se actualiza dicho perjuicio (normas heteroaplicativas). Dicho de otro modo, una norma puede agraviar al gobernado desde el momento en que entra en vigor, sin necesidad de un acto posterior de aplicación, hipótesis en la que la ley o norma general recibe el nombre de autoaplicativa; y por el contrario, cuando una ley o norma general no tiene efectos vinculatorios desde que entra en vigor, sino que requiere de un acto concreto de aplicación y el amparo contra ella sólo procede a través de éste, se trata de una norma general heteroaplicativa. En el caso, la parte quejosa reclama la liquidación respecto del Impuesto Predial; sin embargo, para acreditar el interés jurídico, necesariamente debió demostrar en forma fehaciente e indubitable que realizó el pago de la contribución que aquí se combate, para que así este juzgado estuviera en aptitud legal de emprender el estudio de su constitucionalidad en contraposición de sus argumentos; extremos que no se acreditaron en el presente juicio, ya que la parte quejosa únicamente adjuntó a su demanda un formato en el que se demuestra la cantidad que debe pagar por concepto de Impuesto Predial, lo cual no permite concluir que efectivamente se realizó el pago. Máxime que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó que no ha efectuado pago alguno respecto de la cantidad señalada en la liquidación de Impuesto Predial expedida por el Municipio de San Juan del Río, Querétaro. Por tanto, dicha afirmación hace prueba plena en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para acreditar de manera fehaciente e indubitable que no existe una afectación a su esfera jurídica; esto es, el quejoso no demostró la existencia de un acto concreto de autoridad en el que se haya llevado a cabo la aplicación de alguna Ley en su agravio. Consecuentemente, toda vez que a la parte quejosa incumbía probar la existencia de un acto de aplicación, pues el interés jurídico, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, debe acreditarse fehacientemente, tal como se estableció en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita en párrafos precedentes, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE", y ello no acontece a la luz de los medios de prueba ofertados para tal efecto. Por tanto, al no estar demostrado en autos el acto del que se duele la parte quejosa, es inconcuso que se actualizan los motivos de improcedencia antes mencionados, previstos en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, del propio ordenamiento de amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que procede desechar de plano la demanda promovida por ** con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. ".
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 130/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. PREVENCIÓN. Una vez analizado el contenido integral de la demanda de cuenta, para estar en condiciones de proveer sobre ésta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, 108, 110, 114, fracción III, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de este proveído, por escrito y con las copias simples necesarias de su escrito aclaratorio, para correrle traslado a las autoridades que señala como responsables que en el caso son cinco, una más para el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, y advertido de las sanciones a que se hacen acreedores quienes afirman hechos falsos u omitan los que les consten, previstas en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado, realice lo siguiente: PRIMERO. Amplíe los antecedentes del acto reclamado de manera clara y precisa; en específico deberá señalar bajo protesta de decir verdad, si efectuó el pago de liquidación del impuesto predial urbano de diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, cuya liquidación acompaña a su escrito de demanda. SEGUNDO. Precise cual es el acto que en esta instancia reclama; ello en virtud a que en el capítulo marcado con el número IV, correspondiente al de actos reclamados, señala como acto la liquidación del impuesto predial urbano de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, y de la narrativa correspondiente al capítulo de antecedentes, se desprende que el quince de enero del año dos mil dieciséis (sic), al acudir a realizar el pago relativo al impuesto predial, se enteró de que se cobraría una tasa impositiva distinta para el predio descrito, correspondiente al impuesto sobre educación y obra pública municipal. Por tanto, deberá señalar cuál de los dos actos señalados anteriormente, es el que desea combatir en esta instancia, o bien, si desea señalar ambos. Se apercibe legalmente al promovente que en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, los autorizados no pueden desahogar una prevención relativa a que se exprese bajo protesta de decir verdad cuestiones inherentes a los antecedentes de los actos reclamados, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.
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