Guadalupe Aguilar Falcon

Expediente 122/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 35 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
122/2017
Año
2017
Actuaciones
35
Última actuación
08/09/2017

Partes del expediente

  • Guadalupe Aguilar Falcon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe un proveído de seis de septiembre del año en curso, del cual se advierte que se admitió a trámite el recurso de inconformidad que hizo valer la parte quejosa, registrándose bajo el toca 8/2017....i.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio signado por la Delegada del Secretario y Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro, por medio del cual acusa recibo de los oficios 20709/2017 y 20710/2017, mismos que contienen el proveído de veinticinco de agosto del presente año, por el cual se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de inconformidad en contra del cumplimiento pronunciado en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte y toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado, remítase éste al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de inconformidad hecho valer por la parte quejosa.....I

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por ***** autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 201 fracción I y 203 de la Ley de amparo, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad en contra del proveído de ocho de agosto del año en curso, por el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia pronunciada en autos; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y remítanse los presentes autos junto con el original y copia del escrito respectivo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándole se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Por otro lado, a fin de evitar mayores dilaciones procesales e integrar debidamente el sumario, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acusen recibo del oficio por medio del cual queden notificadas del presente proveído. Bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término otorgado, se les impondrá en forma individual una multa de cien unidades de medida y actualización, ello de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los numerales 237 y 238 de la Ley de Amparo....I

  4. Principal

    Visto lo de cuenta; se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, respecto del informe de cumplimiento que dio la delegada del Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro, en relación con la ejecutoria dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. En principio debe precisarse que por sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del amparo. Es menester precisar que el vicio de inconstitucionalidad de la norma no conlleva a que el quejoso recurrente, quede exento del pago del impuesto predial, sino que se le dé el mismo trato que se otorga a las personas que no promovieron algún medio de defensa ante las autoridades jurisdiccionales federales o locales, esto es, se le aplique a la parte quejosa el beneficio previsto en la primera parte del artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos controvertida y, por ende, se recaude el impuesto respetando el límite del importe en un 4.5% superior al del ejercicio fiscal inmediato anterior. [.] Por lo tanto, la protección federal es para el efecto de que se desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa, las porciones normativas reclamadas, hasta en tanto no sean abrogadas o modificadas. Consecuentemente, en aplicación del límite del 4.5%, se le devuelva el excedente de la cantidad, si lo hay, que pagó por concepto del Impuesto Predial." (Folios 138 y 139) Por auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió al Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro, dieran cumplimiento al fallo protector en el término de diez días. (Folios 149-150) En consecuencia, la delegada de las citadas autoridades exactoras, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, mediante diversos oficios sin número, informó que en las instalaciones de dichas autoridades, se encontraban a disposición de la parte quejosa los cheques que a continuación se mencionan: FECHA DE RECEPCIÓN DE OFICIO NUMERO DE CHEQUE CANTIDAD FOLIO 27 de abril de 2017 00666 $4,224.66 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). 201 a 205 14 de junio de 2017 00961 $789.63 (setecientos ochenta y nueve pesos 63/100 moneda nacional) 295 a 297 17 de julio de 2017 01360 $1,782.62 (mil setecientos ochenta y dos pesos 62/100 moneda nacional) 371 a 373 Asimismo, mediante diverso oficio sin número recibido por este órgano jurisdiccional el diez de mayo de dos mil diecisiete, la delegada del Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro, emitió la declaración correspondiente respecto de abstenerse de aplicar en lo presente y futuro, el artículo declarado inconstitucional, durante el lapso de su vigencia. (Folio 227) De igual manera, las autoridades exactoras antes referidas, mediante oficio sin número recibido en este juzgado el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, informaron que en las oficinas de dicha dependencia se encontraba a disposición de la parte quejosa el cheque 001455 por la cantidad de $81.26 (ochenta y un pesos 26/100 moneda nacional) emitido por concepto de actualizaciones del reintegro del monto materia de la concesión del amparo, a saber, $6,796.91 (seis mil setecientos noventa y seis pesos 91/100 moneda nacional). (Folios 385 a 389) En ese contexto, este juzgador federal estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, ya que la delegada del Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro, justificó haber desincorporado de la esfera jurídica de la solicitante del amparo el artículo declarado inconstitucional, restituyéndola en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, así también, emitió diversos cheques que juntos suman la cantidad de $6,878.17 (seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 17/100 moneda nacional), expedidos a nombre de la quejosa Guadalupe Aguilar Falcon, por concepto de devolución del excedente del pago que efectúo por concepto del Impuesto Predial; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." No siendo obstáculo para lo anterior, lo alegado por el autorizado de la parte quejosa, al desahogar las vistas otorgadas en el presente juicio, por lo que en acatamiento a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA.", al respecto es oportuno precisar lo siguiente. Esencialmente el autorizado de la quejosa aduce que no se encuentra cumplida la ejecutoria que se analiza, en virtud de que las autoridades exactoras, al exhibir los cheques correspondientes no respetaron el límite del incremento del 4.5% superior a la cantidad erogada por el impuesto predial en el ejercicio fiscal 2016, además de que al efectuar el cálculo correspondiente por concepto del reintegro materia de la concesión del amparo, han tomado en consideración lo previsto por los artículos 92, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, vigente, los cuales fueron desincorporados de la esfera jurídica de la quejosa, en cumplimiento al fallo protector otorgado en el juicio de amparo 224/2016-IV del índice de este juzgado, además de que el cálculo de la actualización exhibida por la responsable no abarca la cantidad total erogada por concepto del impuesto tildado de inconstitucional. Lo anterior es infundado, ya que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad responsable sí le aplicó el beneficio previsto en la primera parte del artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos controvertida, respetando el límite del importe en un 4.5% superior a la cantidad recaudada por concepto del impuesto predial en 2016 y no contempló en el impuesto recaudado en el presente ejercicio fiscal, lo relativo al diverso Impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, ya que de los recibos de pago que anexó a su demanda de amparo, se advierte que el apartado relativo a dicho impuesto (I.E.O.P.M.) se encuentra en ceros. Máxime, que la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017, prevé en su artículo 17 que para los impuestos y derechos generados para dicho ejercicio fiscal, no se causará el Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales; en tal virtud, resulta inconcuso que no se le aplicó a la impetrante de amparo los artículos 90 a 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, vigente, al efectuar el cálculo de la devolución del excedente del pago que efectúo por concepto del Impuesto Predial, tal y como se verá en el siguiente recuadro. RECIBO Impuesto causado 2016 (+) Incremento de 4.5% (-) 20 % Pronto pago Debió pagar 2017 (-) (pagado 2017) A devolver F-212761 $3, 386.98 $152.41 $707.87 $2, 831.52 $5, 558.50 $2, 726.98 F-260268 $2, 609.75 $117.43 $545.43 $2, 181.75 $4, 247.50 $2, 065.75 F-260269 $2, 532.67 $113.97 $529.32 $2, 117.32 $4, 121.50 $2, 004.18 $6, 796.91 Por otro lado, en relación a la manifestación que vierte en el sentido de que la autoridad responsable no realizó el cálculo relativo a la actualización motivo del presente juicio tomando en consideración el total de la cantidad pagada por concepto del impuesto predial en el ejercicio fiscal 2017; de igual manera resulta infundada dicha manifestación, en virtud de que de acuerdo con el artículo 59 fracción X del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la autoridad fiscal deberá pagar la devolución que proceda, actualizada desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en que la devolución esté a disposición del contribuyente, es decir, la actualización sólo es respecto de la cantidad de $6,878.17 (seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 17/100 moneda nacional), que corresponde al pago de lo indebido, respecto del periodo comprendido desde que la autoridad se encontraba obligada a dar cumplimiento a la sentencia, es decir, cuando causó ejecutoria la sentencia pronunciada en autos a la fecha en que dio cumplimiento al fallo protector. Sin que pase desapercibido el hecho de que la parte quejosa en su escrito recibido por este Juzgado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete haya manifestado que existe repetición del acto reclamado, sin embargo, toda vez que si bien, los órganos jurisdiccionales de amparo se encuentran obligados a adoptar todas las medidas legales a su alcance encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cierto es que un requisito sine quan non para que proceda la denuncia de repetición del acto reclamado es precisamente que exista una resolución de que la ejecutoria de amparo fue cumplida, pues mientras tal declaratoria no exista podrá tratarse de actos de inejecución de sentencia, exceso o defecto en su cumplimiento pero no, válidamente, de una repetición del acto. Por tanto, si en el caso, a la fecha de la manifestación formulada por la parte quejosa, no se había declarado cumplida la sentencia de amparo, resultaba improcedente la tramitación de dicha denuncia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2Axv/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1519, libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, décima época cuyo rubro y texto son: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA PROCEDENCIA DE SU DENUNCIA ESTÁ CONDICIONADA A LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO Y EL ACTO DENUNCIADO COMO REITERATIVO SEA DISTINTO DE AQUEL QUE SE TOMÓ EN CUENTA PARA EMITIR LA DECLARATORIA RESPECTIVA. Del análisis de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 a 200 de la Ley de Amparo, se colige que el incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado constituyen dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí, ya que mientras el primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar debidamente todos los deberes impuestos en el fallo protector, el segundo presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo que se ha declarado cumplida, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. En tal sentido, el acto emitido por la autoridad responsable en pretendido cumplimiento a la sentencia de amparo no puede configurar la repetición del acto reclamado aunque, formalmente, sea idéntico a éste, pues la circunstancia de que adolezca de los mismos vicios, revela una actitud contumaz para acatar el fallo protector y, por ende, lo procedente será declarar su incumplimiento, excepto cuando se advierta una causa que justifique tal proceder. Lo anterior se corrobora al tener en cuenta que la configuración de la repetición del acto reclamado requiere, como condición esencial, un actuar deliberado de la autoridad responsable, lo que se explica, precisamente, porque su objeto es garantizar que la sentencia de amparo no se torne ineficaz, evitando que después de que se ha declarado cumplida, se emita un nuevo acto que reitere las mismas violaciones que dieron lugar a conceder la protección constitucional. Por tanto, la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado está condicionada a la existencia de una resolución que declare cumplida la ejecutoria de amparo y que el acto denunciado como reiterativo sea distinto de aquel que se tomó en cuenta para emitir la declaratoria respectiva. Asimismo ilustra a lo anterior, la tesis I.18o.A.2 K (10ª), emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1287, libro 8, julio de dos mil catorce, tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, décima época, misma que establece lo siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA RELATIVA ES PRESUPUESTO PROCESAL QUE EXISTA UNA RESOLUCIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE CUMPLIDA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 105 y 113 de la Ley de Amparo abrogada, obligan a los órganos jurisdiccionales de amparo a tomar todas las medidas legales a su alcance encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que puedan archivar algún asunto cuando esté pendiente la ejecución de la sentencia que otorgó la protección constitucional. Por tanto, para que proceda la denuncia de repetición del acto reclamado, es presupuesto procesal que exista una resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo fue cumplida, pues mientras tal declaratoria no exista, podrá tratarse de inejecución de sentencia, exceso o defecto en su cumplimiento pero no, válidamente, de una repetición del acto." De igual forma, sirve de sustento a lo anterior la tesis I.7o.A.122 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1381, noviembre de dos mil ocho, tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, novena época, misma que reza: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DIFERENCIA DE DICHO INCIDENTE CON EL DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA RADICA EN QUE AQUÉL SÓLO PROCEDE SI EXISTE RESOLUCIÓN FIRME DEL JUZGADOR DE AMPARO QUE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DE GARANTÍAS. De conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que conoció del juicio, la cual dará vista a las responsables y a los terceros, si los hubiere, para que en el término de cinco días expongan lo que a su derecho convenga, y en otro de quince días dictará la resolución definitiva; si ésta fuere en el sentido de que existe repetición, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, de otro modo, sólo lo hará a petición de parte, en la inteligencia de que, si no se presenta dicha solicitud, se tendrá por consentida la referida resolución. Así, la sustanciación de un procedimiento que antecede al dictado de la resolución final, da a esta figura el carácter de incidente, y su diferencia específica con el de inejecución de sentencia previsto en el artículo 105 de la citada ley estriba fundamentalmente en que el de repetición del acto tiene como condición esencial y, por ello imprescindible, que sólo puede ser instaurado si la conducta de la autoridad que se estima repetitiva del acto declarado inconstitucional, acaece después de que el órgano jurisdiccional que conoció del amparo declaró cumplida la ejecutoria que concedió la protección de la Justicia Federal, mientras que el incidente de inejecución parte del supuesto de que ésta no ha sido cumplida, pese a los requerimientos que el órgano jurisdiccional ha formulado en ese sentido a las autoridades responsables. En consecuencia, el incidente de repetición del acto reclamado busca evitar que un fallo declarado cumplido se torne ineficaz, impidiendo que la autoridad responsable vulnere el estado de cosa juzgada que alcanzó la sentencia de amparo, frustrando sus efectos a futuro; por ello, el acto repetitivo no podrá considerarse, técnicamente hablando, violatorio de garantías, sino contrario a derecho, al desconocer el alcance y efectos de la determinación que restauró el orden constitucional violado; en otras palabras, ningún acto que pretenda dar cumplimiento al fallo constitucional puede generar la repetición del acto reclamado aunque, paradójicamente, sea idéntico a éste, hasta en tanto no exista resolución firme del juzgador de amparo que declare cumplida la sentencia protectora de garantías, ya que simplemente es inhábil para demostrar su acatamiento, y el órgano jurisdiccional deberá insistir en que se atienda lo resuelto en el juicio." De igual manera, en relación a la manifestación formulada en el sentido de que se dé trámite al incidente de inejecución de sentencia, dígasele al solicitante de amparo, que los artículos 107 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Nueva Ley de Amparo, establecen el procedimiento a seguir por un Juzgado de Distrito a efecto de lograr el cumplimiento de una sentencia de amparo, procedimiento al cual éste órgano jurisdiccional debe ceñirse; en primer lugar, resulta conveniente precisar que conforme a lo establecido en el Acuerdo General y 5/2013 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trece de mayo del año en curso y el Instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nueve de septiembre de dos mil trece, los incidentes de inejecución derivados del incumplimiento de una sentencia de amparo cuyo conocimiento originario era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito En segundo lugar, es importante distinguir entre lo que debe entenderse por procedimiento para la ejecución de una sentencia y el momento en que, agotada esa etapa, los autos son remitidos al Tribunal Colegiado de Circuito dando lugar a la apertura del incidente de inejecución para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, lo que da lugar a dos diversas etapas del procedimiento para lograr el cumplimiento de una sentencia de amparo y del último. La primera etapa está formada por todos los requerimientos realizados a las autoridades responsables y por todas las gestiones emprendidas por el juzgador de amparo, a fin de lograr el acatamiento del fallo protector. La segunda etapa está a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito. De lo anterior se desprende que el incidente de inejecución de sentencia se inicia cuando el órgano jurisdiccional competente remite los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, apoyado en la evidencia de que las autoridades responsables han tenido una actitud de rebeldía, al no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, absteniéndose de obrar en el sentido ordenado en la sentencia, o bien limitándose a desarrollar actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes, para crear una apariencia de cumplimiento. Tomando en cuenta la referida distinción, destaca que el procedimiento para el cumplimiento de las sentencias de amparo, en términos generales, es el siguiente: Una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, el juzgador de amparo correspondiente debe requerir a las autoridades responsables o a las diversas que gocen de atribuciones para acatar el fallo protector, para que realicen los actos tendientes al cumplimiento de éste, lo que deberán informar dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia ejecutoria (artículo 192 de la Ley de Amparo). De continuar la omisión, cuando el juzgador de amparo haya desarrollado el procedimiento de ejecución de una sentencia en debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en las tesis jurisprudenciales del Alto Tribunal, habiendo requerido a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo, deberá remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 929, Tomo XXXI, Junio 2010 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: INEJECUCION DE SENTENCIA DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE DEVOLVER EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE GARANTÍAS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE SE PRONUNCIE EN RELACIÓN CON EL INCUMPLIMIENTO O NO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, O CON LA IMPOSIBILIDAD QUE TUVIERE PARA HACERLO, ANTES DE INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RESPECTIVO. De conformidad con el punto número 1 de la fracción II del apartado tercero del "Acuerdo General Número 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia y de repetición del acto reclamado, así como al procedimiento que se seguirá en este Alto Tribunal para conocer de esos asuntos", el Tribunal Colegiado al que corresponda conocer de un incidente de inejecución puede resolver ordenando la devolución del expediente del juicio de garantías al Juez de Distrito cuando se advierta que no siguió el procedimiento de ejecución de la sentencia concesoria acorde con la Ley de Amparo o la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que se sigue que para que el Juez de Distrito inicie, ya sea de oficio o a petición de parte, el incidente de inejecución de sentencia previsto en los artículos 104 y 105 de la citada ley, que puede culminar con el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que se pronuncie primeramente en relación con el posible incumplimiento o no de la sentencia protectora por parte de la autoridad responsable y la existencia de contumacia, de acuerdo con el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la referida ley o en las tesis de jurisprudencia que sobre el tema se hubiesen emitido, atendiendo para ello a los elementos objetivos que se deduzcan del expediente de amparo, como también de las manifestaciones que, en su caso, sobre el particular viertan las partes. De ahí que si la autoridad responsable omite informar sobre el cumplimiento dado al fallo protector, o hace saber la imposibilidad legal o material que tenga, el Juez de Distrito debe analizar primero las constancias de autos para establecer con certeza y de forma fundada la existencia de la posible contumacia de la autoridad, o la imposibilidad que tuviere para así hacerlo, como también deberá pronunciarse en relación con las manifestaciones que en su caso expongan las partes sobre el particular, antes de iniciar el procedimiento relativo al incidente de inejecución de sentencia, pues de lo contrario, conforme al acuerdo general mencionado, deberá devolverse el expediente al Juez de Distrito para que haga el pronunciamiento respectivo y dicte las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo. De igual forma, por las razones que la sustentan, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 442, Tomo XXX, Septiembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto es el siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL ACUERDO GENERAL PLENARIO 3/2009 NO DEJÓ SIN EFECTOS EL PROCEDIMIENTO QUE RESPECTO DE DICHO TRÁMITE SE SIGUE ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO O TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y el Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia requiere, como presupuesto, que el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito, después de haber agotado todos los medios legales que la ley les concede para hacer cumplir sus determinaciones, concluyan que la autoridad responsable ha incurrido en una actitud de rebeldía en el cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que da lugar a solicitar la intervención de este alto tribunal para que aplique la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional. Por otra parte, de este artículo y del diverso 105 de la Ley de Amparo se advierte que la intervención de la Suprema Corte de Justicia sólo procede una vez que se ha determinado que la autoridad responsable soslayó su obligación de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida por el juzgador que tuvo a su cargo el procedimiento de ejecución de la sentencia. Ahora bien, atento a la necesidad de agilizar el trámite y la resolución de los incidentes de inejecución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia expidió el Acuerdo General 6/1998 del 9 de noviembre de 1998, con el objeto de permitir a las autoridades responsables plantear y demostrar dentro del propio incidente la imposibilidad jurídica o material para cumplir los fallos protectores, y en el punto octavo determinó que cuando el secretario general de acuerdos recibiera un proyecto de resolución proponiendo aplicar la sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, notificaría por medio de oficio a las autoridades responsables contra las que se hubiese concedido el amparo, la fecha señalada para la vista del asunto. Más adelante, el referido punto octavo se modificó mediante el Acuerdo General Número 2/2002 del 24 de enero de 2002, para establecer que en caso de que se recibiera un proyecto de resolución proponiendo la referida sanción, el aludido secretario haría llegar a todos los Ministros copia de dicho proyecto, de manera que el Tribunal en Pleno pudiera resolver el asunto dentro de los diez días hábiles siguientes, y notificaría personalmente a las autoridades responsables respecto de las cuales se concedió el amparo y a quienes según el proyecto debían tener alguna participación, a fin de que si estuviera cumplida la sentencia procedieran a acreditarlo directamente ante la Suprema Corte. Posteriormente, en el Acuerdo General 3/2009 del 2 de abril de 2009, sobre la base de que la aplicación del procedimiento previsto en el punto octavo mencionado provocó la dilación en el cumplimiento de las sentencias concesorias de la protección constitucional, el Pleno determinó derogarlo y fijar el régimen que transitoriamente regirá a los incidentes de inejecución que a esa fecha se encontraran radicados o en el futuro se radicaran en este alto tribunal. Así, el indicado Acuerdo General 3/2009 no dejó sin efectos el procedimiento que debe seguirse para tramitar el incidente de inejecución de sentencia ante los juzgados de distrito o tribunales colegiados de circuito, en tanto que no determinó que el máximo tribunal en lo sucesivo conocería, tramitaría y resolvería lo concerniente al cumplimiento de las sentencias concesorias del amparo, pues su finalidad no fue eliminar los procedimientos de ejecución e inejecución de sentencia que se siguen previamente ante dichos órganos jurisdiccionales, durante los cuales las autoridades vinculadas al cumplimiento de tales sentencias pueden acreditar la imposibilidad jurídica o material para ello, sino sólo la de prescindir del trámite que implicaba entregar copia del proyecto a los Ministros para que el Tribunal en Pleno pudiera resolverlo dentro de los diez días hábiles siguientes y notificara personalmente a las autoridades vinculadas con el cumplimiento del fallo para que lo acreditaran directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Por lo que, en el caso, no es factible dar trámite al incidente de inejecución de sentencia, en virtud de que tal y como se advierte de las constancias que obran en el sumario, la sentencia dictada dentro del presente juicio fue cumplida en su totalidad por parte de las autoridades responsables en la primera etapa del cumplimiento, ya que con los requerimientos formulados por este Órgano Jurisdiccional se aplicó a la parte quejosa el beneficio previsto en la primera parte del artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos controvertida, recaudándose el Impuesto Predial respetando el límite del importe en un 4.5% superior al del ejercicio fiscal inmediato anterior y se devolvió a la parte quejosa la cantidad pagada indebidamente por dicho concepto incluyendo su actualización. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el cheque 001455 por la cantidad de $81.26 (ochenta y un pesos 26/100 moneda nacional), toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad de la promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte quejosa el monto descrito en la sentencia, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora de manera que es carga de la peticionaria acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este Juzgado Federal pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído; y dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, así como el testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado correspondiente, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....i

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