Guadalupe Acosta Martínez
Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Guadalupe Acosta Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
:: Téngase a la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitiendo los autos originales de este juicio de amparo, así como el testimonio de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de inejecución de sentencia *** del índice del tribunal de su adscripción, formado con motivo de la remisión de los autos del presente asunto para la calificación de la declaratoria de imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en la que el mencionado órgano colegiado resolvió: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución."... glósense las constancias originales que integran el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado incidente, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido... se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... hágase la anotación en la caratula del expediente en el sentido de que carece de relevancia documental... se destaca que el presente expediente es susceptible de depuración.
- Principal
:: Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia ***.
- Principal
:: Visto el estado que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la vista concedida en proveído dieciocho de agosto de dos mil veintidós, sin que formulara manifestación al respecto; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Fallo protector. Mediante sentencia dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, en el segundo punto resolutivo, se precisó que el amparo concedido a Guadalupe Acosta Martínez, era para efecto que la autoridad responsable Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México, realizara lo siguiente: Diera contestación a la petición formulada por la quejosa el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, con número de ingreso 23KU-0163/11/2020, en la que solicitó la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre, respecto de una superficie de 309.1878 metros cuadrados, localizada frente al lote 01-1, manzana 004, entre calles 6 y norte, en Playa del Carmen, Quintana Roo. 2. Causa ejecutoria y requiere cumplimiento. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se determinó que causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, sin que fuera necesario requerir su cumplimiento a la autoridad responsable, toda vez que, en esa misma fecha, se tuvo por recibida la promoción 14030, con la cual se dio vista de cumplimiento a la parte quejosa. Con la referida promoción, la autoridad responsable Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México remitió fotocopia certificada del acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 176/QROO/2021 de su índice, con el cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que ejerciera ese derecho. Ahora, de las referidas constancias remitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, mediante acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, esto es, con anterioridad al dictado de la sentencia emitida en este juicio de amparo (nueve de junio de dos mil veintidós), dio contestación a la petición formulada por la quejosa Guadalupe Acosta Martínez, mediante escrito de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el cual solicitó la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre, de una superficie de 309.1878 metros cuadrados, localizada frente al lote 01-1, manzana 004, entre calles 6 y norte, en Playa del Carmen, Quintana Roo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad material para decretar el cumplimiento al fallo protector, debido a que el veinte de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México, dio contestación a la petición formulada por la quejosa Guadalupe Acosta Martínez, mediante escrito de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; esto es, con anterioridad a la emisión de la sentencia de nueve de junio de dos mil veintidós. De ahí que materialmente no es posible tener por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 201, fracción II, y 202 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga en relación con la declaración de imposibilidad material para decretar el cumplimiento de la sentencia de amparo de referencia. Luego, una vez que transcurra el plazo mencionado, en caso de no recurrirse este acuerdo, con apoyo en los artículos 193 y 196, último párrafo de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegido del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, para que determine lo conducente, solicitando se sirva ordenar el acuse de recibo correspondiente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017828 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2018 (10a.) Página: 274 RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable vía oficio, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
:: Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no obra la constancia de notificación de la parte quejosa, del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por el cual, se le otorgó el término de tres días para que manifestara lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizada por la autoridad responsable. En tal virtud, con fundamente en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se ordena nuevamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción, realizar la notificación personal a la parte quejosa, del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, adjuntando la promoción y anexos del cumplimiento, así como el acuerdo de esta fecha.
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