Gsutavo Alberto Barredo Baqueiro
Expediente 1454/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gsutavo Alberto Barredo Baqueiro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA VI. Tomando en consideración que dé la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, en relación con el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo el diecinueve de febrero de la presente anualidad; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la actual Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Gustavo Alberto Barredo Baqueiro, contra el acto reclamado al Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, consistente en la falta de contestación a su escrito de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, para efecto de que modifique la construcción del predio número doscientos cuarenta y cinco de la calle veinticuatro por setenta y uno y setenta y tres de la colonia Montes de Ame de esta ciudad de Mérida, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución.
- Principal
MESA VI.. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Gustavo Barredo Baqueiro, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. Ahora bien, de la revisión integral del escrito presentado ante este órgano de control jurisdiccional se advierte que la ampliación intentada resulta improcedente por lo cual deberá ser desechada de conformidad con los artículos 111, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, a juicio del suscrito se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir a esta instancia constitucional. El citado precepto legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Ello, pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Del criterio anterior se advierte que aun ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y, X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Ahora, el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, debe tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar diversos preceptos aplicables al caso: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN. Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: (.) II. Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, conforme a lo dispuesto por el artículo 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que contra los actos administrativos que dicten las autoridades de los ayuntamientos, entre los que se encuentra la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y sus integrantes, procede el juicio contencioso administrativo, competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Se afirma lo anterior, en atención a que el acto reclamado en este asunto, se trata del acuerdo de calificación y admisión a investigación de denuncia ciudadana, en el cual, entre otros puntos, no se tuvo como parte al peticionario de amparo en el procedimiento de inspección y vigilancia DDU/SJ/DC/1037/17, iniciado con motivo de su escrito de trece de octubre de dos mil diecisiete; lo anterior, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, lo que a juicio de la parte quejosa resulta inconstitucional; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es claro que el hoy accionante de amparo debió tramitar el juicio contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo, por lo que si tal juicio no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por lo que es claro que contra dicho acto no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado se ubica en una de las hipótesis de competencia contempladas en el referido precepto 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, a través del cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado que se señalan en el escrito de ampliación de demanda; tampoco existe afectación a derechos sustantivos del agraviado, pues éstos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce contra el acto reclamado, en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo, por ello con independencia de lo fundado e infundado que eventualmente resultaran sus conceptos de violación, tal cuestión indudablemente atañe al fondo del asunto, sería en contravención a la legitimación del acto administrativo mismo que debe presumirse cierto hasta en tanto no sea declarado nulo, lo cual impide una valoración a priori. Además, conforme al capítulo V de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, norma aplicable al caso concreto, se prevé la suspensión del acto reclamado cuando ésta se solicite; en estas condiciones, es claro que el demandante de amparo podía solicitar la suspensión de dicho acto reclamado al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, prevista en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ello, pues de la lectura de las propias manifestaciones de la parte quejosa, no se advierte que se haya alegado como concepto de violación, máxime que de la revisión integral del acto reclamado que obra agregado a los autos, se advierte que este fue dictado expresando los fundamentos legales y motivos que la autoridad responsable estimó aplicables. Con lo anterior que se advierte que la autoridad citó, a su juicio, los preceptos aplicables al caso concreto y las razones por las cuales determinó admitir la denuncia ciudadana de la parte quejosa pero sin que ésta pueda fungir como parte en el procedimiento relativo, aunado a que el juicio que procede contra el actos ahora reclamado se encuentra previsto en la mencionada Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por lo anteriormente considerado, se reitera, la parte quejosa debió agotar primeramente el citado medio ordinario de impugnación antes de acudir a la vía constitucional. Resulta aplicable al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, publicada en la página 152 del tomo VII, Abril de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." - - - Sin que sea el caso hacerle del conocimiento a la parte quejosa, la autoridad ordinaria ante la cual deba acudir, habida cuenta que la tutela judicial efectiva no implica que este órgano jurisdiccional deba señalarle tal circunstancia y menos ordenar la remisión de los autos, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuarían los presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico y desconocer instituciones jurídicas instituidas para efectos de orden público. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión del suscrito Juez, no obstante que se admitiera la ampliación de la demanda y se substanciara el procedimiento respectivo, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA AMPLIACIÓN DEMANDA intentada por Gustavo Barredo Baqueiro, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo.
- Principal
MESA VI.. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Gustavo Barredo Baqueiro, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. Ahora bien, de la revisión integral del escrito presentado ante este órgano de control jurisdiccional se advierte que la ampliación intentada resulta improcedente por lo cual deberá ser desechada de conformidad con los artículos 111, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, a juicio del suscrito se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir a esta instancia constitucional. El citado precepto legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Ello, pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Del criterio anterior se advierte que aun ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y, X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Ahora, el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, debe tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar diversos preceptos aplicables al caso: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN. Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: (.) II. Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, conforme a lo dispuesto por el artículo 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que contra los actos administrativos que dicten las autoridades de los ayuntamientos, entre los que se encuentra la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y sus integrantes, procede el juicio contencioso administrativo, competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Se afirma lo anterior, en atención a que el acto reclamado en este asunto, se trata del acuerdo de calificación y admisión a investigación de denuncia ciudadana, en el cual, entre otros puntos, no se tuvo como parte al peticionario de amparo en el procedimiento de inspección y vigilancia DDU/SJ/DC/1037/17, iniciado con motivo de su escrito de trece de octubre de dos mil diecisiete; lo anterior, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, lo que a juicio de la parte quejosa resulta inconstitucional; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es claro que el hoy accionante de amparo debió tramitar el juicio contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo, por lo que si tal juicio no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por lo que es claro que contra dicho acto no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado se ubica en una de las hipótesis de competencia contempladas en el referido precepto 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, a través del cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado que se señalan en el escrito de ampliación de demanda; tampoco existe afectación a derechos sustantivos del agraviado, pues éstos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce contra el acto reclamado, en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo, por ello con independencia de lo fundado e infundado que eventualmente resultaran sus conceptos de violación, tal cuestión indudablemente atañe al fondo del asunto, sería en contravención a la legitimación del acto administrativo mismo que debe presumirse cierto hasta en tanto no sea declarado nulo, lo cual impide una valoración a priori. Además, conforme al capítulo V de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, norma aplicable al caso concreto, se prevé la suspensión del acto reclamado cuando ésta se solicite; en estas condiciones, es claro que el demandante de amparo podía solicitar la suspensión de dicho acto reclamado al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, prevista en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ello, pues de la lectura de las propias manifestaciones de la parte quejosa, no se advierte que se haya alegado como concepto de violación, máxime que de la revisión integral del acto reclamado que obra agregado a los autos, se advierte que este fue dictado expresando los fundamentos legales y motivos que la autoridad responsable estimó aplicables. Con lo anterior que se advierte que la autoridad citó, a su juicio, los preceptos aplicables al caso concreto y las razones por las cuales determinó admitir la denuncia ciudadana de la parte quejosa pero sin que ésta pueda fungir como parte en el procedimiento relativo, aunado a que el juicio que procede contra el actos ahora reclamado se encuentra previsto en la mencionada Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por lo anteriormente considerado, se reitera, la parte quejosa debió agotar primeramente el citado medio ordinario de impugnación antes de acudir a la vía constitucional. Resulta aplicable al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, publicada en la página 152 del tomo VII, Abril de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." - - - Sin que sea el caso hacerle del conocimiento a la parte quejosa, la autoridad ordinaria ante la cual deba acudir, habida cuenta que la tutela judicial efectiva no implica que este órgano jurisdiccional deba señalarle tal circunstancia y menos ordenar la remisión de los autos, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuarían los presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico y desconocer instituciones jurídicas instituidas para efectos de orden público. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión del suscrito Juez, no obstante que se admitiera la ampliación de la demanda y se substanciara el procedimiento respectivo, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA AMPLIACIÓN DEMANDA intentada por Gustavo Barredo Baqueiro, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo.
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