Grupo Omega S.A
Expediente 1474/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1474/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos
- Grupo Omega S.A
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Jorge Alfredo Crocker Aguilar, en su carácter de tercero interesado, el cual interpone incidente de reclamación de daños y perjuicios; al respecto, de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2° en relación con el artículo 156 de la Ley de Amparo, se desecha la incidencia planteada por el tercero interesado por ser notoriamente improcedente, toda vez no se exhibió garantía en el presente juicio, por tanto no se puede hacer efectiva la responsabilidad por daños y perjuicios que solicita, al no encuadrar dentro de los supuestos establecidos en dicho numeral. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional y definitiva. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Jorge Alfredo Crocker Aguilar, mediante el cual se apersona al presente juicio, señala domicilio procesal, designa autorizados y solicita copia certificada por duplicado de todo lo actuado. Al respecto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), se tiene a la promovente apersonándose al presente juicio de amparo. En términos del artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios a las personas que refiere, toda vez que cuentan con su cédula profesional debidamente registradas en el Sistema de Registro de Profesionales de Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por cuanto al número de teléfono y correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID- 19), se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Asimismo, se autoriza a la autoridad responsable el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a costa de la parte quejosa la copia certificada que solicita, dejando al efecto la razón correspondiente. Finalmente, se informa que la entrega de las copia certificada que solicita, deberá llevarse a cabo previa cita que el promovente haga a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio que dio origen a la pandemia que se vive, en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte. vista la razón asentada por el Actuario Federal adscrito, mediante el cual manifiesta la imposibilidad legal de notificar la resolución de veintisiete de noviembre de la presente anualidad, al tercero interesado Jorge Alberto Croker Aguilar, toda vez que no se apersonado al presente juicio de amparo, no obstante de encontrarse debidamente emplazado a juicio; en consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese la resolución de veintisiete de noviembre, el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los Estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, SE PROCEDE A NOTIFCAR AL TERCERO INTERESADO JORGE ALFREDO CROCKER AGUILAR POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Grupo Omega, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Ernesto Ruiz Espino solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estadio de Morelos y Actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".El ilegal emplazamiento del que fue objeto mi representada dentro del juicio ordinario civil 141/2015-1, relativo al juicio ordinario civil sobre prescripción positiva." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1474/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de trece de agosto de dos mil veinte, esta autoridad desechó la ampliación de demanda de la parte quejosa, en cuanto a que pretendía señalar como acto reclamado el emplazamiento vía edictos practicado por la responsable, por extemporánea. Y la audiencia constitucional, inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento realizado por edictos a la quejosa Grupo Omega Sociedad Anónima, en el juicio ordinario civil 141/2012. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las responsables Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estadio de Morelos y actuario de su adscripción (adhiere), pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la primera, consistente en copia certificada del juicio civil 141/2012, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el diverso 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Así, este juzgador no advierte causa de improcedencia en el juicio que se actualice, incluso, el que se reclame la ilegalidad del emplazamiento, ostentándose el quejoso tercero extraño a juicio por equiparación, siendo que ya se dictó la sentencia definitiva en el juicio, corrobora el que deba efectuarse el análisis de fondo. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Registro 2000348, página 5, que versa: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Ahora bien, resulta procedente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado de la siguiente manera: 1.- Jorge Alfredo Croker Aguilar, por su propio derecho en la vía ordinaria civil demando a la persona moral "Grupo Omega", Sociedad Anónima, Guillermo Alvarado Ondarza e Instituto del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos, quienes pueden ser notificados emplazados en: "Grupo Omega", Sociedad Anónima, por edictos judiciales, por desconocer su domicilio y paradero. Del cual, reclamó las siguientes prestaciones, La declaración judicial de que se ha convertido en propietario, por prescripción positiva, de los bienes inmuebles identificados como: Lote número 20, manzana XXI, del fraccionamiento Real de Oaxtepec, ubicado en el Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, con superficie de 600.00 M2. Lote número 21, manzana XXI, del fraccionamiento Real de Oaxtepec, ubicado en el Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, con superficie de 600.00 M2. 2.- Previo auto aclaratorio respecto al segundo apellido del demandado físico, el siete de mayo de dos mil doce, se admitió a tramite el juicio en la vía propuesta, requirió a los demandados para contestar la demanda en un plazo de diez días, así como respecto a la demandada persona moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, procedió a realizar la investigación del domicilio para lo que giró oficios a las dependencias NUM. AUTORIDAD 1 Instituto Mexicano del Seguro Social 2 Comisión Federal de Electricidad 3 Teléfonos de México 4 Secretaria de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 5 Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 6 Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca A fin de proporcionar algún domicilio donde pudiera ser localizada la moral demandada. 3.- Por escrito de seis de junio de dos mil doce, contestó la demanda el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos (foja 36 del anexo). 4.- En el juicio natural, obran diversos acuses de recibo de las comunicaciones oficiales enviadas a las autoridades requeridas a fin de proporcionar algún domicilio donde pueda ser emplazada la persona moral Grupo Omega Sociedad Anónima (foja 48 a 54 del anexo). 5.- En respuesta a los oficios enviados a las dependencias oficiales en su oportunidad informaron lo siguiente: NUM. AUTORIDAD BUSQUEDA DOMICILIO PROPORCIONADO 1 Comisión Federal de electricidad, por conducto del jefe departamento divisional departamento jurídico división distribución centro sur. no localizó domicilio. (foja 60 del anexo) 2 Director General de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. no localizó domicilio. (foja 63 del anexo) 3 Teléfonos de México no localizó domicilio. (foja 65 del anexo) 4 Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. Encontró bajo los folios reales el domicilio del administrador Ingeniero Miguel Ángel García Gallardo. Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México y Carretera México-Cuautla número 1545 en Cuautla, Morelos (foja 68 y 84 del anexo). 5 Instituto Mexicano del Seguro Social. no localizó domicilio. (foja 81 del anexo) 6 Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca no localizó domicilio. (foja 422 a 426 del anexo) 6.- De lo anterior se desprende que la investigación en los archivos a diversas dependencias arrojó como resultados de posibles domicilios, de la Moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima el siguiente: Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México y Carretera México-Cuautla número 1545 en Cuautla, Morelos (foja 68 y 84 del anexo). 7. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil doce, la responsable, ordenó girar exhorto al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que en el domicilio proporcionado proceda a emplazar a juicio a la moral demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima -exhorto 335 que fue devuelto sin diligenciar al no ser posible la localización del domicilio por faltar datos ya que involucra a varias colonias- (foja 96 y 164 a 167 del anexo). 8.- Por acuerdo de quince de febrero de dos mil trece, la autoridad responsable ordenó girar exhorto al Juez Civil competente de Primera Instancia de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a fin de emplazar a juicio a la moral demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, en el domicilio proporcionado -exhorto 85 que correspondió conocer al Juez Sexto de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien lo devolvió sin diligenciar por no ser el domicilio proporcionado de la persona buscada- (foja 147 y 152 a 160 del anexo). 9.- Mediante auto de treinta de mayo de dos mil trece, a instancia del actor, nuevamente se envió exhorto al Juez Civil de Naucalpan de Juárez Estado de México, para emplazar a la moral demandada en el domicilio ya proporcionado -exhorto 290 que conoció el Juez Cuarto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México quien lo devolvió sin diligenciar al no localizarse en el mismo a la persona moral buscada- (foja 198 a 215 del anexo). 10.- Por escrito de quince de agosto de dos mil trece, el actor por conducto de su apoderado legal solicitó emplazar a juicio a la moral demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, por conducto de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, en el domicilio Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México, la que se proveyó en auto de quince de agosto de dos mil trece, librando el exhorto 352 que conoció el Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, quien lo devolvió sin diligenciar en razón a que en ese domicilio no se localizó la moral demandada (foja 216 a 235 del anexo). 11.- Por escrito de seis de noviembre de dos mil trece, el apoderado legal del actor, pide sea emplazada la persona moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, por conducto de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, en el domicilio Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México, a ello, la responsable en auto de siete de noviembre de ese año, giró exhorto al Juez Civil de Naucalpan de Juárez Estado de México, -exhorto 494 que toco conocer al Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México quien lo devolvió sin diligenciar- (foja 241 a 256 del anexo). 12.- En auto de veinticinco de febrero de dos mil catorce, acordó nuevamente girar exhorto al juez civil competente en el Estado de México, para que realice la diligencia inclusive en horas y días inhábiles, comunicación oficial -115- que toco conocer al Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, diligenciado, al localizar el domicilio y por dicho de los vecinos, que por medio del interfon es atendido por una persona del sexo femenino quien no proporciona su nombre, pero indica que en el domicilio si vive Concepción Rábago Quiroz, que no se encuentra y no esta autorizada para recibir ningún documento, por ello, ante la negativa de atenderlo y recibir documentos, de conformidad con el artículo 1177 y 1179 del Código Procesal Civil fijó en la puerta de acceso citatorio para que la buscada lo espere a las siete horas con treinta minutos del día veintiséis de mayo de dos mil catorce, y emplazó a la demandada por conducto de su representante legal el veintiséis de mayo de ese año (foja 256 a 286 del anexo). 13.- Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil catorce, la responsable certificó que el plazo de diez días para contestar la demanda de la moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, a través de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, transcurrió del veintisiete de mayo al nueve de junio de dos mil catorce, por tanto, la tuvo por perdido su derecho que pudo ejercer, y las notificaciones subsecuentes aun las personales se le hagan por boletín judicial (foja 288 del anexo). 14.- En diligencia de diez de octubre de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia de conciliación y depuración (foja 304 del anexo). 15.- En diligencia de veinticinco de noviembre de dos mil catorce y cinco de febrero de dos mil quince, llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos (foja 324 y 356 del anexo). 16.- El nueve de abril de dos mil quince, la responsable dicto sentencia definitiva, donde resolvió declarase incompetente y absolver a la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, y codemandados (foja 363 a 371 del anexo). 17.- Por escrito de veintiuno de abril de dos mil quince, el actor interpuso recurso de apelación, que conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el toca civil 516/2015-11, superioridad que determinó reponer el procedimiento única y exclusivamente por cuanto a la codemandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, y repetir el emplazamiento (foja 373 a 399 del anexo). 18.- Por escrito de cuatro de noviembre de dos mil quince, el actor solicitó nuevamente realizar el emplazamiento de la persona moral demandada en el domicilio ubicado en Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México código postal 53160, que le recayó el proveído de cuatro de noviembre de dos mil quince, a fin de emplazar a la demandada por conducto de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, para lo cual giró el exhorto 406, que conoció el juez Cuarto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, quien lo devolvió sin diligenciar (fojas 407 a 419 del anexo). 19.- Por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el actor pidió como resultado de haber agotado los domicilios proporcionados por las autoridades a quienes les fue solicitada la información del domicilio de la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, el emplazamiento a través de edictos (foja 421 del anexo). 20.- Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, solicitó nuevamente a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Cuernavaca, informara sobre la localización de la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, misma que informó que no cuenta con registro del domicilio de la persona moral solicitada (foja 422 a 426 del anexo). 21.- En auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, la responsable ordenó emplazar a la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, por medio de edictos que se publicaran por tres veces de tres en tres días hábiles en el "Boletín Judicial" y en el periódico de mayor circulación de esta entidad, para que en un plazo de treinta días siguientes a la última publicación conteste la demanda (foja 431 del anexo). 22.- Dichas publicaciones de los edictos de emplazamiento se realizaron, en boletín judicial 6714, el dieciocho de mayo, boletín judicial 6717 de veintitrés de mayo y boletín judicial 6720 de veintiséis de mayo todos de dos mil dieciséis; y, en el periódico local "Regional del Sur", nueve, catorce y diecisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 432 a 446 del anexo). 23.- Por acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable certificó que el término de treinta días concedidos a la persona moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, para dar contestación a la demanda transcurrió del veinte de junio al diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia, la tuvo por perdido su derecho que pudo ejercer, e hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de siete de mayo de dos mil doce, para hacer las notificaciones aun las de carácter personal por boletín judicial (foja 449 del anexo). 24.- Seguido que fue el juicio por su cauce legal, el seis de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia condenatoria, la cual, al no ser impugnada mediante auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, declaró que ha causa ejecutoria (foja 502 a 550 del anexo). Las anteriores constancias son las relevantes que enmarcan el emplazamiento combatido y sus consecuencias. Es importante destacar que la parte quejosa sólo combate como acto destacado la ilegalidad del emplazamiento considerando que el emplazamiento de una persona moral sigue diversos requisitos a los que se observan al emplazar a una persona física, por lo que se viola en su perjuicio el artículo 14 Constitucional. El concepto de violación es infundado aun y cuando es suplido en su queja deficiente al reclamarse el emplazamiento de la quejosa. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 149/2000, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial dela Federación, Página 22, Registro 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." El segundo párrafo del artículo 14 de la constitución contiene el derecho de audiencia, referido a la oportunidad que debe tener cualquier gobernado de defender sus bienes o derechos antes de que sea privado definitivamente de ellos. El respeto a esta garantía presupone el requisito de que los hechos y datos o documentos en que la autoridad se basó para dar curso a un procedimiento, que puede culminar con la privación de derechos, se comuniquen al eventual afectado, a través de un adecuado y eficaz acto de notificación, para que se entere de la pretensión dirigida en su contra y los hechos, datos o fundamentos que sustenta el inicio de dicho procedimiento, y así esté en aptitud de defenderse. "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica". La garantía de audiencia otorga al gobernado la oportunidad de debida defensa, previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones que, en el procedimiento o juicio de que se trate, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior se encuentra previsto en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, Tomo II, diciembre de 1995, Materia Constitucional, Común, página 133, registro IUS 200234, con rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Sobre la base de las consideraciones jurídicas anteriores, se determina que no se respetan las demás formalidades señaladas, cuando no existe notificación del emplazamiento a juicio o si no se realiza cumpliendo con todas las formalidades exigidas por la ley, de manera que se tenga la certeza plena de que el gobernado ha sido enterado del procedimiento seguido en su contra. Asimismo, para proceder a ese estudio, resulta menester tener presente el concepto de persona extraña a juicio entendida como la que no ha figurado en el proceso como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de éste, inclusive en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este significado aquella persona que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, página 56, Registro IUS 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, con ese preámbulo, y dado que el emplazamiento a juicio está revestido de formalidades legales, es necesario que tal acto cumpla con las formalidades establecidas por la ley, dado que es un principio general del proceso, el de que los instrumentos públicos deben probar su regularidad por sí mismos, lo cual impone la necesidad de que la diligencia respectiva se ajuste a la forma dispuesta por el legislador, ya que es el único medio para asegurar su eficacia. En ese sentido, el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público, porque garantiza que las personas sean oídas y vencidas en juicio, dándoles la posibilidad de aportar los medios de defensa que crean convenientes; de ahí que en el asunto que se estudia, para analizar su legalidad, es preciso acudir a las disposiciones que rigen las controversias del orden civil en el caso particular, las reguladas por el Código Procesal Civil del Estado de Morelos. Ahora bien es importante tener en cuenta que el emplazamiento al quejoso que se controvierte se efectuó a través de edictos en un juicio ordinario civil sobre prescripción positiva de dos bienes inmuebles. Así, las disposiciones que regulan el emplazamiento por ese medio y específicamente por edictos, ordenado el cuatro de abril de dos mil dieciséis y realizado en mayo y junio de dos mil dieciséis (publicación de edictos en boletín judicial y en un diario de mayor circulación del Estado de Morelos); son las previstas en el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que dispone: "Artículo 134. Notificación por edictos. Procede la notificación por edictos en los siguientes casos: I. Cuando se trate de personas inciertas; II. En caso de persona cuyo domicilio se desconoce; III. En todos los demás casos previstos por la Ley. En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en un periódico de los de mayor circulación, advirtiendo al citado que deberá presentarse ante el Tribunal dentro de un plazo que no bajará de quince ni excederá de treinta días a partir de la fecha de la última publicación." En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días hábiles, es decir, mediado dos días hábiles entre una y otra publicación, en el boletín judicial y en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad, haciéndole saber al notificado que deberá presentarse a hacer valer sus derechos, dentro de un plazo que no bajará de quince ni excederá de treinta días, contados a partir de la última publicación. De lo establecido por el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, se advierte que el emplazamiento por edictos procede entre otros, cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora. De ignorarse el domicilio de la parte demandada, tal circunstancia debe corroborarse, es decir, el Juez debe agotar los medios que se encuentren a su alcance, tendentes a localizar el lugar en donde habite la persona contra quien se entabla una demanda, en el caso, quien legalmente le represente, previo a emplazarla por edictos. Así, se parte del supuesto de que el emplazamiento por edictos a la parte demandada, derivó ante la imposibilidad de poderle emplazar, además de desconocer el domicilio en donde se le puede encontrar, a pesar de la investigación que el juez responsable ordenó. Puede decirse que los edictos judiciales son medios de comunicación procesal (citatio edictatis), ordenados por el Juez o tribunal, que deben realizarse mediante publicaciones para hacer saber a las partes o a terceros, resoluciones que afectan a sus intereses en un proceso determinado. Esta clase de comunicación que puede comprender emplazamientos, notificaciones, citaciones, requerimientos, etcétera, se realiza en los casos taxativamente señalados por la ley y cuando no es posible llevarlos a cabo mediante notificaciones personales a los destinatarios y sus efectos se equiparan a los de estas últimas; por eso, es válido afirmar que procede la notificación por edictos cuando se desconoce el domicilio de la persona cierta a quien va destinada la notificación, por lo general es la contraparte quien hace esa manifestación. Por tanto, la difusión reiterada de la publicación de que se trata tiende a asegurar la mayor probabilidad de que el o los destinatarios lleguen a tomar efectivo conocimiento de su contenido. Los medios que el legislador ha considerado más eficaces para ese objeto son las publicaciones en periódicos, en boletín judicial y en los diarios de mayor circulación. De ahí que en las notificaciones por medio de edictos a personas cuyo domicilio se ignora, en la práctica ocurre que unas veces, efectivamente, se desconoce el paradero de la persona a notificar, y otras, el que solicita que se haga la notificación o el emplazamiento, conoce el domicilio de la persona por notificar, pero trata de ocultarlo al tribunal para procurar que no llegue a tomar conocimiento del juicio y quede en estado de indefensión. En estos casos, muchos juicios se han seguido en rebeldía, debido a que el interesado nunca tuvo noticia de su emplazamiento, al haber actuado su contraria en la citada forma, de ahí que ha normado el que sea insuficiente la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para que el emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las personas morales o dependencias de quienes se pudiera obtener información, haga imposible la localización del demandado. En el caso, conforme a las constancias relativas al juicio que han sido relatadas con anterioridad, se desprende que a la demandada "Grupo Omega", Sociedad Anónima, a través de su representante legal, (quejoso) se le emplazó por medio de edictos y que la autoridad responsable cumplió con las formalidades legales establecidas por el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que regía en la época en que éste fue ordenado y realizado (abril, mayo y junio de dos mil dieciséis), según se comprueba a continuación. Del precepto legal 134 trascrito, se advierte que el emplazamiento por edictos, se autorizara cuando se desconozca el domicilio de la demandada física o moral, para ello, el juez natural, como se advierte de los antecedentes, realizó la investigación respectiva, solicitando mediante oficio a diversa dependencias con resultados negativos con excepción del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, que proporcionó dos domicilios donde emplazar a la demandada, que una vez agotado el trámite en el desahogo de la localización de la demandada no fue posible su emplazamiento. Lo anterior es así, como ya se dijo, porque no basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado para que el emplazamiento se haga por edictos, pues es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las partes de quienes se pudiera obtener información, haga imposible la localización del buscado, por lo que la autoridad que conoce de la demanda debe ordenar se realicen las gestiones necesarias para la localización del demandado y sólo en caso de que éstas resulten infructuosas puede proceder a ordenar que el emplazamiento se lleve a cabo por medio de edictos. Bajo ese contexto como se ha señalado el actor Jorge Alfredo Croker Aguilar, demandó entre otros a "Grupo Omega", Sociedad Anónima, así también por desconocer el domicilio del demandado solicitó su emplazamiento mediante la publicación de edictos, así en el auto admisorio la responsable procedió a realizar la investigación del domicilio de la demandada con resultado de dos domicilios, que, una vez agotados los medios legales para ubicar al quejoso en ello, no fue posible su emplazamiento. Por tanto, al no ser favorable el agotamiento de los domicilios dado que de igual forma no fue posible la localización del quejoso en auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, la responsable ordenó su emplazamiento por medio de edictos. Lo que se estima ajustado a la normativa, en razón de que la autoridad responsable no sólo se limitó a realizar las investigaciones de domicilio del demandado ante las autoridades oficiales que se citan en los antecedentes, sin que fuera posible su localización en los domicilios que tal investigación arrojó, de modo que el emplazamiento por edictos era el único medio factible para garantizar su derecho de audiencia. Todo lo cual lleva a la conclusión de que la responsable agotó la investigación de domicilio ante las diversas autoridades que el numeral 134 del Código de Procesal Civil del Estado de Morelos, previo a la orden de emplazamiento a través de edictos, esto es, cumplió con el procedimiento previsto para los casos en los que fuese dable localizar a la parte demandada. Así es que, en el citado auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, se ordenó que los edictos debían publicarse en el boletín judicial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, por tres veces, de tres en tres días hábiles, es decir mediando dos días hábiles entre una y otra publicación con fundamento en el artículo 134 del citado código procesal. Por tanto, dichas publicaciones de edictos se llevaron a cabo en boletín judicial 6714, el dieciocho de mayo, boletín judicial 6717 de veintitrés de mayo y boletín judicial 6720 de veintiséis de mayo todos de dos mil dieciséis; y, en el periódico local "Regional del Sur", nueve, catorce y diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Así, la publicación de los edictos llevada a cabo en el juicio de origen se hizo dentro del plazo legal por tres en tres veces y de tres en tres días hábiles donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido cómo debe entenderse un lapso así previsto, al interpretar la frase "de tres en tres días" en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2008, Tomo XXVII, Abril de 2008, Página 220, Registro 169846, del siguiente tenor: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." En el presente caso así sucedió, pues entre la primera, segunda y tercera publicación de los edictos mediaron dos días hábiles. Lo anterior se constata de lo siguiente: Edictos publicados en el boletín judicial en el mes de mayo de dos mil dieciséis. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 18 mayo 2016 publicación edicto boletín judicial 19 mayo 2016 20 de mayo de 2016 21 de mayo 2016 22 de mayo de 2016 23 de mayo 2016, publicación edicto en boletín judicial 24 de mayo 2016 25 de mayo 2016. 26 de mayo 2016, publicación edicto boletín judicial Edictos publicados en el periódico Regional del Sur, en el mes de junio de dos mil dieciséis. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 6 de junio 2016 7 de junio 2016. 8 de junio de 2016 9 de junio 2016, publicación edicto en periódico El regional del Sur de Morelos. 10 de junio de 2016. 11 de junio 2016. 12 de junio 2016. 13 de junio 2016. 14 de junio 2016, publicación edicto en periódico El regional del Sur de Morelos. 15 de junio 2016. 16 de junio de 2016. 17 de junio de 2016, publicación edicto en periódico El regional del Sur de Morelos. Además, después de la última publicación del edicto (diecisiete de junio dos mil dieciséis) transcurrieron los treinta días hábiles previstos en el precepto 134 del código adjetivo Civil local para contestar la demanda, y que fueron indicados en acuerdo de publicación de edictos de cuatro de abril de dos mil dieciséis, a fin de que la moral demandada contestara la demanda sin que así lo hubiera hecho, razón por la cual en proveído de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, tuvo por acusada la rebeldía, al no haber dado contestación en el plazo otorgado de treinta días (el cual transcurrió del veinte de junio al diecinueve de agosto de dos mil dieciséis), lo cual se constata efectuado de forma legal, conforme a la certificación secretarial que realiza el secretario del juzgado responsable. Asimismo, los edictos publicados en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y periódico "el Regional del Sur", contienen los datos de identificación del juicio de origen, a quién se dirige, el nombre de las partes, el juzgado en el cual se encuentra radicada la controversia, una transcripción sucinta del acuerdo que ordenó el emplazamiento por edictos, la prevención al demandado para que en el término de treinta días de contestación a la demanda, en virtud que en cada uno de ellos se asentó textualmente lo siguiente: "EDICTO . PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO OMEGA S.A. EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE. Por este conducto hago de su conocimiento que en el Juzgado Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, se encuentra radicado el expediente número 141/2012, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL (PRESCRIPCIÓN POSITIVA), promovido por JORGE ALFREDO CROKER AGUILAR, en contra de la PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO OMEGA S.A. por conducto de su apoderado legal; GUILLERMO ALVARADO ONDARZA, Y AL DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE MORELOS, radicado en la primera secretaria, y en virtud de que se acreditó el desconocimiento del domicilio de la parte demandada persona moral denominada GRUPO OMEGA S.A. se ordenó su emplazamiento por medio de edictos, haciéndole de su conocimiento que cuenta con el plazo de TREINTA DÍAS, para dar contestación a la demanda entablada en su contra, la cual contará a partir del día siguiente de la última publicación, en términos de lo ordenado por auto de admisión de fecha siete de mayo del año dos mil doce y veintitrés de abril del dos mil doce, quedando a su disposición las copias simples de traslado en las instalaciones de la primera secretaria de acuerdos. Para su publicación por tres veces de tres en tres días en el periódico de mayor circulación de esta entidad, y en el Boletín Judicial que edita esta ciudad. Cuernavaca, Morelos a 13 de abril de 2016. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO LIC. JISELIA HERNANDEZ PIZARRO VO BO, JUEZ SEGUNDO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITRO JUDICIAL EN EL ESTADO LIC. BERTÍN CÁRDENAS LÓPEZ." Con lo anterior se pone de manifiesto que, hasta el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, esto es, posterior a que trascurriera el plazo de treinta días que se le otorgaron para dar contestación a la demanda por auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, al reo (quejoso), se declaró su rebeldía, teniéndose por perdidos sus derechos no ejercitados en tiempo y forma y por contestada la demanda en sentido negativo. De ahí que se aprecia el Juez responsable cumplió las exigencias legales requeridas para la actuación que se combate, por lo que debe concluirse que el llamado a juicio del quejoso se hizo cumpliendo las formalidades que la ley adjetiva civil local establece para ello, y por ende, que no hubo vulneración a su derecho fundamental de audiencia. Sin que los conceptos de violación lleven a considerar el incumplimiento a las normas aplicables para el emplazamiento combatido, lo anterior es así porque el argumento del quejoso en el sentido de que son distintas las formalidades para emplazar a juicio a una persona física y a una persona moral, cuestión que resulta inoperante en razón a que el artículo 134 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, señala que el emplazamiento por edictos se tramita en los mismos términos tanto para una persona moral como para una persona física de la que se desconoce su domicilio, de ahí que, el emplazamiento es legal, por cumplirse con las formalidades que prevé el citado numeral. No se soslaya para concluir la legalidad del emplazamiento las tesis invocadas por el quejoso intituladas: "EMPLAZAMIENTO FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO." EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES. ES ILEGAL CUANDO SE REALIZA EN UN DOMICILIO DISTINTO AL DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL O DE UNA SUCURSALY, ADEMÁS, NO SE ENTIENDE CON EL REPRESETNANTE LEGAL". "EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES, FORMALIDADES DEL". Y EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES EN MATERIA CIVIL. ES LEGAL QUE EL ACTUARIO ENTIENDA LA DILIGENCIA EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL ACTOR CON EL APODERADO LEGAL, SI ÉSTE SE OSTENTA CON ESE CARÁCTER Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EL CUAL LE FUE OTORGADO SIN LIMITACIÓN ALGUNA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)"., pues de una lectura de su contenido se aprecia que tratan supuestos distintos al acto aquí analizado, es decir, analizan la forma en cómo debe efectuarse el emplazamiento por conducto de un fedatario judicial, cuestión que no aconteció en la especie, pues, ante el desconocimiento del domicilio del demandado y agotada la fase previa de búsqueda e investigación de un domicilio donde pudiera ser localizado el quejoso y al no obtener resultado favorable, fue hasta ese momento que se determinó su llamamiento a través de edictos. Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa lo procedentes es negar la protección solicitada por el impetrante de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE A Grupo Omega Sociedad Anónima, contra las autoridades y acto que quedaron precisados en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Grupo Omega, Sociedad Anónima, por conducto de su apoderado legal Ernesto Ruiz Espino solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes. Autoridades responsables. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estadio de Morelos y Actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".El ilegal emplazamiento del que fue objeto mi representada dentro del juicio ordinario civil 141/2015-1, relativo al juicio ordinario civil sobre prescripción positiva." SEGUNDO. Previo auto aclaratorio, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1474/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de trece de agosto de dos mil veinte, esta autoridad desechó la ampliación de demanda de la parte quejosa, en cuanto a que pretendía señalar como acto reclamado el emplazamiento vía edictos practicado por la responsable, por extemporánea. Y la audiencia constitucional, inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento realizado por edictos a la quejosa Grupo Omega Sociedad Anónima, en el juicio ordinario civil 141/2012. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las responsables Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estadio de Morelos y actuario de su adscripción (adhiere), pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la primera, consistente en copia certificada del juicio civil 141/2012, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el diverso 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Así, este juzgador no advierte causa de improcedencia en el juicio que se actualice, incluso, el que se reclame la ilegalidad del emplazamiento, ostentándose el quejoso tercero extraño a juicio por equiparación, siendo que ya se dictó la sentencia definitiva en el juicio, corrobora el que deba efectuarse el análisis de fondo. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), del Semanario Judicial de la Federación, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Registro 2000348, página 5, que versa: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Ahora bien, resulta procedente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado de la siguiente manera: 1.- Jorge Alfredo Croker Aguilar, por su propio derecho en la vía ordinaria civil demando a la persona moral "Grupo Omega", Sociedad Anónima, Guillermo Alvarado Ondarza e Instituto del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos, quienes pueden ser notificados emplazados en: "Grupo Omega", Sociedad Anónima, por edictos judiciales, por desconocer su domicilio y paradero. Del cual, reclamó las siguientes prestaciones, La declaración judicial de que se ha convertido en propietario, por prescripción positiva, de los bienes inmuebles identificados como: Lote número 20, manzana XXI, del fraccionamiento Real de Oaxtepec, ubicado en el Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, con superficie de 600.00 M2. Lote número 21, manzana XXI, del fraccionamiento Real de Oaxtepec, ubicado en el Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, con superficie de 600.00 M2. 2.- Previo auto aclaratorio respecto al segundo apellido del demandado físico, el siete de mayo de dos mil doce, se admitió a tramite el juicio en la vía propuesta, requirió a los demandados para contestar la demanda en un plazo de diez días, así como respecto a la demandada persona moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, procedió a realizar la investigación del domicilio para lo que giró oficios a las dependencias NUM. AUTORIDAD 1 Instituto Mexicano del Seguro Social 2 Comisión Federal de Electricidad 3 Teléfonos de México 4 Secretaria de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 5 Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado 6 Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca A fin de proporcionar algún domicilio donde pudiera ser localizada la moral demandada. 3.- Por escrito de seis de junio de dos mil doce, contestó la demanda el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos (foja 36 del anexo). 4.- En el juicio natural, obran diversos acuses de recibo de las comunicaciones oficiales enviadas a las autoridades requeridas a fin de proporcionar algún domicilio donde pueda ser emplazada la persona moral Grupo Omega Sociedad Anónima (foja 48 a 54 del anexo). 5.- En respuesta a los oficios enviados a las dependencias oficiales en su oportunidad informaron lo siguiente: NUM. AUTORIDAD BUSQUEDA DOMICILIO PROPORCIONADO 1 Comisión Federal de electricidad, por conducto del jefe departamento divisional departamento jurídico división distribución centro sur. no localizó domicilio. (foja 60 del anexo) 2 Director General de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. no localizó domicilio. (foja 63 del anexo) 3 Teléfonos de México no localizó domicilio. (foja 65 del anexo) 4 Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. Encontró bajo los folios reales el domicilio del administrador Ingeniero Miguel Ángel García Gallardo. Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México y Carretera México-Cuautla número 1545 en Cuautla, Morelos (foja 68 y 84 del anexo). 5 Instituto Mexicano del Seguro Social. no localizó domicilio. (foja 81 del anexo) 6 Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca no localizó domicilio. (foja 422 a 426 del anexo) 6.- De lo anterior se desprende que la investigación en los archivos a diversas dependencias arrojó como resultados de posibles domicilios, de la Moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima el siguiente: Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México y Carretera México-Cuautla número 1545 en Cuautla, Morelos (foja 68 y 84 del anexo). 7. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil doce, la responsable, ordenó girar exhorto al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que en el domicilio proporcionado proceda a emplazar a juicio a la moral demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima -exhorto 335 que fue devuelto sin diligenciar al no ser posible la localización del domicilio por faltar datos ya que involucra a varias colonias- (foja 96 y 164 a 167 del anexo). 8.- Por acuerdo de quince de febrero de dos mil trece, la autoridad responsable ordenó girar exhorto al Juez Civil competente de Primera Instancia de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a fin de emplazar a juicio a la moral demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, en el domicilio proporcionado -exhorto 85 que correspondió conocer al Juez Sexto de lo Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien lo devolvió sin diligenciar por no ser el domicilio proporcionado de la persona buscada- (foja 147 y 152 a 160 del anexo). 9.- Mediante auto de treinta de mayo de dos mil trece, a instancia del actor, nuevamente se envió exhorto al Juez Civil de Naucalpan de Juárez Estado de México, para emplazar a la moral demandada en el domicilio ya proporcionado -exhorto 290 que conoció el Juez Cuarto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México quien lo devolvió sin diligenciar al no localizarse en el mismo a la persona moral buscada- (foja 198 a 215 del anexo). 10.- Por escrito de quince de agosto de dos mil trece, el actor por conducto de su apoderado legal solicitó emplazar a juicio a la moral demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, por conducto de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, en el domicilio Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México, la que se proveyó en auto de quince de agosto de dos mil trece, librando el exhorto 352 que conoció el Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, quien lo devolvió sin diligenciar en razón a que en ese domicilio no se localizó la moral demandada (foja 216 a 235 del anexo). 11.- Por escrito de seis de noviembre de dos mil trece, el apoderado legal del actor, pide sea emplazada la persona moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, por conducto de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, en el domicilio Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México, a ello, la responsable en auto de siete de noviembre de ese año, giró exhorto al Juez Civil de Naucalpan de Juárez Estado de México, -exhorto 494 que toco conocer al Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México quien lo devolvió sin diligenciar- (foja 241 a 256 del anexo). 12.- En auto de veinticinco de febrero de dos mil catorce, acordó nuevamente girar exhorto al juez civil competente en el Estado de México, para que realice la diligencia inclusive en horas y días inhábiles, comunicación oficial -115- que toco conocer al Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, diligenciado, al localizar el domicilio y por dicho de los vecinos, que por medio del interfon es atendido por una persona del sexo femenino quien no proporciona su nombre, pero indica que en el domicilio si vive Concepción Rábago Quiroz, que no se encuentra y no esta autorizada para recibir ningún documento, por ello, ante la negativa de atenderlo y recibir documentos, de conformidad con el artículo 1177 y 1179 del Código Procesal Civil fijó en la puerta de acceso citatorio para que la buscada lo espere a las siete horas con treinta minutos del día veintiséis de mayo de dos mil catorce, y emplazó a la demandada por conducto de su representante legal el veintiséis de mayo de ese año (foja 256 a 286 del anexo). 13.- Por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil catorce, la responsable certificó que el plazo de diez días para contestar la demanda de la moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, a través de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, transcurrió del veintisiete de mayo al nueve de junio de dos mil catorce, por tanto, la tuvo por perdido su derecho que pudo ejercer, y las notificaciones subsecuentes aun las personales se le hagan por boletín judicial (foja 288 del anexo). 14.- En diligencia de diez de octubre de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia de conciliación y depuración (foja 304 del anexo). 15.- En diligencia de veinticinco de noviembre de dos mil catorce y cinco de febrero de dos mil quince, llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos (foja 324 y 356 del anexo). 16.- El nueve de abril de dos mil quince, la responsable dicto sentencia definitiva, donde resolvió declarase incompetente y absolver a la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, y codemandados (foja 363 a 371 del anexo). 17.- Por escrito de veintiuno de abril de dos mil quince, el actor interpuso recurso de apelación, que conoció la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el toca civil 516/2015-11, superioridad que determinó reponer el procedimiento única y exclusivamente por cuanto a la codemandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, y repetir el emplazamiento (foja 373 a 399 del anexo). 18.- Por escrito de cuatro de noviembre de dos mil quince, el actor solicitó nuevamente realizar el emplazamiento de la persona moral demandada en el domicilio ubicado en Paseo de la Primavera 125, letra A, fraccionamiento La Florida Estado de México código postal 53160, que le recayó el proveído de cuatro de noviembre de dos mil quince, a fin de emplazar a la demandada por conducto de su representante legal Concepción Rábago Quiroz, para lo cual giró el exhorto 406, que conoció el juez Cuarto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México, quien lo devolvió sin diligenciar (fojas 407 a 419 del anexo). 19.- Por escrito de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el actor pidió como resultado de haber agotado los domicilios proporcionados por las autoridades a quienes les fue solicitada la información del domicilio de la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, el emplazamiento a través de edictos (foja 421 del anexo). 20.- Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, solicitó nuevamente a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Cuernavaca, informara sobre la localización de la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, misma que informó que no cuenta con registro del domicilio de la persona moral solicitada (foja 422 a 426 del anexo). 21.- En auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, la responsable ordenó emplazar a la demandada "Grupo Omega" Sociedad Anónima, por medio de edictos que se publicaran por tres veces de tres en tres días hábiles en el "Boletín Judicial" y en el periódico de mayor circulación de esta entidad, para que en un plazo de treinta días siguientes a la última publicación conteste la demanda (foja 431 del anexo). 22.- Dichas publicaciones de los edictos de emplazamiento se realizaron, en boletín judicial 6714, el dieciocho de mayo, boletín judicial 6717 de veintitrés de mayo y boletín judicial 6720 de veintiséis de mayo todos de dos mil dieciséis; y, en el periódico local "Regional del Sur", nueve, catorce y diecisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 432 a 446 del anexo). 23.- Por acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable certificó que el término de treinta días concedidos a la persona moral "Grupo Omega" Sociedad Anónima, para dar contestación a la demanda transcurrió del veinte de junio al diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia, la tuvo por perdido su derecho que pudo ejercer, e hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de siete de mayo de dos mil doce, para hacer las notificaciones aun las de carácter personal por boletín judicial (foja 449 del anexo). 24.- Seguido que fue el juicio por su cauce legal, el seis de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia condenatoria, la cual, al no ser impugnada mediante auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, declaró que ha causa ejecutoria (foja 502 a 550 del anexo). Las anteriores constancias son las relevantes que enmarcan el emplazamiento combatido y sus consecuencias. Es importante destacar que la parte quejosa sólo combate como acto destacado la ilegalidad del emplazamiento considerando que el emplazamiento de una persona moral sigue diversos requisitos a los que se observan al emplazar a una persona física, por lo que se viola en su perjuicio el artículo 14 Constitucional. El concepto de violación es infundado aun y cuando es suplido en su queja deficiente al reclamarse el emplazamiento de la quejosa. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 149/2000, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial dela Federación, Página 22, Registro 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." El segundo párrafo del artículo 14 de la constitución contiene el derecho de audiencia, referido a la oportunidad que debe tener cualquier gobernado de defender sus bienes o derechos antes de que sea privado definitivamente de ellos. El respeto a esta garantía presupone el requisito de que los hechos y datos o documentos en que la autoridad se basó para dar curso a un procedimiento, que puede culminar con la privación de derechos, se comuniquen al eventual afectado, a través de un adecuado y eficaz acto de notificación, para que se entere de la pretensión dirigida en su contra y los hechos, datos o fundamentos que sustenta el inicio de dicho procedimiento, y así esté en aptitud de defenderse. "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica". La garantía de audiencia otorga al gobernado la oportunidad de debida defensa, previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones que, en el procedimiento o juicio de que se trate, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior se encuentra previsto en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, Tomo II, diciembre de 1995, Materia Constitucional, Común, página 133, registro IUS 200234, con rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Sobre la base de las consideraciones jurídicas anteriores, se determina que no se respetan las demás formalidades señaladas, cuando no existe notificación del emplazamiento a juicio o si no se realiza cumpliendo con todas las formalidades exigidas por la ley, de manera que se tenga la certeza plena de que el gobernado ha sido enterado del procedimiento seguido en su contra. Asimismo, para proceder a ese estudio, resulta menester tener presente el concepto de persona extraña a juicio entendida como la que no ha figurado en el proceso como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de éste, inclusive en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este significado aquella persona que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, página 56, Registro IUS 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, con ese preámbulo, y dado que el emplazamiento a juicio está revestido de formalidades legales, es necesario que tal acto cumpla con las formalidades establecidas por la ley, dado que es un principio general del proceso, el de que los instrumentos públicos deben probar su regularidad por sí mismos, lo cual impone la necesidad de que la diligencia respectiva se ajuste a la forma dispuesta por el legislador, ya que es el único medio para asegurar su eficacia. En ese sentido, el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público, porque garantiza que las personas sean oídas y vencidas en juicio, dándoles la posibilidad de aportar los medios de defensa que crean convenientes; de ahí que en el asunto que se estudia, para analizar su legalidad, es preciso acudir a las disposiciones que rigen las controversias del orden civil en el caso particular, las reguladas por el Código Procesal Civil del Estado de Morelos. Ahora bien es importante tener en cuenta que el emplazamiento al quejoso que se controvierte se efectuó a través de edictos en un juicio ordinario civil sobre prescripción positiva de dos bienes inmuebles. Así, las disposiciones que regulan el emplazamiento por ese medio y específicamente por edictos, ordenado el cuatro de abril de dos mil dieciséis y realizado en mayo y junio de dos mil dieciséis (publicación de edictos en boletín judicial y en un diario de mayor circulación del Estado de Morelos); son las previstas en el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que dispone: "Artículo 134. Notificación por edictos. Procede la notificación por edictos en los siguientes casos: I. Cuando se trate de personas inciertas; II. En caso de persona cuyo domicilio se desconoce; III. En todos los demás casos previstos por la Ley. En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en un periódico de los de mayor circulación, advirtiendo al citado que deberá presentarse ante el Tribunal dentro de un plazo que no bajará de quince ni excederá de treinta días a partir de la fecha de la última publicación." En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días hábiles, es decir, mediado dos días hábiles entre una y otra publicación, en el boletín judicial y en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad, haciéndole saber al notificado que deberá presentarse a hacer valer sus derechos, dentro de un plazo que no bajará de quince ni excederá de treinta días, contados a partir de la última publicación. De lo establecido por el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, se advierte que el emplazamiento por edictos procede entre otros, cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora. De ignorarse el domicilio de la parte demandada, tal circunstancia debe corroborarse, es decir, el Juez debe agotar los medios que se encuentren a su alcance, tendentes a localizar el lugar en donde habite la persona contra quien se entabla una demanda, en el caso, quien legalmente le represente, previo a emplazarla por edictos. Así, se parte del supuesto de que el emplazamiento por edictos a la parte demandada, derivó ante la imposibilidad de poderle emplazar, además de desconocer el domicilio en donde se le puede encontrar, a pesar de la investigación que el juez responsable ordenó. Puede decirse que los edictos judiciales son medios de comunicación procesal (citatio edictatis), ordenados por el Juez o tribunal, que deben realizarse mediante publicaciones para hacer saber a las partes o a terceros, resoluciones que afectan a sus intereses en un proceso determinado. Esta clase de comunicación que puede comprender emplazamientos, notificaciones, citaciones, requerimientos, etcétera, se realiza en los casos taxativamente señalados por la ley y cuando no es posible llevarlos a cabo mediante notificaciones personales a los destinatarios y sus efectos se equiparan a los de estas últimas; por eso, es válido afirmar que procede la notificación por edictos cuando se desconoce el domicilio de la persona cierta a quien va destinada la notificación, por lo general es la contraparte quien hace esa manifestación. Por tanto, la difusión reiterada de la publicación de que se trata tiende a asegurar la mayor probabilidad de que el o los destinatarios lleguen a tomar efectivo conocimiento de su contenido. Los medios que el legislador ha considerado más eficaces para ese objeto son las publicaciones en periódicos, en boletín judicial y en los diarios de mayor circulación. De ahí que en las notificaciones por medio de edictos a personas cuyo domicilio se ignora, en la práctica ocurre que unas veces, efectivamente, se desconoce el paradero de la persona a notificar, y otras, el que solicita que se haga la notificación o el emplazamiento, conoce el domicilio de la persona por notificar, pero trata de ocultarlo al tribunal para procurar que no llegue a tomar conocimiento del juicio y quede en estado de indefensión. En estos casos, muchos juicios se han seguido en rebeldía, debido a que el interesado nunca tuvo noticia de su emplazamiento, al haber actuado su contraria en la citada forma, de ahí que ha normado el que sea insuficiente la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para que el emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las personas morales o dependencias de quienes se pudiera obtener información, haga imposible la localización del demandado. En el caso, conforme a las constancias relativas al juicio que han sido relatadas con anterioridad, se desprende que a la demandada "Grupo Omega", Sociedad Anónima, a través de su representante legal, (quejoso) se le emplazó por medio de edictos y que la autoridad responsable cumplió con las formalidades legales establecidas por el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, que regía en la época en que éste fue ordenado y realizado (abril, mayo y junio de dos mil dieciséis), según se comprueba a continuación. Del precepto legal 134 trascrito, se advierte que el emplazamiento por edictos, se autorizara cuando se desconozca el domicilio de la demandada física o moral, para ello, el juez natural, como se advierte de los antecedentes, realizó la investigación respectiva, solicitando mediante oficio a diversa dependencias con resultados negativos con excepción del Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, que proporcionó dos domicilios donde emplazar a la demandada, que una vez agotado el trámite en el desahogo de la localización de la demandada no fue posible su emplazamiento. Lo anterior es así, como ya se dijo, porque no basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado para que el emplazamiento se haga por edictos, pues es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las partes de quienes se pudiera obtener información, haga imposible la localización del buscado, por lo que la autoridad que conoce de la demanda debe ordenar se realicen las gestiones necesarias para la localización del demandado y sólo en caso de que éstas resulten infructuosas puede proceder a ordenar que el emplazamiento se lleve a cabo por medio de edictos. Bajo ese contexto como se ha señalado el actor Jorge Alfredo Croker Aguilar, demandó entre otros a "Grupo Omega", Sociedad Anónima, así también por desconocer el domicilio del demandado solicitó su emplazamiento mediante la publicación de edictos, así en el auto admisorio la responsable procedió a realizar la investigación del domicilio de la demandada con resultado de dos domicilios, que, una vez agotados los medios legales para ubicar al quejoso en ello, no fue posible su emplazamiento. Por tanto, al no ser favorable el agotamiento de los domicilios dado que de igual forma no fue posible la localización del quejoso en auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, la responsable ordenó su emplazamiento por medio de edictos. Lo que se estima ajustado a la normativa, en razón de que la autoridad responsable no sólo se limitó a realizar las investigaciones de domicilio del demandado ante las autoridades oficiales que se citan en los antecedentes, sin que fuera posible su localización en los domicilios que tal investigación arrojó, de modo que el emplazamiento por edictos era el único medio factible para garantizar su derecho de audiencia. Todo lo cual lleva a la conclusión de que la responsable agotó la investigación de domicilio ante las diversas autoridades que el numeral 134 del Código de Procesal Civil del Estado de Morelos, previo a la orden de emplazamiento a través de edictos, esto es, cumplió con el procedimiento previsto para los casos en los que fuese dable localizar a la parte demandada. Así es que, en el citado auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, se ordenó que los edictos debían publicarse en el boletín judicial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, por tres veces, de tres en tres días hábiles, es decir mediando dos días hábiles entre una y otra publicación con fundamento en el artículo 134 del citado código procesal. Por tanto, dichas publicaciones de edictos se llevaron a cabo en boletín judicial 6714, el dieciocho de mayo, boletín judicial 6717 de veintitrés de mayo y boletín judicial 6720 de veintiséis de mayo todos de dos mil dieciséis; y, en el periódico local "Regional del Sur", nueve, catorce y diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Así, la publicación de los edictos llevada a cabo en el juicio de origen se hizo dentro del plazo legal por tres en tres veces y de tres en tres días hábiles donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido cómo debe entenderse un lapso así previsto, al interpretar la frase "de tres en tres días" en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2008, Tomo XXVII, Abril de 2008, Página 220, Registro 169846, del siguiente tenor: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." En el presente caso así sucedió, pues entre la primera, segunda y tercera publicación de los edictos mediaron dos días hábiles. Lo anterior se constata de lo siguiente: Edictos publicados en el boletín judicial en el mes de mayo de dos mil dieciséis. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 18 mayo 2016 publicación edicto boletín judicial 19 mayo 2016 20 de mayo de 2016 21 de mayo 2016 22 de mayo de 2016 23 de mayo 2016, publicación edicto en boletín judicial 24 de mayo 2016 25 de mayo 2016. 26 de mayo 2016, publicación edicto boletín judicial Edictos publicados en el periódico Regional del Sur, en el mes de junio de dos mil dieciséis. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 6 de junio 2016 7 de junio 2016. 8 de junio de 2016 9 de junio 2016, publicación edicto en periódico El regional del Sur de Morelos. 10 de junio de 2016. 11 de junio 2016. 12 de junio 2016. 13 de junio 2016. 14 de junio 2016, publicación edicto en periódico El regional del Sur de Morelos. 15 de junio 2016. 16 de junio de 2016. 17 de junio de 2016, publicación edicto en periódico El regional del Sur de Morelos. Además, después de la última publicación del edicto (diecisiete de junio dos mil dieciséis) transcurrieron los treinta días hábiles previstos en el precepto 134 del código adjetivo Civil local para contestar la demanda, y que fueron indicados en acuerdo de publicación de edictos de cuatro de abril de dos mil dieciséis, a fin de que la moral demandada contestara la demanda sin que así lo hubiera hecho, razón por la cual en proveído de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, tuvo por acusada la rebeldía, al no haber dado contestación en el plazo otorgado de treinta días (el cual transcurrió del veinte de junio al diecinueve de agosto de dos mil dieciséis), lo cual se constata efectuado de forma legal, conforme a la certificación secretarial que realiza el secretario del juzgado responsable. Asimismo, los edictos publicados en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y periódico "el Regional del Sur", contienen los datos de identificación del juicio de origen, a quién se dirige, el nombre de las partes, el juzgado en el cual se encuentra radicada la controversia, una transcripción sucinta del acuerdo que ordenó el emplazamiento por edictos, la prevención al demandado para que en el término de treinta días de contestación a la demanda, en virtud que en cada uno de ellos se asentó textualmente lo siguiente: "EDICTO . PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO OMEGA S.A. EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE. Por este conducto hago de su conocimiento que en el Juzgado Segundo en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, se encuentra radicado el expediente número 141/2012, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL (PRESCRIPCIÓN POSITIVA), promovido por JORGE ALFREDO CROKER AGUILAR, en contra de la PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO OMEGA S.A. por conducto de su apoderado legal; GUILLERMO ALVARADO ONDARZA, Y AL DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE MORELOS, radicado en la primera secretaria, y en virtud de que se acreditó el desconocimiento del domicilio de la parte demandada persona moral denominada GRUPO OMEGA S.A. se ordenó su emplazamiento por medio de edictos, haciéndole de su conocimiento que cuenta con el plazo de TREINTA DÍAS, para dar contestación a la demanda entablada en su contra, la cual contará a partir del día siguiente de la última publicación, en términos de lo ordenado por auto de admisión de fecha siete de mayo del año dos mil doce y veintitrés de abril del dos mil doce, quedando a su disposición las copias simples de traslado en las instalaciones de la primera secretaria de acuerdos. Para su publicación por tres veces de tres en tres días en el periódico de mayor circulación de esta entidad, y en el Boletín Judicial que edita esta ciudad. Cuernavaca, Morelos a 13 de abril de 2016. PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO LIC. JISELIA HERNANDEZ PIZARRO VO BO, JUEZ SEGUNDO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITRO JUDICIAL EN EL ESTADO LIC. BERTÍN CÁRDENAS LÓPEZ." Con lo anterior se pone de manifiesto que, hasta el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, esto es, posterior a que trascurriera el plazo de treinta días que se le otorgaron para dar contestación a la demanda por auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, al reo (quejoso), se declaró su rebeldía, teniéndose por perdidos sus derechos no ejercitados en tiempo y forma y por contestada la demanda en sentido negativo. De ahí que se aprecia el Juez responsable cumplió las exigencias legales requeridas para la actuación que se combate, por lo que debe concluirse que el llamado a juicio del quejoso se hizo cumpliendo las formalidades que la ley adjetiva civil local establece para ello, y por ende, que no hubo vulneración a su derecho fundamental de audiencia. Sin que los conceptos de violación lleven a considerar el incumplimiento a las normas aplicables para el emplazamiento combatido, lo anterior es así porque el argumento del quejoso en el sentido de que son distintas las formalidades para emplazar a juicio a una persona física y a una persona moral, cuestión que resulta inoperante en razón a que el artículo 134 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, señala que el emplazamiento por edictos se tramita en los mismos términos tanto para una persona moral como para una persona física de la que se desconoce su domicilio, de ahí que, el emplazamiento es legal, por cumplirse con las formalidades que prevé el citado numeral. No se soslaya para concluir la legalidad del emplazamiento las tesis invocadas por el quejoso intituladas: "EMPLAZAMIENTO FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO." EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES. ES ILEGAL CUANDO SE REALIZA EN UN DOMICILIO DISTINTO AL DE LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL O DE UNA SUCURSALY, ADEMÁS, NO SE ENTIENDE CON EL REPRESETNANTE LEGAL". "EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES, FORMALIDADES DEL". Y EMPLAZAMIENTO A PERSONAS MORALES EN MATERIA CIVIL. ES LEGAL QUE EL ACTUARIO ENTIENDA LA DILIGENCIA EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL ACTOR CON EL APODERADO LEGAL, SI ÉSTE SE OSTENTA CON ESE CARÁCTER Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EL CUAL LE FUE OTORGADO SIN LIMITACIÓN ALGUNA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)"., pues de una lectura de su contenido se aprecia que tratan supuestos distintos al acto aquí analizado, es decir, analizan la forma en cómo debe efectuarse el emplazamiento por conducto de un fedatario judicial, cuestión que no aconteció en la especie, pues, ante el desconocimiento del domicilio del demandado y agotada la fase previa de búsqueda e investigación de un domicilio donde pudiera ser localizado el quejoso y al no obtener resultado favorable, fue hasta ese momento que se determinó su llamamiento a través de edictos. Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa lo procedentes es negar la protección solicitada por el impetrante de amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE A Grupo Omega Sociedad Anónima, contra las autoridades y acto que quedaron precisados en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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