Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni constancias que devolver; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en artículo 15 del citado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, diez de mayo de dos mil veintiuno******************** Vista la demanda de amparo promovida?por ********************, apoderado de ********************; carácter que según constancia secretarial acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán******************** regístrese en el Libro de Gobierno con el número?II-389/2021-1 Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la promovente señala como acto reclamado, la resolución de quince de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca número ..., formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte aquí quejosa, en contra de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil ..., que sobre cancelación de registro de robo de vehículo y otras prestaciones promovió ******************** frente a ******************** y ...en la cual la Sala responsable confirmó la resolución del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en la que determinó que no entrar el estudio de fondo de la acción ejercitada por el citado ********************, ni de la reconvención instaurada por la aquí quejosa, y decidió reponer el procedimiento, para llamar a juicio a ********************, al actualizarse la figura jurídica de litisconsorcio pasivo necesario a favor de esta última**. Al respecto, este juzgador?estima que procede?desechar?la?demanda?por ser notoriamente improcedente,?por las razones que enseguida se exponen********************?? El artículo?113?de la Ley de Amparo, dispone:??? "Artículo 113 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano?? Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que?aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible?formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro:?"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA En el caso concreto, este Juzgador?Federal?considera?que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo?61, fracción XXIII,?en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de?la Ley de Amparo, que prevén:?? ?? "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente:?? (.)?? ?XXIII********************?En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ?? "Artículo 107 El amparo indirecto procede:?? (.)?? V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que?afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ?? De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto?sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos?que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Luego, conforme a los artículos transcritos,?un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos?intraprocesales?que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo ?? Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas no tienen el carácter de irreparables, mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la?posibilidad legal que la?parte?agraviada obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable ??Ahora bien, con la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador Así, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, o bien, que confirma la resolución de primera instancia, cuya finalidad sea llamar a juicio a los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente, o bien, promover el amparo directo; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo Sustenta lo anterior la tesis 4o 2 C, del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo Coahuila de Zaragoza, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 2017, visible en la página 2488, que dice: "LITISCONSORCIO NECESARIO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo Cabe señalar que no resultan aplicables actualmente los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como es el contenido en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?1a/J106/2004, del rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento Lo anterior es así, ya que la jurisprudencia transcrita se generó bajo una legislación (Ley de Amparo abrogada) que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión "imposible reparación", lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente, debe prescindirse su aplicación, al ser incompatible con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato En ese sentido, la resolución de segunda instancia que confirma la reposición del procedimiento ordenada por el juez primigenio, con la finalidad de llamar a juicio a los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, como ya se explicó, no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que solo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo Por tanto,?la?determinación aquí reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo ocasiona consecuencias de carácter adjetivo?que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén que esas determinaciones no privan del derecho de defensa a las partes, ni altera las cuestiones debatidas Esto es, dicha determinación no cumple con el requisito de?procedibilidad?de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a?contrario sensu, de la Ley de Amparo Ante este panorama, es inconcusa la actualización? de la causal de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a?contrario sensu,?y 112, todos de la Ley de Amparo?se?desecha de plano la demanda de amparo?por notoria e indudable improcedencia Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad,?archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido Se hace del conocimiento de las partes, que en?caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios? en Línea del Poder Judicial de la Federación?http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea?a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por?disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX?Marzo?de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN?ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES******************** LAS PARTES PUEDEN RECIBIR?AUTORIZACIÓN?AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad********************???? De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles********************??? Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten?hacia?la?actuación?desde?el?Portal?de?Servicios?en?Línea?del?Poder?Judicial?de?la?Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea-?la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e********************firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la?Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y?trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo********************?? Por otra parte, se?invita?a las partes para que?propongan?formas?especiales?y?expeditas?de?contacto,?como?correos?electrónicos?y?servicios?de?mensajería?instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020********************?? Se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario ... en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico del presente asunto Sin que haya ha lugar a realizarle las notificaciones personales a través de la cuenta de correo electrónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo no prevé las notificaciones por ese medio; sin embargo se le tiene como?dato?de contacto la citada cuenta de correo electrónico, a través de la?cual, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020********************?? Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para?ese efecto a las?personas?que?alude, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** virtud a que como se desprende de la constancia secretarial, de una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se encontraron registradas sus cédulas profesionales********************?????? Finalmente, dado que procede personal el presente proveído,?el actuario adscrito deberá acatar? el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-
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