Grupo Invesur, S.A.P.I. de C.V.

Expediente 1188/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1188/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Grupo Invesur, S.A.P.I. de C.V.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1299/2023-IV-B, promovido por G****, a través de su representante legal, Jorge Carlos Montalvo Cobo, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, compareció GRUPO INVESUR, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, a través de su representante legal, Jorge Carlos Montalvo Cobo, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la autoridad responsable Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, se hicieron consistir en: ? El oficio B00.806.02.3.-691 de veintinueve de junio de dos mil veintitrés con número de expediente VI/PY/YUC/2022/00004, mediante el cual, se dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanciones. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado [registro 14061]. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable en copia certificada como apoyo a su informe; documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no le causa perjuicio al peticionario de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, como a continuación se expone. En principio, se trae a colación el contexto sobre el cual fue emitido a acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias deducidas del expediente VI/PY/YUC/2022/00004, del índice de la autoridad responsable, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las cuales, en lo que interesa, se obtiene lo siguiente: 1.- Mediante sentencia de fecha tres de abril de dos mil veintitrés dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 833/22-16-01-9, se confirmó la validez del oficio B00.806.02.3.-624, de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo PNI-2022-PYC-004, por la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua. 2.- En dicho fallo, se resolvió confirmar el procedimiento administrativo de visita de verificación e inspección ordinaria realizada a la parte actora, a efecto de dejar firmes los hechos contenidos en el acta de visita de diez de marzo de dos mil veintidós. 3.- Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés ante la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA Justicia Administrativa, la parte aquí quejosa promovió juicio de amparo directo, en contra de la sentencia aludida en los puntos uno (1) y dos (2) anteriormente señalados. 4.- Luego, a través del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo por recibido el escrito de amparo directo y ordenó su envió al Tribunal Colegiado correspondiente previas las notificaciones y certificaciones correspondientes. 5.- Posteriormente, con fecha doce de julio de dos mil veintitrés, le fue notificado a la parte quejosa el oficio B00.806.02.3.-691, de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, derivado del expediente número VI/PY/YUC/2022/00004, mediante el cual la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua, le informa el inicio del procedimiento administrativo de imposición de sanciones. El oficio anterior, constituye el acto reclamado. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la parte quejosa señala, en esencia, que el acto de autoridad es arbitrario e ilegal, ya que deriva de actos previos, pues la sentencia que confirmó la resolución derivada de la visita de inspección aún se encuentra en proceso de quedar firme. Aduce que el procedimiento sancionador siempre dependerá de la legal existencia de su procedimiento verificador anterior, de modo que si sobre dicho procedimiento de verificación aún no se ha definido su legalidad o ilegalidad, entonces el segundo, el procedimiento sancionador no puede existir, esto es, no es factible iniciarse sino hasta que el primero haya dado firme y definitivo, en este caso por sentencia judicial; por tanto, la autoridad responsable al hacerlo así, viola lo previsto en ellos numerales 14, 16 y 17 Constitucionales. En adición a lo expuesto, la parte amparista refiere que aún no ha sido vencida en juicio ante los tribunales competentes con relación a los actos de visita de verificación que son antecedentes 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA Página 7 de 13 del acto de inicio de procedimiento sancionador, por tanto, este último es ilegal. Asimismo, arguye que la autoridad responsable administrativa, únicamente esperó que se resolviera el juicio contencioso promovido en contra de la resolución contenida en el oficio B00.806.02.3.-624, de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente PNI-2022-PYC-004, para iniciar el procedimiento administrativo sancionador (relacionado con el acto reclamado) a pesar de que tiene conocimiento de los medios de defensa incoados en su contra (amparo directo); por lo que la resolución del procedimiento de verificación inicial todavía no ha quedado firme, y por ende, no es el momento procesal oportuno para que dé inicio al procedimiento sancionador. Ahora bien, como se anticipó, no le asiste razón a la parte amparista en los motivos de inconformidad anteriormente sintetizados, pues no se advierte violación alguna a sus derechos fundamentales. Para demostrarlo, es pertinente traer a cuenta el contenido del derecho fundamental de legalidad, reconocido en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del siguiente tenor: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." De dicho precepto constitucional, derivan los principios de fundamentación y motivación de los actos de autoridad, que constituyen sus condiciones primigenias de legalidad, según las cuales, es necesario expresar el precepto legal aplicable al caso y señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, contrario a lo aducido por la parte quejosa, la circunstancia de que hubiere promovido juicio de amparo directo en contra de la sentencia dictada en el juicio contencioso incoado en contra de la resolución contenida en el oficio B00.806.02.3.- 624, de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente PNI-2022-PYC-004, no constituye razón suficiente para que la aquí autoridad responsable no pudiera iniciar el procedimiento sancionador del que deriva el acto reclamado. Cabe precisar de inicio, que el quejoso parte de una premisa equivocada al considerar que la sentencia dictada por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aún está pendiente de obtener firmeza; pues precisamente, al tratarse de una sentencia definitiva, ya está resuelto el juicio contencioso que fue sometido a su potestad. Ciertamente, la legalidad de ese fallo ya quedó definida, porque no está sujeta a algún recurso ordinario el cual pueda afectar la legalidad de dicha determinación; pues el juicio de amparo no es un recurso, sino constituye un medio extraordinario de defensa que analiza la constitucionalidad de los actos. Por tanto, la sentencia de la Sala Regional es definitiva, tan es así, que es esta condición procesal lo que conduce a la procedencia para el amparo directo, al poner fin al juicio contencioso ahí tramitado; por consiguiente, es equivocado lo que señala la parte amparista en el sentido de que no se encuentra definida la legalidad de dicha sentencia. En ese tenor, considerado así el asunto, es que la parte quejosa tenía la posibilidad de solicitar la suspensión de esa sentencia al promover el juicio de amparo directo, para que no se ejecutara la misma, es decir, que no se pudiera ahora iniciar el procedimiento sancionador en su contra; sin que se advierta de las constancias de autos que la parte quejosa haya solicitado dicha medida cautelar. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA Página 9 de 13 Lo anterior es así, dado que los efectos de la suspensión que se conceda en el juicio constitucional, comprenderían no sólo la ejecución de la sentencia reclamada, sino en su caso, también las del acto administrativo impugnado en el juicio de origen. En efecto, sobre el tema es conveniente citar el contenido del artículo 190 de la Ley de Amparo, relacionado con la suspensión en el amparo directo, que señala: "Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley". De lo anterior, se obtiene que al promover el juicio constitucional uniinstacial la parte quejosa estaba en aptitud de solicitar la suspensión del acto, sin que de autos se advierta que la haya solicitado. Ciertamente, una vez que la Sala administrativa dictó sentencia en el sentido de confirmar el procedimiento de visita de inspección, determinando la situación jurídica del visitado, en la cual concluyó que los hechos o actos observados en la visita sí constituyen infracciones a la legislación respectiva y que por ello debe iniciarse el procedimiento administrativo sancionador, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, pero no solicitó la suspensión del acto reclamado. Por tanto, la Sala correspondiente emitió el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintiséis (foja 12 del Anexo I), en el cual proveyó teniendo por recepcionada la demanda incoada en contra de la sentencia de tres de abril de dos mil veintitrés; ordenó correr traslado a la Directora de Administración del Agua del organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA Nacional del Agua, con el carácter de parte tercero interesada; asimismo, instruyó a realizar la certificación al pie de la demanda de amparo de la notificación del acto reclamado en esa instancia, de la presentación de la demanda, y de los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; fijando el plazo de cinco días para que, una vez realizado lo anterior, se remitiera el asunto al Tribunal Colegiado correspondiente. Como se observa, la autoridad no se pronunció sobre la suspensión del acto reclamado en la demanda de amparo directo, porque la parte quejosa no la solicitó; ya que de haberlo hecho, la Sala hubiera tenido la obligación de acordar, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión de aquel acto reclamado y los requisitos para su efectividad, tal como lo señala el numeral 190 de la Ley de Amparo. Por tanto, al no haber planteado la quejosa la petición de suspensión en la demanda de amparo directo, la autoridad responsable de primer grado tiene expedito el derecho para continuar con los efectos de la sentencia primigenia, esto es, iniciar el procedimiento sancionador. En consecuencia, el acto reclamado en este juicio de amparo indirecto, es legal en sí mismo; sin que tal afirmación implique un estudio sobre todos los aspectos de su contenido, sino que, este órgano de control constitucional sólo analiza lo que efectivamente fue planteado en el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, el cual está acotado únicamente en cuanto a si la autoridad responsable podía válidamente dictar un auto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, aún cuando la determinación derivada de confirmación de la visita administrativa aún no queda firme por haber sido impugnada en amparo directo; de lo que se concluye que sí es posible, por las razones antes expuestas. Siendo que tal circunstancia no causa perjuicio alguno a la amparista puesto que si el medio de impugnación es idóneo y obtiene sentencia favorable (en el amparo directo), ello puede 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA Página 11 de 13 incidir directamente en el procedimiento sancionador, de cuyo inicio ahora se duele. En ese contexto, el acto de autoridad se considera objetivamente legal en la parte aquí analizada, por lo que no se observa violación alguna a los derechos fundamentales en este sentido; en consecuencia, ante lo infundado de los motivos de disenso, es menester negar la protección constitucional solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0c.19 KARLOS DAVID MORENO SEQUERA privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 361 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE en el presente juicio de amparo a****egal, Jorge Carlos Montalvo Cobo, contra el acto que reclama de la Dirección de Administración del Agua del Organismo de 1Artículo 36. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veinticinco de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL QUNCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; once de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el oficio rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, con el que remite las constancias que le fueron solicitadas, relativas al expediente ********************, de su índice. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe y su anexo; además, relaciónense en la audiencia constitucional. Por lo que hace al anexo remitido consistente en copia certificada del expediente ******************** del registro de la autoridad responsable, constante en dos tomos; déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, dicho anexo quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, a que hace referencia en su ocurso; las que se reservan para ser tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Karlos David Moreno Sequera. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua, no remitió las constancias completas y legibles relacionadas con el acto reclamado, en particular, las relativas al oficio B00.806.02.3.-691 de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanciones. En consecuencia, se requiere a la autoridad responsable en cita a efecto de que en el plazo de tres días remita copia certificada, legible y completa de las constancias del expediente VI/PY/YUC/2022/00004 de su índice, relacionado con el acto reclamado. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 259 y 237, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano