Grupo Industrial Mazatlán, S.A
Expediente 149/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Grupo Industrial Mazatlán, S.A
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DEL ESCRITO ACLARATORIO A LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito aclaratorio a la demanda de amparo signado por José Eduardo González Rice, apoderado legal de la persona moral quejosa Grupo Industrial Mazatlán, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual desahoga la vista contenida en auto de veinte de agosto del año en curso, el juez acuerda: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, la constancia en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. TERCEROS INTERESADOS. No se advierte su existencia, en la inteligencia de que las autoridades demandadas en el juicio laboral de origen revisten la calidad de autoridades responsables. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PRUEBAS. Con las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su escrito de demanda; así como las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, hágase nueva reseña en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Con apoyo en lo ordenado en la fracción II, del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. ACUMULACIÓN DE PLANO. Del análisis practicado a la demanda de amparo en estudio, se obtiene que ésta guarda relación estrecha con el diverso juicio de amparo 146/2022 del índice administrativo de este juzgado federal, promovido por Eduardo González Rice, apoderado legal de Metalmec, sociedad anónima, donde se reclamó lo siguiente: "IV).-ACTOS RECLAMADOS: De la ORDENADORA, Se reclama: La sentencia de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio sucesorio testamentario a bienes del SR. HUMBERTO RICE GARCÍA, con número 1491/2021, en la que declara heredera y adjudicataria a la SRA. CONCEPCION RODRIGUEZ ARREDONDO del 50% cincuenta por ciento de los bienes descritos en el inventario y avaluó exhibido y aprobado dentro de dicha contienda, porcentaje perteneciente al cujus HUMBERTO RICE GARCÍA y por consecuencia será propietaria del 100 % CIEN POR CIENTO de los citados bines: La sociedad METALMEC, Sociedad Anónima, domicilio en esta ciudad, del capital social, de las acciones y de los derechos es la cantidad de $5 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N) Representada por cincuenta mil acciones al portador con valor de $100.00 (cien pesos, M.N:) por cada acción, en donde HUMBERTO RICE GARCÍA, cuenta con DIEZ MIL acciones con un valor de $1 000,000.00 (un millon de pesos 00/100 M.N.). (Énfasis añadido) Y la Orden que por ESCRITO emitió con fecha 13 de agosto de 2021, Oficio número 2654/2021, Expediente Número 1491/2021, al LICENCIADO JORGE ERNESTO MILAN ARAGÓN, Notario Público151, en Mazatlán, Sinaloa, en la que ..En cumplimiento a la Sentencia de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2021, deducido del expediente número 1491/2021, relativo al JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO RICE GARCÍA, se ordena girar la presente con el objeto de dar cumplimiento al resolutivo TERCERO de sentencia de adjudicación antes mencionada, lo anterior de conformidad con el numeral 577 del Código Procesal Familiar Vigente en el Estado. De la EJECUTORA, se reclama: El Cumplimiento material dada a la orden judicial emanada de la TITULAR DEL JUZGADO TERCERO DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA, en los siguientes términos: Anotación por Orden de Autoridad (FME:6715, M33- Anotación por Orden de Autoridad, Anotación de Resolución, ordenada por Judicial, Por oficio 2654/2021, De fecha 13/08/2021, Girada por JUEZA TERCERA DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE MAZATLÁN, SINALOA, Estado y municipio de la autoridad, Entidad federativa Sinaloa, Municipio de Mazatlán, Expediente NO. 1491/2021, juicio/procedimiento administrativo JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO, seguido por CONCEPCION RODRIGUEZ ARREDONDO, en contra de HUMBERTO RICE GARCIA." Información la anterior, que constituye un hecho notorio para quien esto provee, en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, y de la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, que lleva por rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.". Por otra parte; en el juicio de amparo indirecto 149/2022, en que se actúa, se obtiene que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "IV).-ACTOS RECLAMADOS: De la ORDENADORA, Se reclama: La sentencia de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2021 dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio sucesorio testamentario a bienes del SR. HUMBERTO RICE GARCÍA, con número 1491/2021, en la que declara heredera y adjudicataria a la SRA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARREDONDO del 50 % cincuenta por ciento de los bienes descritos en el inventario y avaluó exhibido y aprobado dentro de dicha contienda, porcentaje perteneciente al de cujus HUMBERTO RICE GARCÍA y por consecuencia será propietaria del 100 % CIEN POR CIENTO de los citados bienes: La sociedad mercantil GRUPO INDUSTRIAL MAZATLAN, Sociedad Anónima, domicilio en esta ciudad, del capital social, de las acciones y de los derechos es la cantidad de $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N). Representada por quinientas mil acciones al portador con valor de $100.00 (cien pesos, M.N) por cada acción, en donde HUMBERTO RICE GARCÍA, cuenta con OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA acciones con un valor de $8'345,000.00 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DE PESOS 00/100 M.N.). (SIC). Y la ORDEN que por ESCRITO emitió con fecha 13 de agosto de 2021, Oficio Número 2654/2021, Expediente Número 1491/2021, al LICENCIADO JORGE ERNESTO MILAN ARAGÓN, Notario Público 151, en Mazatlán, Sinaloa, en la que...En cumplimiento a la Sentencia de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2021, deducido del expediente número 1491/2021, relativo al JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes de HUMBERTO RICE GARCÍA, se ordena girar la presente con el objeto de dar cumplimiento al resolutivo TERCERO de sentencia de adjudicación antes mencionada, lo anterior de conformidad con el numeral 577 del Código Procesal Familiar Vigente en el Estado ..." Además, se aprecia que en ambos sumarios fueron señaladas como autoridades responsables al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad. En ese orden, resulta preciso señalar que la Ley de Amparo no contempla la figura jurídica de la acumulación, prevista en la abrogada ley de la materia, en su artículo 57, fracción II; sin embargo, la referida institución solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia, así como que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar que se dicten resoluciones contradictorias. No obstante ello, la anotada figura jurídica, se encuentra prevista en los numerales 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. En efecto, el artículo 2 de la ley de la materia, dispone que el juicio de garantías se substanciará de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la propia ley; asimismo, que a falta de disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriedad que en el caso resulta procedente, ya que se reúnen los requisitos necesarios para ello, esto es: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Ahora bien, en el caso se actualizan las hipótesis mencionadas, ya que la Ley de Amparo en su artículo 2° establece expresamente que a falta de disposición expresa en la misma se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; y, como ya se indicó, la ley de la materia no contempla la institución de la acumulación; asimismo, la omisión legislativa de que se trata, hace necesaria la aplicación supletoria de la codificación adjetiva en mención en cuanto a la mencionada figura, y no hay disposición expresa que haga suponer que el legislador no quiso contemplarla en la Ley de Amparo vigente. Así, la aplicación supletoria del código aludido no se antepone a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el contrario, dicho trámite es congruente con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trata, en virtud de que esta última solamente tiene como finalidad la debida observancia del principio de economía procesal que rige en la materia y que los juicios conexos se fallen en una misma sentencia, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Sobre el tema es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 34/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1065, de rubro y texto siguientes: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." Establecido lo anterior, con apoyo en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 66 y 67 de la Ley de Amparo, de oficio se ordena tramitar y resolver de plano la acumulación del sumario 149/2022 del índice de este juzgado al diverso 146/2022. Surte puntual aplicación la jurisprudencia 24/2015, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 19, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Como se puede advertir de lo narrado, tanto en el juicio de amparo en que se actúa como en el diverso tramitado bajo el número 146/2022 del índice administrativo de este órgano jurisdiccional, las quejosas se ostentan terceras extrañas en estricto sentido al juicio sucesorio testamentario a bienes de Humberto Rice García, número 1491/2021, y con esa calidad reclaman la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, donde se declara heredera y adjudicataria a Concepción Rodríguez Arredondo del cincuenta por ciento de los bienes descritos en el inventario y avaluó exhibido y aprobado dentro de dicha contienda, porcentaje perteneciente al de cujus Humberto Rice García, entre ellos, las acciones de diversas empresas. por lo que, tales supuestos se adecúan a las hipótesis contenidas en los artículos 71, 72, 73, 75 y 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con los numerales 66 y 67 del ordenamiento legal citado en último término. Bajo ese contexto, se pone de relieve, que al tratarse de juicios promovidos por diversos quejosos, en contra de los mismos actos reclamados, a las mismas autoridades responsables, y que tienen relación entre sí, entonces, existen motivos suficientes para decretar la acumulación del juicio de amparo número 149/2022 al diverso 146/2022, por ser éste el más antiguo, para el efecto de que en forma conjunta sean resueltos en una sola audiencia. Ello es así, ya que la demanda que dio origen al juicio de amparo 146/2022, fue presentada a las doce horas con cuatro minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, mientras que el libelo relativo al expediente 149/2022, fue presentado a las trece horas con veintiséis minutos del tres de los propios mes y año, en la citada oficialía. En consecuencia, procede de plano la acumulación del juicio de amparo en que se actúa al diverso 146/2022, ambos radicados en este juzgado de distrito, por ser este último el más antiguo en cuanto a su presentación. En tales condiciones y al haberse decretado que procede la acumulación de juicios, hágase ello del conocimiento de las partes y remítase copia certificada de este auto, así como el expediente en que se actúa al diverso sumario 146/2022; para los efectos legales conducentes. Los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió. En tal virtud, hágase del conocimiento de las partes que la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 146/2021 al que se ordenó la acumulación de este sumario, se programó a las DIEZ HORAS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.
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RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo signada por *****, apoderado legal de *******, sociedad anónima de capital variable -nombre completo de la persona moral quejosa-, personalidad que se le reconoce por así acreditarlo con la copia certificada de la escritura pública número 7,572 (siete mil quinientos setenta y dos), de veintisiete de febrero de dos mil quince, del protocolo a cargo del licenciado José Isaac Ornelas Castro, Notario Público Número Ciento Veintinueve, con ejercicio y residencia en esta ciudad, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo familiar, con sede en este Puerto; por violación a diversos preceptos Constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 149/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Ahora bien, con el propósito de que este órgano federal cuente con los datos necesarios para proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se atiende, prevéngase al promovente de conformidad con los artículos 114, fracciones II y V, y 108, facciones I y V, de la ley de Amparo, para que dentro del término de cinco días contado legalmente: 1. Exhiba tres copias del instrumento notarial número 7,572 (siete mil quinientos setenta y dos), de veintisiete de febrero de dos mil quince, del protocolo a cargo del licenciado José Isaac Ornelas Castro, Notario Público Número Ciento Veintinueve, con ejercicio y residencia en esta ciudad, las cuales son necesarias para ser distribuidas a las partes, esto es: una para la autoridad responsable, una para la tercera interesada y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Lo anterior, en virtud de que la personalidad es un requisito de la demanda que no sólo incumbe al quejoso y al juzgador del amparo sino que incide en la defensa de las demás partes, en la medida en que tienen derecho a conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con tal facultad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el once de los cursantes, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." 2. Así también, para que precise con exactitud si compaerece como tercero extraño en estricto sentido al juicio sucesorio 1491/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, y si ello lo hace en representación del Grupo Industrial Mazatlán, sociedad anónima de capital variable y/o de Metalmec, sociedad anónima y en este último supuesto, tendría que acreditar la personalidad, con documento fehaciente al que deberá acompañar copias para las partes de este sumario. Lo anterior, en virtud de que en diversos apartados de su demanda realiza diversas manifestaciones en defensa de los derechos de la persona moral denominada Metalmec, Sociedad Anónima. 3. En la inteligencia de que, deberá allegar tres ejemplares del ocurso aclaratorio, para correr traslado a las partes con dicho documento. Asimismo, hágase saber a la promovente que la prevención de que se trata, deberá desahogarla en forma directa y no así por conducto de sus autorizados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, cuyo epígrafe es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo aludido y en los términos requeridos, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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