Griselda Suarez Zepeda
Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Griselda Suarez Zepeda
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 604/2022-IV. Puebla, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales para devolver a la quejosa, y si bien adjuntó una impresión de extracto de nacimiento a su escrito aclaratorio, también es verdad que es una copia simple, motivo por el cual se descartan las hipótesis de devolución en este juicio de amparo. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 604/2022-IV. Puebla, Puebla, ocho de junio de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe en formato digitalizado un oficio con firma autógrafa del secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el cual transcribe el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado por el titular del citado órgano, en el juicio de amparo 967/2022, en el cual declaró la incompetencia por materia para conocer de un acto propuesto en la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por la quejosa *** contra la agente del Ministerio Público ***. Por consiguiente, esta juzgadora de tutela asume la competencia para el acto reclamado a la mencionada autoridad responsable, en la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por la quejosa ...Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda y el escrito aclaratorio recibidos, deben subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por la parte quejosa sólo comprendía lo siguiente:".Es así como, dado que continúa la investigación y sin haber recibido notificación alguna por parte de la autoridad .". Tal imprecisión llevó al juez declinante, a requerir la aclaración de la demanda de tutela para identificar lo que pretendiera reclamar la parte quejosa a la agente del Ministerio Público responsable, y que en términos del escrito aclaratorio comprende la omisión siguiente: ".De igual manera a la Agente del Ministerio Público [.] Por otro lado, con fecha VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS . con una determinación de no ejercicio de la acción penal y de la que no he tenido oportunidad de recurrir en términos de ley toda vez que no ha sido notificado dicho acuerdo por parte de la Agente del Ministerio Público.". De donde se sigue que el acto reclamado por la parte quejosa, a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso (sic), está circunscrito a la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida en la carpeta de investigación que se abrió con una denuncia presentada por aquélla, como víctima, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. En otras palabras, la parte quejosa reclama una omisión a la agente responsable, consistente en la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la omisión relatada y que atañe al curso de la mencionada carpeta, puede ser reclamada con un recurso ordinario que debe agotar la parte quejosa antes de promover el juicio de amparo, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, reclamada a la fiscal encargada de la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales debe subsumirse la reclamada por la parte quejosa, es decir, la falta de notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar a la agente del Ministerio Público encargada de la carpeta, que repare la falta de notificación para respetar el derecho que tiene la víctima (parte quejosa), de solicitar el control judicial contra la determinación con la cual se pretende concluir la investigación. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos relacionados con el curso de la indagatoria, que comprende la supuesta falta de notificación en que incurrió la agente responsable y que pretende combatir la parte quejosa. ésta, contra la omisión de la autoridad ministerial responsable al emitir la determinación de no ejercicio, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la parte quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la omisión reclamada en la demanda de amparo -que se delimitó con precisión en el escrito aclaratorio-; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la agente responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la omisión atribuida a la única autoridad ministerial responsable, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda y en el escrito aclaratorio, reflejan las condiciones de la parte quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual deriva la omisión que pretende reclamar como acto independiente y autónomo. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional con su escrito aclaratorio, pues la omisión reclamada por la parte quejosa a la autoridad ministerial señalada como responsable, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene : "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos con su escrito aclaratorio, porque la omisión que pretende reclamar la parte quejosa, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la supuesta omisión atribuida a la única responsable en este juicio (agente del Ministerio Público), debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Domicilio procesal, acceso al expediente electrónico y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda (ubicado en el municipio de San Andrés Cholula), al margen de la falta del número interior y cuya relevancia sólo podrá esclarecer la actuaria judicial adscrita. Por otro lado, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Entonces, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: * Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, , quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres Cristopher Muñoz Amador, Bruno González Martínez y Gerardo Torres Maceda, porque aquélla les otorgó facultades amplias y éstos tienen registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En tanto las personas restantes, sólo quedan autorizadas en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque fueron designadas para esos efectos. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase
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