Griselda o Griselda Esther Parra Silva
Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Griselda o Griselda Esther Parra Silva
- Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Delitos de Violencia Familiar y de Género y Otros.
- Griselda o Griselda Esther Parra Silva y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Agente del Ministerio Investigador de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, las constancias que hasta el tres de febrero del año en curso, integraban el expediente registrado en esa fiscalía con el número de COLABORACIÓN FEVFG/002/2022, en relación al número de caso en la CORTE SUPERIOR DE WASHINGTON: 2220089608; las cuales en su momento adjuntó como sustento a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Por ende, una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Dentro del juicio de amparo ******************** de esta estadística, mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, formuló ampliación de demanda de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género; en los términos siguientes: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: a) Se reclama de la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos de violencia familiar y de género de esta ciudad, el acuerdo emitido con fecha 27 veintisiete de diciembre del año 2022 dos mil veintidós, el cual me fue notificado con fecha 28 veintiocho de diciembre del año 2022 dos mil veintidós, acuerdo recaído a dos ocursos presentados de mi parte, por no estar debidamente fundados y motivados.". En ese ocurso, la promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en su perjuicio y de su menor hijo, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 10, 11 y 12 de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. SEGUNDO. Turno aleatorio. Por auto de doce de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional determinó que los actos por los cuales pretendía ampliarse la demanda, se encontraban desvinculados al diverso que motivó el juicio de amparo ********************-II; razón por la cual, ordenó la remisión del escrito relativo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que fuera registrado y turnado como una nueva demanda de amparo. TERCERO. Radicación y returno. Así, el conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Noveno de Distrito en el expediente ********************, el que por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, determinó returnarlo a este órgano jurisdiccional, virtud de conocer del último antecedente que guarda relación con los actos reclamados. CUARTO. Avocamiento y trámite del juicio. Finalmente, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento del asunto, requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Toda vez que en el presente asunto se encuentran inmiscuidos los derechos del menor aludido, a fin de garantizar sus intereses, en proveído de nueve de febrero del actual, este órgano jurisdiccional tuvo por apersonado a su representante especial, adscrito a la Delegación Regional de la Defensoría Pública, para los efectos legales conducentes. Mediante auto de veintisiete siguiente, reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectuó su emplazamiento en este juicio. Finalmente, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que este órgano federal tiene competencia mixta y se impugnan actos declarativos emitidos por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: De la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género: Los acuerdos de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictados en la colaboración ******************** con número de caso ********************, en los que la autoridad ministerial atiende las promociones presentadas por la aquí quejosa relacionadas con la orden de aseguramiento de su menor hijo de iniciales ******************** que inicialmente decretó dicha autoridad; en los términos siguientes: "Primero. Dígasele al C. ********************, que NO ha lugar a lo que solicita toda vez que esta autoridad no es la competente para ordenar que cese la retención del menor toda vez que únicamente está actuando en apoyo a la autoridad peticionaria que lo es el País de Estados Unidos la Suprema Corte del Estado de Washington, la Suprema Corte del Estado de Washington, en y para el condado de Cowlitz y por lo que respeta a que señala que el menor tiene la doble nacionalidad, hasta este momento no lo acreditado con documento idóneo para ello a esta Fiscalía la nacionalidad del niño de identidad reservada de iniciales ******************** Segundo. Haga del conocimiento a la ********************, que deberá esperar la Resolución o Sentencia que dicte el Juez Tercero de Distrito, en virtud que existe un amparo que usted promovió a favor de su menor hijo. Y así lo determinó el Juez de Distrito.". "Primero. Haga del conocimiento a la ********************, que no ha lugar a lo que solicita toda vez que como usted misma lo señala no soy la autoridad competente para ordenar la restitución del niño de iniciales ********************, esta autoridad está actuando en atención a un oficio de colaboración del país vecino Estados Unidos de la Suprema Corte del Estado de Washington, en y para el condado de Cowlitz.". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen a la Agente responsable, en tanto que en su informe con justificación así lo aceptó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las diversas constancias certificadas relativas a la colaboración ******************** con número de caso ********************, en donde obra la medida de protección de menor de uno de diciembre de dos mil veintidós, así como los acuerdos de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, últimos que constituyen los actos reclamados en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, al haber sido autenticadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se destacan las siguientes actuaciones que se desprenden de las constancias allegadas al sumario y con las diversas que obran en el juicio de amparo ******************** de esta estadística, que constituyen un hecho notorio para este Juzgado Federal de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; a saber: 1. El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Juez/Magistrado de la Corte Superior del Estado de Washington, en y para el Condado de Cowlitz, ******************** y ******************** (ambos de nacionalidad mexicana), por conducto de sus abogados, celebraron un plan de crianza, entre otras cosas, sobre la custodia de su menor hijo de iniciales ********************, nacido el cuatro de octubre de dos mil trece en Illinois, Estados Unidos de América. En dicho plan de crianza las partes pactaron la custodia a favor del segundo y fijaron un régimen de convivencia o visitas con la primera. 2. En el mes de agosto de dos mil veintidós, la progenitora ******************** -quien señaló en su demanda que dio origen al expediente ********************, que acordó verbalmente con el padre custodio que el cuidado del infante ahora quedaría a su cargo-, se trasladó a este País, para residir en esta ciudad de Morelia, Michoacán, junto con su menor hijo. 3. El seis de septiembre de ese año, ******************** reportó ante el Departamento de Policía de Longview que, sin su consentimiento, la progenitora se había llevado al menor y que aquella expresó no tenía intención de regresar a los Estados Unidos de América, -siendo esta última acusada de interferencia de custodia en primer grado-, por lo que se desplegaron los actos de investigación pertinentes por la autoridad de dicho país. 4. El ******************** de noviembre de ese año, el Juez/Magistrado de la Corte Superior del Estado de Washington, emitió orden de arresto en conjunto con "habeas corpus" dirigida al Fiscal General del Estado de Michoacán, a fin de que desahogara las diligencias necesarias para lograr la localización y aseguramiento del menor y para, en su momento, ser llevado ante la autoridad extranjera. De igual forma, precisó que el menor no debía ser entregado a persona diversa, salvo a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, o a las autoridades extranjeras. Dicho mandamiento expresamente dice: "FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELIA MICHOACÁN, MORELIA MICHOACÁN. SE LE ORDENA A USTED ASEGURAR custodia personal del menor de edad: ********************, nacido el 04 de Octubre del 2013 En cualquier lugar que sea detenido, y traerlo ante la presencia del Juez en turno de la Corte Superior de Washington en y por el Condado de Cowlitz en la corte designada en el Edificio de Justicia en Kelso, Washington. ENMIENDO - ORDEN DE ARRESTO EN CONJUNTO CON HABEAS CORPUS (.) En el nombre del Estado de Washington, A USTED ADEMÁS SE LE ORDENA romper y entrar por cualquier puerta fuera o dentro del edificio o cualquier otra apertura al edificio, vehículo o cualquier barrera que sea necesaria para asegurar la persona del menor: ********************, y traerlo ante la corte. En el caso que la Corte Superior del Condado de Cowlitz no esté en sesión en el momento en que dicho menor este en la custodia de la ley, el alguacil del Condado de Cowlitz, o cualquier otro oficial del Estado de Washington se le ordena a que mantenga a dicho menor: ********************, nacido el 04 de Octubre del 2013 bajo el cuidado de Servicios de Protección de Menores hasta el primer día que la corte esté en sesión después de recuperar al menor, o bajo la custodia del demandante de acuerdo con la orden aunada. En el nombre del Estado de Washington, de acuerdo a esta orden judicial, Servicios de Protección de Menores le ordena tomar custodia de dicho menor. ********************, nacido el 04 de Octubre de 2013, y mantener al menor bajo custodia de protección hasta que este caso sea escuchado por en la Corte Superior de Washington del Condado de Cowlitz. El menor no deberá de ser entregado a cualquier otra persona que Fiscalía General del Estado de Michoacán, Morelia, Michoacán, el alguacil del Condado de Cowlitz o cualquier otro oficial del Estado de Washington, y de acuerdo a lo dicho en esta orden judicial; o al completarse el servicio de esta orden de Ejecución de Habeas Corpus y de dicho menor a la persona designada por el demandante autorizándole a tomar custodia del menor mencionado en la orden adjunta.". 5. El veintinueve siguiente, el Secretario Técnico de la Fiscalía General del Estado tuvo por recibida la anterior comunicación, la que mediante oficio ******************** remitió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, para que procediera conforme a sus facultades y atribuciones. 6. Mediante oficio ********************, de treinta de noviembre del año en comento, la Fiscal Especializada redirigió dicha comunicación a la Unidad de Atención a Violencia Familiar, a fin de que atendiera lo solicitado. 7. En esa misma data, mediante el diverso ********************, esta última dependencia remitió a la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada, el escrito de colaboración de la autoridad extranjera para que proveyera lo conducente, a fin de realizar el desahogo de las diligencias solicitadas. 8. Así, en esa fecha, la fiscal investigadora dio inicio a la colaboración ******************** con número de caso ********************, ordenando el desahogo de los actos de investigación tendentes a la localización y aseguramiento del menor. 9. El uno de diciembre de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público Investigadora del conocimiento dictó medida de protección especial para resguardo del menor, en la que consideró que éste es víctima de un delito, por lo que se ordenó dejarlo en resguardo y protección del Sistema de Desarrollo Integral Familiar, por el término de dos días o hasta en tanto se resuelva sus situación jurídica y éste sea trasladado ante la autoridad judicial extranjera. 10. Mediante escritos de seis y siete de diciembre de dos mil veintidós, ******************** solicitó a la Agente del Ministerio Público Investigadora que revocara la medida decretada y efectuara la escucha del menor. 11. A lo anterior recayó el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que la autoridad antedicha negó la procedencia de aquellas solicitudes, reiterando que su actuación se apega a lo ordenado por el juez extranjero. 12. Mediante promociones presentadas el veintiséis siguiente, ******************** solicitó a la Agente Investigadora, entre otras cosas, el cese de la medida de aseguramiento decretada y la declinación de competencia sobre el conocimiento de la solicitud de la autoridad extranjera. 13. A lo anterior recayeron los acuerdos de veintisiete del mes y año anotados, en los que se negó lo solicitado, en los términos siguientes: "Primero. Dígasele al C. ********************, que NO ha lugar a lo que solicita toda vez que esta autoridad no es la competente para ordenar que cese la retención del menor toda vez que únicamente está actuando en apoyo a la autoridad peticionaria que lo es el País de Estados Unidos la Suprema Corte del Estado de Washington, la Suprema Corte del Estado de Washington, en y para el condado de Cowlitz y por lo que respeta a que señala que el menor tiene la doble nacionalidad, hasta este momento no lo acreditado con documento idóneo para ello a esta Fiscalía la nacionalidad del niño de identidad reservada de iniciales ******************** Segundo. Haga del conocimiento a la ********************, que deberá esperar la Resolución o Sentencia que dicte el Juez Tercero de Distrito, en virtud que existe un amparo que usted promovió a favor de su menor hijo. Y así lo determinó el Juez de Distrito.". "Primero. Haga del conocimiento a la ********************, que no ha lugar a lo que solicita toda vez que como usted misma lo señala no soy la autoridad competente para ordenar la restitución del niño de iniciales ********************, esta autoridad está actuando en atención a un oficio de colaboración del país vecino Estados Unidos de la Suprema Corte del Estado de Washington, en y para el condado de Cowlitz.". Ambos acuerdos de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, constituyen los actos reclamados en este juicio constitucional. SEXTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, esta Potestad Federal estima que este juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesa" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre dicha causa de inejercitabilidad se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Luego, se puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Bajo esta óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, para el caso de tener un carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Por tanto, si se actualiza ese supuesto de inejercicio, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, si es que no puede alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, examinados como un sistema jurídico coherente y no como normas de manera aislada, lleva a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje alguna huella. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este orden, existe otro supuesto en el que también "cesan los efectos" que se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. De lo anterior se tiene que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos, como de ordinario sucede en la materia administrativa en que la autoridad actúa de manera unilateral. En el mismo sentido, cabe acotar que en materia jurisdiccional la destrucción de los efectos no ocurre en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de tal suerte que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que la resolución de medio de impugnación lo confirme, los efectos del auto recurrido, cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación. Esto tiene sustento en la jurisprudencia 9/98 definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Ahora bien, se dice que se actualiza la causal invocada porque se tiene como un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; la existencia del diverso juicio de amparo ********************, promovido por la aquí quejosa, en el que medularmente reclamó la orden de aseguramiento de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente de origen. Así, de manera relevante resulta que mediante sentencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada en ese juicio, este Juzgado Federal resolvió conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: "1. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género, deje insubsistente la medida de protección especial para resguardo provisional de menor de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en la colaboración ******************** con número de caso ********************. 2. Deberá emitir una nueva en la que de manera fundada y motivada, en estricto apego a las disposiciones interpretadas previamente, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva sobre la medida protección que al caso puede aplicarse, en el entendido de que, en su caso, deberá justificar por qué la progenitora aquí quejosa no puede continuar con la guarda y custodia del menor, constituyendo un riesgo y peligro para la integridad de éste, y/o según los hechos que considere constitutivos de delito conforme a la legislación nacional. De estimar que esto es sí, deberá considerar la posibilidad de que el menor quede bajo el resguardo de algún familiar (paterno designado por ********************, en la ciudad de Morelia, o en el Estado), bajo las medidas de seguridad que determine la autoridad ministerial, para proporcionarle un ambiente social-familiar y, únicamente en el supuesto de no existir o negarse a hacerse cargo de éste, podrá optar por el depósito del menor ante el Sistema de Desarrollo Integral Familiar -previendo los términos de convivencia tanto con el padre, como con su progenitora, con las medidas que considere pertinentes-. Todo ello en el entendido de que deberá precisar el tiempo por el cual subsiste la medida, sin que exceda un límite razonable. Tomando en cuenta que su actuación tiene como motivo la solicitud de una autoridad extranjera, tendente a la restitución internacional del menor, además de informar lo resuelto a aquella, deberá hacer del conocimiento dicha petición a la Autoridad Central (Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su unidad administrativa correspondiente) -en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores- para que sea éste quien designe a la autoridad judicial o administrativa para la implementación de la diligencias necesarias para lograr la material restitución internacional, acorde a los estándares legales previstos, y en términos del procedimiento internacional para tal efecto. Dicho fallo causó ejecutoria el diez de marzo de dos mil veintitrés, por lo que las autoridades responsables fueron requeridas sobre su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, en atención a la solicitud de la autoridad extranjera, el plan de crianza celebrado entre los progenitores, así como la sentencia de amparo aludida, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la Agente investigadora emitió una nueva medida de protección especial para resguardo provisional del menor de iniciales ********************, a fin de que continuara bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, por el término de ******************** días naturales para realizar los trámites necesarios tendentes a lograr su restitución internacional. Para ello, la autoridad ministerial remitió oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su unidad administrativa correspondiente, para que designara autoridad judicial o administrativa para la implementación de las diligencias necesarias para lograr la marial restitución del menor. Conforme a tales actuaciones se estima que los efectos generados por los acuerdos reclamados en este juicio constitucional -relacionados con el cese y competencia de la autoridad ministerial sobre la medida de protección emitida- han quedado sustituidos procesalmente, primordialmente porque la nueva medida de protección emitida -en vías de cumplimiento del fallo protector- es la que genera consecuencias jurídicas en la esfera particular de la parte quejosa. De esta manera, pese a que no existe el pronunciamiento expreso de la autoridad responsable en torno a que sus acuerdos de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, hayan quedado sin efectos, se insiste en que sus consecuencias jurídicas han quedado desvanecidas frente a la reciente actuación de la autoridad ministerial. Con ello se estima que los efectos de los actos reclamados han cesado en sus efectos, restituyendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la violación, lo que hace inane la emisión de una sentencia protectora. A más de que se tiene presente que mediante promoción electrónica presentada el veinticuatro de marzo del año en curso, en el juicio de amparo ********************, el autorizado de ******************** hizo del conocimiento de este juzgado que el menor fue entregado a las autoridades migratorias -para lograr su restitución internacional-. Circunstancia que redunda en la posible consumación de la nueva medida de protección emitida, lo que impide a este juzgador federal emitir algún pronunciamiento sobre el examen constitucional de los acuerdos reclamados. Cabe precisar que las anteriores consideraciones no prejuzgan sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo ********************, sino que únicamente son ilustrativas para demostrar la causal de improcedencia que en el caso se analiza; por lo que será en todo caso en aquél juicio en donde se emitirá la declaratoria correspondiente sobre tal extremo. En consecuencia, al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por el acto reclamado a la autoridad responsable y que con antelación se precisó. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Sin que el sobreseimiento decretado cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Tampoco obsta la circunstancia de que en la especie se encuentren inmiscuidos los derechos de un menor, pues para que opere el beneficio de la suplencia de la queja a su favor contenida en el artículo 79 de la Ley de Amparo -con independencia de su calidad procesal-, es necesario que el juicio constitucional resulte procedente, como un presupuesto procesal de análisis obligatorio para este juzgador federal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados el Agente del Ministerio Público adscrito y por la representante especial de los menores, en virtud de que en ellos no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo, ni forman parte de la litis. Ello en términos de la jurisprudencia 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Se precisa que los criterios invocados en esta ejecutoria se citaron acorde con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que su contenido no se contrapone a dicha legislación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.LFSL
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 49/2023 promovido por ******************** contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado ********************, quien se encuentra debidamente emplazado y apersonado como se advierte del sumario. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe diversas documentales relacionadas con el acto reclamado; así como la totalidad de las constancias que integran el expediente de colaboración FEVFG/002/2022, en relación al número de caso en la Corte Superior de Washington: 2220089608, con las que se ordenó formar tomo de pruebas por separado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló los alegatos que a esa parte corresponde. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno, dado que solo se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado el billete de depósito número N-842935, relacionado con este, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo y confirmarse la resolución por el Tribunal de Alzada, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO Ahora bien, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-842935, valioso por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., que fue exhibido por el quejoso a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados y toda vez que el término de seis meses que disponían los terceros interesados ********************, para promover incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, ha fenecido en exceso sin que lo hubieren hecho; por lo tanto, hágase saber a la parte quejosa, hágasele saber a la parte quejosa, que cuenta con el término de dos años para recoger dicha cédula bancaria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará la prescripción de dicha cédula bancaria a favor del Erario Federal y posteriormente se efectuará la orden la orden de Transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretario que autoriza. Doy Fe/*arga*/*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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