Griselda Miron Sánchez

Expediente 1224/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1224/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Griselda Miron Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Griselda Mirón Sánchez; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1224/2023-4 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADMISIÓN Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, incisos b) y c), VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Griselda Mirón Sánchez, en contra de las autoridades y acto señalados en dicho escrito. En cumplimiento al artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la Justicia Federal, la denominación de la responsable cuya denominación correcta sea un hecho notorio para el que suscribe, será corregida al emitir el oficio respectivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por separado y en cuadernillo único fórmese y tramítese el incidente de suspensión del acto reclamado. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en los artículos 117, párrafo segundo, 63, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: < Que rindan su informe justificado respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. < Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto que se le reclama, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. < Mencionen el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. En la inteligencia de que si las autoridades responsables no rinden su informe justificado, o lo hacen sin remitir lo solicitado, se les impondrá, en la sentencia respectiva, una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. INFORMEN SI SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las autoridades responsables para que cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo informe de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo; asimismo, informe si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, y de ser así indique el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto; con el apercibimiento de no hacerlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana, y la instrumental de actuaciones; las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso k), de la propia legislación, notifíquesele personalmente la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. En razón de lo anterior, se ordena que dicha notificación y los oficios que se giren el presente asunto les sean notificados vía correo electrónico a la dirección fernando.cesar@.fgr.org.mx; que fue proporcionado para tal efecto; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que transmitan, vía correo electrónico, dichas comunicaciones a la dirección indicada, debiendo elaborar constancia correspondiente. Asimismo, conforme a lo establecido al acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés del cuaderno de varios 2/2023 del índice del presente órgano jurisdiccional, en el cual se instruye a la oficial judicial "A" con base en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que habilite el usuario CELF68, para poder visualizar y consultar vía electrónica el presente juicio de amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO En términos del artículo 5, fracción III, incisos b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable representada en el juicio de origen por Edna Isela Olguin Naranjo o Gabriela Moran Camacho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que con copia del presente acuerdo, y escrito de demanda emplace a la citada tercero interesada por conducto de quien legalmente la represente en el domicilio ubicado en Alonso de Ávila número 75, entre las calles Colón y Washington del fraccionamiento Reforma, código postal 91919, en Veracruz, Veracruz. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Como lo solicita la parte promovente se tiene por señaladas las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Hilario Silva Arias, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona, será utilizado como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisándose que a través de dicho medio no se pueden realizar notificaciones, ya que no está previsto por la ley de la materia. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven el oficio con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo a la autoridad señalada como responsable destinataria por inexistencia de la misma, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, y en su oportunidad se tendrá por inexistente, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la autoridad en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le será notificada por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; personalmente a la parte tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con copia simple de la demanda de amparo, como se ordenó en el cuaderno principal, fórmese y tramítese en cuadernillo único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1224/2023, promovido por Griselda Mirón Sánchez, en contra de la autoridad y acto señalado en dicho ocurso. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, 139, 140, 143, 144 y 150 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo en relación con los diversos artículos 238 y 260 fracción I de la misma legislación. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO A efecto de proveer sobre la suspensión provisional solicitada, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 942/2017/VII del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Estado de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, donde la responsable desechó por improcedente el recurso de revocación que interpuso con su escrito de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en contra del auto de cuatro de octubre pasado en que se declaró que la sentencia dictada en dicho asunto causó ejecutoria y abrió sección de ejecución; asimismo, reclama el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, donde tiene a la actora formulando planilla de liquidación de intereses. SUSPENSIÓN PROVISIONAL La parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que se ordene a la autoridad responsable mantener las cosas en el estado que actualmente guarda el trámite del expediente 942/2017/VII de la estadística del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Estado de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz. En atención de lo anterior, se debe tomar en consideración que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como de los diversos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende que el acto reclamado podrá ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Asimismo, se observa que, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el último de los aludidos numerales contempla -en lo que interesa- que, promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente; y partiendo de esa base, concederá o negará la suspensión provisional, en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. Por lo anterior, la procedencia de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa requiere que esté acreditado que: - Expresamente la solicite la parte quejosa. - Los actos reclamados sean susceptibles de suspenderse. - No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y - Se efectúe un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Debiendo tomarse en cuenta que la concesión de la suspensión requiere el cumplimiento de todos los requisitos referidos y la falta de cualquiera de ellos hace improcedente la suspensión. En consonancia con lo anterior, procede indicar que del análisis armónico de lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como en los numerales 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo1, se desprende lo siguiente: - La suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitar que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto, por lo que tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate y para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta en tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio y esto lo hace mediante medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales), dependiendo de la naturaleza y efectos del acto reclamado. - A través de la suspensión se puede impedir la ejecución de determinados actos o efectos hasta en tanto se resuelve en la suspensión definitiva el expediente principal, a fin de evitar daños o perjuicios irreparables al quejoso y conservar viva la materia del juicio, para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; y, c) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. - El objetivo primordial de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Ahora bien, el que suscribe está legalmente facultado para precisar los efectos de la suspensión del acto reclamado, conforme a su prudente arbitrio, los cuales pueden ser diversos a los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo. Sirve de fundamento a lo anterior el criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, registro digital 2019200, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." En ese sentido, al encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, y que con la suspensión del acto reclamado no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se concede a Griselda Mirón Sánchez, la suspensión provisional del acto reclamado, únicamente para el efecto de que se continúe con la tramitación de la planilla de liquidación promovida en el expediente 942/2017/VII del índice del Juez Sexto de Primera Instancia del Estado de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, hasta antes del dictado de la resolución de dicho incidente de liquidación, momento procesal en el que se deberá suspender, hasta que se notifique a la responsable sobre la suspensión definitiva que se emita en el presente incidente de suspensión. Apoya lo anterior por la idea contenida la jurisprudencia 1a./J. 67/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1189, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, registro digital 2002075, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. La suspensión del acto reclamado es la facultad que tienen los jueces para conservar la materia del juicio, atendiendo a las exigencias del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal. En dicha fracción se ha incorporado el deber de los jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social. De este modo, los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar que se pierda la materia litigiosa. Lo anterior no supone en modo alguno que deba necesariamente paralizarse el procedimiento, puesto que ello llevaría a la contravención de disposiciones de orden público; por ello, se considera suficiente evitar el dictado de la sentencia definitiva hasta entonces no se resuelva el juicio de amparo, pues esta última resolución puede determinar la continuidad lógica y jurídica del juicio. La continuidad lógica se refiere a que antes del dictado de la sentencia del juicio natural, siempre conviene tener completamente despejados y resueltos los problemas de previo y especial pronunciamiento, ya que se trata de cuestiones naturalmente anteriores a las del fondo del asunto. La continuidad jurídica, por su parte, tiene que ver con la necesidad de evitar resoluciones contradictorias como la que surgiría entre una sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal por alguna violación al procedimiento en el juicio natural, y la resolución de fondo del mismo juicio, que pudo ser dictada antes de que el amparo se concediera. Así, si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que procede otorgar la suspensión del acto reclamado, salvando las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo -es decir, sin que el procedimiento se paralice- para el efecto de que no se dicte la sentencia en el juicio natural hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Con esta medida se busca evitar el dictado de sentencias por jueces cuya competencia posteriormente pudiera quedar desconocida por el amparo, o bien que el amparo tuviera que ser sobreseído por haberse quedado sin materia." Así como la jurisprudencia número P./J. 83/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XVIII, diciembre de 2003, registro 182528, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando que en ninguno de los supuestos que prevé, de manera enunciativa, se contempló la suspensión de un procedimiento, por lo que el legislador no dispuso expresamente que tal suspensión fuera improcedente. Aunado a lo anterior, del análisis histórico de la tesis del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 292, de rubro: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.", se advierte que el criterio de que la continuación del procedimiento es de orden público y, por ende, su suspensión lo contraviene, se fundó en el anterior artículo 64 de la Ley de Amparo de 1919, cuyo contenido, en esencia, se reitera en el artículo 138, primer párrafo, de la ley vigente, por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto de la resolución que dirime la cuestión de personalidad. En congruencia con lo antes expuesto, si del contenido del precepto últimamente citado deriva que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, y en atención a que ésta se materializa sólo con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo, es indudable que la suspensión definitiva debe concederse al quejoso para el efecto de que el Juez natural continúe con el procedimiento hasta su resolución, pero debe abstenerse de dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías correspondiente." Así las cosas, resulta claro que con la medida cautelar otorgada se busca evitar el dictado de resoluciones por autoridades que posteriormente pudieran quedar desconocidas por el juicio amparo, cuidando además de no suspender el procedimiento en el incidente iniciado con motivo de la presentación de la planilla de liquidación derivado del juicio 942/2017; por tanto, no paraliza la prosecución de la etapa de ejecución del juicio hipotecario, sino que tiende a conservar la materia del juicio de derechos fundamentales, e impide que se consume en forma irreparable el acto reclamado, lo que resulta acorde con lo dispuesto en el numeral 150 de la Ley de Amparo, que señala: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." No ha lugar a requerir caución alguna a la parte quejosa para que surta efectos la suspensión concedida, ya que el efecto de dicha concesión no le causa agravio a la parte tercera interesada, ni se le ocasionan daños y perjuicios con la misma, debido a que la planilla de liquidación de intereses no ha sido declarada procedente, a más de que lo reclamado por la parte quejosa es la resolución que desechó el recurso promovido en contra del auto que declaró ejecutoriada la sentencia, por lo que se advierte que reclama la firmeza de lo condenado. En la inteligencia que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra la misma autoridad. NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERO INTERESADO En consecuencia, notifíquese la presente determinación a la tercero interesada ********************representada en el juicio de origen por********************o ********************, quien tiene su domicilio en********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Como lo solicita la parte promovente se tiene por señaladas las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona, será utilizado como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisándose que a través de dicho medio no se pueden realizar notificaciones, ya que no está previsto por la ley de la materia. AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. ASPECTOS PROCESALES Respecto al uso de medios electrónicos, expedición de copias y habilitación de horas y días inhábiles, notificación a autoridades responsables y consulta de expediente electrónico, se pronuncia en los términos acordados en el cuaderno principal, respecto de lo cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, en razón de que el expediente en que se actúa deriva de aquel. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*

  3. Incidental

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 24-11-2023, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 27-11-2023: ... Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con copia simple de la demanda de amparo, como se ordenó en el cuaderno principal, fórmese y tramítese en cuadernillo único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1224/2023, promovido por Griselda Mirón Sánchez, en contra de la autoridad y acto señalado en dicho ocurso. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III, 139, 140, 143, 144 y 150 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo en relación con los diversos artículos 238 y 260 fracción I de la misma legislación. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO A efecto de proveer sobre la suspensión provisional solicitada, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 942/2017/VII del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Estado de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, donde la responsable desechó por improcedente el recurso de revocación que interpuso con su escrito de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en contra del auto de cuatro de octubre pasado en que se declaró que la sentencia dictada en dicho asunto causó ejecutoria y abrió sección de ejecución; asimismo, reclama el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, donde tiene a la actora formulando planilla de liquidación de intereses. SUSPENSIÓN PROVISIONAL La parte quejosa solicita la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que se ordene a la autoridad responsable mantener las cosas en el estado que actualmente guarda el trámite del expediente 942/2017/VII de la estadística del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Estado de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz. En atención de lo anterior, se debe tomar en consideración que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como de los diversos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, se desprende que el acto reclamado podrá ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Asimismo, se observa que, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el último de los aludidos numerales contempla -en lo que interesa- que, promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente; y partiendo de esa base, concederá o negará la suspensión provisional, en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. Por lo anterior, la procedencia de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa requiere que esté acreditado que: - Expresamente la solicite la parte quejosa. - Los actos reclamados sean susceptibles de suspenderse. - No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y - Se efectúe un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Debiendo tomarse en cuenta que la concesión de la suspensión requiere el cumplimiento de todos los requisitos referidos y la falta de cualquiera de ellos hace improcedente la suspensión. En consonancia con lo anterior, procede indicar que del análisis armónico de lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, así como en los numerales 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo1, se desprende lo siguiente: - La suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio y a la vez evitar que se causen daños graves o irreparables a las partes o a la sociedad durante la tramitación del asunto, por lo que tiene como objeto preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate y para evitar que el acto reclamado cause daños o perjuicios a la parte quejosa hasta en tanto se decida sobre el derecho que pretende en el juicio y esto lo hace mediante medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales), dependiendo de la naturaleza y efectos del acto reclamado. - A través de la suspensión se puede impedir la ejecución de determinados actos o efectos hasta en tanto se resuelve en la suspensión definitiva el expediente principal, a fin de evitar daños o perjuicios irreparables al quejoso y conservar viva la materia del juicio, para lo cual es necesario analizar: a) La apariencia del buen derecho; b) Las posibles afectaciones al interés social; y, c) La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. - El objetivo primordial de la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, es mantener viva la materia de ese juicio, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole así los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Ahora bien, el que suscribe está legalmente facultado para precisar los efectos de la suspensión del acto reclamado, conforme a su prudente arbitrio, los cuales pueden ser diversos a los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo. Sirve de fundamento a lo anterior el criterio sostenido en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, registro digital 2019200, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." En ese sentido, al encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, y que con la suspensión del acto reclamado no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se concede a Griselda Mirón Sánchez, la suspensión provisional del acto reclamado, únicamente para el efecto de que se continúe con la tramitación de la planilla de liquidación promovida en el expediente 942/2017/VII del índice del Juez Sexto de Primera Instancia del Estado de Veracruz, con residencia en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, hasta antes del dictado de la resolución de dicho incidente de liquidación, momento procesal en el que se deberá suspender, hasta que se notifique a la responsable sobre la suspensión definitiva que se emita en el presente incidente de suspensión. Apoya lo anterior por la idea contenida la jurisprudencia 1a./J. 67/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1189, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, registro digital 2002075, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. La suspensión del acto reclamado es la facultad que tienen los jueces para conservar la materia del juicio, atendiendo a las exigencias del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal. En dicha fracción se ha incorporado el deber de los jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social. De este modo, los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar que se pierda la materia litigiosa. Lo anterior no supone en modo alguno que deba necesariamente paralizarse el procedimiento, puesto que ello llevaría a la contravención de disposiciones de orden público; por ello, se considera suficiente evitar el dictado de la sentencia definitiva hasta entonces no se resuelva el juicio de amparo, pues esta última resolución puede determinar la continuidad lógica y jurídica del juicio. La continuidad lógica se refiere a que antes del dictado de la sentencia del juicio natural, siempre conviene tener completamente despejados y resueltos los problemas de previo y especial pronunciamiento, ya que se trata de cuestiones naturalmente anteriores a las del fondo del asunto. La continuidad jurídica, por su parte, tiene que ver con la necesidad de evitar resoluciones contradictorias como la que surgiría entre una sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal por alguna violación al procedimiento en el juicio natural, y la resolución de fondo del mismo juicio, que pudo ser dictada antes de que el amparo se concediera. Así, si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que procede otorgar la suspensión del acto reclamado, salvando las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo -es decir, sin que el procedimiento se paralice- para el efecto de que no se dicte la sentencia en el juicio natural hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Con esta medida se busca evitar el dictado de sentencias por jueces cuya competencia posteriormente pudiera quedar desconocida por el amparo, o bien que el amparo tuviera que ser sobreseído por haberse quedado sin materia." Así como la jurisprudencia número P./J. 83/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XVIII, diciembre de 2003, registro 182528, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando que en ninguno de los supuestos que prevé, de manera enunciativa, se contempló la suspensión de un procedimiento, por lo que el legislador no dispuso expresamente que tal suspensión fuera improcedente. Aunado a lo anterior, del análisis histórico de la tesis del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 292, de rubro: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.", se advierte que el criterio de que la continuación del procedimiento es de orden público y, por ende, su suspensión lo contraviene, se fundó en el anterior artículo 64 de la Ley de Amparo de 1919, cuyo contenido, en esencia, se reitera en el artículo 138, primer párrafo, de la ley vigente, por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto de la resolución que dirime la cuestión de personalidad. En congruencia con lo antes expuesto, si del contenido del precepto últimamente citado deriva que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, y en atención a que ésta se materializa sólo con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo, es indudable que la suspensión definitiva debe concederse al quejoso para el efecto de que el Juez natural continúe con el procedimiento hasta su resolución, pero debe abstenerse de dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías correspondiente." Así las cosas, resulta claro que con la medida cautelar otorgada se busca evitar el dictado de resoluciones por autoridades que posteriormente pudieran quedar desconocidas por el juicio amparo, cuidando además de no suspender el procedimiento en el incidente iniciado con motivo de la presentación de la planilla de liquidación derivado del juicio 942/2017; por tanto, no paraliza la prosecución de la etapa de ejecución del juicio hipotecario, sino que tiende a conservar la materia del juicio de derechos fundamentales, e impide que se consume en forma irreparable el acto reclamado, lo que resulta acorde con lo dispuesto en el numeral 150 de la Ley de Amparo, que señala: "En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." No ha lugar a requerir caución alguna a la parte quejosa para que surta efectos la suspensión concedida, ya que el efecto de dicha concesión no le causa agravio a la parte tercera interesada, ni se le ocasionan daños y perjuicios con la misma, debido a que la planilla de liquidación de intereses no ha sido declarada procedente, a más de que lo reclamado por la parte quejosa es la resolución que desechó el recurso promovido en contra del auto que declaró ejecutoriada la sentencia, por lo que se advierte que reclama la firmeza de lo condenado. En la inteligencia que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma quejosa, por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra la misma autoridad. NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERO INTERESADO En consecuencia, notifíquese la presente determinación a la tercero interesada ********************representada en el juicio de origen por********************o ********************, quien tiene su domicilio en********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Como lo solicita la parte promovente se tiene por señaladas las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona, será utilizado como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisándose que a través de dicho medio no se pueden realizar notificaciones, ya que no está previsto por la ley de la materia. AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. ASPECTOS PROCESALES Respecto al uso de medios electrónicos, expedición de copias y habilitación de horas y días inhábiles, notificación a autoridades responsables y consulta de expediente electrónico, se pronuncia en los términos acordados en el cuaderno principal, respecto de lo cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, en razón de que el expediente en que se actúa deriva de aquel. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, personalmente al tercero interesado y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 24-11-2023, POR NO ATENDER AL CITATORIO DE 27-11-2023: ... Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Griselda Mirón Sánchez; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1224/2023-4 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ADMISIÓN Con fundamento en lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, incisos b) y c), VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Griselda Mirón Sánchez, en contra de las autoridades y acto señalados en dicho escrito. En cumplimiento al artículo 17 constitucional, en aras de una pronta y expedita administración de la Justicia Federal, la denominación de la responsable cuya denominación correcta sea un hecho notorio para el que suscribe, será corregida al emitir el oficio respectivo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por separado y en cuadernillo único fórmese y tramítese el incidente de suspensión del acto reclamado. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del término de quince días, con estricto apego a lo establecido en los artículos 117, párrafo segundo, 63, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: < Que rindan su informe justificado respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. < Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto que se le reclama, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. < Mencionen el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. En la inteligencia de que si las autoridades responsables no rinden su informe justificado, o lo hacen sin remitir lo solicitado, se les impondrá, en la sentencia respectiva, una multa individualizada equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. INFORMEN SI SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Requiérase a las autoridades responsables para que cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento lo informe de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo; asimismo, informe si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, y de ser así indique el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto; con el apercibimiento de no hacerlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana, y la instrumental de actuaciones; las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en materia de amparo, y con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso k), de la propia legislación, notifíquesele personalmente la admisión del presente asunto, corriéndole traslado con copia de la demanda de mérito. En razón de lo anterior, se ordena que dicha notificación y los oficios que se giren el presente asunto les sean notificados vía correo electrónico a la dirección fernando.cesar@.fgr.org.mx; que fue proporcionado para tal efecto; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a efecto de que transmitan, vía correo electrónico, dichas comunicaciones a la dirección indicada, debiendo elaborar constancia correspondiente. Asimismo, conforme a lo establecido al acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés del cuaderno de varios 2/2023 del índice del presente órgano jurisdiccional, en el cual se instruye a la oficial judicial "A" con base en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que habilite el usuario CELF68, para poder visualizar y consultar vía electrónica el presente juicio de amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO En términos del artículo 5, fracción III, incisos b), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable representada en el juicio de origen por Edna Isela Olguin Naranjo o Gabriela Moran Camacho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que con copia del presente acuerdo, y escrito de demanda emplace a la citada tercero interesada por conducto de quien legalmente la represente en el domicilio ubicado en Alonso de Ávila número 75, entre las calles Colón y Washington del fraccionamiento Reforma, código postal 91919, en Veracruz, Veracruz. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Como lo solicita la parte promovente se tiene por señaladas las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Hilario Silva Arias, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante, por así haberlo solicitado expresamente la promovente. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que proporciona, será utilizado como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisándose que a través de dicho medio no se pueden realizar notificaciones, ya que no está previsto por la ley de la materia. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES RESPONSABLES Dígasele a la parte quejosa que si el Servicio Postal Mexicano o los Actuarios Judiciales de la adscripción devuelven el oficio con transcripción de este proveído en razón de que no les fue posible entregarlo a la autoridad señalada como responsable destinataria por inexistencia de la misma, se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, y en su oportunidad se tendrá por inexistente, lo anterior con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda proporcionar la nueva denominación de la autoridad en el momento procesal oportuno, cuando así lo crea conveniente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente le será notificada por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUTORIZACIÓN AL ACTUARIO PARA TESTAR Y CORREGIR DENOMINACIÓN DE AUTORIDADES Con el fin salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; personalmente a la parte tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe.

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