Griselda Mendoza Rodríguez
Expediente 64/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Griselda Mendoza Rodríguez
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el cual se devuelve lo actuado en el despacho 12/2022-V-L. Ahora, de las constancias se advierte que el funcionario adscrito al órgano al que se le solicitó el apoyo para realizar dicha labor, manifiesta que se constituyó en el domicilio proporcionado en la demanda de amparo y asienta que no fue posible encontrar a la parte quejosa, por los motivos que de las constancias se exponen; por tanto esté juzgador ordena que la notificación del auto de uno de febrero del año en curso, así como la presente y las subsecuentes notificaciones se realicen a dicha parte por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad de Colima; lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, dese de baja la comunicación oficial en cita y acúsese recibo. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE en el Estado de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 64/2022-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado el oficio SP/J/017/2022 emitido el cinco de enero de dos mil veintidós, en la que se negó el otorgamiento de la pensión por concubinato por muerte del pensionista, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Colima. Desechamiento. Bajo tal aspecto, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata, en atención a lo siguiente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano" El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se dijo, la quejoso señala como acto reclamado el oficio SP/J/017/2022 emitido el cinco de enero de dos mil veintidós, por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Colima, en el que le negó el pago de la pensión por concubinato por muerte del pensionista, respecto del cual este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El indicado artículo 61, en su fracción XX, establece que el juicio de amparo resulta improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. La improcedencia del juicio de amparo por no agotar el principio de definitividad, en el caso, precisa de la actualización de varios elementos, a saber: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que tal suspensión se prevea con los mismos alcances que los determinados en la Ley de Amparo y que no se exijan mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Dicho criterio fue sintetizado en las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y 2a./J. 116/99, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, de octubre de 1999, páginas 448 y 447. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015 en la que fue contendiente la tesis 2a. LVI/2000, de la que derivo la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), registro digital: 2017117, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, bajo el rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", determinó que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto previamente a su interposición en los casos siguientes: 1. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: a. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. b. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. c. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. d. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. 2. Por disposición de la Ley de Amparo. a. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. c. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. d. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. 3. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. a. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es la garantía de audiencia. b. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. En este sentido, se estima que no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como se demuestra a continuación. Conviene recordar que el acto que pretende reclamar la quejosa en esta instancia constitucional lo constituye, en síntesis la emisión del oficio SP/J/017/2022 de cinco de enero de dos mil veintidós, por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Colima, en el que se le negó el pago de la pensión por concubinato por muerte del pensionista. En este punto, resulta necesario invocar lo previsto en el Artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (..)" De la interpretación extensiva de esta norma, se estima que la causa de pedir respecto del escrito de demanda que se provee es respecto del oficio SP/J/017/2022 de cinco de enero de dos mil veintidós, en la que se le negó el pago de la pensión por concubinato por muerte del pensionista, debe ser impugnado en la jurisdicción ordinaria previamente a la vía constitucional de amparo, esto es, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en razón de que dicho tribunal cuenta con atribuciones para resolver controversias en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En este sentido, es claro que, previamente a instar la vía constitucional, debió agotar la vía ordinaria impugnando la citada resolución, a través del juicio de nulidad. Así, se estima que el acto reclamado es impugnable a través del juicio de nulidad contemplado en el artículo 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 111/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Tomo XXII, de septiembre de dos mil cinco, página trescientos veintiséis. De igual forma, se estima así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2002, del que derivó la tesis 2a. X 2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de febrero de 2003, página 336, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL", estableció que el juicio ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede contra resoluciones definitivas, entendiéndose éstas como las que ponen fin a un procedimiento, y contra actos que configuren una manifestación aislada de autoridad que no requiere de un procedimiento para reflejar la voluntad de la autoridad. No obsta considerar que el acto reclamado puede ser suspendido, de conformidad con el precepto 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual prevé los mismos requisitos que los contenidos en los artículos 128, 129 y 135 de la Ley de Amparo, para obtener la suspensión del acto combatido a través del juicio de nulidad. En efecto, de la comparación de los preceptos mencionados, se deduce que el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para la procedencia de la suspensión del acto impugnado que los que se establecen en la Ley de Amparo para la procedencia de la medida suspensional. Tanto en un juicio como en otro, la medida cautelar debe solicitarse por el agraviado mediante escrito; petición que es oportuna desde el momento en que se presenta la demanda hasta antes de que se dicte la sentencia ejecutoriada, es decir, en cualquier etapa del procedimiento; en ambos juicios opera la suspensión provisional y definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; además, en ambos procedimientos puede modificarse o revocarse la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando se actualice un hecho superveniente que lo justifique. En consecuencia, si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los mismos requisitos que la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, es evidente que no se actualiza el supuesto de excepción y, por ende, antes de la incoación del juicio de amparo, correspondía a la parte quejosa impugnar el acto reclamado, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 160630, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, página 496. Asimismo, la diversa jurisprudencia 2a./J. 95/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de julio de 2004, página 414. Así como la tesis VI.1o.A.6 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la 4603, Libro VI, Enero de 2012, Tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época. Además, en este caso no se surte la excepción prevista en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Lo cual no ocurre en la especie, pues de la lectura del oficio SP/J/017/2022, cinco de enero de dos mil veintidós, en el que se le negó el pago de la pensión por concubinato por muerte del pensionista, se aprecia que el mismo contiene diversos fundamentos y motivos que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este juzgador concluya que no carece de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. En lo que respecta a la excepción relativa al carácter con el que se acude al juicio, tampoco se actualiza, en razón de que la parte quejosa no se ostenta como tercero extraño al procedimiento de origen ni le asiste ese carácter; además, el medio de defensa propuesto se encuentra previsto en una ley formal, por lo que no se actualiza la excepción a que se refiere la parte final del segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así las cosas, se concluye que contra el oficio SP/J/017/2022, de cinco de enero de dos mil veintidós, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Colima, en el que se le negó el pago de la pensión por concubinato por muerte del pensionista, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que previo a instar la acción constitucional de amparo debió agotar ese medio de defensa, lo cual patentiza de forma notoria e indudable la causa de improcedencia que se invoca. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en conexión con el artículo 3, fracción VII de la de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se desecha la demanda de amparo en estudio. Similares consideraciones sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 224/2020 en sesión ordinaria de veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con la formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487. Sin que se tenga como autorizados de la parte quejosa en amplios en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, *** ***, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo tanto, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos; así como a ***, por así haberlo solicitado. Notifíquese en términos de ley.
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