Griselda López González

Expediente 702/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
702/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Griselda López González
  • Juez de Control de Oralidad Penal de la Ciudad de León, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE REZA: I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de seis de septiembre del presente año. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se tuvo por desechada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE REZA: I. Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 702/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa.------- III. Autoridad responsable. Juez de Control de Oralidad Penal, con sede en esta ciudad y otra autoridad. IV. Actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la puesta a disposición del directo quejoso ante el juez de la causa acaecida el veintinueve de agosto del año en curso y la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, que declara la legal detención de su representado - - - - - - , dentro de la causa penal 1P2021-2257. V. Desechamiento de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, de manera notoria y manifiesta se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, este último interpretado en sentido contrario, porque la promovente carece de legitimación para instar el presente juicio en favor de su hijo Juan Carlos López González. Los artículos antes mencionados dicen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." En efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos citados, el juicio de amparo es improcedente cuando no existe iniciativa de parte agraviada, esto es, cuando la acción constitucional no fue ejercida por parte legítima. Lo anterior, en razón de que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que se reproduce en el segundo de los artículos citados, al establecer que el juicio únicamente puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que deriva de un procedimiento penal, o por cualquier persona en los casos en que la Ley de Amparo lo permita expresamente. Por su parte, los artículos 14 y 15 de la Ley de Amparo, en lo que interesan, disponen: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.) Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. (.). Esto es, en el primer numeral se establece que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter, y en el segundo de los numerales, que cuando se promueve amparo contra alguno de los actos que dispone dicho numeral y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre. En ambos casos, se dispone que el agraviado deberá ratificar la demanda de amparo. Ahora bien, en el caso, de la revisión íntegra de la demanda de amparo que ocupa, se advierte que los actos reclamados consisten en: La puesta a disposición del directo quejoso ante el juez de la causa acaecida el veintinueve de agosto del año en curso y la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, que declara la legal detención de su representado Juan Carlos López González, dentro de la causa penal 1P2021-2257. En ese sentido, se sostiene que la promovente carece de legitimación para instar el presente juicio en representación de su hijo, toda vez que de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, se advierte que éste es mayor de edad, de lo que se colige que no se actualiza el supuesto establecido en el artículo 8° de la Ley de Amparo, a fin de que su progenitora promueva en su nombre el libelo de amparo, aunado a que tampoco se ostenta como defensora del directo agraviado en la causa penal 1P2021-2257, del índice del Juzgado de Control de Oralidad Penal, con sede en esta ciudad, que se le instruye. Máxime, que los actos combatidos no se encuentran en los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales cualquier persona puede presentar a nombre del directo quejoso la demanda constitucional, a saber: cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el directamente agraviado se encuentre imposibilitado para promover demanda de amparo. Así se afirma, porque al margen de que la resolución que califica de legal la detención constituya un ataque a la libertad personal, ésta no se decretó fuera de procedimiento, tan es así que se le atribuye a un juez de oralidad, de ahí que no se actualice en este asunto el aludido supuesto establecido en el numeral citado con antelación, a lo que se suma que tampoco se demostró la segunda de las condiciones enunciadas (imposibilidad del directo quejoso para promover el amparo), en tanto que al respecto nada aduce la promovente en la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que el solo hecho de que éste se encuentre interno en un centro penitenciario no permite concluir ipso facto que se encuentra incomunicado o con alguna imposibilidad física o mental para suscribir la demanda de amparo por sí mismo, tales como estado de inconciencia, o algún padecimiento físico que le impida firmar o estampar su huella digital o nombre, y por tanto imposibilitado para promover el amparo por sí, por conducto de apoderado, representante legal o defensor, pues por el contrario de la demanda de trato se obtiene que el directo quejoso está en comunicación con la promovente; además, de que es un hecho notorio para esta Juzgadora que los reclusos de centros carcelarios promueven demandas de amparo, sin que sea impedimento su condición. En esas condiciones, es incuestionable que la promovente carece de legitimación para instar este juicio de amparo en representación de su hijo Juan Carlos López González, contra los actos que reclama. Al respecto tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, página 272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.". Aunado a lo anterior, es relevante establecer que este Juzgado de Distrito no se encuentra facultado para ordenar la ratificación de la demanda presentada a favor de Juan Carlos López González, dado que como se estableció con anterioridad, no se está en presencia de casos previstos por los artículos 22 constitucional, 14 y 15 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, este tribunal advierte que en el caso, se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo que Griselda López González, promueve en nombre de Juan Carlos López González. VI. Domicilio y autorizados. En otro orden, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Ponce Calderón, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dos de septiembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.

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