Griselda Leticia Sánchez Pérez
Expediente 404/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/03/2016
Partes del expediente
- Griselda Leticia Sánchez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa , hubiese recurrido el acuerdo dictado el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente devuélvase al Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, las copias certificadas del expediente 415/2015, de su índice; en la inteligencia de que la presente notificación hace las veces de acuse de recibo, lo que deberá asentarse al momento de su entrega...VI
- Incidental
V I S T O el oficio de cuenta suscrito por los Actuarios adscritos a la Coordinación de Actuarios de los Juzgado Civiles y Familiares en el Estado de Querétaro, por medio del cual pretende rendir su respectivo informe previo, sin embargo, y tomando en consideración que por auto de fecha veinticinco del presente mes y año, se dejó sin efectos las medidas decretadas dentro de la presente incidencia, agréguese únicamente a sus autos para que obre como constancia...VI
- Principal
Visto lo de cuenta; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de quince de febrero de dos mil dieciséis, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, por lo que este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. En principio debe precisarse que la sentencia de veintisiete de abril de dos mil quince, dictada por éste Juzgador, fue recurrida por la parte quejosa, mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil quince; luego, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil quince, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo número 161/2015-V, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Querétaro, promovido por Carolina Hernández de la Fuente y José Alberto Sánchez Canales; en contra de las autoridades y por los actos indicados en el resultando primero de esta ejecutoria, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de este fallo. Los efectos de la reposición se precisan el en considerando último del mismo. Por lo anterior, se reanudó el procedimiento y por sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito determinó en su tercer punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] I. Para el efecto de que no se apliquen en perjuicio de Carolina Hernández de la Fuente y José Alberto Sánchez Canales, los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, publicada el diecisiete de octubre de dos mil trece, así como el Reglamento de Peritación Valuatoria, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, durante el lapso de su vigencia. II. Asimismo, deberá desincorporarse de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación tributaria contenida en los preceptos legales considerados inconstitucionales, en los que se contiene los elementos esenciales del impuesto para educación y obras públicas municipales y, por ende, deberá reintegrarse a Carolina Hernández de la Fuente y José Alberto Sánchez Canales, el pago que realizó por dicho tributo, es decir, la cantidad de $8,911.17 (ocho mil novecientos once pesos 17/100 Moneda Nacional), según suma que obra en la impresión del comprobante de pago T-624, de veintiocho de febrero de dos mil catorce. III. También, atento a la protección constitucional concedida en el considerando séptimo, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, para determinar el importe que la quejosa debe pagar respecto del impuesto sobre traslado de dominio, se aplique el 2% (dos por ciento) sobre el valor de la operación, no así sobre el valor fiscal. [.]" Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de diez días. Previa prorroga solicitada por la responsable, mediante oficio SF/CNF/1002/2016, recibido en este juzgado el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, , en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informó que ha quedado enterada que los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, publicada el diecisiete de octubre de dos mil trece, así como el Reglamento de Peritación Valuatoria, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa; asimismo, previo requerimiento, mediante oficio SF/CNF/1298/2016, recibido en este juzgado el doce de febrero de dos mil dieciséis, la Delega de la Directora de Ingresos del Municipio de Querétaro, informó que se encuentra a disposición de la quejosa en las instalaciones de la autoridad los cheques números 0029991, que amparan la cantidad de $2,069.72 (dos mil sesenta y nueve pesos 72/100 m.n.), y 0029922, que ampara la cantidad de $8,911.17 (ocho mil novecientos once pesos 17/100 m.n.), expedidos a nombre de la parte quejosa, por concepto la aplicación a la parte quejosa de 2% (dos por ciento) sobre el valor de la operación, esto es, respecto del impuesto sobre traslado de dominio, así como la cantidad que pagó por concepto de Impuesto a la Educación y Obras Públicas Municipales. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad exactora, dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto líquido a su favor, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto susceptible de devolución, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este juzgado pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído; y, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...V
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 26/02/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 25/02/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el oficio de cuenta suscrito por el Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, por medio de cual rinde su respectivo informe justificado, en tal virtud, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. Con fundamento en el artículo 119 de la ley reglamentaria invocada, dada su especial naturaleza jurídica, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental que exhibe la autoridad judicial señalada en el último término, consistente en copia certificada de diversas actuaciones del expediente 415/2015 de su índice; sin perjuicio de que san tomadas en consideración, en el momento procesal oportuno y relacionadas en la audiencia de ley; debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable referida, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, para un mejor manejo del sumario, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado, para su consulta. Ahora bien, de las constancias procesales que remitió el Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, en vía de justificación, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 63 de la Ley de Amparo, se lee: "El sobreseimiento en el juicio de a amparo procede cuando: (... ) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En ese sentido, de la debida interpretación del numeral en comento es válido arribar a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que hace innecesario que se continué en forma estéril con el trámite, pues aun cuando se siga el juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que se corrobora aún más, con lo dispuesto por el inciso d), fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil tres) Precisado lo anterior, es conveniente destacar que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). En ese orden de ideas y vistas las constancias indicadas en el particular se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente, como a continuación se expone. En efecto, la fracción XI del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) Por su parte la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo a la que se hace referencia la fracción anterior establece. (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" (.) Por lo que, conforme al análisis sistemático de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Causa de improcedencia que tiene su razón de ser en el principio de cosa juzgada, en virtud del cual al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un juicio de amparo que ha causado ejecutoria, se produce su inacatabilidad con la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al absurdo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de amparo más antiguo. A fin de demostrar que en el presente caso generó la causal de improcedencia antes referida, cabe precisar que de las constancias que remite el Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil de esta ciudad, junto a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con el artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al numeral segundo de la Ley de Amparo, se advierte que se encuentra radicado el juicio de amparo 2975/2015-VI, del índice de éste Juzgado, promovido por la quejosa GRICELDA LETICIA SÁNCHEZ PÉREZ, contra actos entre otros de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero todos de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, así como los Actuarios adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares en el Estado de Querétaro, que hacen consistir en: ".V. ACTOS RECLAMADOS.- Se reclaman como actos de molestia los emitidos por el C. Juez en Materia Civil de Primera Instancia en contra del embargo de bienes en el domicilio del suscrito el ubicado en Calle Privada de Fresnos, número 243, privada de Jurica, Jurica en esta ciudad de Querétaro. Así como el C. Actuario adscrito para dar cumplimiento de la orden dictada por el C. Juez sobre el embargo de bienes de manera forzada en el inmueble descrito líneas anteriores. Así como la ilegal notificación para ser oído y vencido a juicio, principio que se tiene cuartado en razón a que nunca fui notificado de manera legal por la que la autoridad correspondiente de los términos de la Ley que establecen la forma y modo de notificación." En dicho juicio, el Juez Décimo Primero de Primera Instancia Civil de Querétaro, aceptó los actos reclamados, en el que manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez que en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, se radicó el expediente 415/2015, relativo al juicio sumario hipotecario, sobre pago de pesos, promovido por Alán González Velasco, en su carácter de apoderado legal de PROYECTO PYME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de GRISELDA LETICIA SÁNCHEZ PÉREZ y EXPOCISIONES Y MERCADEO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el cual, por encontrarse sustentado en un contrato de apertura y crédito simple con garantía hipotecaria, generó la orden de emplazamiento y orden de inscripción de demanda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sobre el inmueble hipotecado. Al respecto, es pertinente destacar que el presente asunto, es promovido por GRICELDA LETICIA SÁNCHEZ PÉREZ, por medio del cual solicita el Amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero todos de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, así como los Actuarios adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares en el Estado de Querétaro, que hace consistir en la orden de emplazamiento y embargo girada en contra de los bienes propiedad de la parte quejosa. Bajo este contexto, se pone en evidencia que, el juicio de amparo 2975/2015-VI, del índice de éste Juzgado, así como en este en que se actúa, a saber, 404/2016-VI, fueron promovidos por la misma agraviada, contra los mismos actos controvertidos, derivados del expediente 415/2015 del índice del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil de Querétaro, y las mismas autoridades responsables, siendo que en el primero de los mencionados se decretó el sobreseimiento mediante sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, y causó ejecutoria por auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis; por lo que este órgano judicial ya no puede válidamente formular nuevo pronunciamiento por ser una verdad legal inatacable conforme al principio de cosa juzgada previsto en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario se daría margen a que la parte quejosa pudiera interponer juicios de amparo distintos contra un acto ya combatido, y con ello, vulnerar la cosa juzgada que impide realizar un nuevo estudio del fallo ya decretado, o en su defecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. En apoyo a lo anterior en su parte relativa se cita la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a página 423 del Semanario Judicial de la Federación, XIV, Octava Época, (Julio de 1994), Materia Común, que es del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, opera aun cuando el amparista afirme que al promover el primer juicio de garantías contra la misma orden de aprehensión reclamada, desconocía íntegramente los hechos ilícitos que se le imputaban, y que por ello no hizo valer los conceptos de violación que adujo en el nuevo amparo, en virtud de que en dicha causal no debe atenderse a la identidad de los antecedentes o conceptos de violación expresados, sino al acto reclamado. De no ser así, se llegaría al absurdo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer, no obstante que se hubiese enterado debidamente de los hechos ilícitos que se le imputaron cuando la responsable rindió su informe con justificación en el primer juicio de garantías, en donde bien pudo aportar las pruebas que estimare pertinentes, y de ser el caso, ampliar la demanda en el capítulo de conceptos de violación o hacer valer como alegatos las cuestiones que esgrimió en el nuevo amparo." De la misma forma, no es obstáculo a lo anterior el hecho de que en el diverso amparo indirecto 2975/2015-VI índice del éste órgano jurisdiccional, se decretó el sobreseimiento, ya que se está en presencia de una excepción a la causa de improcedencia de cosa juzgada, que prevé la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, sin embargo existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre en el presente juicio de amparo en el que el acto reclamado ha sido consentido, pues esta situación no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo. En consecuencia al haberse sobreseído el diverso juicio de amparo 2975/2015 del índice de éste Juzgado, existe una razón que hace inejercitable la acción de amparo de modo absoluto. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 132, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.- Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Asimismo, tiene apoyo en la tesis de jurisprudencia número 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 524, del Libro XV, Tomo 1, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Por ello, es evidente que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, el impetrante de amparo, se duele de los mismos actos reclamados que ya fueron materia de la sentencia ejecutoriada del diverso juicio de amparo 2975/2015-VI, del índice de éste Juzgado. En este orden de ideas, al actualizarse en el presente juicio, la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XI, ambos de la Ley de Amparo, DEJANDO INSUBSISTENTES la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este expediente, siendo las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a los Actuarios adscritos a cada de uno de los Jueces en Materia Civil en el Estado de Querétaro, toda vez que no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por otra parte, dado que se decretó sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por ser las causas de improcedencia de estudio preferente, no es factible jurídicamente atender las cuestiones de fondo. Lo antes dicho encuentra sustento en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo texto dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Finalmente, en lo que respecta a los diversos informes justificados de cuenta, rendidos por los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno y Décimo, todos de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, en los cuales negaron categóricamente la existencia de los actos, sin que la parte quejosa hubiese ofrecido prueba en contrario, y al no existir los actos que impugna, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia de los actos reclamados, lo cual, como se ve, No es cierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial"...MESA VI
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