Griselda Hurtado Calderón

Expediente 469/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
469/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2016

Partes del expediente

  • Griselda Hurtado Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE CITA: el auto desechatorio de la demanda HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes, por tanto, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Toda vez que el presente juicio obran documentos originales exhibidos en la demanda, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días comparezca a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, estos correrán la misma suerte que el expediente principal.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN Y/O AUTO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN RESUMEN DICE: téngase por recibido el escrito signado por la quejosa **, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en fecha diecisiete de marzo del año en curso, realiza las precisiones que le fueron solicitadas, por lo que, se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada por este Juzgado Federal. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, mediante la cual, la quejosa Griselda Hurtado Calderón, reclama de las autoridades municipales que señala, los actos que a continuación se describen: ".IV.- LEY Y ACTOS RECLAMADOS: A.- DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. HAYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, SE RECLAMA: La discusión, aprobación y expedición del artículo .21, .22, 23 y 144 del reglamento de salud municipal para el municipio de Cuernavaca, Morelos. La discusión, aprobación, rubrica y expedición del artículo 29 fracción II incisos A) y B) de la ley de ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. B.- SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS: La discusión, aprobación y expedición del artículo 21, 22, 23 y 144 del reglamento de salud municipal para el municipio de Cuernavaca, Morelos. La discusión, aprobación, rubrica y expedición del artículo 29 fracción II incisos A) y B) de la ley de ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. C.- SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS: La discusión, aprobación y expedición del artículo 21, 22, 23 y 144 del reglamento de salud municipal para el municipio de Cuernavaca, Morelos. La discusión, aprobación, rubrica y expedición del artículo 29 fracción 11incisos A) y B) de la ley de ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. D.- DEL REGIDOR DE GOBERNACION, REGLAMENTOS Y TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS: La discusión, aprobación y expedición del artículo 21, 22, 23 y 144 del reglamento de salud municipal para el municipio de Cuernavaca, Morelos. La discusión, aprobación y expedición del artículo 29 fracción II incisos A) y B) de la ley de ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2015. E) DEL CABILDO DEL H. HAYUNTMAIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. La discusión, aprobación y expedición del artículo 21, 22, 23 y 144 del reglamento de salud municipal para el municipio de Cuernavaca, Morelos. La discusión, aprobación y expedición del artículo 29 fracción II incisos A) y B) de la ley de ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. POR OTRA PARTE, RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS: SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS y DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, y de la DIRECCION DE VERIFICACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 1.- la expedición de la orden de verificación sanitaria número SDS/DGSP/DVS/001/03-2016(la cual se desconoce toda vez que ni siquiera fue notificada ni exhibida al momento de realizar la supuesta verificación sanitaria). 2.- LA EXPEDICION DEL ACTA DE VERIFICACION SANITARIA NUMERO JPT012 expedida por Dirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y por la Dirección de Verificación Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos por la supuesta falta de la credencial de sanidad de 6 personas que laboran en las instalaciones de la negociación.". Sin embargo, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal estima que por el momento no es procedente la tramitación del juicio de garantías que se intenta, y por ende, se desecha la demanda, en virtud de que de su contenido, en relación con las documentales que se acompañan, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en primer lugar, es necesario precisar que el juicio de amparo contra leyes tramitado en la vía indirecta encuentra sustento en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, misma que a la letra expresa: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "... "VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;..." Por su parte, la Ley de Amparo reitera y amplía esa disposición en su artículo 107, fracción I, el cual señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;." De las disposiciones señaladas se desprende que el juicio de amparo indirecto contra leyes puede promoverse cuando se reclamen leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, ya que la ley no establece distinción en cuanto a la naturaleza de la disposición general reclamada, máxime que en la parte final de la citada fracción se alude genéricamente a que la ley puede reclamarse cuando " por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso ". Ahora bien, cuando, como en el caso, la ley se reclama con motivo del primer acto de aplicación, la procedencia del juicio de garantías no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo. Uno de esos principios es el de definitividad, mismo que supone el agotamiento o ejercicio previo de todos los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, a fin de que sea modificado, revocado o nulificado. En ese sentido, si existiendo dicho medio ordinario de impugnación no lo interpone el quejoso, previo a la promoción del juicio de garantías, el amparo es improcedente por carecer de definitividad. Este principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, pues es un medio extraordinario de defensa destinado a invalidar los actos de las autoridades que se estimen violatorios de garantías cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Sin embargo, el principio en comento no es absoluto, sino que admite diversas excepciones en la vía indirecta, mismas que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha detallado en el criterio que a continuación se transcribe: "Novena Época "Instancia: Segunda Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: XII, julio de 2000 "Tesis: 2a. LVI/2000 "Página: 156 "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Del criterio anterior se colige que no existe obligación de acatar el principio de definitividad en la vía indirecta, entre otros casos, cuando se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, y éste sea de imposible reparación. En otras palabras, si el acto reclamado lo constituye una ley en sí misma considerada, así como su acto de aplicación, el agraviado no está constreñido a agotar ningún recurso, juicio o medio de defensa legal que se establezca para atacar el acto de autoridad, pues sin acudir a ningún otro conducto ordinario de impugnación puede ocurrir directamente al amparo indirecto. En ese orden, en la misma Ley de Amparo, se establece en la fracción XIV, del artículo 61, que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. La razón de esta excepción al principio de definitividad se establece en función de que, cuando se reclama una ley con motivo de su primer acto de aplicación no existe obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto, ya que sería contrario a los principios de derecho el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esa ley, cuya obligatoriedad impugnan por considerarla contraria al Texto Constitucional. Con base en lo anterior, es dable sostener que resulta de vital importancia atender la naturaleza del acto que se reclama como el de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional, pues si éste causa al gobernado una afectación que lo legitima para promover el juicio de amparo contra leyes, o bien, no es de imposible reparación, no es procedente la demanda de amparo planteada. En ese sentido, se han pronunciado diversos criterios como los que a continuación se invocan: Tesis jurisprudencial número I.15o.A. J/12, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2071, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGÍTIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1º. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República." Jurisprudencia P./J. 78/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 5, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto literalmente establecen lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." Bajo ese tenor, se tiene que en el caso, la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: a).- La discusión, aprobación y expedición de los artículos 21, 22, 23 y 144 del Reglamento de Salud Municipal para el Municipio de Cuernavaca, Morelos; b).- La discusión, aprobación, rúbrica y expedición del numeral 29, fracción II, incisos A) y B) de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos: c).- La expedición de la orden de verificación sanitaria número SDS/DGSP/DVS/001/03-2016; y d).- La elaboración del acta de verificación sanitaria número JPT012, expedida por la Dirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y por la Dirección de Verificación Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Esta última actuación, en la que se hace la observación de que seis personas que laboran en el lugar (negociación mercantil), no cuentan con la credencial de sanidad, ni con cubre cabellos, otorgándose un plazo de quince días para realizar el trámite de credencialización de su personal y corrijan las observaciones realizadas, para lo cual, se entregó folleto de medidas higiénicas para ser tomadas en práctica en el establecimiento, es la que a consideración de la inconforme, constituye el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucional, ya que argumenta se le está obligando al pago de cierta cantidad de dinero para obtener las credenciales mencionadas. Sin embargo, contrario a lo expuesto, este órgano judicial considera que la expedición de la orden de visita, y en particular, el acta de verificación practicada el cuatro de marzo de la presente anualidad, no pueden constituir en modo alguno el primer acto de aplicación que legitime a la solicitante del amparo a reclamar la inconstitucionales de las normas legales a que se ha hecho alusión, porque tales actuaciones encuadran dentro de la categoría de actos de trámite o instrumentales, a través de los cuales las autoridades como las responsables ponen en conocimiento o evidencian una situación jurídica existente, o bien, sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final. Tanto así que, en el acta de verificación el inspector que la llevó a cabo, solo hizo constar que en el establecimiento comercial donde se encontraba constituido no cuentan con la credencial de sanidad, ni con cubre cabellos, otorgándose un plazo de quince días para realizar el trámite de credencialización de su personal y corrijan las observaciones realizadas, de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables en este momento en el juicio de amparo, aún cuando como en el caso, se reclamen como contrarios a la Constitución los preceptos legales en que a criterio de la quejosa, se fundaron las autoridades para realizar dicha actuación, pues se reitera que con su simple expedición no existe certeza de que efectivamente, se vaya a aplicar en perjuicio de la peticionaria de amparo, tampoco si habrá alguna sanción en su contra con base en los artículos que ahora tilda de inconstitucional, máxime que la autoridad municipal tampoco formuló apercibimiento alguno en la citada acta administrativa. Por consiguiente, si para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes como las reclamadas, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, es inconcuso que en el caso, se actualiza el supuesto normativo contemplado en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de garantías, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, resulta oportuno invocar la jurisprudencia número 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 382 del Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." Conforme a lo anterior, no será sino hasta que derivado de la observación que se hizo en el acta de verificación, se imponga alguna sanción por no tramitarse las credenciales sanitarias, o bien, la quejosa decida obtenerlas por sí mismas y ante ello optar por el pago para su expedición, cuando en todo caso se podría materializar el perjuicio a que se refiere la fracción I, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que sea procedente juicio constitucional que se intenta, más no antes, pues en el caso, mediante tal actuación tan solo se hizo del conocimiento a la inconforme las supuestas irregularidades encontradas en su establecimiento, y por ende, resulta improcedente la demanda que nos ocupa. Lo anterior, acorde también al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 36 del Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA, IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMAN CON MOTIVO DE ACTOS DE APLICACION INMINENTES. Dentro del sistema legal establecido para la procedencia del amparo contra leyes con motivo de actos de aplicación, debe entenderse que estos últimos no pueden ser inminentes sino efectivos, pues el criterio de esta Suprema Corte de Justicia sobre actos inminentes en relación con actos en sentido estricto es inaplicable al amparo contra leyes, porque antes de que exista el acto de aplicación del ordenamiento reclamado, éste no produce ninguna afectación a los intereses jurídicos del quejoso, razón por la cual cabe concluir que la acción constitucional contra una norma legal nace hasta que ésta se aplica, pero no antes." Por consecuencia, es inconcuso que hasta este momento no existe un perjuicio directo y actual a la esfera jurídica de la quejosa, así como tampoco un acto que le ocasione un perjuicio de modo irreparable, para que proceda el juicio constitucional que intenta, como un incluso, así lo reconoce la propia promovente al referir en su escrito de demanda, que: "en cuanto a la aplicación de la norma que establece el pago de los derechos por la expedición de las tarjetas sanitarias impugnadas, debe decirse que tal aplicación se actualiza en el momento en que es requerido por una autoridad y es aplicada una multa por falta de cumplimiento.", lo que como se ha visto, en el caso aún no acontece. Al particular, se invoca por analogía jurídica la jurisprudencia número PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Bajo ese tenor, es evidente que en el caso no es procedente la demanda de amparo de que se trata, en términos de la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que en términos de los numerales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por Griselda Hurtado Calderón, en virtud de que no será sino hasta que reciba un perjuicio derivado de la aplicación de la norma, que en el momento no existe, cuando podrá acudir al juicio de amparo. Sobre el particular, se cita el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, sustentado en la tesis número II.2o.212 K, consultable en la foja 590, Tomo XIII, Junio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto literalmente establecen lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." La determinación que ahora se toma, encuentra apoyo además, en la tesis número 2a. CXLIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 421, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Administrativa, de la Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA, PORQUE NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS. Las actas de inspección o auditoría fiscal encuadran dentro de la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con la forma de liquidación (acto administrativo definitivo o resolutorio), de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables. Sin embargo, la irrecurribilidad de tales actas es una regla de orden y no una regla material absoluta, pues no se puede afirmar que los actos de trámite no son impugnables o inmunes a los medios de defensa. Lo que quiere decirse, simplemente, es que los actos de trámite, no son impugnables aisladamente, sino en su caso, hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse todas las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que lo originaron, como falta de identificación de los visitadores, entre otros."

  3. Principal

    agréguese el escrito signado por la perito designada por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, residente en la Ciudad de México, mediante el cual, rinde su respectivo dictamen pericial. tomando en consideración que mediante comparecencia de esta fecha, la experta ocursante ratificó en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial señalado en el párrafo que antecede; con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 16,208 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano