Griselda Herrera Cruz
Expediente 1328/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Griselda Herrera Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Griselda Herrera Cruz, contra el acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y Actuario Adscrito al mismo, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular CAP/3/2020, determinó la suspensión de labores en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del día veintiuno de diciembre de dos mil veinte, data en la que dejaron de correr plazos y términos procesales en todos los expedientes tramitados en éstos; por lo que no fue factible continuar con la ejecución de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Ahora bien, conforme a los artículos 1, 2 fracciones I y II del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por su similar 25/2020, así como la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se advierte que, se determinó el levantamiento de la suspensión indicada en líneas precedentes y en consecuencia la reanudación de la tramitación de los asuntos que se llevan en éstos. En ese contexto, conforme a lo anterior, se decreta la reanudación del trámite del presente juicio de amparo en la etapa en la que se encontraba. Por tanto, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General, que es de la literalidad siguiente: "Artículo 21. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos y de sesión se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita." Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020 reformado por su similar 25/2020, así como la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito, que contenga expresamente lo ordenado en el presente acuerdo. Lo anterior, sin perjuicio de que de estimarse necesario por este Juzgado, se podrá ordenar la notificación en forma personal de la presente reanudación en aquellos asuntos que se estime así lo ameriten, ello siempre atendiendo al contenido y valoración de las actuaciones que integran el expediente en su totalidad. Desde luego, no escapa de la consideración del suscrito, que tratándose de una reanudación la misma tendría que llevarse a cabo de manera personal; sin embargo, se considera que dicha obligación operaría cuando la suspensión respectiva fuese por alguna causa específica y particular del propio expediente, y no cuando se hubiese determinado en conjunto con todos los procedimientos del órgano jurisdiccional de que se trate con motivo de una contingencia sanitaria como la acaecida, la que incluso, desembocó en la paralización casi total de las labores jurisdiccionales para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, se insiste, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a los requerimientos formulados en autos, remite copia certificada del acuerdo en el que el Tribunal determina aplicarle una multa debido al incumplimiento por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, otorgándole tres días para dar cumplimiento dentro del expediente laboral 89/E/2015. Asimismo, intégrese a los autos el oficio signado por Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de diciembre del presente año, informa las gestiones realizadas a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo dentro del expediente laboral 89/E/2015, anexando para tal efecto copia certificada de diversas constancias. En consecuencia, se les tiene en vías para dar cumplimiento al fallo protector de la sentencia.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha cumplido con la sentencia de amparo. Al respecto, conviene recordar que la ejecutoria de amparo en el presente asunto se concedió para lo siguiente: "Requerir el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral 56/E/2004, de su índice, debiendo apercibir a las autoridades correspondientes con las medidas de apremio que tenga a su alcance y, en caso de contumacia, aplicar éstas hasta lograr su cumplimiento." Al respecto, es necesario precisar que por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo al Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, informando que en fecha doce de octubre del año en curso, se remitió a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración del Estado, el cheque número 00064651, a favor de la quejosa Aleyda Leonor Saldaña Navarro, a fin de que por su conducto sea depositado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y entregado a la mencionada quejosa, toda vez, que dicho pago estaba programado para los últimos cinco días hábiles del mes de agosto de dos mil veinte. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días computados legalmente, informe si ya fue realizado el pago de la cantidad líquida objeto de condena derivado del laudo dictado dentro del expediente laboral 56/E/2004, por concepto de prima de antigüedad, toda vez que nos encontramos en el mes de noviembre, y la fecha de pago fue programada para los últimos cinco días hábiles del mes de agosto, de lo cual no se tiene noticia. Apercibido que de no cumplir, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de julio de dos mil dieciocho. En ese sentido, atendiendo a lo señalado por el Director Jurídico de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, de conformidad con los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación, informe las actuaciones realizadas para efectuar el pago del laudo dictado en el expediente 56/E/2004, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad. Lo anterior, pues nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo; por tanto, de hacer caso omiso, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a $8,688.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),, conforme lo disponen los artículos 237, fracción I, 238 párrafo primero y 258, de la Ley de Amparo, así como los artículos Primero y Tercero del Decreto que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia desindexación del salario mínimo publicado en el diario oficial de la federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los diversos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación (cuya entrada en vigor fue al día siguiente de su publicación). Se determinó así, pues aún y cuando la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración, con sede en esta ciudad, no es una autoridad responsable, se encuentra obligada a cumplir con la sentencia firme dictada en este juicio de amparo, toda vez que dentro de sus funciones se encuentra vinculada en el cumplimiento de la sentencia al tener la obligación de recabar la firma requerida por la diversa autoridad, y por tanto obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 1a. 1/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de dos mil cuatro, Novena Época, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". En la inteligencia de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
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