Griselda Haro Avila
Expediente 645/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Griselda Haro Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de los autos, particularmente la certificación de cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que del libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, se desprende que no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Archivo definitivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Depuración. Acorde al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que con fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que mediante ejecutoria de siete de abril de dos mil veintidós, fue modificada por el Tribunal de Alzada, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Transferencia. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. En ese orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como mediante oficio que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento informado, mismas que serán tomadas en consideración al resolver enseguida sobre dicha cuestión. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. En el asunto que nos ocupa, con fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 1.2. Contra la anterior determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, mismo que correspondió conocer y resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, registrándolo bajo el toca 447/2021. 1.3. En sesión ordinaria virtual de siete de abril del año en curso, el citado Tribunal emitió la resolución correspondiente, en la que por una parte modificó, por otra sobreseyó y por último, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí: "I. Deje insubsistente la resolución reclamada. II. Dicte una nueva en la que: II.I En relación con las medidas de rehabilitación, específicamente, en lo relativo a la atención médica, remita a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física previstas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento. II.II. Con base en lo anterior, determine lo que corresponda respecto de la procedencia de la medida de compensación, consistente en el daño sufrido en la integridad física de la víctima. II. III. En los términos precisados en la presente ejecutoria y en observancia al derecho de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, funde y motive lo que estime procedente respecto a la procedencia o no de la medida de satisfacción relativa a la disculpa pública peticionada. II. IV. En observancia al principio de exhaustividad, emita el pronunciamiento correspondiente sobre las medidas de no repetición propuestas por la aquí quejosa y cuyo estudio omitió, relativas a: - la prohibición de los policías responsables de acercarse a su domicilio y a de su familia y se abstengan de causarles cualquier molestia en sus personas y bienes (foja 91 del cuaderno anexo); y, - a impulsar y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra funcionarios públicos hasta que se logre una sentencia justa (foja 92 del cuaderno anexo). En la inteligencia de que se deberán reiterar los aspectos ajenos a la presente concesión.". 1.4. En proveído de veintiséis de abril del año actual, se tuvieron recibidos los autos del presente expediente, así como el testimonio de la ejecutoria de amparo remitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, asimismo, se requirió a la responsable, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, a fin de que en el término legal diera cumplimiento a la citada ejecutoria. 1.5. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado, en atención a los informes de cumplimiento que rindieron las autoridades responsables así como a las manifestaciones de la quejosa, resolvió en cumplimiento lo siguiente: "Análisis de la resolución emitida por la responsable. 9. Acotados los puntos por los cuales se analizará si la ejecutoria se encuentra cumplida, con la emisión del nuevo fallo de dos de mayo del año en curso y vistas las manifestaciones de la parte quejosa, se tiene que en la resolución que emite la responsable: 1. En el apartado de medidas de rehabilitación, específicamente en lo relativo a la atención médica, no se desprende que la autoridad responsable haya dado cumplimiento al fallo protector, en cuanto a que se ocupe de resarcir la vulneración a la integridad física de la quejosa, toda vez que no determinó remitir a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia. Toda vez que al pronunciarse sobre las medidas de rehabilitación, determinó que la quejosa y los integrantes de su familia, ya reciben atención médica a través del Seguro Popular ahora Instituto de Salud de Bienestar y que, de la actualización del informe social de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se advertía que en el área de salud, la atención la llevan de manera particular, solicitando a la Comisión Ejecutiva el pago directo de consultas médicas, medicamentos y demás necesidades que requieran con motivo de dichas atenciones. Que por lo que se refiere a la atención psicológica, no se advertía manifestación alguna de la solicitante para intervención en esa materia de la medicina; para finalmente hacer una relación de las consultas de atención médica a las que acudió la quejosa y los apoyos. De ahí que no se desprende la remisión de la quejosa a una valoración médica general o especializada, según se determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento (médica, psicológica y psiquiátrica especializadas). 2. En cuanto a la medida de satisfacción relativa a la disculpa pública peticionada, si bien como lo señala la ocursante, el punto 174 que aborda el tema, es transcripción íntegra del 141 de la resolución reclamada, en el punto 175 se desprende el sustento de su argumento, así como las razones particulares que condujeron a la responsable establecer que en la recomendación en comento, no se analizaron afectaciones graves a la dignidad de la solicitante o daño irreparable. Por lo que en ese aspecto, se considera cumplido el efecto amparatorio. 3. No acontece lo mismo en cuanto a las medidas de no repetición, toda vez que, como lo sostiene la quejosa, del informe y anexos no se desprende la remisión y entrega de los oficios a las corporaciones, en las que se les haga saber la prohibición a que se encuentran sujetos y por otro lado, tampoco se desprende orden directa que dé impulso a los procedimientos seguidos en los órganos de control interno, respecto de la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos involucrados, hasta que se logre una sentencia justa, sino que impone a la quejosa la carga de acudir con los asesores de la comisión, para dar seguimiento a dichos procedimientos, lo que evidentemente revictimiza a la quejosa. Por lo que ese rubro tampoco se encuentra cumplido, conforme a los lineamientos de la ejecutoria. Determinación sobre el cumplimiento. 10. Con base en lo anterior, resulta evidente que aún no se restituye completamente a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; por tal motivo, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, no ha lugar a declarar cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Requerimiento. 11. Con base en lo anterior, en seguimiento a lo ordenado por la Superioridad y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado las constancias con las que acredite que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos ordenados en el fallo pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dentro del recurso de revisión 447/2021, de siete de abril de dos mil veintidós, determinando: -La remisión de la quejosa a valoración médica, general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia; hecho ello, resuelva lo que en derecho corresponda; y, -Ordene las acciones necesarias para atender las medidas de no repetición consistentes en acreditar la remisión de los oficios a las corporaciones policiacas correspondientes, en los que se haga de su conocimiento la prohibición a que se encuentran sujetos y ordenar las acciones necesarias a los asesores de esa comisión, para que se impulsen y se conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos, hasta sentencia justa". 2. Consideraciones preliminares. 2.1. De ahí que se considera indispensable acotar, para el análisis que enseguida será expuesto, que ya existe pronunciamiento en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, por cuanto hace a lo siguiente: i. Quedó acreditado que se dejó insubsistente la resolución reclamada; y, ii. Quedó acreditado por parte de la responsable de que emitió una nueva determinación, en la que fundó y motivó respecto de la procedencia de la disculpa pública peticionada por la quejosa. 2.2. Por tanto, resta llevar a cabo el estudio en cuanto a determinar si la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en lo relativo a: i. La remisión de la quejosa a valoración médica, general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia; hecho ello, resuelva lo que en derecho corresponda; y, ii. Ordenar las acciones necesarias para atender las medidas de no repetición, consistentes en: ii.1. Acreditar la remisión de los oficios a las corporaciones policiacas correspondientes, en los que se haga de su conocimiento la prohibición a que se encuentran sujetos y, ii.2. Ordenar las acciones necesarias a los asesores de esa comisión, para que se impulsen y se conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos, hasta sentencia justa. 3. Conclusiones respecto al análisis de las consideraciones preliminares. De lo anterior y en seguimiento a lo ordenado en el referido proveído de diecinueve de mayo del año que transcurre, se tendrá por cumplida la ejecutoria de amparo, siempre y cuando quede demostrado por la responsable, que: (i) En cuanto a las medidas de rehabilitación, específicamente en lo relativo a la atención médica, se cumpla con las características de ser diferenciada y efectiva, determinando, con fundamento en el artículo 33 de la ley de la materia, remitir a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí (médica, psicológica y psiquiátrica especializadas); y, (ii) Se atiendan las medidas de no repetición propuestas por la solicitante, consistentes en: - La prohibición de los policías responsables de acercarse a su domicilio y a de su familia y se abstengan de causarles cualquier molestia en sus personas y bienes; y, - A impulsar y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra funcionarios públicos hasta que se logre una sentencia justa. 4. Informes de cumplimiento. Al efecto, se recibieron los siguientes comunicados: - Oficio OCE/202/2022, recibido el seis de junio del año en curso, signado por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas; - Comunicado suscrito por la apoderada legal de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, recibido el veintiséis de julio del presente año y diverso, suscrito por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, mediante los cuales remitieron, entre otras, copias certificadas del resumen clínico/médico, respecto de la quejosa Griselda Haro Ávila y de las diversas víctimas; y, - Oficio OCE/283/2022, recibido el tres de agosto pasado, a través del cual la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de junio del presente año, dictado dentro del expediente CIE-14/2020 de su índice. 5. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que resultan suficientes para demostrar: - Que el veintiocho de junio último, se practicó a la quejosa una valoración médica por parte de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de acuerdo a las instrucciones emitidas por la responsable, según oficio CEEAV/AJDH/155/2022, misma que arrojó como diagnóstico: "Tendinitis Supraespinoso Derecho" y del cual se le prescribió un tratamiento médico. - Que derivado de ello, mediante determinación de veintinueve de julio del año en curso, el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, acordó que la Comisión a su cargo, continuará otorgando a la quejosa el acompañamiento de Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que se garantice su atención médica hasta el restablecimiento total sobre el aludido diagnóstico, como consecuencia del hecho victimizante sucedido hace cinco años, así como las prescripciones médicas que deban cubrirse con cargo a la institución de salud, o en su defecto, de no ser posible, se garantizarán con cargo al fondo estatal, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí y lo dispuesto en la Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y, - Que la autoridad responsable, a través de los comunicados CEEAV/AJDH/158/2022 y CEEAV/AJDH/159/2022 dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, les solicitó girar instrucciones a efecto de que realizaran las acciones necesarias para que los elementos policiacos que intervinieron en el hecho victimizante, materia de la recomendación 07/2018, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se abstuvieran de acercarse a la víctima -aquí quejosa-, a su familia, domicilio, así como evitar causarle cualquier acto de molestia en su persona y bienes de su propiedad, por lo que deberían salvaguardar la integridad y derechos de la víctima y su familia. De lo anterior y en cumplimiento a lo previamente indicado, las aludidas autoridades transmitieron tales instrucciones al Director del Registro Estatal de Víctimas y de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Director del Registro Estatal de Víctimas y Titulares de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al Comandante de la Guardia Civil Estatal, quien a su vez, en acatamiento a dicha instrucción, remitió los oficios UAJ/2243/2022, UAJ/2244/2022, UAJ/2245/2022 y UAJ/2246/2022, dirigidos a los policías José Luis Segura López, Alfredo Canizales López, Sergio Linares Pérez y Ricardo Ávalos Juárez, respectivamente, quienes intervinieron en el hecho victimizante, haciéndoles saber las referidas instrucciones, comunicados de los que se advierte el nombre y firma de los referidos elementos policiacos. - Asimismo del oficio CEEAV/AJDH/173/2022, suscrito por el Director del Registro Estatal de Víctimas y Titular del Área de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, se advierte que le solicitó a la Directora de Asesoría Jurídica, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se impulsen y se conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos que participaron en los hechos de catorce y veintitrés de junio de dos mil dieciséis y una vez obtenidos los resultados de los avances, remita el informe correspondiente. De lo anterior se advierte que se brindó a la quejosa el acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física, conforme a lo establecido en el numeral 62, fracción I, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí; y con base en ello, determinó garantizar su atención médica hasta el restablecimiento total sobre el aludido diagnóstico, como consecuencia del hecho victimizante sucedido hace cinco años, así como las prescripciones médicas que deban cubrirse con cargo a la institución de salud, o en su defecto, de no ser posible, se garantizarán con cargo al fondo estatal, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí y lo dispuesto en la Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; De igual forma, quedó demostrado por parte de la responsable, que se giraron las instrucciones con las medidas tendentes a la no repetición del hecho y se hizo del conocimiento de las autoridades partícipes del mismo, la prohibición a que se encuentran sujetos. 6. Manifestaciones de la parte quejosa. No se soslayan las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el escrito de cuenta, así como en el diverso recibido el diecisiete de junio pasado, en el sentido de no estar conforme con el cumplimiento informado por la responsable, al manifestar medularmente que esta autoridad de garantías no debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo, primero, porque la autoridad de salud no puede indicar si su estado de salud es motivo del hecho victimizante y segundo, en razón de que refiere que no se le practicó una valoración médica sino que únicamente se elaboró un resumen clínico/médico, que contiene información que ella refirió y no tomó en cuenta sus diagnósticos y por ello es cuestionable el determinado por el médico signante. Asimismo refiere, respecto de los padecimientos de dislipidemis, hipotiroidismo y trastorno ansioso depresivo que no fueron considerados para otorgarle la atención médica respecto de estos. No obstante, de las documentales que obran en los informes rendidos por la autoridad responsable, particularmente del comunicado de veintiocho de junio último, se advierte que se practicó la quejosa una valoración por parte de la autoridad responsable denominada Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que derivó en un diagnóstico de "Tendinitis Supraespinoso Derecho" derivado del hecho victimizante y del cual se le prescribió un tratamiento médico, sin que se haya determinado que los padecimientos que refirió tener la quejosa deriven del aludido hecho, máxime que del apartado "Antecedentes Personales Patológicos", se hace notar que el hipotiroidismo cuenta con dos años de evolución; máxime que, los argumentos vertidos abordan cuestiones que no fueron materia del estudio ni de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, escapando a la materia de análisis realizado por este órgano jurisdiccional, dado que derivan los mismos de un nuevo acto, como lo es, la propia valoración médica que se llevó a cabo en su persona. Atento a lo cual, resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo.". 7. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado determina que se encuentra demostrado por parte de la autoridad responsable, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues de lo expuesto con antelación se desprende, que se dejó insubsistente la resolución reclamada; que se emitió una nueva determinación, en la que fundó y motivó respecto de la procedencia de la disculpa pública peticionada por la quejosa; que se remitió a la quejosa a una valoración médica, estableciendo que sí requiere acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física; además, demostró haber ordenado las acciones necesarias para atender las medidas de no repetición, acreditando la remisión de los oficios a las corporaciones policiacas correspondientes, en los que se hizo del conocimiento de los elementos que intervinieron en el hecho victimizante la prohibición a que se encuentran sujetos; así como que se ordenaron las acciones necesarias a los asesores de esa comisión, para que se impulsen y conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos hasta obtener una sentencia justa; ante lo cual se concluye que el fallo protector se encuentra cumplido. Notifíquese personalmente; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento informado, mismas que serán tomadas en consideración al resolver enseguida sobre dicha cuestión. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1.1. En el asunto que nos ocupa, con fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 1.2. Contra la anterior determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, mismo que correspondió conocer y resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, registrándolo bajo el toca 447/2021. 1.3. En sesión ordinaria virtual de siete de abril del año en curso, el citado Tribunal emitió la resolución correspondiente, en la que por una parte modificó, por otra sobreseyó y por último, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí: "I. Deje insubsistente la resolución reclamada. II. Dicte una nueva en la que: II.I En relación con las medidas de rehabilitación, específicamente, en lo relativo a la atención médica, remita a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física previstas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento. II.II. Con base en lo anterior, determine lo que corresponda respecto de la procedencia de la medida de compensación, consistente en el daño sufrido en la integridad física de la víctima. II. III. En los términos precisados en la presente ejecutoria y en observancia al derecho de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, funde y motive lo que estime procedente respecto a la procedencia o no de la medida de satisfacción relativa a la disculpa pública peticionada. II. IV. En observancia al principio de exhaustividad, emita el pronunciamiento correspondiente sobre las medidas de no repetición propuestas por la aquí quejosa y cuyo estudio omitió, relativas a: - la prohibición de los policías responsables de acercarse a su domicilio y a de su familia y se abstengan de causarles cualquier molestia en sus personas y bienes (foja 91 del cuaderno anexo); y, - a impulsar y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra funcionarios públicos hasta que se logre una sentencia justa (foja 92 del cuaderno anexo). En la inteligencia de que se deberán reiterar los aspectos ajenos a la presente concesión.". 1.4. En proveído de veintiséis de abril del año actual, se tuvieron recibidos los autos del presente expediente, así como el testimonio de la ejecutoria de amparo remitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, asimismo, se requirió a la responsable, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, a fin de que en el término legal diera cumplimiento a la citada ejecutoria. 1.5. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado, en atención a los informes de cumplimiento que rindieron las autoridades responsables así como a las manifestaciones de la quejosa, resolvió en cumplimiento lo siguiente: "Análisis de la resolución emitida por la responsable. 9. Acotados los puntos por los cuales se analizará si la ejecutoria se encuentra cumplida, con la emisión del nuevo fallo de dos de mayo del año en curso y vistas las manifestaciones de la parte quejosa, se tiene que en la resolución que emite la responsable: 1. En el apartado de medidas de rehabilitación, específicamente en lo relativo a la atención médica, no se desprende que la autoridad responsable haya dado cumplimiento al fallo protector, en cuanto a que se ocupe de resarcir la vulneración a la integridad física de la quejosa, toda vez que no determinó remitir a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia. Toda vez que al pronunciarse sobre las medidas de rehabilitación, determinó que la quejosa y los integrantes de su familia, ya reciben atención médica a través del Seguro Popular ahora Instituto de Salud de Bienestar y que, de la actualización del informe social de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se advertía que en el área de salud, la atención la llevan de manera particular, solicitando a la Comisión Ejecutiva el pago directo de consultas médicas, medicamentos y demás necesidades que requieran con motivo de dichas atenciones. Que por lo que se refiere a la atención psicológica, no se advertía manifestación alguna de la solicitante para intervención en esa materia de la medicina; para finalmente hacer una relación de las consultas de atención médica a las que acudió la quejosa y los apoyos. De ahí que no se desprende la remisión de la quejosa a una valoración médica general o especializada, según se determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento (médica, psicológica y psiquiátrica especializadas). 2. En cuanto a la medida de satisfacción relativa a la disculpa pública peticionada, si bien como lo señala la ocursante, el punto 174 que aborda el tema, es transcripción íntegra del 141 de la resolución reclamada, en el punto 175 se desprende el sustento de su argumento, así como las razones particulares que condujeron a la responsable establecer que en la recomendación en comento, no se analizaron afectaciones graves a la dignidad de la solicitante o daño irreparable. Por lo que en ese aspecto, se considera cumplido el efecto amparatorio. 3. No acontece lo mismo en cuanto a las medidas de no repetición, toda vez que, como lo sostiene la quejosa, del informe y anexos no se desprende la remisión y entrega de los oficios a las corporaciones, en las que se les haga saber la prohibición a que se encuentran sujetos y por otro lado, tampoco se desprende orden directa que dé impulso a los procedimientos seguidos en los órganos de control interno, respecto de la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos involucrados, hasta que se logre una sentencia justa, sino que impone a la quejosa la carga de acudir con los asesores de la comisión, para dar seguimiento a dichos procedimientos, lo que evidentemente revictimiza a la quejosa. Por lo que ese rubro tampoco se encuentra cumplido, conforme a los lineamientos de la ejecutoria. Determinación sobre el cumplimiento. 10. Con base en lo anterior, resulta evidente que aún no se restituye completamente a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; por tal motivo, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, no ha lugar a declarar cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Requerimiento. 11. Con base en lo anterior, en seguimiento a lo ordenado por la Superioridad y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado las constancias con las que acredite que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos ordenados en el fallo pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dentro del recurso de revisión 447/2021, de siete de abril de dos mil veintidós, determinando: -La remisión de la quejosa a valoración médica, general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia; hecho ello, resuelva lo que en derecho corresponda; y, -Ordene las acciones necesarias para atender las medidas de no repetición consistentes en acreditar la remisión de los oficios a las corporaciones policiacas correspondientes, en los que se haga de su conocimiento la prohibición a que se encuentran sujetos y ordenar las acciones necesarias a los asesores de esa comisión, para que se impulsen y se conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos, hasta sentencia justa". 2. Consideraciones preliminares. 2.1. De ahí que se considera indispensable acotar, para el análisis que enseguida será expuesto, que ya existe pronunciamiento en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, por cuanto hace a lo siguiente: i. Quedó acreditado que se dejó insubsistente la resolución reclamada; y, ii. Quedó acreditado por parte de la responsable de que emitió una nueva determinación, en la que fundó y motivó respecto de la procedencia de la disculpa pública peticionada por la quejosa. 2.2. Por tanto, resta llevar a cabo el estudio en cuanto a determinar si la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en lo relativo a: i. La remisión de la quejosa a valoración médica, general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia; hecho ello, resuelva lo que en derecho corresponda; y, ii. Ordenar las acciones necesarias para atender las medidas de no repetición, consistentes en: ii.1. Acreditar la remisión de los oficios a las corporaciones policiacas correspondientes, en los que se haga de su conocimiento la prohibición a que se encuentran sujetos y, ii.2. Ordenar las acciones necesarias a los asesores de esa comisión, para que se impulsen y se conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos, hasta sentencia justa. 3. Conclusiones respecto al análisis de las consideraciones preliminares. De lo anterior y en seguimiento a lo ordenado en el referido proveído de diecinueve de mayo del año que transcurre, se tendrá por cumplida la ejecutoria de amparo, siempre y cuando quede demostrado por la responsable, que: (i) En cuanto a las medidas de rehabilitación, específicamente en lo relativo a la atención médica, se cumpla con las características de ser diferenciada y efectiva, determinando, con fundamento en el artículo 33 de la ley de la materia, remitir a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí (médica, psicológica y psiquiátrica especializadas); y, (ii) Se atiendan las medidas de no repetición propuestas por la solicitante, consistentes en: - La prohibición de los policías responsables de acercarse a su domicilio y a de su familia y se abstengan de causarles cualquier molestia en sus personas y bienes; y, - A impulsar y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra funcionarios públicos hasta que se logre una sentencia justa. 4. Informes de cumplimiento. Al efecto, se recibieron los siguientes comunicados: - Oficio OCE/202/2022, recibido el seis de junio del año en curso, signado por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas; - Comunicado suscrito por la apoderada legal de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, recibido el veintiséis de julio del presente año y diverso, suscrito por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, mediante los cuales remitieron, entre otras, copias certificadas del resumen clínico/médico, respecto de la quejosa Griselda Haro Ávila y de las diversas víctimas; y, - Oficio OCE/283/2022, recibido el tres de agosto pasado, a través del cual la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de junio del presente año, dictado dentro del expediente CIE-14/2020 de su índice. 5. Valoración probatoria. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que resultan suficientes para demostrar: - Que el veintiocho de junio último, se practicó a la quejosa una valoración médica por parte de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, de acuerdo a las instrucciones emitidas por la responsable, según oficio CEEAV/AJDH/155/2022, misma que arrojó como diagnóstico: "Tendinitis Supraespinoso Derecho" y del cual se le prescribió un tratamiento médico. - Que derivado de ello, mediante determinación de veintinueve de julio del año en curso, el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, acordó que la Comisión a su cargo, continuará otorgando a la quejosa el acompañamiento de Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que se garantice su atención médica hasta el restablecimiento total sobre el aludido diagnóstico, como consecuencia del hecho victimizante sucedido hace cinco años, así como las prescripciones médicas que deban cubrirse con cargo a la institución de salud, o en su defecto, de no ser posible, se garantizarán con cargo al fondo estatal, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí y lo dispuesto en la Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y, - Que la autoridad responsable, a través de los comunicados CEEAV/AJDH/158/2022 y CEEAV/AJDH/159/2022 dirigidos al Secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, les solicitó girar instrucciones a efecto de que realizaran las acciones necesarias para que los elementos policiacos que intervinieron en el hecho victimizante, materia de la recomendación 07/2018, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se abstuvieran de acercarse a la víctima -aquí quejosa-, a su familia, domicilio, así como evitar causarle cualquier acto de molestia en su persona y bienes de su propiedad, por lo que deberían salvaguardar la integridad y derechos de la víctima y su familia. De lo anterior y en cumplimiento a lo previamente indicado, las aludidas autoridades transmitieron tales instrucciones al Director del Registro Estatal de Víctimas y de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Director del Registro Estatal de Víctimas y Titulares de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al Comandante de la Guardia Civil Estatal, quien a su vez, en acatamiento a dicha instrucción, remitió los oficios UAJ/2243/2022, UAJ/2244/2022, UAJ/2245/2022 y UAJ/2246/2022, dirigidos a los policías José Luis Segura López, Alfredo Canizales López, Sergio Linares Pérez y Ricardo Ávalos Juárez, respectivamente, quienes intervinieron en el hecho victimizante, haciéndoles saber las referidas instrucciones, comunicados de los que se advierte el nombre y firma de los referidos elementos policiacos. - Asimismo del oficio CEEAV/AJDH/173/2022, suscrito por el Director del Registro Estatal de Víctimas y Titular del Área de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, se advierte que le solicitó a la Directora de Asesoría Jurídica, girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se impulsen y se conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos que participaron en los hechos de catorce y veintitrés de junio de dos mil dieciséis y una vez obtenidos los resultados de los avances, remita el informe correspondiente. De lo anterior se advierte que se brindó a la quejosa el acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física, conforme a lo establecido en el numeral 62, fracción I, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí; y con base en ello, determinó garantizar su atención médica hasta el restablecimiento total sobre el aludido diagnóstico, como consecuencia del hecho victimizante sucedido hace cinco años, así como las prescripciones médicas que deban cubrirse con cargo a la institución de salud, o en su defecto, de no ser posible, se garantizarán con cargo al fondo estatal, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí y lo dispuesto en la Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; De igual forma, quedó demostrado por parte de la responsable, que se giraron las instrucciones con las medidas tendentes a la no repetición del hecho y se hizo del conocimiento de las autoridades partícipes del mismo, la prohibición a que se encuentran sujetos. 6. Manifestaciones de la parte quejosa. No se soslayan las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el escrito de cuenta, así como en el diverso recibido el diecisiete de junio pasado, en el sentido de no estar conforme con el cumplimiento informado por la responsable, al manifestar medularmente que esta autoridad de garantías no debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo, primero, porque la autoridad de salud no puede indicar si su estado de salud es motivo del hecho victimizante y segundo, en razón de que refiere que no se le practicó una valoración médica sino que únicamente se elaboró un resumen clínico/médico, que contiene información que ella refirió y no tomó en cuenta sus diagnósticos y por ello es cuestionable el determinado por el médico signante. Asimismo refiere, respecto de los padecimientos de dislipidemis, hipotiroidismo y trastorno ansioso depresivo que no fueron considerados para otorgarle la atención médica respecto de estos. No obstante, de las documentales que obran en los informes rendidos por la autoridad responsable, particularmente del comunicado de veintiocho de junio último, se advierte que se practicó la quejosa una valoración por parte de la autoridad responsable denominada Servicios de Salud de San Luis Potosí, misma que derivó en un diagnóstico de "Tendinitis Supraespinoso Derecho" derivado del hecho victimizante y del cual se le prescribió un tratamiento médico, sin que se haya determinado que los padecimientos que refirió tener la quejosa deriven del aludido hecho, máxime que del apartado "Antecedentes Personales Patológicos", se hace notar que el hipotiroidismo cuenta con dos años de evolución; máxime que, los argumentos vertidos abordan cuestiones que no fueron materia del estudio ni de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, escapando a la materia de análisis realizado por este órgano jurisdiccional, dado que derivan los mismos de un nuevo acto, como lo es, la propia valoración médica que se llevó a cabo en su persona. Atento a lo cual, resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo.". 7. Determinación sobre el cumplimiento. Ante tal situación, este juzgado determina que se encuentra demostrado por parte de la autoridad responsable, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues de lo expuesto con antelación se desprende, que se dejó insubsistente la resolución reclamada; que se emitió una nueva determinación, en la que fundó y motivó respecto de la procedencia de la disculpa pública peticionada por la quejosa; que se remitió a la quejosa a una valoración médica, estableciendo que sí requiere acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física; además, demostró haber ordenado las acciones necesarias para atender las medidas de no repetición, acreditando la remisión de los oficios a las corporaciones policiacas correspondientes, en los que se hizo del conocimiento de los elementos que intervinieron en el hecho victimizante la prohibición a que se encuentran sujetos; así como que se ordenaron las acciones necesarias a los asesores de esa comisión, para que se impulsen y conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos hasta obtener una sentencia justa; ante lo cual se concluye que el fallo protector se encuentra cumplido. Notifíquese personalmente; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Se agrega promoción. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Vista a la parte quejosa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexo señalado, así como con las diversas registradas con los números de correspondencia interna 14248 y 14313, recibidas el veintiséis y veintisiete de julio último, respectivamente, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado J. Guadalupe García Neri, Secretario que autoriza y da fe.
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