Griselda Gutierrez Davila
Expediente 1007/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2021
Partes del expediente
- Griselda Gutierrez Davila
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1007/2019 del índice de este Juzgado Federal, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 100/2020-I, que se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Griselda Gutiérrez Dávila, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad.. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por Griselda Gutiérrez Dávila, en los términos señalados en el considerando séptimo de esta ejecutoria." Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Integración. Agréguense las constancias que obran en original en el cuaderno de antecedentes, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Documentos. Dado que obran en autos documentos que fueron anexados a la demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir el original de las constancias que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el artículo 18, cuarto párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el oficio y anexo enviado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esa ciudad. Informe. Ahora, por cuanto hace al contenido del anexo relativo al oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esa ciudad, por medio del cual remite informe con justificación y anexos, por tanto agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el cual se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que acompañó a su oficio, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva, con las cuales también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Domicilio. No señaló. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el oficio de mérito. Formación de legajo. Ahora bien, dado lo voluminoso de las constancias remitidas, se ordena que obren por cuerda separada, en un legajo de pruebas, respetando folios, sellos y rubricas de origen, ello a efecto del mejor manejo y consulta de las mismas. Tercero interesado. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Apoderado Legal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali y Dirección de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, tercero interesado en el presente juicio de amparo, mediante el cual se apersona a este juicio. En atención al contenido del escrito de referencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada al presente juicio constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el oficio de cuenta, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el oficio de mérito. Diferimiento anticipado. Finalmente, toda vez que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, para dar margen a lo anterior, procede diferir de manera anticipada la audiencia constitucional, por lo que se fija como nueva fecha y hora para su verificativo las diez horas del ocho de enero de dos mil veinte.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de noviembre de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía fax por el Síndico Procurador del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; y, en atención al contenido del mismo, acuérdese lo siguiente: Cumple requerimiento. Téngase a la autoridad de referencia acusando recibo del oficio 32227/2019 del índice de este Juzgado Federal, con el cual fueron adjuntados los escritos aclaratorios y la ampliación de la demanda de amparo;
- Principal
. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, admítase la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1007/2019. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele a la autoridad responsable su informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Conocimiento de notificación a autoridad. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, con la salvedad que este órgano de control constitucional ordene lo contrario en las determinaciones que así lo considere necesario; dado que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Terceros interesados. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), a Ley de Amparo, proceda el actuario adscrito a este Juzgado a emplazar a los terceros interesados Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California y Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad, en su domicilio oficial; notificándoles el presente proveído mediante oficio; corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo y haciéndoles saber el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las que se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ********, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco; de igual forma, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en su escrito, por así solicitarlo. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a las personas autorizadas en términos amplios antes precisadas, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional les tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firman el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia, que en apoyo a esta determinación y como criterio orientador, se cita a continuación: "AUTORIZADO EN LOS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE ACEPTE Y PROTESTE EL CARGO PARA QUE SE LE RECONOZCA ESE CARÁCTER. Aunque es cierto que el citado precepto, en su párrafo segundo, establece que en las materias civil, mercantil o administrativa, los autorizados que las partes designen deberán acreditar que están legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, también lo es que dicha figura constituye un verdadero mandato judicial cuando se nombra en los amplios términos de dicho artículo, de suerte que le son aplicables las reglas contenidas en el Código Civil Federal, cuyo dispositivo legal 2547 es categórico en establecer que el mandato se reputa perfecto con la aceptación del mandatario, la que puede ser expresa o tácita. De ahí que resulte imperativo que aquel que sea designado autorizado en los términos mencionados, acepte y proteste el cargo conferido a fin de que el órgano de control constitucional le reconozca ese carácter. Además, en la medida en que los abogados acepten y protesten ese cargo, quedan protegidos tanto ellos como los que los nombran, puesto que puede suceder que una de las partes en el amparo designe a un autorizado sin que éste se entere y, por ende, que jamás participe en el asunto. Luego, si en el manejo del procedimiento constitucional hubiera negligencia, sería factible que al autorizado le finquen responsabilidades civiles, penales o administrativas, lo que no sería justo dado que no tuvo la oportunidad de comparecer al amparo; como tampoco lo sería el hecho de que, sin aportar nada al juicio, un autorizado reclamara el pago de honorarios por el solo hecho de habérsele investido como tal. Así mismo, es posible que una de las partes en el juicio de garantías tenga conocimiento que algún Juez o Magistrado se encuentra impedido para conocer de los asuntos en que participe o intervenga algún abogado litigante y, aprovechándose de esa situación, designe al profesionista como autorizado -sin que éste se entere- sólo para conseguir el impedimento del funcionario. Situaciones que se evitarán si los profesionistas del derecho aceptan y protestan el aludido cargo. (Época: Novena Época, Registro: 165604, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común, Tesis: III.5o.C.29 K, Página: 2014)" Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocará la autorización precisada con antelación *******, y solo se les tendrá como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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