Griselda Guadalupe Grijalva Hernández
Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Griselda Guadalupe Grijalva Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de abril dos mil veintitrés (fojas 35 a 40), emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de veintiuno de abril dos mil veintitrés, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Griselda Guadalupe Grijalva Hernández. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por tanto, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las once horas con diez minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo (foja 12 vuelta), correspondiente al juicio de amparo 128/2023, promovido por ********************, ante la presencia judicial de Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, quien actúa con Patricia Arcos León, secretaria que autoriza y da fe, se procedió a la celebración de la referida audiencia, sin la asistencia personal de las partes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran el original del escrito inicial de demanda de amparo e informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 1 a 11 y de la 18 a 20). De igual manera, de las constancias de autos se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se notificó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la admisión de la demanda de amparo [foja 26]. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta a la Jueza con las pruebas documentales que anexó la quejosa al escrito inicial de la demanda de amparo (5 a 11). De igual manera, las que acompañó a su informe justificado y al oficio recibido el trece de abril del año en curso, la autoridad responsable Encargada de la Oficina del Centro de Servicio de Información del Infonavit, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas (fojas 132 a 133). A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales mencionadas, ya que las mismas dada su propia naturaleza no requieren preparación especial para su desahogo, sin más pruebas que relatar se cierra el período. PERÍODO DE ALEGATOS Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. La Jueza acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 128/2023, promovido por ********************, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: "[.] AUTORIDADES RESPONSABLES.- H. INSTITUTO DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), O REPRESENTANTE LEGAL con domicilio oficio conocido. ACTO RECLAMADO: a).- De la autoridad responsable reclamo LA OMISIÓN DE ACORDAR ESCRITO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, a través del cual se SOLICITO LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE LA VIVIENDA REGISTRADA BAJO EL NUMERO DE SEGURO SOCIAL 09968006867 MEDIANTE ORDEN DE DISPERSIÓN AUTOMATICAMENTE DEL PAGO (DAP) COMO ACTUALES RENDIMIENTOS Y LOS QUE SE SIGAN GENERANDO HASTA SU TOTAL SOLUCION, b).- Reclamando asimismo todas sus consecuencias directas e indirectas en lo que afecten a mis garantías individuales y derechos de persona". [.]" La parte quejosa manifestó que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó registrar la demanda con el número 128/2023, se admitió a trámite, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 12 a 15), la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, pues el acto reclamado es de naturaleza omisiva, el cual carece de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad, por tanto, este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se concluye que la parte quejosa ******************** reclama lo siguiente: Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT): La omisión de acordar el escrito de veintiocho de febrero de dos mil dos mil veintitrés, Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional en el país, que precisa lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. ANÁLISIS DE LA CERTEZA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la conducta reclamada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad, pues, si bien, al rendir su informe justificado fue impreciso en negar o aceptar la existencia de la conducta que se les atribuye (fojas 18 a 22), lo cierto es que de sus manifestaciones, se advierte que no se había notificado el escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, al menos a la fecha de presentación de la demanda de amparo; de ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado. Conviene señalar que las referidas documentales, al constituir documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente. En el presente caso se advierte, de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del texto del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesen los efectos del acto reclamado. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que, para la actualización de dicha causal, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Pues bien, se sostiene la configuración de la causa de improcedencia de mérito, en atención a que en el presente juicio de amparo se reclamó la omisión acordar el escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que el quejoso solicitó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad, los recursos de la subcuenta de la Vivienda registrada bajo el número del seguro social 09968006867, mediante orden de dispersión automáticamente del pago (DAP) como actuales rendimientos y los que se sigan generando hasta su total solución. Al respecto, de las constancias allegadas por la responsable, en copia certificada, se desprende que mediante oficio sin número, acordó el escrito veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, asimismo, se advierte que el citado oficio fue notificado el veinticuatro de marzo del presente año, a Martin Alvarado García, en su carácter de autorizado de la quejosa para oír y recibir notificaciones, pues así se advierte del escrito petitorio (foja 5). En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues mediante oficio sin número, se atendió el escrito veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad, asimismo, señaló que el referido oficio, fue notificado el veinticuatro de marzo del presente año, a Martin Alvarado García, en su carácter de autorizado para oír y recibir notificaciones de la solicitante, aquí quejosa, de ahí que la omisión reclamada cesó en sus efectos. QUINTO. DECISIÓN. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 128/2023, promovido por ********************. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Patricia Arcos León, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Encargada de la Oficina del Centro de Servicio de Información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado por este juzgado y remite copia certificada del oficio que adjuntó a su informe justificado. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tiene a la citada autoridad ofreciendo como prueba de su intención la documental que anexa a su oficio de cuenta, misma que será relacionada al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
El treinta de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta a la jueza con un oficio registrado en oficialía de partes de este juzgado con el número 2946, con un anexo. Conste.Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio que remite la Encargada del Centro de Servicio de Información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga. Asimismo, se tiene como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica para tales efectos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificada del oficio que para tal efecto se gire, remita copia certificada del oficio que adjunta a su informe justificado, ya que se estima necesario para la resolución de presente sumario constitucional. Apercibida que de no cumplir con lo requerido en este proveído y en el término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, así como el ordinal 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finalmente, y toda vez que en auto admisorio de veintidós de marzo del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto a la existencia o no de parte tercero interesada en el presente juicio de amparo, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, lo cual ya aconteció, al respecto se provee: No ha lugar a tener por reconocida a persona alguna con el carácter de tercero interesada, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de responder a una petición formulada ante la autoridad señalada como responsable, reclamada en un procedimiento de naturaleza administrativa no contenciosa, donde no existe controversia entre las partes; por tanto, no se está en ninguno de los supuestos a que alude el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 90/2010, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 162965, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 448, la que es del tenor literal siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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