Griselda González Moreno
Expediente 229/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Griselda González Moreno
- Grupo Bogo Asesores y Servicios TI S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que realizaran manifestaciones en relación a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de ellas hiciera uso de ese derecho no obstante de estar debidamente notificadas para ello; en consecuencia, se procede a calificarlo. De autos se desprende que por sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se determinó conceder el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: ". la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral J5/221/2017, incluyendo las diligencias de emplazamiento de treinta y uno de julio y uno de agosto de dos mil diecisiete, así como el laudo y los posteriores actos de ejecución; y,. b) Ordene el emplazamiento a juicio únicamente de las demandadas -aquí quejosas-, en el entendido que el personal habilitado para ese efecto deberá observar todas las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por las razones expuestas en este fallo. Concesión que se hace extensiva por cuanto hace a los codemandados Asesores en Tecnología Bogi, sociedad anónima de capital variable, Technical Software México, sociedad anónima de capital variable, Víctor Bolaños, Ivonne Gisel Bolaños González y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo ubicada en Valle de Hoz, número 191, manzana 6, lote 91, colonia Valle de Aragón, primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, quienes a pesar de que no ejercieron la acción constitucional, les corresponde el carácter de litisconsortes de las solicitantes del amparo; motivo por el cual las consecuencias de esta sentencia deben beneficiarlos en tanto que resulta necesario para su debido cumplimiento, ya que en caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional." Determinación que causó ejecutoria el veintinueve de septiembre de la presente anualidad y requiriéndose el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Por oficio recibido el seis de octubre de la presente anualidad, el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, informó que: "a) Por acuerdo de 05 de octubre de 2021, se señalaron las trece horas del día ocho de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el presente conflicto laboral. b) Comisionó al actuario adscrito para notificar y emplazar a juicio únicamente de las demandadas -aquí quejosas-, en el entendido que el personal habilitado para ese efecto deberá observar todas las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, así como a los codemandados Asesores en Tecnología Bogi, sociedad anónima de capital variable, Technical Software México, sociedad anónima de capital variable, Víctor Bolaños, Ivonne Gisel Bolaños González y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo ubicada en Valle de Hoz, número 191, manzana 6, lote 91, colonia Valle de Aragón, primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México ". Para tal efecto adjunta copia certificada de la citada constancia, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tiene pleno valor probatorio, de las cuales se obtiene que la autoridad responsable atendió los efectos esenciales del fallo protector y con ello se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Así, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Asimismo es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión pues se concedió la medida cautelar; por ende, glósese al presente y, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por otra parte, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa que ameritan su devolución, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero, del citado acuerdo general; requiérase a ésta para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. En la inteligencia que, deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1237, a fin de acordar un día y hora de entrega de dichas copias, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General modificado del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su similar Circular SECNO/10/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 13:45 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, por medio del cual remite las constancias con que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la (s) autoridad (es) responsable (s), para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuenten con la presente determinación, acate (n) en sus términos la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En específico: "- Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral J5/221/2017, incluyendo las diligencias de emplazamiento de treinta y uno de julio y uno de agosto de dos mil diecisiete, así como el laudo y los posteriores actos de ejecución; y, - Ordene el emplazamiento a juicio únicamente de las demandadas -aquí quejosas-, en el entendido que el personal habilitado para ese efecto deberá observar todas las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por las razones expuestas en este fallo. Concesión que se hace extensiva por cuanto hace a los codemandados ******************** y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo ubicada en ********************, quienes a pesar de que no ejercieron la acción constitucional, les corresponde el carácter de litisconsortes de las solicitantes del amparo; motivo por el cual las consecuencias de esta sentencia deben beneficiarlos en tanto que resulta necesario para su debido cumplimiento, ya que en caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional." En el entendido que si necesita (n) alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberán solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido, señalando la razón que tenga y tiempo requerido para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requieren prórroga alguna; incluso se les requiere para que en el mismo término, señalen, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella (s) vinculadas con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informan, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1234), o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1231. Se hace del conocimiento de la (s) autoridad (es) señalada (s) que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Por otro lado, se advierte que por el sentido de la sentencia no corresponde a la parte tercera interesada hacer efectiva la responsabilidad proveniente del billete de depósito ********************, por la cantidad de ********************, que otorgó en su momento la parte quejosa para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que fue concedida en autos. Así las cosas, es innecesario seguir reteniendo el billete de depósito antes descrito; por tanto, se autoriza la devolución del citado billete a la impetrante ********************, por conducto de quien legalmente le represente, previa toma de recibo que de su entrega se deje en autos. En consecuencia, queda el mencionado título de crédito en la caja de valores del Juzgado a su disposición, por el plazo de dos años, contados a partir de su notificación, apercibida que de no recogerlos en ese lapso, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá en favor del fisco federal. En la inteligencia que previamente a comparecer a recogerlo deberá comunicarse con el personal del Juzgado al teléfono 53870500 extensión 1241, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 13:45 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 229/2021-VI; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el cinco de abril siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Griselda..., por derecho propio y en representación de ...(en su denominación correcta), solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y otra autoridad, por los actos que se indicarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de seis de abril de la anualidad en curso este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de México, residente en Nezahualcóyotl, en turno. El treinta de abril último el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México determinó no aceptar la competencia declinada y devolver los autos a este órgano federal. Así, en atención a que no se insistió en declinar la competencia, en proveído de seis de mayo del año que transcurre se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el diez de junio pasado se determinó que a Marcela Denise Rivas Hidalgo le recae el carácter de tercero interesado, por lo que se ordenó su emplazamiento -efectuado oportunamente. Finalmente, la audiencia de ley tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que uno de los actos reclamados tuvieron verificativo dentro de un proceso del orden laboral tramitado ante un tribunal obrero cuya residencia se ubica dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada en concordancia con la información allegada al juicio, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, se concluye que los peticionarios de amparo reclaman: El emplazamiento efectuado al juicio laboral J5/221/2017, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, promovido por Marcela Denise Rivas Hidalgo, por conducto de su apoderada legal Juan Pablo Salazar Corona, contra Asesores en Tecnología Bogi, sociedad anónima de capital variable, Grupo Bogo Asesores y Servicios TI, sociedad civil, Technical Software México, sociedad anónima de capital variable, Griselda González Moreno, Víctor Bolaños, Ivonne Gisel Bolaños González y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo ubicada en Valle de Hoz, número 191, manzana 6, lote 91, colonia Valle de Aragón, primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en el referido expediente, incluido la ejecución del laudo. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables adscritas a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco aceptaron los actos reclamados al rendir su informe justificado. La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias que remitieron las referidas responsables, consistentes en copias certificadas del juicio laboral J5/221/2017 (que obra en un tomo por separado); a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad del emplazamiento combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Medularmente, uno de los argumentos de inconformidad vertidos por los quejosos consisten en que se transgredieron en su perjuicio las garantías de audiencia y de seguridad jurídica, debido a que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, en la medida de que al momento de realizar el emplazamiento al juicio laboral de origen no existió cercioramiento de que el domicilio en que se practicó correspondía al de las personas demandadas. El concepto de violación hecho valer por la parte impetrante es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, por los motivos que a continuación se expondrán. De entre las diversas prerrogativas que contiene el artículo 14 de nuestra Carta Magna, destaca el derecho de audiencia, el cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, previamente al dictado de un acto en detrimento del gobernado, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Las formalidades apuntadas y su observancia, a las que se unen las relativas a la garantía de legalidad tutelada en el párrafo primero del artículo 16 del ordenamiento fundamental mencionado, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que les agravia, que no se emite de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que le rige. Conforme tales imperativos, todo procedimiento o juicio debe estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludible y previamente a la emisión de cualquier acto de detrimento, distintas etapas que configuran las formalidades esenciales del procedimiento para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, que consisten: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Las consideraciones expuestas encuentran su origen en la jurisprudencia P./J. 47/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado" Ahora, como quedó apuntado, los actos impugnados derivan del juicio laboral J5/221/2017, radicado ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por ello, para analizar su constitucionalidad deben tomarse en consideración las reglas previstas en los artículos 712, 741, 742, fracción I, 743 y 751 de la Ley Federal del Trabajo -vigente a la fecha en que fue iniciado el procedimiento de origen-, de donde derivan las formalidades que debe observar la diligencia de emplazamiento, entre las que destacan: i) Se harán personalmente las notificaciones, entre otras, el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que ahí se dicte. ii) El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. iii) En el supuesto de que esté presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución y entregará copia de la misma; si se trata de persona moral, el diligenciario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla. iv) En caso de que el interesado o su representante no estén presentes, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente a una hora determinada. v) Si a pesar de haber dejado citatorio no se encuentra presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se localice en la casa o local, pero si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. vi) Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta, adjuntando una copia de la resolución. vii) En el caso del artículo 712 de la ley obrera, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. Debe destacarse que, por disposición legal, en todos los casos, el actuario asentará razón en autos y deberá señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Como se ve, dependiendo el supuesto, existen diversas obligaciones del actuario, pues si encuentra en el domicilio a la persona o personas demandadas, entonces debe asentar que se constituyó en el lugar señalado en autos; que se cercioró de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar (para lo cual asentará razón en autos y señalará con claridad los elementos de convicción en que se apoye); que notificó personalmente al interesado o su representante la resolución, entregando copia de ella; y, si se trata de persona moral, el Actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. Sin embargo, si no se encuentra a la persona o personas buscadas, entonces les dejará citatorio para que lo esperen al día siguiente, a una hora determinada; y, si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. ii) Por último, en los casos en que en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio, adjuntando una copia de la resolución. En ese contexto, es dable afirmar que el legislador reconoció la importancia de realizar de manera personal el emplazamiento, ya que mediante esa diligencia el órgano jurisdiccional establece la relación jurídico procesal que vincula a las partes contendientes durante un juicio; de ahí la trascendencia que la ley le confiere y la razón de que su desahogo se realice en forma personal y directa con el demandado. Para lograr tal objetivo, se establecieron reglas básicas a fin de asegurar procesalmente que la notificación se hará a la persona directamente interesada o a su representante legal (en el caso de personas morales), para que tenga oportunidad de acudir al juicio y ser oído en defensa de sus derechos; es decir, para permitir que el demandado tenga conocimiento de la existencia del juicio y oponga las excepciones y defensas a su alcance, ofrezca las pruebas que las acrediten, objete las de su contraria e intervenga en su recepción, formule los alegatos que a sus intereses competa y pueda interponer los recursos que estén a su alcance para, finalmente, recibir una sentencia. Ahora, de las copias certificadas que obran en el expediente J5/221/2017, destaca, en lo que aquí atañe, las diligencias de treinta y uno de julio y uno de agosto de dos mil diecisiete, relativas a la razón de los citatorios de espera y del emplazamiento de los codemandados. En el primer documento se consignó que a las catorce horas con cero minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco acudió al domicilio ubicado en Valle de Hoz y/o Valle de Hoz de Arreba, número 191, manzana 6, lote 91, colonia Valle de Aragón primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; que se cercioró de que se trataba del domicilio correcto "...por así indicarlo el municipio en que se actúa (sic), colonia, calle, número, manzana y lote, ser el domicilio correcto y completo de los demandados, así también por dicho de vecinos del lugar, quienes mencionan que efectivamente ahí se localiza la demandada, ser un inmueble de tres niveles de fechada verde agua y portón de aluminio color café, así como por información expresa de la persona que me atiende así me lo hace saber manifiesta y comparece (sic), quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse: RUBÉN HERRERA ser ADMINISTRADOR en este domicilio... En ese orden, en la diligencia de mérito se estableció lo siguiente: ...acto seguido le requiero la presencia del REPRESENTANTE LEGAL DE ASESORES EN TECNOLOGÍA BOGI, S.A. DE C.V. Y/O GRUPO BOGO ASESORES Y SERVICIOS TI, S.C. Y/O TECHNICAL SOFTWARE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y/O GRICELDA (SIC) GONZÁLEZ MORENO Y/O VÍCTOR BOLAÑOS Y/O IVONNE GISEL BOLAÑOS GONZÁLEZ Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO manifestando que en estos momentos no se encuentran presentes e ignora a (sic) qué hora puedan presentarse... Mientras que en la razón de emplazamiento se expuso, en síntesis, que a las catorce horas con cero minutos del uno de agosto de dos mil diecisiete el funcionario de la Junta responsable se constituyó en el domicilio ya mencionado y que se cercioró de ser el domicilio correcto: ".por así indicarlo el municipio en que se actúa, ser el domicilio correcto y completo y principal asiento de los negocios de los demandados por información expresa de la persona que me atiende así me lo hace saber manifiesta y comparece (sic), quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse: RUBÉN HERRERA con el carácter de ADMINISTRADOR en este domicilio...; asimismo, que al requerir la presencia de las personas demandadas, respondió: manifestando que en estos momentos no se encuentran presentes e ignora a (sic) qué hora puedan presentarse.". Una vez realizada la anterior relatoría, es de señalar que el llamamiento a juicio impugnado no colma los requisitos previstos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, debido a que no existe certeza de que el actuario adscrito a la Junta responsable se cerciorara de que en el domicilio en el que se constituyó para realizar el emplazamiento efectivamente corresponde al de la parte quejosa. Esa afirmación radica en que, de acuerdo con la razón de entrega de citatorio de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el actuario determinó que el inmueble situado en Valle de Hoz y/o Valle de Hoz de Arreba, número 191, manzana 6, lote 91, colonia Valle de Aragón primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, correspondía a la dirección de las personas buscadas ...por así indicarlo el municipio en que se actúa (sic), colonia, calle, número, manzana y lote", .así también por dicho de vecinos del lugar, quienes mencionan que efectivamente ahí se localiza la demandada, ...así como por información expresa de la persona que me atiende así me lo hace saber manifiesta y comparece (sic).... Sin embargo, no se especificó cómo se cercioró de que la calle, número, manzana y lote eran los correctos, ni de si se trataba de un mismo inmueble. Tampoco se aclaró si las demandadas quejosas habitan, trabajan o tienen su domicilio en el local en que se practicó el emplazamiento, ni mucho menos se proporcionaron los nombres o media filiación de los vecinos que, refiere, le manifestaron que en la dirección proporcionada pueden ser localizadas la parte enjuiciada. De igual forma, se pasó por alto explicar si la persona con quien se entendió la diligencia (Rubén Herrera) y quien adujo tener el cargo de administrador es empleado o familiar de las personas buscadas. En efecto, en la diligencia de mérito no se refirió ni describió, por ejemplo, la existencia de algún cartel o anuncio colocado en lugar visible al exterior del inmueble, o placa de señalización, en el que se proporcionaran datos de identificación del lugar o domicilio, o que ese fuese el lugar donde habita Griselda González Moreno y que también ahí se encuentra establecida la empresa denominada Grupo Bogo Asesores y Servicios TI, sociedad civil, o en su defecto, la existencia de algún directorio en el que se consignara que en el inmueble en el que supuestamente se apersonó el notificador corresponde a las citadas demandadas. No obstante ello, es importante hacer notar que el funcionario adscrito a la Junta responsable no expuso con claridad los elementos de convicción en que se apoyó para determinar que precisamente el inmueble en que se constituyó correspondía al domicilio de las demandadas indicadas, habida cuenta que no expresó mayores datos que corroboraran tal situación. Lo anterior se afirma, pues respecto de la diligencia apuntada cabe destacar la circunstancia de que el funcionario judicial se cercioró de ser el domicilio correcto por: ...por así indicarlo el municipio en que se actúa (sic), colonia, calle, número, manzana y lote, ...así también por dicho de vecinos del lugar..., se advierte que, pese a que el actuario se hubiera cerciorado de que era el domicilio correcto en el cual se le encomendó, el cercioramiento de que era el domicilio de la parte quejosa, lo corroboró por afirmación de vecinos del lugar, pero sin precisar quiénes eran los vecinos del lugar o a qué vecinos se refería, o en su caso, sus nombres, datos o de qué personas se trataba. No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/2004- SS, sostuvo que, acorde con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia; así como que el hecho de que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona. Pese a ello, no debe pasarse por alto que el Máximo Tribunal del País, en esa interpretación, alude al requisito concreto de que el actuario debe cerciorarse que el domicilio en que se encuentra corresponde al lugar en que habita, trabaja o tiene su domicilio la demandada y, el extremo apuntado lo satisface por el dicho de la persona que lo atiende, lo cual es relevante al caso, pues en el citatorio que se analiza, la primera referencia que hizo al dicho de la persona que lo atendió, fue para cerciorase de que el lugar en que se constituyó corresponde al señalado en autos, no así que ahí habitan, trabajan o tienen su domicilio. Además, para sostener que no se le puede obligar a la persona quien atiende al diligenciario a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del motivo de su presencia en el domicilio, debe partirse de la premisa de que se está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia e incluso se hace la distinción: ... a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación.". Tales circunstancias revelan entonces que la persona con la que se entrevistó el Actuario en primer lugar le confirmó que el domicilio en que actuó corresponde al en que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada; sin embargo, en un segundo momento, al cerciorase de si las demandadas tenían ahí su domicilio lo corroboró con vecinos del lugar, sin precisar quién o quiénes. Cabe señalar que de la contradicción de tesis antes mencionada, derivó la jurisprudencia que se cita a continuación: EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación." Por otro lado, este Juzgado de Distrito considera que en el acta de emplazamiento de uno de agosto de dos mil diecisiete tampoco se establecieron con claridad los elementos de convicción en que se apoyó el actuario responsable para determinar que se había constituido en el domicilio correcto, pues se limitó a indicar que así lo dedujo el municipio en que se actúa"; aspecto que, como se analizó con antelación, no aporta datos suficientes en ese sentido. En segundo lugar, resulta necesario establecer si el actuario adscrito a la Junta responsable se cercioró o no si en el domicilio en el que se constituyó, efectivamente habitaran, trabajaran o tuvieran su domicilio las demandadas, o bien, tuvieran sus oficinas principales la moral quejosa; en el entendido de que el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo lo obliga a asentar razón en autos y a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye. Sobre el particular, este Juzgado de Distrito considera que el requisito mencionado no se cumplió satisfactoriamente tanto en el acta de citatorio como en el de emplazamiento, como enseguida se verá. En la razón de citatorio se asentó que el Actuario se constituyó en el domicilio ubicado en Valle de Hoz y/o Valle de Hoz de Arreba, número 191, manzana 6, lote 91, colonia Valle de Aragón primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; que se cercioró de que se trataba del domicilio correcto ...por así indicarlo el municipio en que se actúa (sic), colonia, calle, número, manzana y lote, ser el domicilio correcto y completo de los demandados, así también por dicho de vecinos del lugar, quienes mencionan que efectivamente ahí se localiza la demandada, ser un inmueble de tres niveles de fechada verde agua y portón de aluminio color café, así como por información expresa de la persona que me atiende así me lo hace saber manifiesta y comparece (sic), quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse: RUBÉN HERRERA ser ADMINISTRADOR en este domicilio... Ahora, si bien es cierto que la persona con la que se entendió la primer diligencia refirió que se trataba del domicilio correcto y que en ese momento no se encontraban las personas buscadas; también lo es que no se aprecia que el actuario haya cuestionado a dicha persona sobre la naturaleza del domicilio al que compareció, esto es, el motivo por el cual dicha persona afirmaba que tanto la persona física como moral demandadas tienen su domicilio en ese lugar. Esa circunstancia se reiteró en la diligencia de uno de agosto de dos mil diecisiete, con la particularidad de que en ella se asentó en forma genérica que en domicilio resultaba ser el correcto ...por así indicarlo el municipio en que se actúa, ser el domicilio correcto y completo y principal asiento de los negocios de los demandados por información expresa de la persona que me atiende así me lo hace saber manifiesta y comparece (sic), quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse: RUBÉN HERRERA con el carácter de ADMINISTRADOR en este domicilio... sin embargo, tampoco se explicó la razón por la que se dedujo que dicho domicilio era el principal asiento de los negocios de las demandadas. Sobre esa base, se concluye que los argumentos formulados en la demanda de amparo son esencialmente fundados, ya que el acta de citatorio contraviene lo dispuesto en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que prevé como requisito de validez para la primera notificación personal, que el Actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación, pues lo cierto es que en tal diligencia se aprecia que el funcionario referido solamente verificó que el lugar en que se constituyó era el señalado en autos para practicar la diligencia, pero omitió corroborar que éste fuera en el que tienen su domicilio las quejosas, a través de la respuesta de la persona entrevistada adminiculada con algún dato objetivo percibido por sus sentidos. En el entendido que el actuario debe asegurarse, de manera independiente a la simple ubicación espacial, que la persona que debe ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación y, por ende, su aseveración de que se constituyó en el domicilio de los demandados resulta, por una parte, insuficiente para tener por cumplido el requisito en comento y, por otra, dogmática al no apoyarse en cercioramiento fehaciente de que así fuera. Resulta aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se cita a continuación: EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, PERO OMITE CORROBORAR QUE AHÍ HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO LA PERSONA A QUIEN DEBE NOTIFICAR. La fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo prevé, como requisito de validez para la primera notificación personal, que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. En tal virtud, si de las actas del citatorio y del emplazamiento se aprecia que el funcionario referido solamente se cercioró de que el lugar en que se constituyó era la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia, pero omitió corroborar que éste fuera donde habitaba, trabajaba o tenía su domicilio la persona que debía notificar, dicho emplazamiento es ilegal y, consecuentemente, nulo, toda vez que de esto último debe asegurarse de manera independiente respecto de la mera ubicación espacial; y, por ende, su aseveración de que se constituyó en el domicilio del demandado resulta, por una parte, insuficiente para tener por cumplido el requisito en comento; y, por otra, dogmática al no apoyarse en cercioramiento fehaciente de que así fuera; consecuentemente, tales actuaciones son nulas de conformidad con el artículo 752 de la aludida legislación, puesto que el citatorio y el emplazamiento no se practicaron conforme al artículo primeramente referido En adición a lo expuesto, es menester recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/98, determinó que el emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia por permitir el cumplimiento del derecho humano de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca. Consecuentemente, cuando alguien le informa al actuario que "por el momento no se encuentra la persona que busca, dicho funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento. Tales razonamientos se contienen en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO. El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento Sobre esa base, si en el caso, la persona con la que se entendió la diligencia de citatorio expresó que no se encontraban presentes las personas buscadas, sin que se recabaran otros datos objetivos que le permitieran asegurarse de que verdaderamente ahí tenían su domicilio las demandadas, dado que no se consignó así en el acta respectiva, mucho menos en el acta de emplazamiento; entonces, debe concluirse que ambas diligencias son ilegales. Así, dado que los conceptos de violación resultaron fundados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: - Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral J5/221/2017, incluyendo las diligencias de emplazamiento de treinta y uno de julio y uno de agosto de dos mil diecisiete, así como el laudo y los posteriores actos de ejecución; y, - Ordene el emplazamiento a juicio únicamente de las demandadas -aquí quejosas, en el entendido que el personal habilitado para ese efecto deberá observar todas las formalidades esenciales previstas en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por las razones expuestas en este fallo. Concesión que se hace extensiva por cuanto hace a los codemandados Asesores en Tecnología Bogi, sociedad anónima de capital variable, Technical Software México, sociedad anónima de capital variable, Víctor Bolaños, Ivonne Gisel Bolaños González y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo ubicada en Valle de Hoz, número 191, manzana 6, lote 91, colonia Valle de Aragón, primera sección, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, quienes a pesar de que no ejercieron la acción constitucional, les corresponde el carácter de litisconsortes de las solicitantes del amparo; motivo por el cual las consecuencias de esta sentencia deben beneficiarlos en tanto que resulta necesario para su debido cumplimiento, ya que en caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional. Además de ello, en el juicio natural no pueden coexistir válidamente dos diversas etapas propositivas, dos distintas fases probatorias, dos diferentes etapas de alegatos y dos diversos laudos; en la inteligencia que lo anterior no tiene el alcance de dejar insubsistentes los emplazamientos realizados a esos diversos codemandados para que se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio pasivo necesario, es decir, debe determinar que subsiste tal llamamiento a juicio. Sobre el particular se citan las jurisprudencias P./J. 9/966 y 1a./J. 72/2011 (9a.)7 del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que llevan por rubros: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. Finalmente, al resultar fundados los argumentos analizados, resulta innecesario avocarse al estudio de los restantes, pues en nada variaría el sentido del presente fallo; así lo ha establecido el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis: CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se concede para el efecto de que las autoridades respeten la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, brindando oportunidad de defensa a los quejosos previamente a la emisión de los actos que afecten un derecho establecido, resulta innecesario avocarse al estudio de las demás manifestaciones contenidas en los conceptos de violación, porque precisamente esas cuestiones serán objeto de la audiencia que las autoridades deberán conceder a los solicitantes de amparo." Por lo antes expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ... Notifíquese, por lista a la tercera interesada, vía electrónica a la parte quejosa, mediante correo electrónico a la agente del Ministerio Público Federal adscrita
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