Griselda García García

Expediente 1357/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1357/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Griselda García García

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Griselda García García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2º., se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1357/2022-10, promovido por *********, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Griselda García García solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de la quejosa recepcionado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dentro del expediente laboral 793/2015, de su índice, y su falta de notificación." AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el expediente 1357/2022-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza del acto reclamado; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de la quejosa recepcionado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dentro del expediente laboral 793/2015, de su índice, y su falta de notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIO´N Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al tribunal en cuestión, toda vez que el mismo se trata de una omisión, por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar el acuerdo recaído al escrito recibido por la responsable el veinticuatro de marzo de la presente anualidad en el juicio laboral de origen, por ser inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante al acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que anexó a su referido informe de las cuales se desprende la existencia del acto que se le reclama y que integra el expediente laboral 793/2015, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante oficio TCYA/AMP/8479/2022, en lo que aquí interesa obra copia certificada del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral 793/2015, de su índice, del que se desprende que acordó el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós, recepcionado por la responsable el veinticuatro siguiente. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa, -dieciséis de agosto de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de la autoridad responsable, pues mediante auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, acordó el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós, recepcionado por la responsable el veinticuatro siguiente; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 1, 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Griselda García García por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en: Instrumental de actuaciones integrado por las constancias que el tribunal responsable adjuntó a su informe justificado consistente en copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 793/2015, de su índice. Por otro lado, se tiene al Magistrado Presidente del Tribunal responsable, quien al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 793/2015, de su índice. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Conste. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1357/2022-10, promovido por Griselda García García, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Griselda García García solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de la quejosa recepcionado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dentro del expediente laboral 793/2015, de su índice, y su falta de notificación." AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el expediente 1357/2022-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza del acto reclamado; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del tribunal responsable de acordar el escrito de la quejosa recepcionado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós dentro del expediente laboral 793/2015, de su índice, y su falta de notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIO´N Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al tribunal en cuestión, toda vez que el mismo se trata de una omisión, por tanto, resulta evidente que el fedatario no se encontraba en aptitud legal para notificar el acuerdo recaído al escrito recibido por la responsable el veinticuatro de marzo de la presente anualidad en el juicio laboral de origen, por ser inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante al acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que anexó a su referido informe de las cuales se desprende la existencia del acto que se le reclama y que integra el expediente laboral 793/2015, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante oficio TCYA/AMP/8479/2022, en lo que aquí interesa obra copia certificada del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral 793/2015, de su índice, del que se desprende que acordó el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós, recepcionado por la responsable el veinticuatro siguiente. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa, -dieciséis de agosto de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de la autoridad responsable, pues mediante auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, acordó el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós, recepcionado por la responsable el veinticuatro siguiente; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 1, 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******** por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y Coordinador de Actuarios de su adscripción, autoridades señaladas como responsables y anexo que acompaña el primero de los mencionados, consistente en copia certificada del proveído de veintiséis de agosto del año en curso, dictado, en el expediente laboral 793/2015 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de dieciocho de agosto del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones que conforman el expediente laboral 793/2015 y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 147/2007 de su índice, del cual se desprende que en lo medular requirió a las autoridades municipales residentes en Jalapa, Tabasco, a fin de que realicen los pagos en favor de los quejosos TRINIDAD RODRÍGUEZ SOSA, ÁNGEL GONZÁLEZ MORALES, ABSALÓN CORREA ASCENCIO, CESAR AUGUSTO HEMÁNDEZ MAYO y BALTAZAR PINTO SARRACINO, a quienes adeudan las sumas de: TRINIDAD RODRÍGUEZ SOSA por la suma de $35,282.61 (treinta y cinco mil doscientos ochenta y dos pesos 61/100 moneda nacional). ÁNGEL GONZÁLEZ MORALES por $11,885.17 (once mil ochocientos ochenta y cinco pesos 17/100 moneda nacional). ABSALÓN CORREA ASCENCIO por la cantidad de $271,827.06 (doscientos setenta y un mil ochocientos veintisiete pesos 06/100 moneda nacional). CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ MAYO por la suma de $57,970.53 (cincuenta y siete mil novecientos setenta pesos 53/100 moneda nacional). BALTAZAR PINTO SARRACINO por la suma de $3,124,582.60 (tres millones ciento veinticuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 60/100 moneda nacional). De lo que se toma conocimiento y se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y sus reformas, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a la responsable a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días hábiles, informe el cumplimiento que en su caso haya realizado el Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, en favor de los quejosos BALTAZAR PINTO SARRACINO y otros, y adjunte las constancias correspondientes. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. No obstante lo anterior, si finalizado el lapso que les fue otorgado, éstas no efectúan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se continuará con el trámite respectivo, previsto en la Ley de Amparo y el Acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que deben realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, aplique los apercibimientos referidos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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