Griselda Esparza Morales
Expediente 1633/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1633/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Griselda Esparza Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En dos de diciembre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del diez al veinticinco de noviembre de dos mil quince, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de octubre del citado año, dentro del juicio de amparo número 1633/2015, promovido por GRISELDA ESPARZA MORALES.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretario licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de diciembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de octubre de dos mil quince, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías y por otra se negó a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que se negó la protección constitucional y además, este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; sin embargo, en atención a que en dicho cuaderno por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva a la promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En otro aspecto, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretario que autoriza y da fe. alml.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1633/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GRISELDA ESPARZA MORALES, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto, que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ PRIMERO DEL RAMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL. JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL DEL ESTADO DE ZACATECAS. LA CENTRAL DE ACTUARIOS Y NOTIFICACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DE AGUASCALIENTES. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE AGUASCALIENTES. "IV. ACTO RECLAMADO.- Que el día 24 de Agosto del año en curso, recibí una llamada telefónica por parte de uno de mis hijos JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ ESPARZA, que vive en Calle Villa Adelina número 237, de la Colonia Villa Loma Dorada, de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, señalándome que habían ido del juzgado de Aguascalientes, algunos abogados y actuario, con el objeto de embargarme bienes de mi propiedad y llevarse los mismos, sin lograrlo, sin dejarme papel alguno en donde se ordena dichos acontecimientos, por no encontrarme en dicho lugar, debo aclarar que la suscrita solo visito a mis hijos esporádicamente el (sic) dicho domicilio, sin embargo mi domicilio se encuentra en esta Ciudad de Zacatecas. Cabe aclarar que en mi domicilio ubicado en esta Ciudad de Zacatecas, se presentó una persona que dijo ser actuario o notificador pretendiendo embargarme o quitarme bienes de mi propiedad, pero no estuve presente el día 26 de Agosto del año 2015, para lo cual a dicha persona lo atendió mi hermano, sin que al mismo le dieran más información ni mucho menos le dejaran citatorio para tal efecto." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular en auto de uno de septiembre de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1633/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: - Requerimiento de pago y embargo, ordenado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 472/2015, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, dictado en el auto de Exequendo de cuatro de junio de dos mil quince. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Inexistencia: Las autoridades responsables Jueces Segundo y Tercero Mercantil y Coordinadora de las Centrales de Actuarios Notificadores y Peritos del Estado, todos con sede en esta ciudad, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Aguascalientes, Aguascalientes, así como su Actuario adscrito, al rendir su informe con justificación negaron expresamente la existencia del acto que se les atribuye (fojas 46, 47, 53, 56 y 58), sin que la quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza: La autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil 1633/2015, que remitió el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no haberse actualizado causa de improcedencia al respecto, a continuación se procede al análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de que se trata. IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa en el capítulo conceptos de violación expresó lo siguiente: Que la autoridad responsable vulnera sus garantías individuales contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al haber emitido mandamiento de ejecución y embargo en bienes y posesiones de su propiedad dentro del Juicio Mercantil Ejecutivo, el cual no se encuentra debidamente fundado y motivado, además de que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento. V. Estudio de la constitucionalidad del auto combatido. A fin de dar una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado, los cuales emanan del juicio mercantil ejecutivo 1633/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de esta ciudad, y en esencia son: El licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros, en su carácter de endosatario en procuración del Hospital San Agustín S.A. de C.V., promovió demanda en la Vía Ejecutiva Mercantil, Acción Cambiaria Directa en contra de María Sara Esparza Morales (obligada principal), Griselda Esparza Morales y Noé Esparza Morales (avales), sobre el pago de la cantidad de $89,016.00 (ochenta y nueve mil dieciséis pesos 00/100 m. n.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales, a lo que recayó un acuerdo el cuatro de junio de dos mil quince, que textualmente dice: "Zacatecas, Zacatecas, cuatro de junio del año dos mil quince. Con el escrito de cuenta que antecede, documento, y copias simples que al mismo se acompañan, se tiene por presentada en tiempo y forma legal al licenciado GUSTAVO J. CASTANEDO VIVEROS, endosatario en procuración del Hospital San Agustín S.A. de C.V., quien promueve JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO al ejercitar la acción cambiaria directa, en contra de MARÍA SARA ESPARZA MORALES (obligado principal), quien tiene su domicilio para efectos del emplazamiento en CALLEJÓN DEL AUXILIO NÚMERO 203 (DOSCIENTOS TRES), COLONIA BANCOMER, ZACATECAS, ZACATECAS; GRISELDA ESPARZA MORALES (aval), quien tiene su domicilio para efectos del emplazamiento en CALLE VILLA ADELINA NÚMERO 237 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE), COLONIA LOMA DORADA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES; y NOÉ ESPARZA MORALES (aval), quien tiene su domicilio para efecto del emplazamiento en CALLE 20 (VEINTE) DE NOVIEMBRE NÚMERO 354-A (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LETRA A), LOCALIDAD NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ; por el pago de la cantidad de $89,016.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS PESOS 00/100 M. N.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales, encontrándose la demanda ajustada a derecho, se admite la misma en la vía, forma y términos propuestos; en esa virtud, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que legalmente le corresponde, dése aviso de inicio a la superioridad; y por fundarse la acción en un título de naturaleza ejecutiva, pase el Ministro Ejecutor al domicilio de los demandados y requiérase del pago de las prestaciones reclamadas, y de no efectuarse el pago en el momento de la diligencia, a continuación embárguesele bienes de su propiedad suficientes para garantizar esas prestaciones, poniéndose lo embragado en depósito de persona que bajo su responsabilidad designe el actor, observándose las disposiciones relativas a embargos; surtiendo ese auto efecto de mandato de ejecución en forma. Hecho el embargo, emplácese a los demandados, corriéndoles traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas, haciéndose saber de que disponen del término de OCHO DÍAS HÁBILES, para que hagan el pago de lo reclamado o bien para oponerse a la ejecución si para ello tuvieren excepciones legales que hacer valer. Así mismo prevéngaseles para que en el término concedido ofrezcan pruebas y los documentos en que funden sus excepciones y que deban servir como pruebas de su parte de conformidad con lo establecido por los artículos 1061 y 1401 del Código de Comercio Reformado. En el mismo acto prevéngaseles para que en igual término señale domicilio en esta ciudad para oir y recibir todo tipo de notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo así, las ulteriores, aún las de carácter personas se les harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069segundo párrafo del Código de Comercio en vigor. Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas, hágase saber a las partes de los beneficios y bondades que les brindan los procedimientos alternativos, en los que puede solucionarse su conflicto mercantil de manera oportuna y además de tratar de mejorar la comunicación entre las partes, a fin de lograr arreglos cuya aplicación sea posible en un plazo prudente y que se eviten daños mayores innecesarios, los cuales se basan primordialmente en formas de negociación directa o asistida, por ende, se exhorta a las partes para que acudan al Centro de Justicia Alternativa, que les ofrece entre otras ventajas y beneficios, lo siguiente: No afecta a los medios ordinarios de litigio previstos en los códigos del Estado de forma tal que si no se llega a resolver el conflicto dentro de los medios alternativos, el particular tiene todo el derecho de acudir a los Tribunales del Fuero Común; se presenta atención a los intereses de las partes en conflicto; fomenta la transigencia, la tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un futuro conflicto de intereses de carácter judicial; desinhibe a las partes para poner en la mesa de discusiones toda la información necesaria sobre los intereses que subyacen en la controversia; agiliza la solución de conflictos entre particulares e implica un menor desgaste emocional; al establecer la mediación y conciliación entre las partes, evita la erogación de cantidades por conceptos de honorarios por servicio de abogados particulares. Para tal efecto, se les hace del conocimiento que el Centro Estatal de Justicia Alternativa se encuentra ubicado en: Boulevard Héroes de Chapultepec, numero dos mil dos (2002) Ciudad Gobierno, de esta Ciudad de Zacatecas (sito en las instalaciones del palacio de justicia). Ahora bien, para en caso de que las partes manifiesten su conformidad a someterse a algún procedimiento alternativo, se precederá conforme al artículo 10 de la ley en cita, que en su parte conducente dispone: Articulo 10. Si el trámite del procedimiento alternativo deriva de un juicio civil, familiar o mercantil, se suspenderán los plazos y términos dentro del juicio a partir del día en que el Centro de Justicia Alternativa, señale fecha para la primer sesión y hasta aquel en que por cualquier causa concluya el trámite de los procedimientos alternativos para lo cual el Centro de Justicia Alternativa informara estas circunstancias al juez del conocimiento, la aceptación para el sostenimiento a procedimientos alternativos implica la aceptación de las partes en la suspensión del proceso en los términos aquí procesados. SE TIENE POR SEÑALADO COMO DOMICILIO DE LA PARTE ACTORA PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL EL UBICADO EN AVENIDA MORELOS NUMERO 517 (QUINIENTOS DIECISIETE), ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL ZACATECAS Y POR AUTORIZADO AL C. P. D. ÁLVARO SALCEDO GUTIÉRREZ, ÚNICAMENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Y, EN VIRTUD DE QUE LOS DEMANDADOS GRISELDA ESPARZA MORALES (AVAL) Y NOE ESPARZA MORALES (AVAL) TIENEN SUS DOMICILIOS EN LAS CIUDADES DE AGUASCALIENTES Y VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ respectivamente, con los insertos necesarios gírese atentos exhortos al C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AGUASCALIENTES, Y AL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ, fin de que en auxilio y por comisión de las labores de este juzgado tengan a bien ordenar a quien correspondan se practiquen todos las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, autorizando a los jueces exhortados para que acuerden todas las medidas necesarias para el efecto mencionado, así como para que giren cuanto oficio sea necesario a las autoridades correspondientes. SE TIENE POR OFRECIDAS EN TIEMPO Y FORMA LEGALES LAS SIGUIENTES PRUEBAS: LA DOCUMENTAL PRIVADA, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL, las cuales en su momento procesal oportuno se acordara lo procedente en cuanto a la forma de su admisión.- Por medio de este acto se ordena guardar en secreto del Juzgado el documento base de la acción, ello previa copia debidamente certificada que obre dentro de actuaciones.- Desde este momento se autoriza el uso de la fuerza publica, rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario.-El exhorto se deberá cumplimentar en el termino de CUARENTA DÍAS HÁBILES, de no ocurrir así, a petición de parte interesada se recordara por cualquier medio de comunicación de la urgencia del cumplimiento, quedando obligada la parte actora para apresurar su diligencia y una vez cumplimentado, deberá entregarse a la solicitante, quien bajo su responsabilidad lo devolverá al exhortante durante el termino de tres (3) días contados a partir de su recepción, en caso de no hacer la devolución en los tres (3) días siguientes el plazo concedido para su diligenciacion, sin justificar impedimento bastante, será sancionada en los términos que autorice la ley y se dejara de desahogar la diligencia; con las inserciones respectivas se ordena redactar el exhorto correspondiente dentro del término de tres (3) días contados a partir del presente proveído. Así mismo, dentro del término de tres (3) días contados a partir del presente proveído, procédase a realizar notificación personal a la parte actora para efecto de informarle que quedan a su disposición los exhortos ante el personal de este juzgado, a efecto de que los haga llegar a su destino, en el entendido de que, a partir del DÍA siguiente en que surta sus efectos dicha notificación se iniciará el término concedido para su diligenciación. Y en caso de que el exhorto adolezca de algún efecto, la parte solicitante deberá hacerlo saber precisando en que consiste regresándolo al tribunal dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que lo hubiere recibido, para su corrección. En caso de no hacer la devolución del exhorto defectuoso en el término señalado, el plazo para su diligenciación no se interrumpirá. Finalmente, hágasele al promoverte de que quedan a su disposición lo presentes exhortos a efecto de que los haga llegar a su destino y con la obligación de apresurar su diligenciación y devolución.- Fundamento legal, Artículos 10, 11, 56, 57, 58, 59, 60 y demás aplicables de la ley de justicia Alternativa del Estado de Zacatecas; 1°, 23, 35, 150 fracción II 151, 167, de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1055, 1061, 1071, 1391 al 1396 del código de Comercio." (...)." Dicho auto de exequendo, es precisamente el que, la peticionaria de amparo señala como reclamado en este tópico; destacando que en contra de éste, resulta procedente el juicio de amparo; lo anterior, de conformidad con la tesis del epígrafe y contenido siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo." Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son infundados. En efecto, la quejosa señala que el auto de exequendo que por esta vía combate no se encuentra debidamente fundado ni motivado. No le asiste la razón a la quejosa, en virtud de que contrariamente a su opinión, el juez responsable sí efectuó una motivación y fundamentación de las razones que lo llevaron a ordenar requerir de pago a la aquí quejosa, además, estableció en forma suficiente las razones legales, datos y circunstancias que tomó en cuenta para emitirla, y existe congruencia y coherencia procesal y legal con relación al acto en estudio. Se estima constitucional el acto porque se justificó en el hecho de que la parte actora al promover en la vía mercantil ejecutiva, la acción cambiaria directa, esto es, fundó su petición en un título de crédito que trae aparejada ejecución; luego, si de las actuaciones del juicio se desprende que efectivamente las razones expuestas por el juez son ciertas y válidas para dictar el acto, este Juzgado Federal encuentra suficiente la motivación y fundamentación del acto en estudio. Lo anterior, pues al tratarse de resoluciones jurisdiccionales, el cumplimiento de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 Constitucional, se verifica cuando los razonamientos en ellas vertidos, conduzcan a las normas aplicadas aún y en el caso de que éstas no hubieran sido invocadas. Cabe citar la tesis P.CXIV/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, visible en la página ciento cuarenta y tres del tomo XII, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico número 191,358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". En consecuencia, el acto en estudio, cumple con las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que rigen el juicio mercantil ejecutivo, esto al contener los requisitos para justificar su emisión el cual debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal; y en este sentido, no existe lesión a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por otra parte, la quejosa señala que el planteamiento sintetizado consiste en que le fueron violados sus derechos fundamentales pues, el juez responsable, al emitir el auto de cuatro de junio de dos mil quince, no le dio la oportunidad de defenderse, ya que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Lo infundado de dicho concepto de violación radica en que, si bien es cierto que de las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo número 472/2015, se desprende que en proveído de cuatro de junio de dos mil quince, se tuvo al licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros, en su carácter de endosatario en procuración del Hospital San Agustín S.A. de C.V., promoviendo demanda en la Vía Ejecutiva Mercantil, la Acción Cambiaria Directa en contra de María Sara Esparza Morales (obligado principal), Griselda Esparza Morales y Noé Esparza Morales (avales), sobre el pago de la cantidad de $89,016.00 (ochenta y nueve mil dieciséis pesos 00/100 m. n.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales; de igual forma, se ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia y de lo Mercantil del Distrito Judicial de Aguascalientes, Aguascalientes, a fin de que en auxilio y por comisión de las labores del juzgado natural ordene a quien corresponda se practique todas las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de la diligencia de requerimiento de pago de las prestaciones reclamadas y en caso de no efectuarse, embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo; que la emplazará, corriéndole traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas, haciéndole saber que disponía del término de ocho días para hacer pago de lo reclamado o bien oponerse a la ejecución, si tuviere excepciones que hacer valer. Situaciones que ponen de manifiesto por tratarse de un juicio mercantil ejecutivo, tiene su origen en un documento que trae aparejada ejecución, como lo es, el documento base de la acción, consistente en un pagaré valioso por la cantidad de $89,016.00 (ochenta y nueve mil dieciséis pesos 00/100 m. n.), que GRISELDA ESPARZA MORALES, se comprometió a pagar incondicionalmente a la orden del Hospital San Agustín S.A. de C.V.. Sobre el tema, debemos precisar que el artículo 1392 del Código de Comercio vigente, dispone: "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. [.]." Del análisis de dicho precepto, se desprende que establece una medida provisional consistente en la orden de embargo, dictada en un procedimiento judicial, que tiene como finalidad el aseguramiento en el cumplimiento de una obligación por parte de la aval (demandada) a favor del acreedor (promovente del juicio). Ahora bien, el embargo es un acto judicial, que tiene por objeto la afectación de un bien del deudor para garantizar el pago de un adeudo, con la consecuente indisponibilidad del bien afectado, mientras se resuelve en definitiva la procedencia del pago que se reclama, afectación que se realiza a través de la ejecución de la orden judicial respectiva y la entrega del bien secuestrado a un depositario, o bien, el nombramiento de un interventor en los casos en que la conservación del bien secuestrado lo requiera, como lo es el de las negociaciones mercantiles. La afectación que se realiza a través del embargo no implica una privación de la propiedad del ejecutado, ni la constitución de un derecho real a favor del acreedor, quien no tiene ningún poder sobre la cosa embargada. Su efecto consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, y su naturaleza, por tanto, es provisional. En estas condiciones, la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes de la parte demandada GRISELDA ESPARZA MORALES, para garantizar el adeudo, contenido en el proveído de cuatro de junio de dos mil quince, emitido dentro del juicio mercantil ejecutivo número 472/2015, es un acto judicial que no produce privación en los derechos que se señalan en el artículo 14 constitucional, por lo que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente se cumpla, en el acto mismo, con la exigencia de la garantía de previa audiencia al afectado, ya que dicho acto forma parte de un procedimiento judicial que es el que debe cumplir los requisitos que antes quedaron precisados, en tanto que la resolución que se dicte en éste será la que constituya el acto privativo y no el posible embargo que, en forma precautoria y como medida de aseguramiento, se llegue a decretar para garantizar el pago reclamado; aunado a la circunstancia de que si la parte quejosa GRISELDA ESPARZA MORALES, tiene la calidad de parte demandada en el procedimiento mercantil, se encuentra en aptitud de comparecer a juicio, hacer el pago de lo reclamado o bien, contestar la demanda instaurada en su contra y oponerse a la ejecución, si tuviere excepciones que hacer valer, incluso proponer la nulidad del embargo ante la autoridad de instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.- Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." A mayor abundamiento, debemos precisar que los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio vigente, fijan las reglas que se deben cumplir, con motivo del auto de exequendo, emitido dentro de un juicio mercantil ejecutivo. Tales disposiciones establecen: "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. [.] Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Art. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." De lo antes expuesto, se desprenden las reglas de los embargos y su emplazamiento, en el trámite de un juicio ejecutivo mercantil, a saber: Que una vez que se presente la demanda, se dictara auto, con efectos de mandamiento en forma (auto de exequendo), para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. Que en caso, de no encontrarse al deudor en la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor y una vez cerciorado de aquél, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro del lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. Que en el supuesto, de que no aguarde, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en ese domicilio. Que en el caso, de que sí se encuentre personalmente el demandado, se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda (parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en ese domicilio), para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndole que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. Una vez hecho el embargo, se procederá a notificar al deudor o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 del Código de Comercio (emplazamiento); lo anterior, a fin de que comparezca ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas o bien, oponga excepciones que tuviere. A su vez, en todos los casos, se le entregará al demandado, la cédula en la que se contenga la orden de embargo decretada en su contra, corriéndole traslado con las copias de la demanda, de los documentos base de la acción y de los que ordena el numeral 1061 del ordenamiento legal citado. De igual forma, la diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará hasta su conclusión, dejándole a salvo sus derechos al deudor, para que los haga valer como le convenga durante el juicio. Circunstancias que ponen de manifiesto, que cuando no se encuentra al deudor a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro del lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y en el supuesto, de que no aguarde, tal diligencia se llevara a cabo, con los parientes o domésticos del interesado; sin embargo, cuando el demandado sí se encuentra de manera personal, resulta innecesario que se le deje citatorio para que aguarde, pues en tal supuesto, la diligencia iniciará con el requerimiento de pago, de manera posterior, el señalamiento de bienes por el deudor, y en caso de que no lo haga, pasará el derecho al actor, y finalmente, se le emplazará para que en el término de ocho días comparezca ante el juzgado a hacer paga llana o bien, oponga excepciones. De ello se sigue, que contrario a lo externado por la quejosa, el auto de cuatro de junio de dos mil quince, no es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues, se reitera, la afectación que se realiza a través del embargo no implica una privación de la propiedad de la ejecutada, ni la constitución de un derecho real a favor del acreedor, quien no tiene ningún poder de disposición sobre la cosa embargada. Su efecto consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, y su naturaleza, por tanto, es provisional. Consecuentemente, al no advertir que la resolución reclamada sea violatoria de garantías individuales que invoca la quejosa GRISELDA ESPARZA MORALES, ni existe motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por GRISELDA ESPARZA MORALES, contra el acto que reclama de las autoridades responsables precisado en el resultando tercero, por los motivos expuestos en el considerando II.2.1 de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a GRISELDA ESPARZA MORALES, contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisado en el resultando tercero, por los motivos expuestos en el considerando V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, el día de hoy treinta de octubre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1633/2015; y, RESULTANDO: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GRISELDA ESPARZA MORALES, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto, que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ PRIMERO DEL RAMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL. JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL DEL ESTADO DE ZACATECAS. LA CENTRAL DE ACTUARIOS Y NOTIFICACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DE AGUASCALIENTES. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE AGUASCALIENTES. "IV. ACTO RECLAMADO.- Que el día 24 de Agosto del año en curso, recibí una llamada telefónica por parte de uno de mis hijos JOSÉ DE JESÚS MÁRQUEZ ESPARZA, que vive en Calle Villa Adelina número 237, de la Colonia Villa Loma Dorada, de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, señalándome que habían ido del juzgado de Aguascalientes, algunos abogados y actuario, con el objeto de embargarme bienes de mi propiedad y llevarse los mismos, sin lograrlo, sin dejarme papel alguno en donde se ordena dichos acontecimientos, por no encontrarme en dicho lugar, debo aclarar que la suscrita solo visito a mis hijos esporádicamente el (sic) dicho domicilio, sin embargo mi domicilio se encuentra en esta Ciudad de Zacatecas. Cabe aclarar que en mi domicilio ubicado en esta Ciudad de Zacatecas, se presentó una persona que dijo ser actuario o notificador pretendiendo embargarme o quitarme bienes de mi propiedad, pero no estuve presente el día 26 de Agosto del año 2015, para lo cual a dicha persona lo atendió mi hermano, sin que al mismo le dieran más información ni mucho menos le dejaran citatorio para tal efecto." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su Titular en auto de uno de septiembre de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 1633/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: - Requerimiento de pago y embargo, ordenado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 472/2015, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, dictado en el auto de Exequendo de cuatro de junio de dos mil quince. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Inexistencia: Las autoridades responsables Jueces Segundo y Tercero Mercantil y Coordinadora de las Centrales de Actuarios Notificadores y Peritos del Estado, todos con sede en esta ciudad, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Aguascalientes, Aguascalientes, así como su Actuario adscrito, al rendir su informe con justificación negaron expresamente la existencia del acto que se les atribuye (fojas 46, 47, 53, 56 y 58), sin que la quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza: La autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con la copia certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil 1633/2015, que remitió el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al no haberse actualizado causa de improcedencia al respecto, a continuación se procede al análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de que se trata. IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa en el capítulo conceptos de violación expresó lo siguiente: Que la autoridad responsable vulnera sus garantías individuales contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al haber emitido mandamiento de ejecución y embargo en bienes y posesiones de su propiedad dentro del Juicio Mercantil Ejecutivo, el cual no se encuentra debidamente fundado y motivado, además de que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento. V. Estudio de la constitucionalidad del auto combatido. A fin de dar una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes del acto reclamado, los cuales emanan del juicio mercantil ejecutivo 1633/2015, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de esta ciudad, y en esencia son: El licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros, en su carácter de endosatario en procuración del Hospital San Agustín S.A. de C.V., promovió demanda en la Vía Ejecutiva Mercantil, Acción Cambiaria Directa en contra de María Sara Esparza Morales (obligada principal), Griselda Esparza Morales y Noé Esparza Morales (avales), sobre el pago de la cantidad de $89,016.00 (ochenta y nueve mil dieciséis pesos 00/100 m. n.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales, a lo que recayó un acuerdo el cuatro de junio de dos mil quince, que textualmente dice: "Zacatecas, Zacatecas, cuatro de junio del año dos mil quince. Con el escrito de cuenta que antecede, documento, y copias simples que al mismo se acompañan, se tiene por presentada en tiempo y forma legal al licenciado GUSTAVO J. CASTANEDO VIVEROS, endosatario en procuración del Hospital San Agustín S.A. de C.V., quien promueve JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO al ejercitar la acción cambiaria directa, en contra de MARÍA SARA ESPARZA MORALES (obligado principal), quien tiene su domicilio para efectos del emplazamiento en CALLEJÓN DEL AUXILIO NÚMERO 203 (DOSCIENTOS TRES), COLONIA BANCOMER, ZACATECAS, ZACATECAS; GRISELDA ESPARZA MORALES (aval), quien tiene su domicilio para efectos del emplazamiento en CALLE VILLA ADELINA NÚMERO 237 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE), COLONIA LOMA DORADA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES; y NOÉ ESPARZA MORALES (aval), quien tiene su domicilio para efecto del emplazamiento en CALLE 20 (VEINTE) DE NOVIEMBRE NÚMERO 354-A (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LETRA A), LOCALIDAD NORIA DEL GATO, VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ; por el pago de la cantidad de $89,016.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS PESOS 00/100 M. N.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales, encontrándose la demanda ajustada a derecho, se admite la misma en la vía, forma y términos propuestos; en esa virtud, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que legalmente le corresponde, dése aviso de inicio a la superioridad; y por fundarse la acción en un título de naturaleza ejecutiva, pase el Ministro Ejecutor al domicilio de los demandados y requiérase del pago de las prestaciones reclamadas, y de no efectuarse el pago en el momento de la diligencia, a continuación embárguesele bienes de su propiedad suficientes para garantizar esas prestaciones, poniéndose lo embragado en depósito de persona que bajo su responsabilidad designe el actor, observándose las disposiciones relativas a embargos; surtiendo ese auto efecto de mandato de ejecución en forma. Hecho el embargo, emplácese a los demandados, corriéndoles traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas, haciéndose saber de que disponen del término de OCHO DÍAS HÁBILES, para que hagan el pago de lo reclamado o bien para oponerse a la ejecución si para ello tuvieren excepciones legales que hacer valer. Así mismo prevéngaseles para que en el término concedido ofrezcan pruebas y los documentos en que funden sus excepciones y que deban servir como pruebas de su parte de conformidad con lo establecido por los artículos 1061 y 1401 del Código de Comercio Reformado. En el mismo acto prevéngaseles para que en igual término señale domicilio en esta ciudad para oir y recibir todo tipo de notificaciones, apercibiéndoles que de no hacerlo así, las ulteriores, aún las de carácter personas se les harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069segundo párrafo del Código de Comercio en vigor. Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas, hágase saber a las partes de los beneficios y bondades que les brindan los procedimientos alternativos, en los que puede solucionarse su conflicto mercantil de manera oportuna y además de tratar de mejorar la comunicación entre las partes, a fin de lograr arreglos cuya aplicación sea posible en un plazo prudente y que se eviten daños mayores innecesarios, los cuales se basan primordialmente en formas de negociación directa o asistida, por ende, se exhorta a las partes para que acudan al Centro de Justicia Alternativa, que les ofrece entre otras ventajas y beneficios, lo siguiente: No afecta a los medios ordinarios de litigio previstos en los códigos del Estado de forma tal que si no se llega a resolver el conflicto dentro de los medios alternativos, el particular tiene todo el derecho de acudir a los Tribunales del Fuero Común; se presenta atención a los intereses de las partes en conflicto; fomenta la transigencia, la tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un futuro conflicto de intereses de carácter judicial; desinhibe a las partes para poner en la mesa de discusiones toda la información necesaria sobre los intereses que subyacen en la controversia; agiliza la solución de conflictos entre particulares e implica un menor desgaste emocional; al establecer la mediación y conciliación entre las partes, evita la erogación de cantidades por conceptos de honorarios por servicio de abogados particulares. Para tal efecto, se les hace del conocimiento que el Centro Estatal de Justicia Alternativa se encuentra ubicado en: Boulevard Héroes de Chapultepec, numero dos mil dos (2002) Ciudad Gobierno, de esta Ciudad de Zacatecas (sito en las instalaciones del palacio de justicia). Ahora bien, para en caso de que las partes manifiesten su conformidad a someterse a algún procedimiento alternativo, se precederá conforme al artículo 10 de la ley en cita, que en su parte conducente dispone: Articulo 10. Si el trámite del procedimiento alternativo deriva de un juicio civil, familiar o mercantil, se suspenderán los plazos y términos dentro del juicio a partir del día en que el Centro de Justicia Alternativa, señale fecha para la primer sesión y hasta aquel en que por cualquier causa concluya el trámite de los procedimientos alternativos para lo cual el Centro de Justicia Alternativa informara estas circunstancias al juez del conocimiento, la aceptación para el sostenimiento a procedimientos alternativos implica la aceptación de las partes en la suspensión del proceso en los términos aquí procesados. SE TIENE POR SEÑALADO COMO DOMICILIO DE LA PARTE ACTORA PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL EL UBICADO EN AVENIDA MORELOS NUMERO 517 (QUINIENTOS DIECISIETE), ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD CAPITAL ZACATECAS Y POR AUTORIZADO AL C. P. D. ÁLVARO SALCEDO GUTIÉRREZ, ÚNICAMENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Y, EN VIRTUD DE QUE LOS DEMANDADOS GRISELDA ESPARZA MORALES (AVAL) Y NOE ESPARZA MORALES (AVAL) TIENEN SUS DOMICILIOS EN LAS CIUDADES DE AGUASCALIENTES Y VILLA DE RAMOS, SAN LUIS POTOSÍ respectivamente, con los insertos necesarios gírese atentos exhortos al C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AGUASCALIENTES, Y AL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ, fin de que en auxilio y por comisión de las labores de este juzgado tengan a bien ordenar a quien correspondan se practiquen todos las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, autorizando a los jueces exhortados para que acuerden todas las medidas necesarias para el efecto mencionado, así como para que giren cuanto oficio sea necesario a las autoridades correspondientes. SE TIENE POR OFRECIDAS EN TIEMPO Y FORMA LEGALES LAS SIGUIENTES PRUEBAS: LA DOCUMENTAL PRIVADA, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL, las cuales en su momento procesal oportuno se acordara lo procedente en cuanto a la forma de su admisión.- Por medio de este acto se ordena guardar en secreto del Juzgado el documento base de la acción, ello previa copia debidamente certificada que obre dentro de actuaciones.- Desde este momento se autoriza el uso de la fuerza publica, rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario.-El exhorto se deberá cumplimentar en el termino de CUARENTA DÍAS HÁBILES, de no ocurrir así, a petición de parte interesada se recordara por cualquier medio de comunicación de la urgencia del cumplimiento, quedando obligada la parte actora para apresurar su diligencia y una vez cumplimentado, deberá entregarse a la solicitante, quien bajo su responsabilidad lo devolverá al exhortante durante el termino de tres (3) días contados a partir de su recepción, en caso de no hacer la devolución en los tres (3) días siguientes el plazo concedido para su diligenciacion, sin justificar impedimento bastante, será sancionada en los términos que autorice la ley y se dejara de desahogar la diligencia; con las inserciones respectivas se ordena redactar el exhorto correspondiente dentro del término de tres (3) días contados a partir del presente proveído. Así mismo, dentro del término de tres (3) días contados a partir del presente proveído, procédase a realizar notificación personal a la parte actora para efecto de informarle que quedan a su disposición los exhortos ante el personal de este juzgado, a efecto de que los haga llegar a su destino, en el entendido de que, a partir del DÍA siguiente en que surta sus efectos dicha notificación se iniciará el término concedido para su diligenciación. Y en caso de que el exhorto adolezca de algún efecto, la parte solicitante deberá hacerlo saber precisando en que consiste regresándolo al tribunal dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que lo hubiere recibido, para su corrección. En caso de no hacer la devolución del exhorto defectuoso en el término señalado, el plazo para su diligenciación no se interrumpirá. Finalmente, hágasele al promoverte de que quedan a su disposición lo presentes exhortos a efecto de que los haga llegar a su destino y con la obligación de apresurar su diligenciación y devolución.- Fundamento legal, Artículos 10, 11, 56, 57, 58, 59, 60 y demás aplicables de la ley de justicia Alternativa del Estado de Zacatecas; 1°, 23, 35, 150 fracción II 151, 167, de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1055, 1061, 1071, 1391 al 1396 del código de Comercio." (...)." Dicho auto de exequendo, es precisamente el que, la peticionaria de amparo señala como reclamado en este tópico; destacando que en contra de éste, resulta procedente el juicio de amparo; lo anterior, de conformidad con la tesis del epígrafe y contenido siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo." Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son infundados. En efecto, la quejosa señala que el auto de exequendo que por esta vía combate no se encuentra debidamente fundado ni motivado. No le asiste la razón a la quejosa, en virtud de que contrariamente a su opinión, el juez responsable sí efectuó una motivación y fundamentación de las razones que lo llevaron a ordenar requerir de pago a la aquí quejosa, además, estableció en forma suficiente las razones legales, datos y circunstancias que tomó en cuenta para emitirla, y existe congruencia y coherencia procesal y legal con relación al acto en estudio. Se estima constitucional el acto porque se justificó en el hecho de que la parte actora al promover en la vía mercantil ejecutiva, la acción cambiaria directa, esto es, fundó su petición en un título de crédito que trae aparejada ejecución; luego, si de las actuaciones del juicio se desprende que efectivamente las razones expuestas por el juez son ciertas y válidas para dictar el acto, este Juzgado Federal encuentra suficiente la motivación y fundamentación del acto en estudio. Lo anterior, pues al tratarse de resoluciones jurisdiccionales, el cumplimiento de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 Constitucional, se verifica cuando los razonamientos en ellas vertidos, conduzcan a las normas aplicadas aún y en el caso de que éstas no hubieran sido invocadas. Cabe citar la tesis P.CXIV/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, visible en la página ciento cuarenta y tres del tomo XII, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico número 191,358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". En consecuencia, el acto en estudio, cumple con las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que rigen el juicio mercantil ejecutivo, esto al contener los requisitos para justificar su emisión el cual debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal; y en este sentido, no existe lesión a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por otra parte, la quejosa señala que el planteamiento sintetizado consiste en que le fueron violados sus derechos fundamentales pues, el juez responsable, al emitir el auto de cuatro de junio de dos mil quince, no le dio la oportunidad de defenderse, ya que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Lo infundado de dicho concepto de violación radica en que, si bien es cierto que de las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en copias certificadas del juicio mercantil ejecutivo número 472/2015, se desprende que en proveído de cuatro de junio de dos mil quince, se tuvo al licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros, en su carácter de endosatario en procuración del Hospital San Agustín S.A. de C.V., promoviendo demanda en la Vía Ejecutiva Mercantil, la Acción Cambiaria Directa en contra de María Sara Esparza Morales (obligado principal), Griselda Esparza Morales y Noé Esparza Morales (avales), sobre el pago de la cantidad de $89,016.00 (ochenta y nueve mil dieciséis pesos 00/100 m. n.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales; de igual forma, se ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia y de lo Mercantil del Distrito Judicial de Aguascalientes, Aguascalientes, a fin de que en auxilio y por comisión de las labores del juzgado natural ordene a quien corresponda se practique todas las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de la diligencia de requerimiento de pago de las prestaciones reclamadas y en caso de no efectuarse, embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo; que la emplazará, corriéndole traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas, haciéndole saber que disponía del término de ocho días para hacer pago de lo reclamado o bien oponerse a la ejecución, si tuviere excepciones que hacer valer. Situaciones que ponen de manifiesto por tratarse de un juicio mercantil ejecutivo, tiene su origen en un documento que trae aparejada ejecución, como lo es, el documento base de la acción, consistente en un pagaré valioso por la cantidad de $89,016.00 (ochenta y nueve mil dieciséis pesos 00/100 m. n.), que GRISELDA ESPARZA MORALES, se comprometió a pagar incondicionalmente a la orden del Hospital San Agustín S.A. de C.V.. Sobre el tema, debemos precisar que el artículo 1392 del Código de Comercio vigente, dispone: "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. [.]." Del análisis de dicho precepto, se desprende que establece una medida provisional consistente en la orden de embargo, dictada en un procedimiento judicial, que tiene como finalidad el aseguramiento en el cumplimiento de una obligación por parte de la aval (demandada) a favor del acreedor (promovente del juicio). Ahora bien, el embargo es un acto judicial, que tiene por objeto la afectación de un bien del deudor para garantizar el pago de un adeudo, con la consecuente indisponibilidad del bien afectado, mientras se resuelve en definitiva la procedencia del pago que se reclama, afectación que se realiza a través de la ejecución de la orden judicial respectiva y la entrega del bien secuestrado a un depositario, o bien, el nombramiento de un interventor en los casos en que la conservación del bien secuestrado lo requiera, como lo es el de las negociaciones mercantiles. La afectación que se realiza a través del embargo no implica una privación de la propiedad del ejecutado, ni la constitución de un derecho real a favor del acreedor, quien no tiene ningún poder sobre la cosa embargada. Su efecto consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, y su naturaleza, por tanto, es provisional. En estas condiciones, la orden de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes de la parte demandada GRISELDA ESPARZA MORALES, para garantizar el adeudo, contenido en el proveído de cuatro de junio de dos mil quince, emitido dentro del juicio mercantil ejecutivo número 472/2015, es un acto judicial que no produce privación en los derechos que se señalan en el artículo 14 constitucional, por lo que la constitucionalidad de su regulación no depende de que aisladamente se cumpla, en el acto mismo, con la exigencia de la garantía de previa audiencia al afectado, ya que dicho acto forma parte de un procedimiento judicial que es el que debe cumplir los requisitos que antes quedaron precisados, en tanto que la resolución que se dicte en éste será la que constituya el acto privativo y no el posible embargo que, en forma precautoria y como medida de aseguramiento, se llegue a decretar para garantizar el pago reclamado; aunado a la circunstancia de que si la parte quejosa GRISELDA ESPARZA MORALES, tiene la calidad de parte demandada en el procedimiento mercantil, se encuentra en aptitud de comparecer a juicio, hacer el pago de lo reclamado o bien, contestar la demanda instaurada en su contra y oponerse a la ejecución, si tuviere excepciones que hacer valer, incluso proponer la nulidad del embargo ante la autoridad de instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.- Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." A mayor abundamiento, debemos precisar que los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio vigente, fijan las reglas que se deben cumplir, con motivo del auto de exequendo, emitido dentro de un juicio mercantil ejecutivo. Tales disposiciones establecen: "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. [.] Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Art. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." De lo antes expuesto, se desprenden las reglas de los embargos y su emplazamiento, en el trámite de un juicio ejecutivo mercantil, a saber: Que una vez que se presente la demanda, se dictara auto, con efectos de mandamiento en forma (auto de exequendo), para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. Que en caso, de no encontrarse al deudor en la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor y una vez cerciorado de aquél, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro del lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. Que en el supuesto, de que no aguarde, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en ese domicilio. Que en el caso, de que sí se encuentre personalmente el demandado, se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda (parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en ese domicilio), para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndole que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. Una vez hecho el embargo, se procederá a notificar al deudor o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 del Código de Comercio (emplazamiento); lo anterior, a fin de que comparezca ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas o bien, oponga excepciones que tuviere. A su vez, en todos los casos, se le entregará al demandado, la cédula en la que se contenga la orden de embargo decretada en su contra, corriéndole traslado con las copias de la demanda, de los documentos base de la acción y de los que ordena el numeral 1061 del ordenamiento legal citado. De igual forma, la diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará hasta su conclusión, dejándole a salvo sus derechos al deudor, para que los haga valer como le convenga durante el juicio. Circunstancias que ponen de manifiesto, que cuando no se encuentra al deudor a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro del lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y en el supuesto, de que no aguarde, tal diligencia se llevara a cabo, con los parientes o domésticos del interesado; sin embargo, cuando el demandado sí se encuentra de manera personal, resulta innecesario que se le deje citatorio para que aguarde, pues en tal supuesto, la diligencia iniciará con el requerimiento de pago, de manera posterior, el señalamiento de bienes por el deudor, y en caso de que no lo haga, pasará el derecho al actor, y finalmente, se le emplazará para que en el término de ocho días comparezca ante el juzgado a hacer paga llana o bien, oponga excepciones. De ello se sigue, que contrario a lo externado por la quejosa, el auto de cuatro de junio de dos mil quince, no es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues, se reitera, la afectación que se realiza a través del embargo no implica una privación de la propiedad de la ejecutada, ni la constitución de un derecho real a favor del acreedor, quien no tiene ningún poder de disposición sobre la cosa embargada. Su efecto consiste en poner el bien objeto del embargo a disposición del Juez, para procurar garantizar el pago que se reclama, y su naturaleza, por tanto, es provisional. Consecuentemente, al no advertir que la resolución reclamada sea violatoria de garantías individuales que invoca la quejosa GRISELDA ESPARZA MORALES, ni existe motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por GRISELDA ESPARZA MORALES, contra el acto que reclama de las autoridades responsables precisado en el resultando tercero, por los motivos expuestos en el considerando II.2.1 de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a GRISELDA ESPARZA MORALES, contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisado en el resultando tercero, por los motivos expuestos en el considerando V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, el día de hoy treinta de octubre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE."
- Principal
En uno de octubre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez, con un escrito con registro 19332.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado Gustavo J. Castanedo Viveros, y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la ley de Ley de Amparo vigente, se le tiene por apersonado al presente juicio de garantías con el carácter de endosatario en procuración de la tercero interesada persona moral Hospital San Agustín, Sociedad Anónima de Capital Variable; asimismo, como lo solicita, se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del numeral 24, de la ley de la materia en consulta al licenciado Álvaro Salcedo Gutiérrez, y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Morelos número 517 zona centro de esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la propia legislatura invocada, téngasele por formulando los alegatos que vierte; sin perjuicio de relacionarlos en la etapa procesal que corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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