Griselda Celedonio Fernandez
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Griselda Celedonio Fernandez
Actuaciones
- Principal
Se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, debido a que en el presente asunto obra documento exhibido por la parte quejosa, requiérasele para que por sí o por conducto de sus autorizados, ocurra a recogerlo, apercibida que en caso de no hacerlo, será destruido junto con el presente expediente.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibido el oficio por medio del cual el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, remite el juicio de amparo 105/2022 de su índice, promovido por ................ por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos con residencia en Tecámac, Estado de México y otra autoridad, atendiendo a que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, se determinó remitirlo por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional. Se acepta competencia En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente y hágase del conocimiento que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, acepta la competencia declinada toda vez que efectivamente en este Juzgado de Distrito se tramitó el diverso juicio de amparo ..........., promovido por .................. y se avoca al conocimiento del asunto que se remite. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 381/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Efectivo apercibimiento -escrito de desistimiento- Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa, para que compareciera a ratificar el escrito de desistimiento, sin que lo hubiera realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó y se le tiene por no desistida. Desechamiento Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 61, de la ley en cita. En el caso el acto reclamado por la quejosa en esta instancia constitucional se hace consistir en: "De la autoridad responsable señalada como ordenadora, se reclama, la orden de entrega del inmueble donde habita la suscrita, así mismo de la autoridad señalada como ejecutora, se reclama el cumplimiento que pretende dar a dicha orden de la entrega de mi vivienda". En virtud de lo anterior, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: - - - [.] - - - IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; - - - [.]". Luego, se precisa que los alcances de las normas jurídicas aludidas y su interpretación obligatoria, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 435, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, cuyo rubro y texto se citan: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución o bien que declare la imposibilidad material para su cumplimiento Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, cuyo rubro y texto se citan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Precisado lo anterior, de la demanda de amparo se desprende que el Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Tecámac, Estado de México, dictó sentencia el trece de julio del dos mil veintiuno, respecto de la cual se reclama su ejecución, la que se traduce en la entrega del inmueble ubicado en................; trámite respecto del cual la aquí quejosa formó parte de la relación jurídico procesal y al que acudió dando contestación a la demanda. En este orden de ideas, es inconcuso que los actos que en esta instancia se reclaman, son actos emitidos después de pronunciada la sentencia definitiva correspondiente, siendo que los actos reclamados se sitúan dentro del procedimiento relativo al cumplimiento de sentencia, además de que éstos no se tratan de la última resolución que pone fin al mismo, dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco la que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior, pues de lo narrado en el escrito de demanda, se pone en evidencia que el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, motivo por el cual se está agotando el procedimiento correspondiente en el que se sitúa lo reclamado en esta instancia y que evidentemente se dictó como consecuencia directa de la etapa de ejecución. Por tanto, se concluye que los actos reclamados, sólo constituyen un trámite llevado a cabo en ese procedimiento de ejecución y/o cumplimiento de la sentencia dictada en los autos del juicio natural de la estadística de la autoridad responsable; de ahí que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir el reclamo el último acto dictado en el procedimiento de ejecución, donde se apruebe o reconozca expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia dictada o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento; máxime que no se trata de un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, del rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, es ilustrativa la tesis aislada II.2o.C.389 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1721 del Tomo XVII, Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese contexto, los actos que por esta vía se impugnan, fueron dictados después de concluido el juicio, tendentes al cumplimiento de la sentencia y que no se trata de la última resolución que pone fin a la misma. Bajo esa óptica, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no constituir el acto reclamado el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia. Aunado a lo expuesto, se afirma que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraña a juicio por equiparación, dado que en la demanda de amparo se advierte que la propia quejosa aduce que es parte demandada en el expediente de origen y compareció dando contestación a la demanda que se entabló en su contra. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J.6/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, con número de registro 2004274, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ......................., contra actos del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Tecámac, Estado de México. Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados Toda vez que la parte quejosa señala domicilio fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia, en relación con los diversos artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado. Por lo anterior, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de lo establecido en los artículos 26, 27 y 29, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Por otro lado, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 de la Ley de Amparo, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona en el ocurso que se provee; siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la promovente, en atención a la Jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página cincuenta y cinco, del rubro "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias. De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". También se hace de conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Considerando las condiciones que aun imperan con motivo de la pandemia de conocimiento público, y dado que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa está fuera de la residencia, lo que dificulta la inmediatez con la que deben realizarse las diligencias de comunicación procesal, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia, por única ocasión se comisiona al actuario Judicial de la adscripción para que publique íntegramente el presente acuerdo en la lista electrónica respectiva, con el objeto que aquélla pueda imponerse con efectos de notificación personal de esta determinación, en términos del artículo cuarto, fracción II, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se ordena girar oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a efecto de que se sirva registrar el juicio de amparo remitido como un asunto más a favor de este juzgado de Distrito, a fin de compensar y equilibrar las cargas de trabajo que correspondan a este órgano judicial, adjuntando la boleta correspondiente. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y DE MANERA ÍNTEGRA LA PRESENTE DETERMINACIÓN.
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