Griselda Ceballos Miranda

Expediente 410/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
410/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Griselda Ceballos Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por -------, sin que la quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    v. Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ****, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, regístrese bajo el número 410/2021. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos citados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de "imposible reparación", es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos, es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tal base, debe decirse que los actos reclamados lo constituyen los acuerdos de veintidós de abril y seis de mayo de dos mil veintiuno, dictados por el Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, en el expediente 123/2019, mediante los cuales, en el primero requirió a la perito tercero en discordia, para que contestara el cuestionario adicionado por la quejosa, parte demandada reconvencionista y desahogara la pericial ofertada por ésta, con el cuestionario adicionado por la actora; y, en el segundo no se admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de tres de mayo de este año, que tuvo por rendido el dictamen de la perito tercero en discordia. En ese sentido, los actos combatidos no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los acuerdos dictados por el Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, constituyen un acto intraprocesal; y, por regla general, dicha violación puede hacerse valer cuando transciende en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia correspondiente. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con una petición de la quejosa respecto del desahogo de pruebas en el procedimiento de origen, y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. Por tanto, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, dado que es de aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable. Con esa decisión, para la parte quejosa los actos reclamados sólo inciden en derechos adjetivos y no producen de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal. Es cierto que por regla general las infracciones al procedimiento sólo producen una afectación a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los cuales podrían actualizarse hasta el dictado de la sentencia correspondiente, en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó a la quejosa. Además, la reclamada infracción al procedimiento no se encuentra en un caso de excepción a esa regla general, es decir, aun cuando se impugna una violación adjetiva como lo es la admisión de pruebas y la inadmisión del recurso de revocación, lo cierto es que éstos no afectan materialmente derechos sustantivos de la promovente, es decir, no le impide en forma actual y real el ejercicio de un derecho sustantivo como el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, lo que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. ....En ese orden, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Griselda Ceballos Miranda, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ***. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

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