Griselda Argelia Ayala Magno
Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Griselda Argelia Ayala Magno
Actuaciones
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta firmado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en Querétaro, del cual se advierte el contenido del auto de veintiséis de febrero del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 992/2020, de su índice, promovido por Griselda Argelia Ayala Magno, se reanudó el procedimiento en dicho asunto. Asimismo, de dicho auto se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado por ese órgano jurisdiccional, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por lo que causó estado dicho proveído, ordenándose al archivo definitivo el expediente. Por lo anterior, y toda vez que este órgano jurisdiccional mediante auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para seguir conociendo del juicio de amparo 731/2020-2, el cual correspondió conocer al juzgado oficiante bajo el diverso juicio 992/2020, en el que, como se vio, quedó firme el auto por el cual se tuvo por no presentada la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente cuaderno de antecedentes del juicio de amparo aludido es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, Querétaro, mediante el cual acusa la recepción de las constancias remitidas por este juzgado relativas al juicio de amparo 731/2020-2 de nuestro índice. Por otra parte, se advierte que previo a aceptar o no la competencia declinada en el juicio del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, previene a la parte quejosa para los puntos que se indica en el auto de veintitrés de noviembre de este año, dictado en el juicio 992/2020, de su índice, de lo cual este Juzgado toma el debido conocimiento.
- Principal
Escrito Agréguese el escrito presentado vía electrónica Oscar Alberto Castillo Ramírez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Griselda Argelia Ayala Magno, mediante el cual desahoga la prevención formulada por éste Juzgado en veintiuno del mes y año en curso. Incompetencia Ahora, del contenido integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que se reclama: "ACTO RECLAMADO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Se reclama de la autoridad responsable, la inconstitucionalidad del acuerdo 09/SPD/SO-20/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, relativo a la modificación sobre el pago del incentivo K1 destinado a los maestros de Educación Media Superior, mediante el cual viola la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, la LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de septiembre de 2019, mismo que vulnera en nuestro perjuicio los artículos 1, 3, 14 y 16 constitucional y los criterios de asignación del incentivo K1 publicados en fecha 16 de julio de 2019 que se confirman en el ciclo escolar 2019-2020, esto como resultado de la notificación informal de referido acuerdo en fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, impidiendo con ello que el pago de dicho incentivo sea de manera definitiva para los suscritos a pagarse por el 24% y 27% sobre el sueldo base." Luego, del escrito aclaratorio de cuenta, entre otras cuestiones manifiesta que actualmente se desempeña como maestra frente a grupo dentro de la Educación Media Superior, en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Atento a ello, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que ésta debe ser conocida por el juzgador que resida en el lugar donde habrá de acatarse o aplicarse el acuerdo que se tilda de inconstitucional. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, especifica las reglas de competencia en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito indica la "ejecución material", como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, esa expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material; esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en tanto que establece una orden, un mandato, o prohibición para realizar algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Las reglas a que se refiere dicho numeral son las que se indican a continuación: 1. Cuando el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; 2. Si el acto o resolución reclamada requiere ejecución material, es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; y, 3. Si el acto reclamado tiene ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el Juicio de Amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Luego, considerando que al instar el juicio de control constitucional, la quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta desempeñarse como maestra frente a grupo dentro de la Educación Media Superior, en la ciudad de Querétaro, Querétaro; lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, como se adelantó, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo habida cuenta que si el aspecto por el que se combate el acuerdo versa sobre las condiciones laborales de la quejosa en su calidad de maestra frente a grupo dentro de la Educación Media Superior, en Querétaro, Querétaro, es inconcuso que dicho acuerdo tendrá verificativo o habrá de aplicarse en el lugar donde labora la quejosa, conforme se constata a través de sus propias manifestaciones. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989, Octava Época, página 75 (registro 820159), que establece: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Criterio jurisprudencial que si bien parte del análisis al artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables por cuanto el contenido del actual numeral 37 de la ley de referencia vigente, es similar. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Primero de Distrito declara carecer de legal competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Oscar Alberto Castillo Ramírez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Griselda Argelia Ayala Magno, por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro (Querétaro). Consecuentemente, remítase al indicado órgano la demanda referida junto con sus anexos, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme; solicítese respetuosamente al Juez de Distrito al que se le turne el presente asunto, para que dentro del plazo previsto en el citado artículo 48 de la ley de la materia, comunique la determinación que asuma sobre el particular. .
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Oscar Alberto Castillo Ramírez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Griselda Argelia Ayala Magno, contra actos de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México; regístrese en el Libro de Gobierno, así como Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); como juicio de amparo 731/2020-2. Prevención Ahora, para el efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con apoyo en los artículos*****y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Primero. Manifieste el cargo que desempeña dentro de la Secretaría de Educación Pública, así como el lugar, -estado, ciudad- en el que actualmente se encuentra adscrito en el Sistema de Educación Media Superior de dicha Secretaría. Segundo. Precise qué dependencia o autoridad, le hizo de su conocimiento en veintiocho de septiembre del año en curso, el acuerdo que aquí reclama; asimismo, indique la forma o el medio por el cual le fue notificado. Tercero. Precise si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Directiva de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, ya que del contenido de su escrito se advierte fue la que emitió el acuerdo del que se duele. Cuarto. Manifieste a que autoridades les atribuye la ejecución del acto reclamado; ello, toda vez que en su capítulo de suspensión manifiesta que solicita la medida cautelar para que no se aplique al quejoso el acuerdo que reclama, y se continúe realizando el pago del incentivo K1 sobre sueldo base, empero de su demanda se advierte que solamente señaló como responsable a la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México. Quinto. Exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo; sin que ello sea necesario en caso de que el escrito aclaratorio sea presentado vía electrónica. Por otra parte, se hace saber a la promovente y sus autorizados, el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior en el plazo que para tal efecto se le concede, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Guillermo González Muñoz y Nuvia Hernández Madera, en virtud de haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Iván Lucero Román y a Esteban Lucero Crisci. Asimismo, se le tiene señalando cuenta de correo electrónico y número telefónico; lo anterior, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio, de lo cual se toma el debido conocimiento. Por otra parte, se le tiene al promovente solicitando se le realicen las notificaciones de forma electrónica; así como la autorización para el acceso y visualización del expediente electrónico del presente asunto, para tal fin proporciona el usuario "oscarcastilloramirez". Ahora, por lo que hace a la solicitud de la autorización para consulta virtual del expediente, considerando que el ocursante proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante el usuario que proporciona "oscarcastilloramirez"; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en cuanto a las notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la legislación aplicable y lo previsto en el Acuerdo General de 12/2020 de referencia, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte promovente que se trata, dado que así lo solicita expresamente. Lo anterior, sin perjuicio de la designación de domicilio procesal efectuado en el escrito de demanda que se atiende, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto, en días y horas inhábiles. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
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